¿Dónde está la plata?

El ejercicio de analizar las empresas más grandes del país, además de satisfacer nuestra curiosidad sobre quién es el más exitoso, nos permite contar con herramientas muy útiles para analizar las opciones que tiene el país para crecer económicamente.

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de contar con mercados de valores y sistemas financieros que apoyen el desarrollo de nuestra economía. También se ha dicho que es un milagro que en Colombia haya algo de industria con la ausencia total de mecanismos de financiamiento que acompañen los proyectos de largo plazo.

La estructura de financiamiento de las empresas en Colombia se ha basado tradicionalmente en esquemas en los que el capital propio de los accionistas y los créditos a corto plazo han constituido la principal fuente de recursos. Pues bien, no es posible plantear una estrategia de desarrollo que se base en este tipo de estructura de financiación.

Hasta aquí el asunto es muy sencillo. Por un lado, los recursos de los inversionistas son muy escasos, pero además muy caros. Y, por el otro, no es posible crecer a largo plazo apoyándose en crédito de cortísimo plazo, pues en muchos casos estamos hablando de sobregiros. La única forma de multiplicar la riqueza es mediante la existencia de crédito abundante, barato y de largo plazo. Colombia nunca ha contado con estas condiciones.

La única excepción fue el crédito destinado al sector de la construcción mediante el sistema Upac. Aunque muy criticado, la verdad es que durante los años 70, 80 e inicios de los 90 permitió el crecimiento del sector de la construcción, la economía, el sector financiero y el empleo. Este ejemplo demostró que con condiciones de financiación correctas se puede dar el ‘empujoncito’ a sectores que tienen el potencial de crecer y jalonar la economía.

‘A las malas’

La crisis económica registrada en la segunda mitad de los años 90 estuvo a punto de acabar con buena parte del aparato productivo y económico construido a lo largo de 150 años.

Un diagnóstico del gobierno, el Congreso y ‘los economistas’ identificó que la fórmula que podía evitar el colapso total estaba en modificar la estructura de financiación de las empresas en crisis. Así, mediante la Ley 550 de 1999, se decidió cambiar la estructura de financiación de las compañías en problemas.

Parecería que una ley había logrado lo que el mercado se había negado a ofrecer: crédito a largo plazo para las compañías colombianas. En otras palabras, la norma obligó a los acreedores financieros a extender el plazo de las deudas.

La paradoja está en que la ley sólo aplica para las compañías en problemas, por lo tanto una compañía sana y con futuro no es candidata para acceder a crédito de largo plazo mediante el mecanismo de la Ley 550.

Aunque el resultado final está por verse la experiencia sugiere que en condiciones financieras ‘más amables’ muchas compañías aparentemente inviables adquirían sentido. ¿Cuál sería el efecto sobre las empresas y la economía de una oferta de financiación adecuada?

La revisión de las estadísticas sobre la aplicación de la Ley 550 muestra que durante los años 2000 y 2001 la Superintendencia de Sociedades convocó o aceptó 583 empresas para la aplicación de los mecanismos previstos en la misma. El primer año la situación fue dramática con 314 casos, en el año 2001 se registraron 269. Se espera que la tendencia sea a la baja.

Si el efecto final sobre las compañías es el esperado, es decir, se evita su quiebra y se logra su recuperación, las estadísticas reflejan que se habrán salvado más de 43.000 empleos. Esto mediante la aplicación de una fórmula que busca lograr lo que el mercado financiero no ha podido.

Otra estadística interesante es la que clasifica las empresas que han aplicado la Ley 550 de acuerdo con su tamaño. De las 583 compañías registradas en los dos años, según la clasificación de la Superintendencia, 190 son empresas ‘grandes’, 173 medianas y el resto pequeñas, microempresas y entes territoriales.

Sin embargo el dato más sorprendente es el que resulta de la siguiente pregunta: ¿qué tan importante ha sido para el sector financiero la aplicación de la Ley 550? El cálculo simple muestra que los pasivos totales de las empresas que han aplicado la Ley alcanzan la no despreciable suma de 5,1 billones de pesos. En este caso son billones en español, es decir, millones de millones de pesos. Usualmente estas cifras tan descomunales no nos dicen nada a menos que las comparemos con otros indicadores. Pues bien, este valor es equivalente al 18,2 por ciento de la totalidad de los créditos comerciales en poder del sector financiero.

La noticia, entonces, es que existen 5,1 billones de pesos de pasivos a mediano y largo plazo en manos de las compañías colombianas, los cuales equivalen a casi una quinta parte de la totalidad de créditos otorgados por el sector financiero.

¿Puede entonces el sector financiero ofrecer recursos de largo plazo? ¿No existía un problema en la estructura de captación de recursos que hacía totalmente imposible tener créditos de mediano y largo plazo? ¿Se requiere la orden de una ley para que las entidades financieras den el primer paso para romper el círculo vicioso entre las captaciones y las colocaciones?

Lo cierto es que hoy en día, por una u otra razón, el sector financiero tiene una buena parte de sus recursos colocados a mediano y largo plazo y, paradójicamente, en empresas con problemas.

Hay opciones

Aparentemente una solución para la falta de crédito de largo plazo son las emisiones de títulos en los mercados de capitales. Parecería que ahí puede haber una salida y en los últimos años hemos visto un creciente apetito de las empresas por adelantar emisiones de deuda a mediano plazo.

Dando una mirada a lo que ha sucedido durante los dos últimos años vemos cómo en el año 2000 se registraron 10 emisiones de deuda, con término superior a un año y por un valor de 595.000 millones de pesos. Por su parte, durante el año 2001 se adelantaron 11 emisiones de deuda con plazo superior a un año y por un valor de 578.000 millones de pesos.

Al comparar los datos anteriores con la presente edición de las 100 empresas se encuentra que en el caso de las emisiones del año 2000, 10 de ellas fueron adelantadas por seis compañías incluidas dentro de este listado, dos por compañías no clasificadas y dos entidades del sector financiero. Además de las 11 emisiones adelantadas en el año 2001, nueve fueron hechas por compañías dentro del listado de las 100 empresas, una emisión de una empresa no clasificada y una emisión de una compañía de seguros.

El simple hecho de que durante los años 2000 y 2001 se haya colocado más de un billón de pesos en bonos a mediano plazo en los mercados de capitales rompe nuevamente con el paradigma de la inexistencia de recursos de largo plazo. Entonces, sí existen agentes dispuestos a realizar inversiones financieras de largo plazo en Colombia, y en efecto lo hacen. La pregunta sigue siendo, entonces, ¿por qué los intermediarios financieros no son capaces de atraer esos recursos de largo plazo?

Los desplazados

Los economistas han dado el nombre de Crowding Out a la situación en la cual el gobierno compite (y gana) con el sector privado por los recursos escasos de una economía. Veamos qué tan real es esta situación en Colombia

El deterioro fiscal de los últimos años ha obligado al gobierno a acudir a todas las fuentes posibles de recursos. Entre ellas se encuentran los mercados de capitales locales. Desde el punto de vista del Estado esto suena razonable, más aún cuando los mercados internacionales se han vuelto más exigentes con el país. Sin embargo una pregunta pocas veces planteada es ¿cuál es el efecto sobre el sector privado de la competencia con el gobierno por los recursos en los mercados de capitales?

Las cifras son impresionantes. El valor de mercado actual de los recursos que el gobierno ha captado en los mercados de capitales locales es de 26 billones de pesos. Hay que anotar que el saldo del crédito comercial del sector financiero es de 28 billones de pesos. Es decir, el gobierno cuenta en este momento con casi el mismo volumen de recursos de crédito interno que la totalidad del sector privado. Pero con mejores plazos. El plazo promedio de los TES del gobierno es de 4,4 años. Muy superior al plazo que ha logrado el sector privado. Nuevamente nos encontramos con una gran cantidad de recursos a mediano plazo a los cuales no tiene acceso el sector privado y no son intermediados por el sector financiero.

Hay que romper el círculo vicioso y la pelota está en manos del sector financiero y el Estado. Las entidades financieras han demostrado que pueden, al menos gradualmente, ofrecer condiciones más razonables y convenientes para todos. Para que su negocio crezca es importante contar con clientes más sólidos. Como siempre, para que el negocio sea mejor hay que invertir.

Los recursos existen, los tienen los bancos, los fondos de pensiones y cesantías y los mercados de capitales. Sin embargo parecería que el gobierno se está llevando la gran tajada del mercado local. Es importante que los próximos gobiernos adquieran conciencia de esta realidad y dejen de desplazar a los empresarios en la obtención de recursos financieros tan escasos.