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| 12/21/2003 12:00:00 AM

Desmovilización sin horizonte

El gobierno está haciendo un esfuerzo para que miles de guerrilleros y paramilitares se salgan de la guerra, pero está lejos de lograr que se reinserten a la vida civil.

Según el Ministerio de Defensa, la desmovilización como instrumento para derrotar a los grupos ilegales y abrirle camino a la paz es todo un éxito. Tres mil desmovilizados voluntarios (sin contar la reciente desmovilización colectiva de miembros de las autodefensas del Bloque Cacique Nutibara) son un gran logro en muy poco tiempo. Aun depurando esa cifra, restando los casos de personas que hubiesen burlado a la inteligencia militar para recibir los beneficios prometidos por el gobierno, la cantidad sigue siendo muy alta, ya que se calcula que los que se han logrado 'colar' como desmovilizados no superan el 7 por ciento del total. Es más, para evitar ese 'contrabando' hacia los beneficios de la reinserción, el gobierno ha diseñado unos filtros cada vez más exigentes en la comprobación de la autenticidad de quien se presenta como desmovilizado.

Este nuevo ingrediente en la confrontación ha hecho que en los 'partes' o informes que rinden los comandantes militares, al lado de la cifra de capturados y los dados de baja, aparezca un nuevo ítem: el de los desmovilizados. Así, la propaganda para la desmovilización se ha convertido en una importante estrategia militar. Actualmente se emiten más de 1.000 cuñas radiales al día, sumando las que lanzan las grandes cadenas comerciales de radio y televisión, las que se transmiten a través de los medios de comunicación propios de Policía y Ejército y las que se difunden por las pequeñas emisoras locales en las zonas de conflicto.

Es tal el buen resultado de la estrategia publicitaria desplegada que ya empieza a preocupar a los comandantes insurgentes. Las deserciones de las filas guerrilleras han sido siempre una constante, en especial en los períodos 'duros' de la guerrilla. La guerrilla 'se adelgaza' en los repliegues forzados y en las campañas, mientras en los tiempos de bonanza se nutre de nuevos combatientes. Ante una ofensiva sostenida como la desarrollada por el actual gobierno, un ritmo constante de desmovilización se puede convertir en un 'adelgazamiento' por debajo de los límites acostumbrados en el biorritmo guerrillero. Y en el último mes de este año, semana a semana se han superado todos los récords logrados en la desmovilización. Es tal la importancia que el gobierno le concede a esta estrategia que ha encargado de su seguimiento y orientación a uno de los dos viceministros de Defensa, Andrés Peñate quien, pese al cambio de ministro de Defensa, fue ratificado en el cargo, como una clara señal de continuidad en esa línea estratégica.

Sostiene Peñate que el éxito de la política se ha debido a que los mandos operativos saben que tratar bien a quien se desmoviliza es una conducta clave para ganar la guerra. "En todo el tiempo que llevamos de aplicación de esta política de desmovilización no hemos tenido una sola queja de maltrato de ningún desmovilizado", dice el viceministro, quien valora esta estrategia desde otros ángulos: "En la relación cercana con el desmovilizado, los militares amplían la comprensión de la intrincada red de intereses y temores con que la guerrilla trama a la población para lograr sus fines. Pero además el desmovilizado se convierte en una importante fuente de información valiosa y oportuna para prevenir atentados o como aportante de pruebas que permiten judicializar a responsables de crímenes".

Casos bastante conocidos en los cuales desertores de las filas guerrilleras en su afán de congraciarse con la Fiscalía, han implicado a personas inocentes como lo ocurrido con el obispo José Luis Serna o con una profesional secuestrada por las Farc, acusada luego como auxiliadora del ELN, no parecen preocuparle al Ministerio de Defensa. "Son casos excepcionales que no afectan de manera grave los logros obtenidos y el propio sistema los ha detectado y corregido rápidamente", explica. Sin embargo, y pese a que son excepcionales, han dejado un mal sabor en una opinión pública que se pregunta si otros casos menos conocidos no se habrán resuelto en contra de los acusados, basados en testimonios sesgados por los intereses personales de quienes los rinden.

Pese a estos lunares, es indudable que la estrategia de estímulo a la desmovilización guerrillera es bastante exitosa. Sin embargo -hay que decirlo- no nació con este gobierno. El presidente César Gaviria, para resolver la situación jurídica de quienes, durante su gobierno, empezaron a desertar de las filas guerrilleras promulgó el decreto 1385, y le ordenó a la oficina de reinserción, dirigida en ese entonces por Tomás Concha, atender esos casos. Se trataba de algo humanitario, y de muy bajo perfil, casi vergonzante. Pero fue durante la administración Pastrana, estando Gloria Quiceno, ex guerrillera del M-19, al frente de la dirección de reinserción, que se estimuló de manera abierta la desvinculación de menores de las filas guerrilleras. El fenómeno de la deserción entonces aumentó en forma considerable hasta el punto de que se convirtió en uno de los principales esfuerzos de la reinserción. Esta oficina, creada para apoyar el tránsito a la civilidad de los grupos guerrilleros que se habían desmovilizado mediante acuerdos con el gobierno nacional en la década de los 90, estaba fuertemente imbuida del espíritu de la paz. Por ello, el estímulo a la deserción guerrillera era un tema complicado ya que podía ser interpretado como una injerencia en el conflicto armado.

La filosofía del programa con "los del 1385", como se denominaron entonces a los desertores de la guerrilla, la definió Gloria Quiceno como "una puerta y una garantía de protección para quienes quieran abandonar la guerra". Esta filosofía no fue plenamente compartida por algunos mandos militares que veían al desmovilizado individual como valioso instrumento para la lucha contrainsurgente. Esto creó alguna tensión entre Reinserción y el estamento militar pero el presidente Pastrana, empeñado en la paz negociada con las Farc, inclinó la balanza apoyando el enfoque de la directora de reinserción.

La llegada de Alvaro Uribe a la Presidencia cambió las cosas. En primer lugar, la oficina de reinserción fue totalmente dedicada a la "reincorporación", como se denomina en esta administración la atención humanitaria al desmovilizado individual. En segundo lugar, en enero de este año, el gobierno expidió el decreto 128, mediante el cual se les abrieron las puertas a los miembros de las autodefensas. En tercer lugar, redefinió los roles del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior, haciendo de la desmovilización el objetivo fundamental del programa, responsabilidad que asumió el Mindefensa. En términos vulgares, este ministerio se quedó con la carne de la desmovilización y le dejó el hueso de la reincorporación al Ministerio del Interior.

Y este hueso ha sido difícil de roer. Ya lo era con los desmovilizados de las organizaciones de los años 90, cuyo desarme estuvo sustentado en la finalidad y el quehacer políticos, y el programa para la reinserción era apenas un alivio para las dificultades propias de una transición. Lo cierto es que, pese a algunos fracasos, especialmente en el área de los proyectos productivos, el programa para la reinserción tuvo interesantes logros en lo educativo, en la valoración, difusión y gestión de procesos de paz, en planes de vivienda y atención de salud para los desmovilizados, llegando incluso a crear un programa de atención especial para discapacitados de guerra. También, y ello es muy visible en Urabá con el EPL y en el proceso de la Corriente de Renovación Socialista, el programa se convirtió en un invaluable apoyo para la gestación de poder político y liderazgo social de los desmovilizados. Pese a estos indudables logros, el programa para la reinserción siempre fue subvalorado cuando no despreciado, e incluso calumniado.

Por ello, en las condiciones actuales, una reincorporación a la vida civil sin un contexto político se convierte en algo mucho más complicado. Pero la cifra de sólo seis muertos en 3.000 desmovilizados dice mucho de la seriedad de la Fuerza Pública en la tarea de protección de estos desmovilizados. Hoy, además de ser protegidos, el Estado les resuelve temporalmente el problema de alojamiento y comida. Pero en el mediano plazo no hay una garantía para que logren labrar un proyecto de vida civil digno. Esta vulnerabilidad de la reincorporación, en un país donde los fracasos se destacan más que los aciertos, puede minar la confianza de la sociedad en el conjunto del proceso y desalentar a aquellos guerrilleros y paramilitares que hoy miran con expectativa la suerte de quienes abandonaron las filas.

La pregunta entonces se hace evidente: ¿Es posible mantener los crecientes éxitos de la desmovilización sin una reincorporación digna a la civilidad? La respuesta es obvia: no. Surge entonces otra pregunta: ¿El diseño actual del programa es garantía para la reincorporación? Los que han estudiado el tema están de acuerdo en que no. La reciente desmovilización de 850 miembros de las autodefensas, hoy ubicados en La Ceja, mientras se resuelve su situación jurídica, como primer paso hacia su reincorporación, puede haber prendido las alarmas en el alto gobierno. Y si bien el remedio es urgente, la catástrofe no es inminente. El país y el mundo cuentan con un acumulado importante en procesos de reinserción. Se puede aprender de ellos. Incluso, de procesos ya olvidados, como los que permitieron que decenas de guerrilleros liberales, bajo el mando del coronel Román, se convirtieran en una nueva institución para la protección de la seguridad en las zonas campesinas como fue el DAS rural. Y desde luego: mucho que aprender todavía de los procesos de paz de los años 90. Con creatividad, modestia y generosidad será posible resolver el desajuste entre una desmovilización exitosa y un diseño deficiente para la reincorporación de miles de ex combatientes.

*Director del Observatorio por la paz y ex guerrilleros del M-19.
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