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| 9/7/2003 12:00:00 AM

Desminar el campo

El informe reconoce que la solución del conflicto armado pasa por el campo. Pero acaba con el paradigma de que la reforma agraria y el mayor gasto social son la panacea.

Sin entrar en el dilema de si fue primero el huevo o la gallina, el Informe de Desarrollo Humano supera la interminable discusión sobre si el conflicto armado es causa del abandono del campo o si es su consecuencia. Revela más bien las conexiones que existen entre la confrontación y los conflictos agrarios. Y dice que si el Estado quiere contener la guerra debe adelantar una reforma estructural del campo, epicentro y principal escenario del conflicto armado.

El campo colombiano siempre ha sido pobre, pero cada día lo es más. El desempleo rural en 2002 fue de 11,5 por ciento, tres veces más que en 1991. En Colombia 83 por ciento de los campesinos son pobres y cuatro de cada 10 viven con menos de un dólar al día.

No es de extrañar, entonces, que los grupos armados encuentren allí una atmósfera propicia para ofrecer sus 'servicios' de seguridad y justicia, que les permiten conseguir el apoyo de la población rural y unas condiciones favorables para reclutar jóvenes que ven en la guerrilla y las autodefensas su mejor opción de vida.

La mayoría de los conflictos del campo -anota el informe- están asociados al uso irracional del suelo y a la inequitativa distribución de la propiedad agraria. Baste señalar que en Colombia sólo una tercera parte de la tierra se utiliza bien. Hay ganado extensivo donde debería haber agricultura y cultivos donde deberían existir bosques de conservación. Mientras que sólo 19 millones de hectáreas tienen vocación ganadera, más del doble están sembradas de pasto.

Y como si esto no fuera ya muy grave, cada año se consolida más el monopolio sobre las tierras buenas. Entre 1985 y 2001 las parcelas menores de cinco hectáreas perdieron cerca de un millón de hectáreas porque sus dueños fueron desplazados a bala. Hoy poseen menos del 5 por ciento del total de tierras utilizables. Mientras que las fincas superiores a 500 hectáreas duplicaron su extensión entre 1984 y 1996, al aumentar de 11 a 22,6 millones de hectáreas. Es decir, que 11.570 propietarios (0,4 por ciento del total), con un promedio de 2.000 hectáreas, controlaban hace siete años casi la mitad de la tierra bajo explotación. Y se sabe que esta situación, de por sí escandalosa, ha venido empeorando.

"El conflicto armado, y no el mercado o el Estado, define hoy la propiedad, los precios de la tierra y la rentabilidad de la inversión rural", dice el informe. Además la estructura de propiedad rural actual favorece el conflicto armado porque el latifundio, defendido por paramilitares, expulsa a los campesinos, que van a parar a zonas de expansión de la frontera agrícola, bajo las garras de la guerrilla.

La solucion

Visto este contexto, el informe destraba la discusión acerca de la reforma agraria y rompe con el paradigma de que lo que necesita el campo es mayor gasto social. "Sería tan insuficiente como una gota en el océano, dice. Es necesaria una reforma rural estructural en vez de una reforma agraria que se limite a fragmentar la tierra".

Es necesario, entonces, que el Estado adelante una política agraria que, por un lado, solucione los problemas de uso y distribución de la tierra y, por otro, atienda de manera prioritaria la situación de los grupos campesinos más afectados por el conflicto, como son los desplazados, los indígenas, las negritudes y los minifundistas empobrecidos.

Recogiendo una antigua iniciativa del empresario Hernán Echavarría, el informe propone reformar el impuesto predial rural para que efectivamente castigue la tenencia improductiva de la tierra y aumente la oferta de suelos aptos para la agricultura a medianos y pequeños productores (ver recuadro).

Muchos de los dueños de estas fincas de engorde son narcotraficantes que, en una asombrosa contrarreforma agraria, compraron en las últimas décadas tierras en más de 400 municipios. El informe recomienda seguir en la dirección actual de hacer más rápidos los procesos de expropiación pero recomienda que estas tierras recuperadas se utilicen para corregir los problemas asociados al conflicto armado. Es decir, que se le asignen a desplazados, a raspachines que sean relocalizados, a campesinos sin tierra y a indígenas o negros.

Esta propuesta va de la mano de otra, igualmente audaz: cerrar la frontera agraria que no haya sido colonizada. Y crear en cambio reservas campesinas que ofrezcan en regiones de colonización de frontera suficientes incentivos económicos y de inversión pública para que los campesinos y colonos se asienten allí y resistan la tentación de seguir tumbando monte.

Dentro de esta misma lógica de enviar las 'señales' adecuadas el informe cuestiona las políticas tradicionales de sustitución de cultivos ilícitos ya que, dice, sólo en tierras fértiles como las del valle del Guamués, en Putumayo, sería viable el desarrollo alternativo. Propone más bien que el Estado les asigne una parcela en una reserva campesina a los cocaleros que se comprometan a erradicar y que las tierras infértiles donde hoy se cultiva coca se conviertan en reserva natural.

En estas reservas campesinas, como en el resto del sector rural, el Estado debería concentrarse en identificar núcleos de creación de riqueza en actividades agroindustriales. Todo esto con el objetivo de que el campo se convierta también en un lugar para el desarrollo humano y no sólo en el campo de batalla y en la reserva inagotable de odio y cañones que van a parar a la guerrilla y los paramilitares.

Recuadro

Castigar la tierra improductiva
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