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| 4/6/1998 12:00:00 AM

Y DONDE ESTA EL PILOTO

Por Rafael Pardo Rueda, ex consejero de paz y ex ministro de Defensa.

Los hechos ocurridos en el Caquetá son, sin duda, el más significativo revés militar en décadas. Tal vez desde una emboscada que realizó Guadalupe Salcedo al Ejército en los años 50, en la que murieron casi 100 soldados en Pajarito, Meta, no había ocurrido algo parecido en cuanto a su dimensión en pérdidas humanas. Pero no sólo es grave por el número, sino también porque no fue una emboscada a unos vehículos _se toma a la tropa con pocas defensas_, sino que fue un intenso combate, según lo informaron los mandos militares. También es grave, porque esta tragedia no la sufrieron bachilleres inexpertos, sino soldados profesionales, miembros de una brigada móvil, es decir, la élite del Ejército.Hay ya voces sonoras pidiendo cabezas, otros pontificando sobre la falla en la inteligencia, otros dirán que hay que reestructurar a las Fuerzas Armadas. Otros criticarán la ineficiencia, y tal vez todos puedan tener algo de razón, pero el asunto a mi juicio es de más fondo. No es la primera vez que ocurre algo parecido. No se trata de un caso aislado, ni de un caso fortuito. Por lo tanto, aunque creo que es indispensable investigar a fondo lo ocurrido en su parte operativa, pienso que no sería justo centrar las responsabilidades en los oficiales subalternos, ni tampoco en los que entregaron su vida. Lo que hay que investigar, además de las indagaciones operativas de rigor, es una eventual responsabilidad política por la conducción del orden público. ¿Por qué creo que es necesario mirar una eventual responsabilidad política? Primero, porque este no es el único caso desafortunado que ha ocurrido. No es el primer error militar. Segundo, porque en el Caquetá se han ejecutado, por lo menos, dos trascendentales medidas de orden público que pueden haber introducido severos limitantes al control territorial por parte de la fuerza pública: una, los acuerdos entre el gobierno y los cocaleros del sur, que implicaron una determinada manera de atacar el cultivo de la coca sin afectar a los pequeños cultivadores; y otra, la orden de desmilitarización del Caguán para facilitar la liberación de los 70 soldados secuestrados en Las Delicias. Estas dos medidas pueden haber resentido la capacidad de control de la zona por parte del Ejército y pueden haber forzado la necesidad de recuperarlo por parte de la brigada móvil a todo costo y en condiciones precarias. Son estas hipótesis las que hay que examinar en cuanto a su posible relación, directa o indirecta, con la tragedia.En términos generales, habría que analizar otros aspectos para establecer si hay o no responsabilidad política: la errática política de paz de Samper _o mejor la inexistencia de una política_ puede tener una asociación al menos indirecta con el hecho concreto. Serpa ya acusó a Bedoya diciendo que el general, al haberse atravesado en el despeje de algunos municipios para facilitar conversaciones en 1995, impidió que se hiciera en ese momento la paz. No parece muy directa la relación, pero siempre quedará la duda de que mientras no haya paz habrá guerra. Y estos son hechos de guerra.Otro aspecto que se puede incluir en una investigación sobre responsabilidades políticas, es el relativo al manejo de la fuerza pública durante los años más agudos de la polarización producto de la crisis política. En esos meses, las Fuerzas Armadas en la práctica se dividieron entre aquellos que apoyaban a Samper de frente y los que querían mantener la independencia de los militares en los problemas políticos. Esa pugna significó relevos, destituciones y cambios, pero por sobre todo pudo haber significado que los esfuerzos institucionales se dedicaran más a protegerse y a proteger a las fuerzas de la intromisión política, que a restablecer el orden público. Recordemos, nada más, las grabaciones al investigador del Presidente, la destitución de oficiales de inteligencia, los grafitis en favor de Bedoya cuando era comandante general, etc.Considero que este lamentable episodio puede ser la ocasión para que se examinen con cuidado los manejos del orden público que han derivado en la reiteración de este tipo de eventos. Más que mirar las responsabilidades subalternas y de los oficiales y soldados que están poniendo el pecho a las balas, y de qué manera, es necesario examinar las responsabilidades que puedan caber por la conducción del orden público en general, no sólo a los mandos militares sino sobre todo al jefe del Estado, quien es el responsable de la dirección de estos asuntos. Antes de que haya un solo militar sancionado debe haber una investigación al comandante en jefe, pues los errores militares no pueden derivar siempre en muertos militares y en destituciones militares.
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