¡DALE, ROJO, DALE!

Haga lo que haga de ahora en adelante Virgilio Barco, su primer acto de gobierno le ha asegurado un puesto en la historia, por haber sido el Presidente que dio un paso de gran trascendencia en lo que se refiere a las costumbres políticas del país: la restauración del binomio gobierno-oposición, que había desaparecido desde la caída de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.
Todo sucedió en 48 horas que desconcertaron a todos los observadores políticos. Si bien Barco había utilizado durante su campaña la bandera del gobierno de partido, y el ex presidente Misael Pastrana, inmediatamente después de la derrota, había anunciado que su partido se iría a la "oposición reflexiva", casi todo el mundo creyó que se trataba de un minuet político que desembocaría en otro vals bipartidista. (Ver SEMANA N° 213).
Superado el arrebato postelectoral, Pastrana comenzó a llevar a cabo toda suerte de malabarismos intelectuales para no perder la cuota burocrática de su partido. La precipitada reelección del contralor liberal Rodolfo González le cayó como anillo al dedo, puesto que, teniendo en cuenta que una de las condiciones de la "oposición reflexiva" era la entrega de los organismos de control a los conservadores, ahora podía argumentar que esas condiciones no habían sido respetadas por la contraparte, el Partido Liberal. La Convención Conservadora, celebrada una semana después, sería el escenario donde se protocolizaría la voltereta de Pastrana, quien apareció echándole la culpa al liberalismo por no haber ofrecido las garantías necesarias para que el conservatismo pudiera ejercer la oposición.
Sin embargo, la pirueta que Pastrana había preparado no contó con un respaldo unánime en el seno de la Convención. El sector alvarista, e incluso algunos pastranistas, sostenían que al partido le convenía jugársela a fondo, considerando que por razones de dignidad se debía asumir la derrota y sostener la posición inicial de Pastrana hasta sus últimas consecuencias. A la cabeza de la línea dura se encontraba el ex ministro alvarista Rodrigo Marín, quien llegó a condicionar su disponibilidad para hacer parte del Directorio Nacional Conservador a que el partido se fuera efectivamente a la oposición. A la cabeza de la línea blanda se encontraba el ex designado Rodrigo Lloreda, quien se hallaba en el primer renglón de la lista única pastranista, cuya votación serviría simultáneamente de termómetro sobre su fuerza como precandidato y sobre la fuerza de la tesis colaboracionista.
Individualmente, esa lista ganó; pero según algunos estuvo por debajo de las expectativas, que eran las de conseguir la mayoría absoluta, con cinco miembros entre nueve en el DNC. De la Convención surgió entonces un Directorio dividido: los 4 pastranistas, que en principio estaban a favor de la colaboración, y los 4 alvaristas, más Jota Emilio Valderrama, que desde el comienzo se oponía a ella.
Este grupo heterogéneo, en el que hasta ese momento no existía un consenso, fue recibido el lunes 4 por el presidente electo Virgilio Barco, quien por razones estratégicas había decidido no tratar el tema frente a frente con Pastrana de quien se sabía era partidario de la colaboración.
La reunión prometía ser muy tensa. Barco rompió el hielo con un chiste: "Ustedes están muy bien, son 4 Rodrigos y 3 Alvaros". Todos soltaron una carcajada y ese fue tal vez el único momento relajado del encuentro. El primer gran desconcierto se produjo cuando el Presidente electo, fólder en mano y acompañado por Fernando Cepeda, Mario Latorre y Juan José Turbay, en lugar de plantear su posición sobre la colaboración, pasó la pelota a sus interlocutores, explicándoles que los había citado para conocer su opinión sobre el tema.
Como el Directorio anticipaba que le tocaría pronunciarse sobre un ofrecimiento concreto de Barco, y éste no se produjo, tímida y respetuosamente sus miembros se limitaron a expresar generalidades sobre el tema, tratando, sobre todo los pastranistas, de dejar abierta la puerta de la colaboración.
Cuando en el juego de la negociación burocrática se mencionó como una de las posibilidades la entrega de la Procuraduría a los conservadores, Barco cerró las puertas a cualquier transacción al contestar negativamente, con la disculpa algo imprecisa de que esa decisión no dependía del Presidente sino de la Cámara de Representantes. (En realidad, es el Presidente quien presenta una terna de candidatos, entre los cuales la Cámara debe elegir uno por votación).
El Presidente electo, quien estaba siendo esperado en Palacio, donde Belisario Betancur le impondría una condecoración, se excusó y dejó la reunión en manos de sus asesores. Sus interlocutores quedaron bastante sorprendidos: habían comprendido por fin que Virgilio Barco estaba hablando en serio en la campaña electoral cuando hacía repetidos llamados a un gobierno de partido. Se redactó entonces un comunicado que aceptaba lo inevitable: el Partido Conservador se iría a la oposición. Sin embargo, aún un pequeño grupo, integrado por Lloreda, el senador bolivarense Rodrigo Barraza y el senador antioqueño Alvaro Villegas, no descartaba la posibilidad de que Barco cambiara de actitud.
El lunes en la noche, hubo en general en el país político una combinación de felicidad y temor ante lo que podía venirse. Algunos aún no lo creían y otros trataban de evitarlo a como diera lugar. Según el columnista político del diario El Siglo, inclusive los ex presidentes Pastrana y Julio César Turbay, preocupados por la dinámica de rompimiento que estaban tomando los acontecimientos, dialogaron en más de una ocasión durante las 48 horas anteriores a la posesión de Barco, para estudiar alguna fórmula de arreglo. Trascendió que ambos estaban bastante disgustados con el nuevo Mandatario. Esa misma semana, la revista Hoy por Hoy contenía un editorial categórico del ex presidente Turbay que alertaba sobre los peligros de poner fin a la colaboración. Todas estas presiones llevaban a muchos a esperar que a última hora, Barco abriera una rendija.
En su discurso de posesión, el Presidente no sólo no abrió una rendija, sino que además, lo que dio fue un portazo. En forma clara y categórica, dio como un hecho que el gobierno iba a ser liberal y anunció que si iba a nombrar ministros conservadores era solamente para darle cumplimiento al artículo 120 de la Constitución, para cuyo desmonte se estaba dando el primer gran paso. Justificó esta posición con una argumentación lúcida y convincente sobre las ventajas institucionales del regreso a la oposición democrática.
No deja de sorprender cómo el regreso a una normalidad institucional, de que hoy gozan todas las democracias occidentales, incluyendo las de países más atrasados politicamente que Colombia, como Venezuela y hasta Honduras, haya sido objeto de tanta dramatización durante todos estos años. La forma como Barco, en una reunión y en un discurso de posesión, despachó el problema, demuestra la simplicidad y la lógica de la medida tomada. El tabú de la violencia en Colombia había llevado a la creación de unas instituciones inspiradas por una obsesión de evitar su reaparición. La prolongación indefinida de esta situación, después de haber solucionado el problema, estaba creándolo de nuevo, al pasar en 30 años de las hegemonías de partido a la hegemonía del bipartidismo.
El impacto del desmonte del 120 para el ciudadano raso es nulo: qué diferencia puede haber para él entre que el ministro de Desarrollo sea Ernesto Rojas en vez de Mario Calderón, o que el de Salud sea David Bersch en vez de Ignacio Vélez Escobar.
Es un problema de individuos, pero no de masas. Representa sin duda alguna un riesgo electoral importante para 128 congresistas conservadores, que han quedado desprotegidos burocráticamente en un sistema donde la fuerza electoral la constituyen los puestos. Barco tendra por ello que ofrecerles las garantías necesarias para que no queden en desventaja frente a sus rivales liberales. Esto lo planteó en forma clara en su discurso de posesión, al diferenciar el gobierno de la administración, indicando que esta última no podrá ser botin del partido de gobierno. Ante la trascendencia del paso dado, es seguro que el Presidente va a darle el más estricto cumplimiento a estos conceptos, pues todo su experimento histórico fracasaria, si permite el desbordamiento del sectarismo en materia burocrática. Como Presidente, tiene todos los instrumentos para evitarlo y pocos temperamentos más adecuados para esta tarea que el talante ejecutivo y tecnocrático del nuevo Mandatario.
Entre sus opciones están la incorporación masiva a la carrera administrativa de todos los funcionarios actuales para por lo menos "congelar" lo existente. Tendrá al mismo tiempo que poner en práctica mecanismos para que los futuros nombramientos se hagan por sistemas impersonales basados en el mérito, o si esto no es posible, al menos con algún criterio de equilibrio político. Todo esto va a ser más fácil a nivel nacional que a nivel departamental y municipal, donde los intentos de estabilidad laboral tropezarán con la tradición de rotaciones por corrientes, que ha sido hasta ahora la forma de distribuir el empleo entre toda la población.
A cambio de estas dificultades burocráticas, las ventajas institucionales son enormes. Por primera vez en 28 años, una parte de la clase dirigente colombiana no será responsable de lo que suceda en un cuatrienio, adquiriendo así la autoridad moral para criticar lo que se esté haciendo y para reclamar con legitimidad el título de alternativa. Hasta ahora, por estar toda la clase dirigente participando de la piñata, esa autoridad no la tienen sino los alzados en armas que, para el ciudadano raso, son los únicos que no tienen nada que ver con lo que han hecho los gobiernos desde 1958.-