Digno de crédito

Uno de los llamados "principios de Peter", asegura que "toda buena acción tiene su correspondiente castigo". Y el sistema financiero internacional parecía dispuesto a confimmar su validez. Los recientes programas de reducción de acreencias y de financiamiento preferencial a países en problemas, parecían inexorablemente encaminados a penalizar a los "buenos deudores". Lejos de mejorar el entorno internacional, dichos programas estaban enrareciendo el ambiente y creando múltiples obstáculos al financiamiento de los pocos países que, como Colombia, venían pagando cumplidamente sus obligaciones externas.
Dicha situación, sin embargo, iba en contra de la estabilidad y vigencia de los principios que rigen la práctica bancaria tradicional, comenzando por la validez misma del esquema de mercado, lo que no era del agrado de las entidades que lideran el sistema financiero internaciona. Gracias a ello se impuso el buen criterio y Colombia logró conseguir, no sin antes tener que superar grandes barreras, un nuevo crédito comercial por 1.775 millones de dólares para el cuatrienio 1991-1994.
La operación, que como siempre estuvo precedida de un largo forcejeo con el comité que representa a los dos centenares de bancos que tienen acreencias en Colombia, llegó a feliz término el 7 de noviembre y fue realizada por Luis Jorge Garay, asesor del Ministerio de Hacienda, y Gustavo Moreno, director de Crédito Público. Algunos de sus aspectos están analizados en detalle en el libro de Garay "El manejo de la deuda externa de Colombia", que será publicado por Fescol en los próximos días.
El empréstito resuelve los problemas de financiamiento del país con la banca comercial hasta el año 1995. Y permite afirmar que, a pesar de la violencia de las olas, Colombia logró atravesar el agitado mar de la crisis de la deuda y demostrar que tenía razón al renunciar al uso del frágil salvavidas en que se convirtió para muchos países la reestructuración de sus deudas. Hoy en día, Colombia es el único país de América Latina que tiene asegurado, de alguna manera, el financiamiento de su economía para lo que resta del presente siglo.
El préstamo por 1.775 millones de dólares que consiguió Colombia tiene dos características que lo hacen completamente excepcional en las actuales circunstancias. La primera es que se trata de un crédito soberano a cuatro años, el primero de tales características que concede la banca internacional. La segunda es que se consiguió libre de toda condicionalidad, no sólo con los bancos prestamistas, sino con los organismos de crédito multilateral, como el Fondo Monetario y el Banco Mundial.
Aparte de eso, las condiciones financieras del crédito son las mejores que se pueden conseguir hoy en día en el mercado. Mientras países "beneficiados", con el llamado Plan Brady de reducción de la deuda, como México, tienen que pagar hasta cuatro y cinco puntos por encima de la tasa de interés de referencia en el mercado internacional (la Libor) para conseguir recursos frescos adicionales, el costo del paquete concedido a Colombia apenas supera en 1.22 puntos dicha tasa de referencia. Los plazos, además, son bastante cómodos. Mientras la deuda comercial colombiana pendiente de pago en la actualidad tiene un plazo total promedio de 10.4 años, el nuevo crédito se obtuvo con un plazo total superior a 12 años.
El crédito preserva, finalmente, el "estatus" de Colombia en su relación con la banca internacional. A pesar de la oposición de muchas entidades financieras a la colocación de nuevos recursos en toda la región, la banca en su conjunto mantiene prácticamente inalterado su nivel de riesgo en el sector público colombiano. Tal como se ha venido haciendo desde hace varios años, los nuevos recursos serán utilizados directamente para financiar inversión del Presupuesto Nacional y de algunas entidades descentralizadas "Carbocol y sector eléctrico", lo que a su vez libera recursos por el mismo monto para cancelar las amortizaciones a la banca comercial. Esto, en últimas, no es otra cosa que refinanciar la deuda y alargar los plazos para su cancelación.
Pero, a diferencia de otros países que han tenido que recurrir a sistemas alternativos de financiamiento, como la colocación de bonos, las acreencias siguen estando en cabeza de los bancos y no de propietarios impersonales, con los cuales no se puede negociar la renovación de las mismas.

Crédito a cuatro años
En términos generales, el Gobierno mantuvo inalterada su estrategia de negociación. Pero le introdujo algunos refinamientos. Desde 1984, el país venía negociando con la banca internacional el otorgamiento de créditos a dos años, lo que de por sí era una gran concesión, pues hasta ese momento los bancos sólo accedían a prestar recursos frescos sobre una base anual. De allí que pareciera inaudita una solicitud de recursos para un período superior. Pero el Gobierno colombiano tenía sus razones, y decidió jugársela toda pidiendo un crédito a cuatro años.
Varios fueron los motivos que adujo la delegación nacional para respaldar su solicitud. El más importante, sin lugar a dudas, la necesidad de garantizar el financiamiento del proceso de apertura económica y reforma estructural en el cual está empeñado el país y de cuyos resultados dependerá precisamente que Colombia tenga todavía mejor capacidad de pago hacia el futuro.
Ahora bien, para asegurar esa financiación, era indispensable la colaboración de la mayoría de los bancos que tienen recursos comprometidos en Colombia. Pero varios de ellos (conocidos en el ambiente financiero como "free riders" y "Cheap riders", o "bancos oportunistas") se habían mostrado renuentes a participar en nuevos créditos. Y esa actitud se podría agravar a la vuelta de dos años, cuando se vencen la gran mayoría de los créditos con amortizaciones pendientes en el próximo cuatrienio.
De los 1.900 millones de dólares de deuda de riesgo comercial puro que Colombia tiene que amortizar entre 1990 y 1994, cerca de 1.200 millones corresponden al primer bienio. Y en los que se vencen es donde hay más "bancos oportunistas". De allí la importancia de asegurar de una vez los recursos para todo el período, so pena de tenerse que someter a una complicada negociación para conseguir los 700 millones de dólares necesarios para el bienio 1993-1994. Todo eso sin contar con el deterioro del ambiente financiero internacional y la posibilidad de una guerra en el Golfo Pérsico, que podrían complicar todavía más la obtención de un nuevo crédito.
Lo anterior no quiere decir que las condiciones actuales fueran muy favorables y que no hubiera problemas para conseguir los recursos solicitados.
Al contrario, la negociación fue supremamente ardua y para conseguir los 1.775 millones de dólares hubo que superar innumerables obstáculos.

Cambio de riesgo
En el momento de salir a conseguir el crédito, a mediados de julio, el ambiente financiero internacional estaba ya bastante deteriorado. Más que ninguno de los programas anteriores para enfrentar el problema de la deuda, el llamado Plan Brady había cambiado radicalmente el panorama financiero mundial. En aras de obtener un descuento sobre el saldo de sus deudas, algunos de los más importantes países deudores aceptaron cambios radicales en las reglas de juego, que fueron en detrimento de la negociación de nuevos créditos comerciales de tipo tradicional.
A medida que el problema de la deuda externa se fue prolongando en el tiempo, en efecto, los bancos comerciales no solo trataron de reducir su nivel de exposición en los países de América Latina -y en general del Tercer Mundo-, sino que buscaron disminuir el riesgo asociado con sus préstamos a la región, cambiando lo que los expertos denominan el "estatus" de la deuda. Para ello recurrieron a varios mecanismos que permiten convertir la deuda comercial en otro tipo de activos, mucho menos riesgosos desde el punto de vista financiero.
Tal es el caso, por ejemplo, de la transferencia de recursos basada en modalidades crediticias no tradicionales, como bonos o papeles libremente transables en el mercado secundario internacional. Esta modalidad lleva a que, finalmente, los acreedores dejen de ser los bancos y pasen a ser instituciones privadas o personas naturales, sin ningún tipo de relación directa con el país deudor.
Otro mecanismo utilizado por los bancos ha sido la conversión de deuda en capital ("debt for equity swap"), mediante la cual se pueden transformar las acreencias puramente bancarias en aportes de capital productivo o inversión accionaria, con lo cual se pierde la naturaleza crediticia de la deuda y desaparece el riesgo de los bancos involucrados en la operación.
En los últimos meses, además, se pusieron de moda otras modalidades como la de sustituir el riesgo de la banca comercial por el riesgo en cabeza de los organismos de crédito multilateral. Con tal esquema, la banca comercial se convierte en un simple intermediario en el flujo de recursos crediticios, dejando el riesgo en cabeza de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial.
Como si eso fuera poco, países como México y Venezuela accedieron a otorgar gabelas adicionales a la banca comercial. Ambos países aceptaron, por ejemplo, que la reducción de sus deudas estuviera sujeta a las contingencias que sufriera el mercado internacional del petróleo. Si el precio del crudo sube, como está previsto, parte del descuento se revertirá, y los dos países terminarán pagando una mayor proporción de sus acreencias originales.
Con tantas garantías, no es de extrañar que los bancos consideraran poco atractiva una nueva
operación de riesgo puramente comercial como la que les propuso Colombia.

Problemas de los bancos
Esa no era, además, la única razón para la renuencia inicial de los bancos a conceder un préstamo de la magnitud del solicitado por el Gobierno colombiano. También pesaban causas relacionadas con su propia situación. Bien que mal, la iniciativa Brady obligó a muchos bancos a reconocer contablemente la pérdida de cuantiosos recursos en sus préstamos a los países del Tercer Mundo. Y eso, por supuesto, no dejó contento a nadie.
Menos aún en una situación en la cual, a los problemas en los países en desarrollo se unieron graves descalabros financieros en sus países sede. Tal es el caso de los Estados Unidos, donde la quiebra de un alto número de instituciones de ahorro y crédito, y el estancamiento de la actividad de finca raíz, tuvo un impacto negativo sobre la totalidad del sistema financiero, incluidos algunos de los principales bancos del país. El Chase, por ejemplo, que es uno de los bancos líderes en las negociaciones con Colombia, tuvo que salir al mercado a buscar recursos, en condiciones onerosas, para resolver agudos problemas de liquidez.
Pero el problema no se ha limitado a los bancos americanos. Varios bancos japoneses, sobreexpuestos en actividades de finca raíz en su país, han sufrido también problemas financieros. En los últimos cuatro meses, el valor de los activos de los principales bancos japoneses ha caído en cerca del 30 por ciento. Y cinco grandes bancos japoneses fueron degradados en el último sondeo de la prestigiosa compañía "Modys Rating", lo que ha generado pánico en el país del Sol Naciente. Los japoneses, además, han endurecido tanto su posición en los ú1timos años, que no han participado con dinero fresco en las operaciones crediticias realizadas con México, Venezuela y Filipinas al amparo de la Iniciativa Brady.
En Inglaterra, bancos como el Midland y el Standard Chartered, que son acreedores de Colombia, han tenido que adoptar políticas de reducción de personal y han puesto en venta muchos de sus activos, para mejorar sus estados financieros. En Europa continental, los bancos tienen provisionada la casi totalidad de su deuda en América Latina incluyendo buena parte de la deuda colombiana -y muestran poco interés en lo que pase por estos lados del planeta. Alemania, por ejemplo, decidió concentrar todo su esfuerzo en su vecina oriental y en general en los países que salieron de la Cortina de Hierro. Y, como en el caso de los bancos japoneses, se negó a participar con dineros frescos en la última negociación con México.
Los bancos de Canadá, finalmente, a pesar de no tener provisionadas las deudas de Colombia, habían salido agresivamente al mercado secundario a vender las acreencias de América Latina y los que no lo hicieron tienen como política no participar en operaciones de crédito fresco para la región.
En otras palabras, el ambiente reinante en el sistema bancario internacional no era el más apropiado para llegar a pedir nuevos créditos de riesgo comercial. Si en la década del 70 los bancos tenían dinero a manos llenas y estaban dispuestos a prestarlo al primero que dijera "pago", hoy la situación es completamente inversa. Al comenzar la década del 90 los recursos escasean y la desconfianza en la capacidad de pago de los países en desarrollo es total.

Situación de los vecinos
Poco ayuda, además, a mejorar el ambiente, la situación de los grandes deudores. Brasil y Argentina, que concentran una buena parte de las acreencias de América Latina, siguen sin resolver sus problemas. Y el riesgo de los bancos que tienen sus dineros comprometidos en dichos países sigue siendo alto.
En el caso de Brasil las cosas no pintan nada bien. Ese país sigue teniendo graves problemas para reanudar sus pagos al sistema financiero internacional, y ha llegado ya a 8.000 millones de dólares en intereses atrasados. Y no es por falta de voluntad para aplicar correctivos económicos. Todo el mundo reconoce, en efecto, que el ajuste realizado por el actual Gobierno es de una magnitud similar al que tuvo que efectuar Hungría después de la Segunda Guerra Mundial. Y, sin embargo, todavía no está en disposición de normalizar sus relaciones con los bancos. De allí que al sentarse el mes pasado a conversar con sus acreedores hubiera tenido que ofrecer condiciones totalmente inaceptables para la banca internacional, como la colocación de bonos con más de medio siglo de vencimiento.
En Argentina, las cosas tampoco se ven mejor. Todo indica que ya la comunidad financiera internacional empieza a reconocer el empobrecimiento del país austral y está convencida de que no puede pagar en su totalidad sus obligaciones externas. La situación es tan grave que la última oferta que le hizo a los bancos fue pagar únicamente 40 millones de dólares al mes por concepto de intereses.
Pero tampoco los países que se acogieron al Plan Brady lograron resolver su problema de financiamiento en el mediano y el largo plazo.
En primer lugar, los niveles de descuento efectivamente conseguidos fueron moderados con relación al precio de sus papeles de deuda en el mercado secundario. México logró un descuento promedio cercano al 23%, cuando sus papeles se transaban con una rebaja del 60 por ciento. Y en el caso de Venezuela es aun más radical pues el descuento que obtuvo al acogerse al Plan Brady puede llegar a ser de solo diez por ciento, frente a un 50 por ciento en el mercado secundario.
En segundo lugar, los dos paíse transfirieron toda la deuda que estaba en cabeza de los bancos a tenedores de bonos al portador, perdiendo la que fue su principal fuente de recursos en la década del 70. Ello los ha obligado a buscar alternativas estables de financiamiento futuro, teniendo que recurrir al mercado internacional de capitales. México, en particular, decidió emitir bonos de Pemex, su principal empresa exportadora. La primera operación fue una colocación de 100 millones de dólares en el mercado alemán, a un costo superior en cinco puntos a la tasa Libor. Desafortunadamente, en la última emisión realizada ya hay indicios de que el mercado está saturado y que habrá dificultades para la suscripción de los bonos, debido en buena parte a todos los problemas del sistema financiero internacional.

Midiendo fuerzas
Tal era el desolador panorama en el cual se tenían que realizar las conversaciones de Colombia con el comité de bancos acreedores. De allí que la negociación no hubiera resultado nada fácil.
En principio, las posiciones estaban bastante distanciadas. Colombia quería que el crédito cubriera un período de cuatro años. Los bancos querían que se dividiera en dos y dos. Colombia pedía 1.800 millones de dólares. Los bancos decían que Colombia tenía un aceptable monto de reservas y que con 1.400 millones de dólares sería suficiente. Colombia quería que el crédito fuera de riesgo comercial puro. Los bancos querían que el crédito fuera en bonos al portador, que es la modalidad más utilizada a partir del Plan Brady.
Respecto al primer punto, solo al final los bancos aceptaron los argumentos del Gobierno colombiano sobre la necesidad de contar con un financiamiento garantizado para poder llevar a feliz término el proceso de reforma estructural de la economía en los próximos cuatro años.
Pero después reconocieron la importancia de tal decisión. En palabras de Charles F. Meissner, vicepresidente del Chemical Bank, que lidera el comité consultivo, "este es el primer esfuerzo de cuatro años y demuestra la confianza creciente que tiene la comunidad bancaria internacional en el compromiso del Gobierno colombiano para adelantar el ajuste económico estructural y alcanzar un crecimiento económico estable. Colombia amerita el apoyo de la comunidad bancaria, no solo por su comportamiento pasado, sino también por sus prospectos futuros".
A pesar de tales opiniones, también fue difícil convencerlos de que el país necesitaba 1.800 millones de dólares. De acuerdo con los bancos, Colombia no solo poseía un elevado volumen de reservas, sino que las nuevas condiciones del mercado petrolero le garantizarían un aumento en sus ingresos externos.
El equipo negociador tuvo que demostrar cómo la economía colombiana es relativamente neutral con respecto a un posible boom en el precio del petróleo, debido en primer lugar a que casi la mitad de los ingresos por exportaciones corresponde a compañías asociadas y, en segundo lugar, a que el país es un importador neto de gasolina, lo que hace que la cuenta de servicios petroleros no sea tan alta como se podría creer en un principio.
Alentados por las negociaciones en México y Venezuela, algunos bancos querían atar la concesión del nuevo crédito para Colombia al comportamiento de los precios del petróleo en el mercado internacional. Sin embargo, en lo que se considera como uno de los mayores éxitos de la negociación, tal posibilidad quedó totalmente descartada.
Por otro lado, y ante la insistencia de los bancos, el Gobierno aceptó que al menos una parte del crédito se hiciera en bonos al portador, pero solo para aquellos bancos que al suscribir los bonos aumentaran inicialmente su exposición en el país. Dicha porción fue mínima, comparada con el monto de riesgo comercial. Y se logró preservar así el "estatus", de la deuda colombiana, que le permite al país tener una palanca para su financiamiento futuro.

Condiciones del crédito
Finalmente, se logró un crédito por 1.775 millones de dólares, dividido en dos porciones. La primera es un crédito sindicado tradicional -con participación de los bancos acreedores del país- por 1.575 millones de dólares, con 13 años de plazo total, un período de gracia de siete años y una tasa de interés igual a Libor más un punto. Como demostración de buena voluntad y de la capacidad de repago del país, se acordó amortizar un diez por ciento del capital durante los primeros siete años de vigencia del crédito. La segunda porción esta conformada por bonos al portador por un valor de 200 millones de dólares y con un costo de 1.5 puntos sobre la tasa Libor. Dichos bonos se terminarán de repagar en 1998.
En conjunto, el paquete crediticio tiene un costo de 1.22 puntos sobre la tasa Libor, un plazo total superior a 12 años y un periodo de gracia de 6.2 años. Tales condiciones son más favorables que las de los créditos "Jumbo" y "Concorde", negociados en 1984 y 1986, y muy similares a las del crédito "Challenger", conseguido en 1988, cuando el panorama financiero mundial era mucho menos oscuro que el actual. Baste mencionar que el Chase ha tenido que pagar tasas del 13 y 14 por ciento para conseguir recursos en el mercado internacional, y que los bonos de Pemex de México se han suscrito a un costo superior en cinco puntos a la tasa Libor.
Pero además, el crédito se obtuvo limpio de toda condicionalidad con los organismos de crédito multilateral, sin comprometer ingresos futuros de la nación y sin someterlo a ninguna contingencia en materia de precios de productos de exportación, como han tenido que hacer otros países de la región para conseguir recursos frescos en cantidad inferior.
Para facilitar la sindicación, se aplicarán mecanismos similares a los utilizados con el crédito "Challenger". En principio, el crédito está acordado ya con el comité consultivo de los bancos (compuesto por diez de los 200 bancos acreedores), su sindicación debe comenzar en la segunda semana de diciembre y se espera que culmine en febrero del año entrante. Luego vendrán los trámites con el Consejo de Estado, lo que quiere decir que el empréstito se puede estar firmando definitivamente en abril y los primeros desembolsos se podrán realizar antes de terminar el primer semestre de 1991 .
De salir todo bien, el país estará al otro lado en materia de financiamiento. Y habrá demostrado que la estrategia seguida a partir de 1984 fue la mejor, a pesar de la gran oposición que tuvo. De 1995 en adelante las cosas serán mucho más manejables. Porque, con excepción de algunas empresas del sector eléctrico y del Metro de Medellín, toda la deuda del país estará saneada. Y las amortizaciones serán mucho menores.
Hay que mencionar, además, que también con la banca multilateral se han hecho grandes avances. Ya hay compromisos del Banco Mundial para contratar créditos con Colombia por 600 millones de dólares anuales en el próximo trienio, con el fin de apoyar la reforma estructural de la economía y la inversión social (en algunos casos con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo).
Todo lo anterior quiere decir que, diez años después de haberse manifestado la crisis de la deuda en Colombia, el país habría salido inerme del problema, evitando las dificultades sufridas por los países vecinos y manteniendo relaciones normales con toda la comunidad financiera internacional.
Pero no solo Colombia saldrá beneficiado. Porque, contra lo que algunos temieron, el país demostró que los problemas creados por la deuda externa se podían resolver en el marco de las estrategias de mercado. Y eso es fundamental para la preservación del esquema de funcionamiento del sistema financiero internacional. Por eso resulta tan importante que esta vez la buena acción haya resultado premiada, y que el "buen deudor", sea también hoy un "buen ejemplo" para todos.