EL CHICHARRON DE LA COMISION

Todo 1997 la Comisión Nacional de Televisión, un ente anodino, estuvo en el ojo del huracán por cuenta de unas responsabilidades que el año leatravesó a mitad de camino y cuando nadie lo tenía presupuestado. Antes de la controvertida ley de televisión, que aprobó el Congreso para ajustar cuentas con los medios de comunicación, la Comisión de Televisión cumplía un papel casi insignificante: unas multas por aquí, unas autorizaciones de cambios de horario por allá, y otra serie de funciones sin importancia.Pero la nueva ley le dio una garra inesperada, que le tocó en suerte lidiar como presidenta a la única mujer del grupo, la ex ministra Mónica de Greiff: nada más y nada menos que la posibilidad de readjudicar la programación de televisión. Pero, como si fuera poco, la misma ley establecía que la Comisión debía efectuar, como auténtica labor de inquisición y de manera obligatoria en el mes de febrero, una evaluación de los programas que estaban al aire para determinar si cumplían con el requisito de la objetividad y de la imparcialidad establecido por la nueva norma. Ese artículo de la ley, introducido por los legisladores a sabiendas de que era inconstitucional para que hiciera las veces de pararrayos de lo que realmente les interesaba salvar, finalmente se cayó en la Corte Constitucional. Pero por un estrecho margen de cinco contra cuatro se salvó el verdadero propósito de la ley: una nueva licitación de televisión que corrigiera la injusticia que, según sectores afectos al actual gobierno, se había cometido en la anterior licitación, que al establecer un período de seis años prorrogables a otros seis, impedía que Ernesto Samper pudiera adjudicar noticieros que simpatizaran con su propuesta política. Pero además se facultó a la Comisión para adjudicar canales de TV privados sin limitación a la propiedad. Esto, en la práctica, significa un cambio total en la televisión colombiana, que bajo el esquema mixto había crecido como una industria de decenas de programadoras en las que tenían cabida desde los grupos económicos hasta empresas típicamente familiares. El nuevo rumbo representará necesariamente un cambio en las estrategias del negocio, por lo que uno de los grandes retos de la Comisión Nacional de Televisión para el año entrante consiste en dotar de herramientas a los dos canales mixtos para competir frente a los privados que posiblemente saldrán al aire antes de junio de 1998. Uno de los obstáculos de esta competencia es la incertidumbre jurídica en que dejó sumida la revocatoria de la programación anterior por parte del Congreso al régimen de la televisión colombiana, que probablemente hará que, en el futuro, los adjudicatarios lo piensen dos veces antes de hacer grandes inversiones en el sector por miedo a que llegue otro gobierno, acompañado de otro Congreso, que no considere de su agrado el mapa político vigente de la televisión y resuelva volverla a revocar a mitad del camino. El resultado de la nueva adjudicación no podía ser más previsible. Los nuevos dueños de los dos canales privados son Caracol y RCN, y a los canales públicos entraron cinco nuevos noticieros de televisión, casi todos identificados como amigos del presidente Samper. Pero al fin y al cabo ese era el espíritu de la ley.