El derechazo

Se dice que una golondrina no hace verano. Pero es posible que, a la larga, haga primavera. O por lo menos ese parece ser el caso de quienes en su momento se opusieron al Frente Nacional. Estos hombres, considerados entonces gatos negros en la esquina del futuro de Colombia, criticaron esa iniciativa con tres argumentos principales. El primero, que la alternación de poder no acabaría la violencia. El segundo, que el experimento equivalía a institucionalizar la repartición del ponqué burocrático del Estado. Y el tercero, que se borrarían las ideologías que históricamente habían diferenciado a los partidos. Parece que a aquellas voces solitarias la historia les dio la razón. Han pasado más de 40 años desde ese momento y no sólo seguimos siendo campeones mundiales de la violencia política, sino que desde 1958, con contadas excepciones, liberales y conservadores se han repartido la administración pública. Y, cómo no, desde entonces las diferencias entre los partidos se redujeron, como por arte de magia, a los simples colores.

Con la elección de Alvaro Uribe como Presidente todo cambió. El clima de polarización que rodeó su elección y su fuerte postura de derecha han llevado a que se marquen nuevamente las fronteras ideológicas en la política nacional. El 'derechazo' de Uribe puede gustar o no. Pero, desde el punto de vista estrictamente político, ha servido para que liberales y conservadores se alineen en torno a posiciones filosóficas diferentes y variadas. Esto ha traído dos consecuencias principales. La primera, que algunos miembros de los partidos tradicionales han dejado sus toldas para hacer equipo junto a otros que comparten su manera de pensar. Y la segunda, que después de muchos años en el país se ven posiciones políticas que se mueven entre la izquierda y la derecha. O, dicho de otro modo, que se debaten en el eterno conflicto entre la libertad total y el orden total.

El timonazo de Uribe a la derecha se vio favorecido por la coyuntura mundial. La guerra de Estados Unidos contra el terrorismo fue la mejor compañera de las medidas del gobierno. Todo comenzó con el discurso de posesión del Presidente. Allí anunció su política de seguridad democrática y el nombramiento de su ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos. Polémico y conservador como pocos, Londoño se empeñó en hacer de Colombia un país distinto al concebido en la Constitución de 1991. Por eso, recién posesionado Uribe, se empezaron a tomar las medidas que conforman la sustancia de la nueva política de derecha. El 11 de agosto, apenas cuatro días después de su posesión, el Presidente decretó el estado de conmoción interior. Creó el impuesto de Seguridad Democrática y anunció la creación de zonas de rehabilitación. Cinco días después notificó la creación de la red de informantes y la repartición de recompensas. Las críticas fueron muchas. Se dijo que la red de informantes equivalía a involucrar a la población civil en el conflicto armado. Pero Uribe no se echó para atrás. Por el contrario, se empezó a repartir dinero cada lunes como pago por la información suministrada.

El Presidente buscó también involucrar a la comunidad internacional en la política interna. A principios de octubre de 2002 le pidió a la ONU que armara un ejército de cascos azules colombianos para enfrentar la violencia en el país. La ONU se negó -pues no está en su mandato hacer semejante cosa- pero el Presidente insistió. Días después, en la cumbre mundial de Davos, Suiza, Uribe dijo que Colombia estaba en una situación peor que la de Irak y que, por lo tanto, reclamaba una fuerza internacional similar a la que a la postre derrocó a Saddam Hussein para combatir el terrorismo y el narcotráfico. Su petición no tuvo respuesta. El Presidente, sin embargo, siguió haciendo planteamientos que marcaban su fuerte posición de derecha. Algunos meses después apoyó públicamente la invasión de los Estados Unidos a Irak.

En materia de orden público la piedra en el zapato del gobierno ha sido siempre el tema de los secuestrados. Solamente cuando se aborda el tema de las soluciones negociadas a este problema el gobierno admite a la guerrilla como interlocutor. Pero también en este punto el Presidente mostró este año su posición conservadora. Uribe ha descartado siempre cualquier intento de canje o acuerdo humanitario sin intervención de la ONU. Y mientras se siguen creando condiciones para llegar a una solución, el gobierno sigue siendo amigo de los operativos militares para liberar a quienes están retenidos por la guerrilla. Algunos rescates, como el del presidente del Celam, monseñor Jorge Jiménez, o el del sacerdote Desiderio Orjuela, terminaron con éxito. Pero fueron más los que acabaron mal. Entre éstos están el del ex gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y el ex ministro de Defensa Gilberto Echeverri. A Helmut Bickembach y a su esposa Doris Gil los asesinaron antes de poderlos rescatar, y suerte similar corrió el industrial japonés Chikao Muramatsu. A pesar de que estos intentos de rescate terminaron en tragedia, la política oficial sigue siendo la de usar la fuerza para lograr la liberación.

Otra señal del giro a la derecha fue el desafortunado enfrentamiento entre el Presidente y las ONG. En el mes de septiembre el presidente Uribe se pronunció duramente denunciando que algunas de estas organizaciones eran "defensoras del terrorismo" o "patrocinadoras de los defensores del terrorismo". A los pocos días el Presidente repitió las críticas y anunció que investigaría y revisaría la labor de unas 1.300 ONG de derechos humanos que actúan en el país. La comunidad internacional protestó fuertemente. Intelectuales de todo el mundo y hasta la propia Unión Europea se pronunciaron en contra de las declaraciones de Uribe. A la postre el Presidente terminó excusándose por el lenguaje utilizado pero no por su contenido.

Pero las posiciones del gobierno no se evidenciaron sólo en la normatividad transitoria del estado de conmoción interior y en las posiciones públicas del primer mandatario. El gobierno presentó un proyecto de Estatuto Antiterrorista que fue recientemente aprobado. Se trata de una reforma constitucional que permite realizar detenciones, allanamientos y registros domiciliarios sin orden judicial. Además faculta a la Fiscalía para conformar unidades especiales de policía judicial con miembros del Ejército. De paso le otorgó a la derecha colombiana una petición de vieja data: liberar de restricciones legales a las Fuerzas Armadas para que pudieran por fin pelear la guerra en condiciones de igualdad. El gobierno coincide en que esta iniciativa es una herramienta esencial de su lucha contra el terrorismo y que se trata de un estatuto que mantiene la plena vigencia de los derechos humanos. Las críticas no se han hecho esperar. Varias organizaciones internacionales han puesto el grito en el cielo. Y tienen razón. Porque más allá del debate sobre la eficacia del Estatuto, la verdad es que desde un punto de vista histórico significa un retroceso en la lucha de la humanidad contra el poder del Estado. Y desde el punto de vista jurídico echa por tierra varias disposiciones de derecho internacional que hacen parte del ordenamiento jurídico interno. Por tratarse de una reforma constitucional la Corte Constitucional tiene todavía que estudiar estos artículos y pronunciarse sobre su validez.

Todo esto llevó a que surgiera una verdadera oposición política en el país. Como su principal protagonista se afianzó el Polo Democrático Independiente que logró éxitos electorales sin precedentes. El éxito del Polo fue la respuesta al 'derechazo' de Uribe. Algunos dicen que se trata del péndulo de la política que se está devolviendo. Es posible que así sea. Pero mientras tanto, el Presidente insiste en su juego. Sin embargo el año termina con un Uribe distinto. A pesar de que mantiene su inmensa popularidad, parece que el primer mandatario ya no las tiene todas consigo. El hundimiento de su referendo marcó su primera derrota. Luego sufrió un segundo revés cuando sus candidatos perdieron las elecciones en la mayoría del territorio. Después vino su pulso con el Congreso que le hundió varias de sus principales iniciativas. Y el último golpe lo recibió la semana pasada. Después de pedir públicamente que se modificara la cifra del umbral con la que terminó hundido el referendo, el viernes por la tarde el Consejo Nacional Electoral decidió no hacerlo. Así terminó el año para el Presidente. Con unas de cal y otras de arena.

A pesar de lo anterior, la realidad es que la característica principal de 2003 fue el marcado acento de derecha que le dio el gobierno a la política. Se trata de una postura clara que el Presidente ha manejado de frente y con coherencia y que, para bien o para mal, quedará para la historia como el sello personal de Alvaro Uribe.

*Editor político de SEMANA