EL ATLAS DE LA VIOLENCIA

"Colección de mapas e información geográfica": así define el diccionario la palabra atlas. Un atlas que debe incluir dalos de población, accidentes geográficos, carreteras, limites administrativos, municipios, ríos, etc. Y en el caso de Colombia, en estos tiempos en que soplan vientos de guerra, ningún atlas del país se debería considerar completo si no incluyera datos sobre el que, para muchos, es el más grave problema del país: la violencia política.
Recopilando información de investigadores de la Universidad Nacional como Alejandro Reyes y Ana María Bejarano; del archivo del Cinep; de archivos de prensa, y de fuentes oficiales como la Consejería de Rehabilitación, el DAS y la Inteligencia Militar, SEMANA ha preparado para sus lectores un atlas actualizado de la violencia en Colombia.
Con base en los datos reunidos, se decidió trabajar sobre diez regiones en las que ha habido gran concentración de acciones y fenómenos de violencia política en los últimos dos años, para colocar así el problema en sus justas proporciones. Aparte del mapa de cada una de esas regiones, el atlas incluye un análisis con base en parámetros: la descripción e historia de los conflictos, la lista de grupos armados presentes en cada región, la población de la zona que los expertos consideran bajo presión de la violencia y, para evitar que el atlas resulte una visión demasiado apocalíptica, la respuesta gubernamental en materia como inversión en rehabilitación y reforma agraria.
Otro concepto que se utilizó fue el de asesinatos colectivos de más de cuatro personas, que es la cifra a partir de la cual los investigadores consideran que se presentó una masacre. Las cifras de hombres armados de cada frente guerrillero mencionado fueron suministradas por fuentes militares.SEMANA decidió no incluir los datos sobre miembros no armados de cada grupo, pues las mismas fuentes consideran que esas cifras no resultan confiables, como si lo pueden ser las de efectivos armados.
En cuanto a la inversión del Plan Nacional de Rehabilitación y a los planes de Reforma Agraria, se obtuvieron datos actualizados, con base en las apropiaciones presupuestales para los años 87, 88 y 89, pues los datos consolidados de ejecución de esos presupuestos aún no se conocen en su totalidad. Las cifras totales del presupuesto invertido a través del PNR y de entidades que, como Ecopetrol, Idema e Incora, también destinan fondos a la rehabilitación, ascienden a más de 140 mil millones de pesos entre 87 y 88. En el 88, eso equivalió al 18% del presupuesto, mientras en el 86, las inversiones de rehabilitación habían significado sólo el 4.6% del presupuesto de ese mismo año, lo que indica el esfuerzo -aún insuficiente, claro está- realizado en este campo.
Aquí está pues el atlas de la violencia en Colombia, que comienza con un mapa general en el cual se puede preciar, dramáticamente, el cruce territorial de las acciones guerrilleras y de las paramilitares. Luego vienen los mapas regionales, que arrancan con el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, las dos zonas que sin duda enfrentan los mayores conflictos.

URABA ANTIOQUEÑO
Descripción e historia de los conflictos: desde mediados de los años 60, se hizo evidente en la región un rápido proceso de colonización, impulsado básicamente por las expectativas que ya entonces comenzaba a crear la industria bananera. Hasta bien avanzados los años 70, los propietarios bananeros seguian sometiendo a sus jornaleros a las peores condiciones de trabajo.
A la sombra de los conflictos laborales que surgieron de esta situación, el EPL primero y años después las FARC, ofrecieron respaldo político y armado a los sindicatos en formación. Las condiciones de trabajo mejoraron en lo referente a la explotación bananera, pero el poder de la guerrilla se siguió sintiendo siempre con más energía, generando situaciones que se tornaron insostenibles para muchos propietarios. La alianza de algunos de estos hacendados con narcotraficantes que comenzaron a invertir en la región a principios de los 80, dio origen a la formación de grupos paramilitares, que encauzaron su acción contra los dirigentes y militantes políticos y sindicales que ellos identificaban como aliados de la guerrilla. En buena medida como resultado de lo anterior, 75 personas murieron en el 88, víctimas de asesinatos colectivos de más de 4 personas. Pero aparte de lo anterior, en la zona no bananera, al norte de la región, hay agudos conflictos de tierras entre invasores y aparceros, y grandes hacendados dedicados a la explotación ganadera, algunos de los cuales han invertido importantes recursos originados en actividades de narcotráfico.

Grupos armados: el EPL es el grupo guerrillero que mayor actividad despliega en esta zona, por intermedio de su frente "Jesús Maria Alzate", que cuenta con unos 130 hombres armados. Las FARC, y específicamente su V frente, que cuenta con unos 100 hombres armados, también se han arraigado, pero su presencia se considera más bien pasiva ya que en los últimos tiempos su accionar militar ha sido escaso. También han aparecido grupos paramilitares -vinculados, según las autoridades, con poderosos narcotraficantes- y bandas armadas, dedicados por igual a asesinar dirigentes políticos de izquierda y lideres sindicales, y a cometer masacres como las de las fincas de Honduras y La Negra hace poco más de un año.

Población bajo presión de la violencia: se calcula que más de 50 mil personas se encuentran afectadas de alguna manera en el Urabá antioqueño por los fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: aparte de la creación de la jefatura militar de Urabá hace cerca de un año, diseñada para ejercer un mayor control del orden público, el gobierno ha destinado unos 10 mil millones de pesos desde 1987, de recursos del presupuesto del PNR, para ser invertidos principalmente en vías y vivienda. Adicionalmente, en el plan indicativo de Reforma Agraria que debe comenzar a aplicarse este año, han sido incluidos ocho municipios de esta región.

MAGDALENA MEDIO
Descripción e historia de los conflictos: desde la primera mitad del siglo, la explotación petrolera y la construcción del ferrocarril La Dorada-Santa Marta, convirtieron vastas zonas de esta región en áreas de colonización, en las que la nota predominante fue la ausencia del Estado. El ELN -que nació en el área de Simacota en 1965- y las FARC llenaron el vacío, entrando en estrecho contacto con los sindicatos petroleros y los campesinos sin tierra o los colonos, que tradicionalmente se han enfrentado a los latifundistas, ganaderos, detentadores aún hoy de más del 60% de la tierra agrícola de la región. En la zona sur, alrededor del municipio de Puerto Boyacá, las actividades extorsivas y criminales de las FARC desencadenaron una de las más violentas reacciones paramilitares que se recuerden en el país, al grado que la guerrilla fue desalojada de esa zona. Esta reacción ha sido financiada principalmente con recursos provenientes del narcotráfico cuyos principales cabecillas en el país han invertido cuantiosas sumas en tierra y ganado en esta región. El secuestro sigue estando a la orden del día más al norte, en particular en la zona santandereana, hacia donde se ha extendido la acción paramilitar, que en toda el área produjo en 1988 la mayoría de los asesinatos colectivos de más de 4 personas. Ese tipo de acciones dejó el año pasado un saldo de 135 víctimas.

Grupos armados: actúan los frentes XII, XXIII y XXIV de las FARC, con 280 hombres armados. También el frente "Capitán Parmenio" del ELN, con cerca de 100 guerrilleros. Los grupos paramilitares son en esta región más fuertes que en ninguna otra del país. No en vano, aquí nació el MAS, uno de cuyos brazos fue el autor de la masacre de funcionarios de la justicia cerca a La Rochela, Santander.

Población bajo presión de la violencia: se calcula que más de 270 mil personas de la región se encuentran afectadas por fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: alrededor de 20 mil millones de pesos del presupuesto del PNR, ha destinado el gobierno desde 1987, principalmente para vías y fomento agropecuario. Cerca de 20 municipios de la región han sido incluidos en los planes de Reforma Agraria.

CORDOBA
Descripción e historia de los conflictos: esta región ha sido tradicionalmente una zona afectada por agudos conflictos de tierras entre campesinos desposeídos y grandes hacendados, dedicados en la mayoría de los casos a la explotación extensiva de ganado. También se dio desde mediados de los 60, un proceso de colonización de las zonas altas ubicadas al sur del departamento de Córdoba, en las estribaciones de las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel, hoy dedicadas en su mayoría a la explotacion maderera. A las luchas campesinas de los años 60 y 70 se vinculó estrechamente el EPL que, a partir de los 70, hizo del secuestro, el boleteo y la vacuna ganadera una sofisticada industria. Esto exasperó a numerosos hacendados que, en alianza con narcotraficantes que compraron y continúan comprando miles de hectáras en la región, determinaron la aparición de grupos paramilitares. En buena parte como resultado de la acción de estas organizaciones, en 1988 murieron 88 personas víctimas de asesinatos colectivos de más de 4 personas.

Grupos armados: al igual que sucede en Urabá, el EPL es el grupo guerrillero de mayor arraigo y de actividad más frecuente en el área, donde actúa su frente "Francisco Garnica", que cuenta con unos 120 hombres armados. Sin embargo, en los últimos años el accionar del XVIII frente de las FARC ha ido en aumento. El trabajo conjunto de ambos grupos ha determinado feroces ataques, como el que se realizó en agosto del año pasado contra la población de Saiza. En esta región actúan también y en forma permanente, grupos paramilitares como el que llevó a cabo la masacre de Mejor Esquina hace alrededor de un año.

Población bajo presión de la violencia: se cree que más de 100 mil habitantes de esta región se encuentran afectados de alguna manera por fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: desde 1987, el gobierno ha destinado recursos del PNR por cerca de 8 mil millones de pesos a esta región, con el fin de que sean invertidos en su mayoría en caminos vecinales y comercialización agropecuaria. Adicionalmente, 16 municipios cordobeses han sido incluidos en los planes de Reforma Agraria.

NORDESTE ANTIOQUEÑO Y BAJO CAUCA
Descripción e historia de los conflictos: fueron muchos los colonos que llegaron a esta región en las décadas 60 y 70, atraidos por el oro, cuya explotación se tornó en bonanza cuando en 1972 se produjo un alza de los precios internacionales de ese metal precioso. Su presencia se convirtió en un elemento de presión sobre la propiedad de la tierra, concentrada en manos de un pequeño grupo de hacendados ganaderos. La ausencia del Estado como mediador de los conflictos que se generaron, sirvió en bandeja de plata al ELN la oportunidad de desarrollarse y arraigarse en la región. Este grupo ha penetrado profundamente los sindicatos de las compañías mineras. Hacia el norte, en las planicies que baña el Bajo Cauca, se instaló también un frente de las FARC, que ganó influjo entre los campesinos sin tierra. La respuesta a las actividades de secuestro y boleteo de estas agrupaciones, ha sido la conformación de bandas paramilitares, cuyo accionar produjo la mayoría de los asesinatos colectivos de más de 4 personas, en los que cayeron 60 víctimas en 1988.

Grupos armados: operan los frentes "José Antonio Galán" y "Compañero Tomás" del ELN, con unos 250 hombres armados, y los frentes IV y XXXV de las FARC, con 200 guerrilleros. Hay también bandas paramilitares que han protagonizado masacres como la de Segovia.

Población bajo presión de la violencia: se calcula que unos 80 mil habitantes de la región se encuentran afectados por fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: desde 1987, el gobierno ha apropiado más de 7 mil millones de pesos del presupuesto del PNR, para invertir básicamente en vías. Además, media docena de municipios del área han sido incluidos en los planes de Reforma Agraria.

NORTE DEL VIEJO CALDAS
Descripción e historia de los conflictos: al igual que el resto de la zona cafetera, se trata de una rica región, una de las pocas donde la violencia no se puede asociar con conflictos de tierras o recientes procesos de colonización sin presencia del Estado. Salvo una ligera tendencia a la concentración de la tierra en manos de los más ricos cafeteros, como consecuencia de la costosa sustitución del tradicional café arábigo por caturra, nada indica que se estén presentando agudas confrontaciones agrarias. La presencia en esa región del EPL parece estar relacionada más bien con acciones financieras, lo que explica la proliferación del secuestro y el boleteo en los últimos tiempos. Como respuesta a estas acciones, se ha desencadenado un por ahora primitivo germen de guerra sucia, en la cual han caido algunos dirigentes políticos y sindicales que son asociados con la guerrilla, por los creadores de las pequeñas bandas paramilitares que han comenzado a actuar en la zona.

Grupos armados: hay activa presencia de los frentes "Oscar William Calvo" y "Carlos Alberto Morales" del EPL, que cuentan con más de 120 hombres armados. En forma creciente están apareciendo también, pequeñas bandas paramilitares.

Población bajo presión de la violencia: más de 130 mil habitantes de esta región se encuentran afectados por fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: teniendo en cuenta que la presencia guerrillera tiene que ver más que nada con actividades financieras, la respuesta del Estado es casi exclusivamente militar.

VALLE Y CAUCA
Descripción e historia de los conflictos: la agroindustria en el Valle y la expansión del latifundio en el Cauca, comenzó a desplazar desde hace muchas décadas a la población de paeces, guambianos, coconucos y yanagogas, que conforman una de las mayores concentraciones indígenas del país. El Estado se ha quedado corto en la defensa de los resguardos y el resultado es un agudo conflicto de tierras, a cuya sombra floreció la guerrilla, con grupos como las FARC, el M-19 y otros menores como el indigenista Quintin Lame y el aterrador engendro disidente de las FARC, el Ricardo Franco. Secuestro y boleteo han azotado durante años la región, que hoy parece estar viendo una luz al final del túnel, con los avances del proceso de desmovilización del M-19, que tiene en esta región su mayor enclave.

Grupos armados: unos 400 hombres del M-19 se encuentran en la zona, en tregua unilateral desde finales del año pasado. Los 250 guerrilleros de los frentes VI, VIII y XXX de las FARC también se pasean por la zona.

Población bajo presión de la violencia: más de 120 mil habitantes de esta región se encuentran afectados por fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: el gobierno ha destinado unos 14 mil millones de pesos del presupuesto del PNR para vías, fomento agropecuario y resguardos. Además, 10 municipios del área han sido incluidos en los planes de Reforma Agraria.

ALTO MAGDALENA
Descripción e historia de los conflictos: en esta región, el avance de la ganadería y la agricultura tecnificadas, y, paralelamente, del latifundio en las tierras del sur del Tolima y del centro y sur del Huila, ha desplazado hacia las laderas pobres del valle del Alto Magdalena a numerosos campesinos e indígenas. Pescando en el río revuelto de estos procesos han estado las FARC y el ELN, dedicados al secuestro y el boleteo, así como a periódicas acciones militares. Como respuesta a esto, se han conformado algunos grupos de autodefensa, sin que su acción haya derivado en importantes fenómenos paramilitares.

Grupos armados: actúan los frentes II, XVII, XXI y XXIX de las FARC, que cuentan con más de 300 hombres armados. También el ELN, con los guerrilleros del frente "Manuel Vásquez Castaño". Hay, además, pequeñas bandas de autodefensa.

Población bajo presión de la violencia: más de 250 mil habitantes de esta región se encuentran afectados por fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: cerca de 15 mil millones de pesos del presupuesto del PNR han sido destinados desde 1987. Una docena de municipios de esta región han sido incluidos en los planes de Reforma Agraria.

PIE DE MONTE CAQUETEÑO
Descripción e historia de los conflictos: durante muchos años esta región ha sido colonizada por campesinos provenientes de la zona sur de la cordillera oriental. En esos procesos de colonización se repite un mismo ciclo destructivo, que comienza con la tala y quema de bosques, continúa con el establecimiento de algunos cultivos por periodos cortos de 2 ó 3 años, y termina en una de dos fórmulas: el hato ganadero convertido en latifundio o el cultivo de coca. La ausencia del Estado en los años 60 y 70 en estos procesos, determinó que se instalaran y se hicieran fuertes primero el M-19 y luego las FARC, gracias a las ventajas que les otorgaba tanto la selva como las elevaciones de hasta 3.000 metros de la cordillera, y a la posibilidad de controlar los ríos, lo que equivale a controlar la zona. Las FARC, al igual que la mayoría de los demás poderes de la región, se han visto profundamente involucradas en negocios de cultivo y producción de coca.

Grupos armados: las FARC tienen en esta región el monopolio de la actividad guerrillera, con sus frentes III, XIII, XIV, XV y XXXII, que cuentan con más de 500 hombres armados.

Población bajo presión de la violencia: más de 90 mil habitantes de esta región se encuentran afectados por fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: cerca de 19 mil millones de pesos del presupuesto del PNR, han sido destinados desde 1987 a construir vías y titular tierras.


ARIARI
Descripción e historia de los conflictos: en una zona casi tan extensa como el departamento del Valle y cuyo corazón es la población de San José del Guaviare, a mediados de los años 70 se desencadenó un intenso proceso de colonización del área selvática. Los bosques fueron talados y quemados para dar lugar a vastas plantaciones de coca, cuyas hojas eran sacadas hacia los centros de producción, por una red cada vez más sofisticada de narcotraficantes. Las FARC, presentes en la zona desde los inicios del proceso y convertidas en única autoridad de la región ante la ausencia del Estado, cobraban un impuesto a cultivadores y compradores, conocido como el "gramaje". Bien entrados los años 80, cuando comenzaron a descender los precios de la coca y el dinero empezó a escasear, los conflictos se agudizaron. Las FARC se convirtieron entonces en compradoras y procesadoras de la hoja de coca e hicieron de esta actividad uno de los ejes de la financiación de su actividad guerrillera, no sin antes entrar en sangrientos enfrentamientos con reconocidos narcotraficantes que dominaban el negocio en la zona, como consecuencia de los cuales se cree que han muerto algunos de los muchos dirigentes de la Unión Patriótica que han sido asesinados en el país. También como resultado de lo anterior, han florecido importantes grupos paramilitares financiados por el narcotráfico, que han sido los causantes de la muerte de 72 campesinos, víctimas en 1988 de asesinatos colectivos de más de 4 personas.

Grupos armados: operan los frentes I, VII, XXVI, XXVII, XXXI y XIV, con más de 500 hombres armados. Se han desarrollado además feroces grupos paramilitares.

Población bajo presión de la violencia: más de 30 mil habitantes de la región se encuentran afectados por fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: más de 16 mil millones de pesos, provenientes del presupuesto del PNR, han sido destinados por el gobierno desde 1987, para construir vías, facilitar la comercialización de productos agrícolas y sustituir cultivos de coca.

SARARE
Descripción e historia de los conflictos: en los años 60, el Incora promovió proyectos de colonización agraria, que fueron abandonados a mitad de camino y determinaron la formación de una masa de aparceros cuya economía campesina no encontró el debido respaldo del Estado. Los pequeños propietarios sólo encontraron eco a sus reclamos en un reducto del ELN, grupo guerrillero que a mediados de los 70 estaba prácticamente aniquilado. La precariedad de las condiciones de vida de los aparceros se hizo, por contraste, aún más dramática, cuando comenzaron las gigantescas inversiones de las compañías petroleras dedicadas a la explotación de los pozos de Caño Limón y a la construcción del oleoducto que atraviesa la región en dirección al norte. Una de las compañías operadoras del proyecto de construcción del oleoducto pagó, según datos de la Inteligencia Militar, más de 70 millones de dólares al ELN, que la extorsionó bajo la amenaza de impedir la terminación de la obra. Este grupo guerrillero se ha dedicado a volar tramos del oleoducto desde su entrada en operación, con grave impacto para las exportaciones petroleras.

Grupos armados: la mayor actividad guerrillera corre por cuenta del ELN, con el poderoso frente "Domingo Laín", de casi 200 hombres armados, y el frente "Efrain Pabón", con cerca de 120 guerrilleros. Menos importante, sobre todo por su escasa actividad militar, es la presencia del X frente de las FARC que cuenta con unos 150 hombres armados.

Población bajo presión de la violencia: cerca de 60 mil habitantes de esta región en Norte de Santander, Boyacá y Arauca, se encuentran afectados por fenómenos de violencia.

Respuesta gubernamental: las regalias de Ecopetrol,cuya inversión por parte de las autoridades locales ha sido constantemente cuestionada, han mejorado sin embargo las condiciones de vida, en especial en los núcleos urbanos. El Incora está tratando por su parte de reactivar los planes de titulación y fomento agropecuario.