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| 9/6/1993 12:00:00 AM

EL BOTIN DE LA GUERRA

Después de estar congelados por años, los bienes de los narcos comienzan a rendirle utilidades al Estado.

El botín de la guerra.
EN UNO DE LOS SOTANOS DEL BANCO DE LA República se encuentran arrumados baúles, tulas, canecas, cajas de madera y costales. A simple vista parecen los desechos de un trasteo. Pero no es nada de eso. Entre telarañas y polvo están revueltos dólares, lingotes de oro, joyas, francos suizos, yenes, libras esterlinas, marcos alemanes y tíulos valores que, sumados, conforman una gran fortuna y que literalmente están al sol y al agua.
Son los dineros decomisados al narcotráfico. Incautados en las sofisticadas caletas que construyó Gonzalo Rodríguez Gacha en sus fincas en Pacho, Cundinamarca y en el Magdalena Medio, o encontrados en apartamentos y mansiones de Antioquia que, según las autoridades, pertenecían a Pablo Escobar, su primo Gustavo Gaviria, sus testaferros y sus mas cercanos lugartenientes como Pinina, el Chopo y los hermanos Prisco.
Esa fortuna, que asciende a la increible cifra de 35 mil millones de pesos, ha permanecido archivada ahí, en los sótanos del Banco de la República, desde hace por lo menos cuatro años.
Con ella no se ha hecho ninguna inversión, ni se le ha ganado un solo peso de interés. Simplemente han estado en custodia, a pesar de que los decretos 2271 y 2272 de 1991, que se adoptaron como legislación permanente dentro de las disposiciones de Estado de Sitio, le otorgó facultades al Consejo Nacional de Estupefacientes para que dispusiera de esa plata.
El Consejo, no obstante, ha obrado con pies de plomo, pues aunque se trata de dineros incautados por los autoridades y hasta la fecha nadie ha dicho esta boca es mía para reclamarlos, no se descartaba que en cualquier momento los jueces que tenían a su cargo los procesos en los que se reclaman esos bienes ordenaran su devolución.
Pero después de darle muchas vueltas al asunto -y dadas las nuevas condiciones que se han creado con el cartel de Medellín practicamente desarticulado, con la mayoría de sus integrantes muertos o tras las rejas y con la disminución del terrorismo-, el Consejo de Estupefacientes decidió estudiar y adaptar fórmulas tendientes a la utilización de esos 35 mil millones de pesos.
La idea es que con el rendimiento que produzca la colocación de esos dineros, se pueda contribuir al presupuesto de la Justicia, que reclama a gritos una mayor inversión en tecnificación, adecuación y construcción de cárceles, en programas de prevención y rehabilitación, y en otras actividades que permitan hacerle frente con mayor éxito a los tentáculos del narcotráfico.

EL PRIMER PASO
Durante varios meses, el tema de los 35 mil millones de pesos, la forma como se van a invertir y los rendimientos que se van ainvertir y los rendimientos que se van a obtener de ellos, tuvieron en vilo a los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes. Y no era para menos, dada la experiencia que han tenido con el control y la adjudicación de los bienes inmuebles decomisados a los mismos narcotraficantes y que, en su momento, le valió a los consejeros amenazas de muerte.
En este campo se han tomado y ejecutado una serie de decisiones que le han valido a los consejeros serias amenazas contra sus vidas, pues si algo le duele a los narcotraficantes es que les quiten sus propiedades. Y entre agosto de 1989 y junio de 1993, los jueces pusieron a disposición del Consejo 2.374 propiedades que van desde-la hacienda Nápoles, pasando por el famoso edificio Mónaco, lujosos apartamentos en el barrio el Poblado de Medellín, casas como la de el Mexicano en Bogotá y haciendas en los Llanos Orientales, Magdalena Medio y Pacho, Cundinamarca.
Al contrario de lo que ha ocurrido con los dineros incautados, a esas propiedades sí se les dio un uso inmediato. Del total decomisado, 1.147 fueron adjudicadas a instituciones sin animo de lucro como la Cruz Roja y la Defensa Civil, y a entidades adscritas al Ministerio de Salud, como el Bienestar Familiar. Otras pasaron a manos de instituciones que adelantan programas de rehabilitación de drogadictos y a institutos religiosos. La Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Procuraduría recibieron casas y apartamentos, donde adelantan programas sociales.
Algunas propiedades rurales se le entregaron al Fondo Nacional Agrario, a la Policía y al Ejército. Y 668 de los inmuebles incautados regresaron a sus propietarios, por orden de los jueces.
En cuanto a los vehículos, el Consejo Nacional de Estupefacientes también tomó cartas en el asunto. De los 2.066 que han sido decomisados 238 les fueron devueltos a sus dueños y los demás -1.880- están en su mayoría en poder de los organismos de seguridad, que los utilizan como carros escoltas.
También las aeronaves que han sido confiscadas, están siendo utilizadas. La Policía utiliza varias de ellas para el control y erradicación de cultivos de amapola, marihuana y hoja de coca. Y por lo menos un centenar de ellas han sido entregadas por el Consejo a instituciones como la Aeronautica Civil, el Ejército, la Fuerza Aerea y Satena. De las 543 decomisadas, 290 están siendo utilizadas por entidades del Estado y el resto han sido devueltas a sus dueños.
Hasta los narco-zoológicos han tenido una destinación. En el más famoso de ellos, localizado en la hacienda Nápoles, sólo quedan unos cuantos búfalos. Los demás animales -canguros, cebras, rinocerontes- fueron entregados a los zoológicos de Pereira, Barranquilla y Cali. Igualmente el Consejo Nacional de Estupefacientes ha dispuesto de 32.759 radios y de 1.530 equipos de comunicación que le fueron trasladados a los organismos de seguridad para modernizar sus equipos de investigación electrónica.

LA PLATA
Muy distinta, sin embargo, es la historia del dinero. Hace dos años, el Consejo de Estupefacientes solicitó a la Superintendencia de Cambios realizar un arqueo de los dineros, oro y joyas que se encontraban en las bóvedas del Banco de la República, para saber a ciencia cierta cuánta plata estaba allí en depósito. Y el proceso no fué fácil.
El primer impasse que se presentó fue con los lingotes de oro.
Por su gran volumen y cantidad, hubo necesidad de llevar unas muestras a los Estados Unidos para que expertos de la casa Jhonson Matti determinaran la pureza y el valor en gramos. El resultado entregado por la casa Jhonson dejó perplejos a los miembros del Consejo: el valor de los lingotes ascendía a la suma de 1.500 millones de pesos.
El siguiente paso que dio la Superintendencia fue separar la moneda extranjera de la nacional. En este trabajo se encontró que había una gran cantidad de billetes falsos y que muchos de los títulos valores -como los certificados de cambio- ya se encontraban vencidos y no se sabía si se podrían cobrar.
Después de esta dispendiosa tarea se concluyó que había 38 millones de dólares en moneda americana y un poco más de 100 mil dólares en otras divisas. Las joyas se avaluaron en 500 millones de pesos. Y se determinó que los depósitos en moneda nacional alcanzaban la suma de 68 millones de pesos. Lo que no se pudo establecer fue cuánta plata había en títulos valores, porque la mayoría de ellos ya habían vencido.
La cifra total llegó a 35 mil millones de pesos. Y los 10 miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes se sentaron a discutir que hacer con esa fortuna. "La primera conclusión a la que se llego -según Margarita Hernández, secretaria General de la entidad-fue que existía legamente la facultad para utilizar esos dineros de manera provisional. Es decir, ponerlos a ganar intereses y asignar el rendimiento a las entidades del Estado que están representadas en el Consejo. El otro punto que se acordó fue que esos recursos se destinaran a reforzar la justicia, la defensa y los programas de rehabilitacion y prevención ".
En principio, el Consejo sólo autorizó la inversión de la moneda nacional, es decir, apenas 68 millones de pesos, que se convirtieron en títulos canjeables a un término de tres meses. La utilidad fue de dos millones de pesos, que -de acuerdo con una resolución interna- se repartieron entre el Fondo de Seguridad de la Rama Judicial del Ministerio Público, a la que se le asignó un millón de pesos, y otras entidades del Estado que recibieron, cada una, la ínfima suma de 280 mil pesos.

LA BONANZA Hasta ahí, el manejo de unos pocos pesos que apenas alcanzaban para comprar cintas de maquina, papel y unos cuantos elementos de escritorio, no pasaba de ser un trámite burocrático más entre las entidades del Estado.
Pero en las dos últimas reuniones del Consejo de estupefacientes se acordó que la suma representada en moneda extranjera también se iba a sacar de los sótanos del Banco de la República para que comenzara a dar rendimientos. Y esta vez la cifra no es irrisoria: 30 mil millones de pesos. Tanto que entre los mismos consejeros se ha llegado a temer que de salir de una manera abrupta al mercado se podrían producir efectos indeseados en materia de inflación y manejo de las tasas de interés.
Pero mas allá de su impacto monetario -que podría estar muy lejos de lo que piensan los mismos consejeros- el problema con esos dineros ha sido su utilización. La Dirección Nacional de Estupefacientes -órgano ejecutivo del Consejo- realizó una serie de gestiones ante la Superintendencia de Cambios y el Banco de la República para determinar cómo se va a convertir esa moneda extranjera en títulos de valor en pesos colombianos. Y la primera respuesta la dio el Banco, que manifestó que no tiene ningun interés en negociar esos 38 millones de dólares y mucho menos pagar un interés del 22.7 por ciento sobre la totalidad del dinero.
También entró a terciar el Ministerio de Hacienda, que en una carta al Consejo manifestó que si esos dineros entraban a circulación había que descontar el IVA y la retención en la fuente en cabeza de cada uno de sus propietarios. La Superintendencia también quiere sacar tajada. Pues como esos dólares entraron ilegalmente al país, la ley contempla multas millonarias.
Pero el capítulo que sigue es el mejor. El Consejo decidió colocar los dineros en fiducia y comenzó a estudiar cual de las entidades intermediarias sería la mejor administradora de esos dineros y cual de todas ellas ofrece los mejores dividendos.
Hasta el momento no se ha tomado una decisión, pero la lista de proponentes rebasó todos los cálculos. Los banqueros se pasean por los pasillos de la Dirección Nacional de Estupefacientes ofreciendo lo divino y lo humano para que uno de ellos sea el elegido .
Todavía no ha salido humo blanco del Consejo.
Se le pidió ayuda a la Superbancaria, que recomendó realizar un concurso de méritos para escoger la fiduciaria que va a administrar los 30 mil millones de pesos.
Por el momento lo único claro es que esa plata se entregará en fiducia por encargo y no mercantil. La diferencia entre las dos es que con la primera el Consejo contaría con la plata de manera inmediata en caso de que un juez tome la decisión de devolver a sus dueños parte de esa fortuna. Otra ventaja es que los rendimientos serán anuales y, en el peor de los casos, sería de un 22.7 por ciento, lo que representaría -incluyendo los lingotes de oro y la moneda nacional- un monto anual superior a los ocho mil millones de pesos.
Si las predicciones se cumplen, el 50 por ciento de esos rendimientos -cuatro mil millones de pesos- irían a parar al fondo de seguridad de la rama judicial. La Fiscalía, la Procuraduría la Policía Nacional, se beneficiarían con 720 millones cada uno, mientras los Ministerios de Salud y Educación obtendrían 180 millones por cabeza. Como están las cosas, la fortuna de los narcos que permaneció durante cuatro años entre telarañas y polvo, por fin va a dar sus frutos y, paradójicamente, sus rendimientos se utilizarán para fortalecer la justicia con el fin de que ésta le haga frente al narcotrafico.
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