Sábado, 20 de septiembre de 2014

| 1987/09/07 00:00

El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla

Informe conjunto de los medios de comunicación sobre el estado de la investigación del asesinato del ministro de Justicia.

El asesinato de Rodrigo Lara Bonilla

Son muchos los colombianos que hoy, tres años después del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, creen que este crimen permanece no sólo en la impunidad, sino también en el misterio. Sin embargo, ninguna de estas dos impresiones es totalmente cierta. Desde cuando el 30 de abril de 1984 en la noche, a pocas cuadras del lugar del asesinato, las autoridades capturaron al conductor de la moto desde donde se había ametrallado al ministro, una madeja con muchas puntas y muchos nudos comenzó a ser desenredada por los investigadores del DAS, el F-2 y la Procuraduría.
La detención de Byron Velásquez Arenas, un antioqueño de 18 años que nunca llegó a terminar segundo de bachillerato, permitió comenzar a tirar del hilo de la madeja. En efecto, el jueves 3 de mayo, menos de 72 horas después del asesinato, Velásquez fue interrogado en la cama número 251 de la Clínica de la Policía, a donde había sido trasladado en la noche del 30 para que se repusiera de sus heridas.
El interrogatorio permitió conocer lugares, fechas y algunos nombres falsos de las personas que habían estado detrás de Guizado y Velásquez en la planificación y preparación del magnicidio.

LOS RELATOS DE VELASQUEZ
Velásquez relató a quienes lo interrogaron que había venido de Medellín a Bogotá en dos oportunidades en los días previos a la muerte de Lara. El objetivo para el cual habían sido contratados en Medellín, por dos millones de pesos con un adelanto de $20 mil, era el de asesinar a un señor de un Mercedes blanco que se había robado, según les dijeron, 4 kilos de coca. El primer viaje había sido el 25 de abril. En la tarde de ese día, Guizado y Velásquez se dirigieron en la moto hasta el Ministerio de Justicia, pero como no vieron el Mercedes blanco concluyeron que el hombre se había ido y aplazaron la ejecución del asesinato.
Según dijo Velásquez en el interrogatorio, ese día "a eso de las horas de la tarde, sacaron el carro y me entregaron a mí un chaleco y al compañero mío le entregaron otro chaleco y una ametralladora y dos granadas que las tenían en el carro, entonces el compañero que andaba conmigo en la moto me las echó en el bolsillo derecho del chaleco que para que le quedara más fácil sacarlas a él, entonces como yo no conocía a Bogotá, no conozco las calles ni avenidas, no conozco pues nada aquí en Bogotá, él me explicaba por donde voltiaba, hasta que pasamos por una oficina que es como un segundo piso y tiene un garaje y una puerta es una reja y se ve todo al fondo, que cuando pasamos él dijo que no estaba el Mercedes, ahí entonces nos devolvimos".
El segundo viaje fue el domingo 29, víspera del asesinato. Sobre lo sucedido el lunes, Velásquez dijo a quienes lo interrogaron: "...cuando nos entregaron todas las cosas le dijeron a Carlos Mario (Guizado) que hablaban en Medellín ya, entonces Carlos Mario me dijo que fuéramos para la oficina donde el señor del Mercedes blanco y fuimos, pasamos por ahí y no estaba el Mercedes blanco, entonces eran como las siete y diez y siete y cuarto cuando pasamos por ahí y vimos que no estaba el Mercedes y entonces dijo que tampoco estaba el señor ahí, que ya había salido, entonces ahí mismo que fuéramos por la casa de él y él empezó a explicarme por donde voltiaba, entonces cuando ibamos como por debajo de un puentecito salió un rompocito, una glorieta ahí, entonces cuando asomamos él vio que el Mercedes iba por ahí adelante y me dijo que lo alcanzara por ahí adelante, cuando lo fuimos a alcanzar vi que iba atrás una camioneta como grisecita o cafecita, entonces ahí mismo me dijo que lo arrimara al pie del Mercedes blanco y apenas lo arrimé empezó a disparar por el vidrio de atrás...".

LOS HOTELES DE LA 19
Pero estos relatos no fueron lo más revelador del testimonio de Velásquez. El interrogado dijo a las autoridades ese 3 de mayo, que un hombre que se hacía llamar John Jairo Franco, que se había alojado en un hotel de la avenida 19 había estado en permanente contacto con él y con Guizado. Estas y otras revelaciones hechas por Velásquez condujeron a los investigadores a varios hoteles, restaurantes y almacenes de la avenida 19. También a un parqueadero a donde Franco les había entregado a los sicarios los chalecos antibalas, una ametralladora y dos granadas, armas que se encontraban guardadas en un Renault 12 verde.
Aparte del de Franco apareció otro nombre, a todas luces falso, el de Juan Pérez, quien también se había registrado en un hotel de la 19, y había comido en varias oportunidades en la Fonda Antioqueña, con otros miembros del grupo que fueron conociéndose a medida que avanzaba la investigación. Los testimonios de los empleados de los hoteles de la 19 y de la Fonda permitieron establecer otra identidad, la de un hombre que hablaba susurrando y que desde entonces se conoció como "El Ronco".
Gracias a algunas fotos de archivo de las autoridades y a un retrato hablado efectuado con base en el testimonio de los empleados del hotel y de la Fonda, los investigadores lograron identificar a Franco como John Jairo Arias Tascón, un peligroso expresidiario de Medellín.
Arias Tascón era el primer hombre plenamente identificado que aparecía vinculado a la organización que respaldó a Velásquez y Guizado. Pero la madeja se siguió desenredando, y aparte del nombre de Juan Pérez las autoridades descubrieron otro, también presumiblemente falso: Luis Javier Rodríguez.
Los investigadores decidieron jalar la pita por el lado del misterioso Pérez, quien había estado registrado en los hoteles Nueva Granada y Bacatá, y había hecho varias llamadas a Medellín al teléfono de la señora María Morelia Vásquez. Los investigadores establecieron con ella que en esos días había recibido varias llamadas de Bogotá de su hijo, Rubén Dario Londoño, quien tenía un juicio pendiente en Itaguí, su firma se obtuvo en el juzgado y se comparó con la de Pérez. Los grafólogos no dudaron de que se trataba de la misma persona. Un retrato hablado corroboró lo anterior, y se pudo así identificar plenamente a un segundo miembro de la organización que había planeado el asesinato.
Los investigadores lograron también la identificación de Luis Javier Rodríquez, quien había dejado sus huellas digitales en el almacén donde el grupo había comprado dos motos, entre ellas la que sirvió a Velásquez y Guizado. Estas huellas permitieron establecer que Rodríguez era en realidad Luis Javier Ruiz. Finalmente, "El Ronco", delatado por su voz y porque fue visto en el parqueadero La Concordia de la avenida 19 en compañía de Velásquez, fue identificado como Germán Alfonso Díaz, un peligroso delincuente cuya misión era la de atentar contra el ministro Lara si fallaban Velásquez y Guizado.
De los testimonios recogidos en el hotel, donde se hospedaba Ruiz se pudo establecer la existencia de otro personaje, cuyos rasgos físicos fueron confirmados por testimonios de los empleados de la Fonda Antioqueña. Se trata de "El Negro", quien decía llamarse Jairo Velásquez y resultó ser Julio César Vargas. Hizo varias llamadas a Pereira y a Giovanni Amézquita y Oscar de Jesús Rico, quienes por primera vez aparecieron vinculados a la investigación. En otro hotel de la 19 llamadas telefónicas y testimonios de los empleados permitieron relacionar a Guizado con Raúl Castaño, así como incluir en la lista de miembros de la organización a Oscar Villa y Otoniel Alvarez, quienes se habían alojado en los hoteles Nueva Granada y Cristal.
Todos ellos conformaban, según las autoridades, un grupo de alta peligrosidad vinculado a Pereira y a Medellín. La relación con gente de Medellín había sido establecida desde el principio de la investigación, con las primeras declaraciones de Velásquez. Pero la de la gente de Pereira no era tan clara. ¿Por qué el grupo que planeó el crimen había contactado personas de la capital risaraldense? La respuesta comenzó a encontrarse en algunos testimonios de allegados al ministro, que recordaron que él se preparaba para viajar el 1° de mayo a Pereira. En efecto el ministro Lara había cancelado el viaje antes de ser asesinado. Había sido advertido por un alto mando de la existencia de un complot para asesinarlo, que bien podía llevarse a cabo en Pereira.

¿DE DONDE VENIA LA ORDEN?
Pero el hecho de que existiera no uno, sino varios planes para matar al ministro planteaba nuevas preguntas: ¿De dónde podía venir una orden tan perentoria? ¿Cuál era la cabeza?
Una de las llamadas efectuadas desde Bogotá por los cómplices de Guizado y Velásquez condujo a los sabuesos al municipio de La Estrella, al suroccidente de Medellín y considerado como uno de los fortines políticos del Movimiento de Renovación Liberal Independiente del parlamentario Pablo Escobar. Uno de los teléfonos rastreados resultó ser el de la casa de Luis A. Cataño, alias "El Chopo", quien había sido el comprador del R-12 verde en que se guardaron las armas del asesinato. Cataño fue el primero de los integrantes del grupo de Medellín en llegar a Bogotá. Sus familiares declararon a los investigadores que Cataño era guardaespaldas de Pablo Escobar y cuidandero de su hijo.
Otro teléfono marcado por los cómplices del crimen desde Bogotá condujo a una dirección en Medellín donde los investigadores pudieron establecer la relación del grupo que planeó el asesinato con Juan Fernando Maya, quien fue aspirante al Concejo de Envigado en 1984, como suplente de Alba Marina Escobar Gaviria, hermana de Pablo Escobar, en listas del Movimiento de Renovación Liberal Independiente.
Otro teléfono más, de los que fueron marcados por los cómplices del crimen, figura a nombre de María Victoria Escobar de Henao, hermana de Pablo Escobar.
Entre tanto, los investigadores siguieron adelante con su trabajo, y sondearon más a fondo las pistas del municipio de La Estrella, en donde pudieron establecer, que Rubén Darío Londoño, aquel que se hacia llamar Juan Pérez, figuraba en la lista de candidatos al Concejo de esa población por el Movimiento de Renovación Liberal, y había trabajado en ese grupo político de Pablo Escobar.
Desde el principio de la investigación se descubrió que uno de los documentos de Byron Velásquez había un número telefónico anotado. Esta pista se siguió durante varias semanas y condujo a Wilmar de Jesús Henao, enlace de Londoño y Byron. Estos y otros avances en las averiguaciones permitieron establecer que Byron Velásquez había trabajado en varias ocasiones para Pablo Escobar.
Todo lo anterior sirvió de base al juez Tulio Manuel Castro Gil y al procurador delegado penal, Alvaro López, para sustentar el llamamiento a juicio a Pablo Escobar y a otros implicados. Castro Gil fue asesinado a mediados de 1984, López, varias veces amenazado de muerte, debió abandonar el país. Meses después de esto el Tribunal Superior sobreseyó temporalmente a Escobar y a los implicados más cercanamente relacionados con él. En el juicio que se está llevando a cabo estarán como reos presentes Byron Velásquez y Germán Díaz "El Ronco". Como reos ausenten serán juzgados Rubén Darío Londoño, John Jairo Arias y Luis A. Cataño.
Como puede verse, es posible que el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quede, al menos parcialmente, en la impunidad. Pero lo que ya no se podrá decir es que quedó en el misterio.

LA "LEY DEL SILENCIO"
Desde la noche del 30 de abril de 1984 los colombianos esperan tener la respuesta a uno de los mayores interrogantes en la historia del país: ¿Quién ordenó el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla? Junto con la respuesta a este interrogante también se espera que la investigación condene a alguien más que a un pistolero a sueldo. Pero tratándose de un caso en el que se mueven intereses y personas tan oscuras, el proceso ha tropezado con varias dificultades. Entre esas dificultades se cuentan las amenazas a los investigadores y el asesinato de estos y de quienes pudieran ser testigos claves, cuyas declaraciones llevarían al esclarecimiento del crimen.
A continuación, la lista de los muertos relacionadas con la investigación del caso Lara Bonilla:

-Tulio Manuel Castro Gil. Juez encargado de la investigación del caso Lara Bonilla. Fue asesinado en la noche del 23 de julio del 84 en la Caracas con 47 cuando se dirigía en un taxi a su residencia, después de dictar su cátedra de derecho en la Universidad Santo Tomás. A pesar de las repetidas amenazas, se le había retirado la escolta. Dentro de la investigación que adelantaba en el caso Lara resultaron involucrados varios capos del narcotráfico, pero pocos días antes de su muerte Castro Gil levantó las órdenes de captura que pesaban sobre varios de ellos. Por su despacho pasaron varios casos de difícil manejo, entre los que se destacan el del llamado "Crimen del quinto piso", que se caracterizó por una serie de extrañas muertes, en especial la del parlamentario José Antonio Vargas Ríos, quien a su vez investigaba el robo de los 13.5 millones de dólares. El otro caso estaba relacionado con el asesinato del jefe de bodegas de la Aduana de Eldorado, por el cual llamó a juicio a los hermanos Hernández Pacheco.

-Coronel Jaime Ramírez Gómez. Habiendo sido la mano derecha del ministro Lara Bonilla, el coronel Ramírez conocía no sólo las amenazas que se cernían sobre él, sino el nombre de sus autores. Una vez sobreseído temporalmente el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, en la etapa de reapertura de la investigación, el testimonio que debía rendir Ramírez Gomez para explicar los hechos que se le imputaban a aquel, eran virtualmente base de acusación. Ignoraba que desde enero de 1986 se fraguaba un plan para asesinarlo, que se consumó el 17 de agosto del mismo año.

-Rubén Dario Londoño Vásquez.
Acusado de ser coautor del crimen de Lara Bonilla, estaba prófugo de la justicia desde el día del asesinato del ministro. Fue muerto el 18 de julio del 86 en Envigado, cuando descendía de un campero, sin que se conozca aún la identidad de los asesinos. Contaba con 30 años de edad y en el 84 salió elegido concejal principal para el periodo 84-86 por el Directorio Liberal Independiente, fundado por Pablo Escobar Gaviria.

-Dora Emperatriz Torres Sánchez.
Cayo asesinada en Medellín el 3 de agosto de 1984. Era la amante de Iván Guizado Alvarez, asesino del ministro Lara Bonilla, quien fue dado de baja cuando intentaba huir del lugar del crimen. La muerte de Dora Emperatriz sucedió en el preciso instante en que el juez 77 de Instrucción Criminal, Luis Antonio Lizarazo, llegaba a Medellín para interrogarla. El juez Lizarazo fue designado por Castro Gil para que adelantara varias diligencias relacionadas con el caso Lara.

LLAMADOS A JUICIO Y SOBRESEIDOS
Pablo Escobar Gaviria fue llamado a juicio por el entonces juez primero superior, Tulio Manuel Castro Gil, como autor intelectual del crimen del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, con base en los siguientes indicios que constituyen el presunto móvil del asesinato:
-El haberse opuesto a la campaña moralizadora de Lara Bonilla contra los llamados "dineros calientes".
-La reavivación de todos los expedientes adelantados contra el ex parlamentario.
-Por estar probada la cantidad de gente colocada a su disposición para ejecutar el plan tomando como punto de referencia lo afirmado por la entonces viceministra de justicia, Nazly Lozano, de que supuestamente el crimen se fraguó en la casa de Escobar Gaviria.
-Se sumaron a esto las relaciones existentes entre Luis Alberto Cataño Molina (alias "El Chopo"), Dagoberto Ruiz Moreno y Rubén Darío Londoño Vásquez (alias "La Yuca"), vinculados a la investigación por el crimen del ministro.
El primero resultó ser guardaespaldas de Escobar y los otros ligados a su movimiento político.
-Igualmente, las grandes sumas de dinero gastadas en Bogotá por el sindicado Rubén Darío Londoño Vásquez y las derrochadas por Byron Alberto Velásquez o Iván Darío Guizado Alvarez, los sujetos de la motocicleta empleada para el crimen, amén de las llamadas telefónicas hechas por la banda a la casa de Escobar Gaviria en Medellín.
-Venganza por el golpe dado por el grupo antinarcóticos de la Policía a Tranquilandia (complejo productor de cocaína), el 10 de marzo de 1984, cuyo principal propietario era Pablo Escobar.
-La desbandada de los principales "capos" de la mafia la misma noche del crimen y la no presencia de Escobar Gaviria a rendir indagatoria, no obstante gozar del fuero parlamentario. Toda esta pluralidad de indicios llevaron a Castro Gil a llamar a juicio a Escobar Gaviria como uno de los autores intelectuales de la muerte de Lara Bonilla.

LO QUE DIJO EL TRIBUNAL
El Tribunal, al resolver la apelación contra la providencia del juez Castro Gil, revocó el llamamiento a juicio de Escobar Gaviria y lo benefició con un sobreseimiento temporal. Para esto tuvo en cuenta los siguiente:
-Se carece de elementos de juicio serios para arribar a la conclusión de que el mandato delictivo para acabar con la vida de Lara Bonilla provino del procesado Pablo Escobar Gaviria.
-"Si se analizan desprevenidamente los términos contenidos en las exposiciones del coronel Jaime Ramírez gestor del golpe a Tranquilandia, del jefe del Crupo Antinarcóticos, coronel Gilibert Vargas, y de la viceministra Nazly Lozano, se llega a la deducción de que no solamente señalan a Pablo Escobar como el posible autor del plan para eliminar al ministro, sino que lo hacen extensivo al Clan Ochoa, a Gonzalo Rodríguez Gacha, a Carlos Lehder y a Pascual Gil Vargas, a sí como a Evaristo Porras".
-"Con base en estas afirmaciones, por demás equívocas e imprecisas, dice el Tribunal que no resulta ni lógico, ni jurídico concluir que Escobar Gaviria detente la calidad de sujeto determinador en el sacrificio del ministro de Justicia, porque dentro de la misma lógica el grupo de personas atrás relacionadas ostentarían la misma condición para reputarlos determinadores de este magnicidio".
-La Corporación señala que la inconsistencia del cargo es de tal dimensión que hasta el mismo juez del conocimiento incurre en dubitaciones al analizar la prueba.
-Sobre las llamadas de los presuntos sicarios a la casa de Escobar Gaviria sostiene el Tribunal que este aserto aparece destituido del respaldo probatorio, pues no se allegaron al diligenciamiento criminal las grabaciones de las conversaciones, desconociéndose así cuál fue su contenido.
-Estima la sala que con "base a especulaciones y lucubraciones por inteligentes que estas sean, no es dable enjuiciar a una persona, ya que para llegar a esta meta es menester que obren debidamente en el proceso las pruebas a que hace alusión".
-En relación con la participación de Londoño Vásquez y Cataño Molina en el movimiento político de Escobar Gaviria, dice que esta deducción sólo tiene asentamiento en la mente del juzgador y no en el haz probatorio. El Tribunal dice que emergen tremendas lagunas investigativas imputables a la deleznabilidad y ausencia de elementos de juicios serios e imparciales.

SITUACION DE LOS OCHOA
Fabio Ochoa Restrepo fue vinculado al proceso a raíz de las acusaciones del coronel Jaime Ramírez y otras versiones que hacen presumir que el Clan Ochoa intervino en el crimen de Lara Bonilla. El juez, en providencia de agosto 31 de 1984, no halló merito suficiente para dictar auto de detención contra Ochoa Restrepo.
Su incriminación se hizo con base a que éste tiene vinculación personal con la finca Tranquilandia, habiéndose afirmado en el decurso de la investigación que desde esta área se hacían vuelos transportando cocaína a la finca Repelón (Atlántico) de propiedad de Ochoa Restrepo, cargo que el juez consideró sin ninguna importancia jurídica en relación con la muerte de Lara Bonilla.
De la misma manera se implicó a los hermanos Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez, hijos de Ochoa Restrepo, a quienes se les conoce como traficantes de estupefacientes. Fueron varios los testimonios en los que el juez cifró sus presunciones de que podrían estar comprometidos en el asesinato del ministro.
El Tribunal anotó que ninguna evidencia procesal, fuera de la anterior sindicación, emerge del proceso siquiera como leve indicio de que el Clán Ochoa hubiese contribuido en forma alguna en el asesinato de Lara Bonilla y que las incriminaciones que dimanan de los testimonios de los coroneles Ramírez y Gilibert Vargas , Sofia Lara Bonilla y Aristóbulo Alvarez Hernández, carecen de suficiente fuerza probatoria para residenciarlos en juicio criminal como coautores. Por esta razón los sobresee definitivamente y revoca el sobreseimiento temporal que les dio el juez Castro Gil.

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