EL DOSSIER DE URABA

El explosivo documento estaba circulando en doce copias entre algunos de los más altos funcionarios de la administración del presidente Virgilio Barco. El mismo tenía un ejemplar, al igual que los ministros de Gobierno, Defensa y Justicia, que el gobernador de Antioquia, y que media docena más de altos funcionarios. Todos ellos lo habían recibido a principios de la semana, con una tarjeta del jefe del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, general Miguel Maza Márquez, adherida con un clip al borde superior de la portada. Eran poco más de 100 páginas, 60 de ellas dedicadas a analizar detalladamente los testimonios, indicios, pruebas, antecedentes y primeras conclusiones de la investigación que 30 agentes del DAS y seis jueces especiales, realizaron sobre las matanzas de campesinos en las finca "La Honduras" y "La Negra", cerca a Currulao en Urabá, en la madruga da del 4 de marzo pasado. El resto de las páginas presentaban diferentes fotografías de los lugares de los hechos y varios retratos hablados de algunos de los asesinos. Todas y cada una de las páginas tenían en su parte superior el sello de "Confidencial".
Pero, ¿qué decía el documento? Muchas y muy soprendentes cosas, pesar de ello, al cierre de esta edición no se había presentado aún una reunión de los diferentes funcionario que conocieron el informe para analizarlo, y lo único que se había dado eran contactos informales entre algunos de ellos para comentar el contenido del dossier de Urabá.
En pocas palabras, lo que el documento revelaba era que, según buena parte de los más de 50 testimonios recogidos por los investigadores entre testigos y sobrevivientes de las masacres, elementos pertenecientes al batallón Voltígeros participaron en una serie de operativos de identificación y reconocimiento de supuestos miembros de la red de apoyo del Ejército Popular de Liberación, la mayoría de los cuales murió en las masacres.
El DAS concluye que, "según los testimonios, se infiere que las Fuerzas del Orden estarían empleando ex guerrilleros como posibles guías para el reconocimiento de miembros activos de la subversión y sus redes de apoyo. Por este motivo, hay quienes piensan que los grupos autores de las masacres estarían integrados, entre otros, por desertores del EPL, eventualmente financiados por personas o sectores que han afrontado una insoportable hostilidad de los alzados en armas...". El informe destaca también "las reiteradas visitas de personal uniformado" acompañado de civiles encapuchados, realizadas a los lugares donde posteriormente se produjeron las masacres.

Los testimonios
Una de las declaraciones más reveladoras obtenida por los investigadores, es la de una mujer supuestamente vinculada al EPL, quien fue detenido semanas antes de la tragedia por efectivos del batallón Voltígeros. Según ella, en el curso de su detención fue sacada varias veces de la sede del batallón y conducida a algunas de las fincas de la zona, para que señalara en qué campamentos de trabajadores se encontraban los enlaces del EPL y cuáles eran sus nombres. Según la declarante, cuya identidad SEMANA mantiene en reserva por razones obvias, "la segunda vez me sacaron como a los cinco o seis días en un Toyota rojo (...) para mostrarles la cara de varios de ellos (...) Salimos a las doce de la noche, regresando a las dos de la madrugada". Agrega que la acompañaban cerca de once hombres armados que, aparte del Toyota, se movilizaban en un campero blanco.
Gracias a operativos como éste, el batallón Voltigeros reunió información sobre la identidad de trabajadores que supuestamente servían al EPL. Aparentemente, el primer intento de los uniformados para averiguar quién entre los campesinos de las fincas estaba de qué lado, se produjo en octubre del año pasado. La viuda de una de las victimas de la masacre de la finca "La Honduras", contó a los investigadores que en esos días patrullas del Ejército llegaron a la finca con un civil encapuchado, que se introdujo en la plantación a prudente distancia del campamento e identificó a varios trabajadores. Algunos de ellos fueron luego detenidos y llevados al batallón Voltigeros, para ser liberados diez días después.
Según el dossier, varios de esos detenidos entregaron declaraciones a los investigadores, sobre lo sucedido durante su permanencia en el batallón. Según ellos, los interrogatorios a que fueron sometidos los llevaron a cabo unidades del B-2. Las preguntas se centraron en su gran mayoría, en la identidad de los enlaces del EPL entre los trabajadores bananeros. Operativos como el del mes de octubre se repitieron en noviembre y diciembre, y produjeron nuevos detenidos, que también permanecieron por periodos de 10 días en el batallón. Uno de los sujetos detenidos, conocido con el alias de "Zacarias", realizó una larga serie de recorridos por las fincas en compañía de efectivos uniformados. Visitó por lo menos siete fincas, entre las cuales estaban "La Honduras" y "La Negra", donde se llevaron a cabo las masacres del 4 de marzo. Según los testimonios, los recorridos se realizaron durante varios días, entre las 8 y las 10 de la noche.
El último de estos operativos se produjo exactamente ocho días antes de la masacre, cuando según el informe "... habían ido tres carros particulares con personal civil y un carro del Ejército con uniformados, que los habían agrupado en la cancha de fútbol y con palabras soeces los habían tratado de guerrilleros (...) En esa misma fecha habían capturado a una mujer con dos pistolas cuando las iba a esconder en la plantación, al igual que a un miembro de la comisión obrero patronal de reclamos, quien cayó con un revólver; otro a quien le dicen "el pájaro" había llegado en una moto, y desde el otro lado del río disparó contra los militares". Todo indica que este último operativo fue definitivo para la identificación de los enlaces del EPL, la mayoría de los cuales, según la información de los investigadores, murieron en las masacres.

El siniestro Lenin
El documento analiza detenidamente la personalidad de un sujeto llamado "Lenin", que parece ser uno de los personajes claves. Después de haber cumplido funciones como encargado de finanzas del EPL en el área de Currulao, fue capturado por el Ejército semanas antes de la masacre y sometido a intensos interrogatorios. En el curso de una de esas sesiones, estuvo presente otro detenido que después de la masacre rindió su testimonio a las autoridades. Según su declaración, durante ese interrogatorio conjunto, el tal Lenin, quien al parecer ya estaba al servicio de los uniformados, le ofreció al testigo 150 mil pesos por cada 10 integrantes del EPL que entregara y "le dijo que ganaría 40 mil pesos mensuales si seguía trabajando para el Ejército". Según el mismo testimonio, Lenin le habría dicho a un cabo primero del B-2, en esa misma sesión que "las fincas Honduras, La Negra, La Suerte y Oró Verde, son nidos de guerrilleros".
Todo indica que Lenin fue definitivo para la identificación de la red de apoyo del EPL en las fincas mencionadas. De acuerdo con la descripción que de este hombre hace el documento, se trata de un sujeto de 1.65 metros de estatura, unos 65 kilos, menor de 30 años, tez morena clara, cara redonda y con una señal muy particular: le faltan los dientes del maxila superior.
La participación directa de Lenin en las masacres está siendo establecida por los investigadores. En términos generales, el DAS registra en el documento que este tipo de desertores del EPL, convertidos en colaboradores del Ejército, hizo parte del contingente de genocidas, lo que se está cotejando con los retratos hablados obtenidos gracias al testimonio de algunos sobrevivientes.

Madrugada mortal
El informe relata también, basado en el testimonio de familiares de las víctimas, la forma como se llevaron a cabo las masacres de las fincas "La Honduras" y "La Negra", en la madrugada del 4 de marzo. Hacia las 12 y 30 de la noche, en tres o cuatro camperos, según los distintos testimonios, llegaron a la primera de las haciendas alrededor de una docena de hombres, armados de fusiles calibre 223 AR-15, revólveres 38 largo y algunas escopetas. Lista en mano, uno de los asesinos comenzó a llamar a las víctimas. 16 campesinos fueron "tendidos de cúbito abdominal" a pocos metros de la casa del campamento.
Las mujeres y los niños fueron encerrados en la cabaña y se les ordenó que apagaran las luces. En pocos minutos, y después de que sonaran ráfagas y disparos, todo terminó. El cadáver de la víctima número 17 fue hallado a 100 metros de la casa, debido a que al parecer el hombre trató de huir cuando comenzó la sangría.
No lo logró. Pero otros nueve hombres por quienes preguntaron los asesinos, sí consiguieron escapar. Todos ellos huyeron de la zona. Algunos incluso, buscaron refugio al sur del departamento de Córdoba. Tras una ardua labor investigativa, la mayoría de ellos fue localizada por los agentes del DAS que han intervenido en la investigación. Sus testimonios han sido de vital importancia para la reconstrucción de los hechos, el esclarecimiento de lo sucedido en las semanas que precedieron a la masacre y la realización de los retratos hablados de los asesinos.
Otros testimonios aseguran que los asesinos, antes de cometer la masacre, le gritaron a sus víctimas: "Ustedes son una partida de guerrilleros hijueputas". Un testigo asegura también que uno de los asesinos le dijo a otro después de los disparos y cuando se encontraban revisando que todos estuvieran muertos: "Mi cabo, todavía hay uno vivo". "Remátelo", le contestaron varios. Son diversos los testimonios que coinciden en el hecho de que al hombre que al parecer daba las órdenes, todos lo llamaban "mi cabo".


El análisis del DAS
Pero, aparte del contenido meramente probatorio y testimonial, el documento destina varias páginas a un análisis socio-económico y político sobre lo que está sucediendo en la zona de Urabá. En estos análisis, el informe concluye que después de varios años de desarrollo y afianzamiento de la presencia guerrillera en la región --alentada inicialmente por las condiciones de explotación que vivía el trabajador bananero-- surgió como reacción una serie de grupos que el documento señala como de "extrema derecha". "El conflicto de Urabá --explica el documento-- tiene origen en una prolongada rivalidad entre los sectores sindical y empresarial, con períodos definidos: el primero enmarcado dentro de una exploración de los trabajadores por parte de los finqueros, que optaban por ignorar las peticiones obreras y, el segundo, con un virtual cambio de esas circunstancias ante la irrupción de un fuerte aparato gremial respaldado política y militarmente por el PCMLEPL, donde afloran viejos resentimientos y la satisfacción de reivindicaciones económicas trasciende a la subvención de una estructura partidisla".
En cuanto a esto último, lo que los redactores del informe describen --aportando para ello algunas pruebas y testimonios-- es cómo muchos bananeros, además de los salarios que pagan a sus trabajadores, deben cancelar también los sueldos de algunos activistas del EPL que, aunque no trabajan directamente en las plantaciones, viven en los campamentos donde desarrollan actividades político-sindicales.
Expuestos estos antecedentes, el documento agrega que "de la situación también se deduce la existencia de dos bloques plenamente definidos con sus respectivas estrategias: el que corresponde a la extrema izquierda tratando de fortalecer sus asentamientos y el de la derecha con el propósito de proteger sus costosos íntereses, eliminando todo vestigio del primero". Los investigadores se detienen en una larga enumeración de las causas que han llevado a empresarios bananeros a buscar la eliminación de los grupos de extrema izquierda: "La gradual extinción del latifundio productivo a raíz de las "recuperaciones"; el agotamiento de la capacidad económica como consecuencia de las "vacunas", en sus modalidades de "cuotas periódicas" y "salarios" ficticios para agitadores de la guerrilla; la impotencia empresarial para reponer o sustituir equipos afectados por el sabotaje; la imposición sindical de contratar solamente operarios designados por ellos mismos; la imposibilidad de administrar personalmente sus propiedades por el temor de ser víctimas de atentados y la indefensión ante el secuestro, parecen haber saturado la tolerancia empresarial, optando éstos por conformar grupos de "protección".
En cuanto a la posible participación de elementos de las Fuerzas Armadas en esos grupos dé "protección", las conclusiones del documento son menos contundentes que los testimonios que presenta. Sin embargo, una vez aceptado el hecho de que los desertores del EPL que se convierten en informantes del Ejército han participado en el planeamiento y realización de las masacres, el informe analiza los problemas de las relaciones entre los habitantes de la zona y la fuerza pública: "Un factor que ha causado funestas consecuencias para la seguridad de Urabá, es la ruptura del equilibrio que debe existir en las relaciones de la población civil con sus Autoridades, debido a la desconfianza de unos y otros, como resultado de la actividad disociadora de las extremas, llegándose a configurar hoy en día una virtual polarización de opiniones y posturas radicalizadas alrededor de los dos bloques".
Finalmente, el documento hace algunas recomendaciones sobre la forma de romper el círculo vicioso de la violencia de Urabá, entre las cuales se destacan la necesidad de aplicar urgentes medidas de reforma agraria. En uno de sus párrafos finales, el informe asegura que se ha presentado en la región una creciente penetración de capital del narcotráfico, y agrega que esto agrava la situación, pues los ilimitados recursos de la mafia han distorsionado aún más las relaciones entre los distintos grupos sociales económicos y políticos presentes en la región. Los redactores del documento no dudan en recomendar que el Incora, el Consejo Nacional de Estupefacientes y otros organismos estatales, diseñen las vías juridicas que permitan confiscar los bienes adquiridos por el narcotráfico en Urabá.

Al fin una
En resumen, las revelaciones de la investigación permiten concluir que en las masacres de las fincas " La Honduras" y "La Negra" en la madrugada del 4 de marzo, murieron personas vinculadas de alguna manera a la red de apoyo del EPL; que en las semanas que precedieron a la matanza, se llevaron a cabo numerosos operativos militares destinados a identificar quiénes eran esas personas relacionadas con el grupo guerrillero; que en esos operativos colaboraron con los efectivos del batallón Voltigeros, desertores del EPL que, según el documento, pueden haber participado luego en los asesinatos; que a juzgar por algunos testimonios, no es descartable que personal militar haya hecho parte del grupo de genocidas; y, finalmente, que este tipo de "operaciones limpieza" están siendo financiadas por empresarios de la región, desesperados por el sitio a que han sido sometidos por la guerrilla.
Pero éstas no son las únicas conclusiones que se pueden sacar. Hay otra, quizá más importante, que tiene que ver con el hecho de que el documento del DAS rompe de un tajo el mito de que en Colombia los crímenes relacionados con la llamada "guerra sucia" no se investigan, y que cuando se investigan, no se señalan culpables. La investigación llevada a cabo por los agentes del DAS y los jueces especiales es una de las más completas, profundas y --ahí está la clave-- rápidas que recuerde la historia reciente del país. En sólo 45 días, hay elementos suficientes que permiten decir que se logrará un total esclarecimiento de los hechos del 4 de marzo. En esa medida, el gobierno del presidente Virgilio Barco, que fue el que tomó la excepcional determinación de enviar a 30 agentes del DAS a investigar los hechos, puede con estos resultados reclamar un éxito. De alguna manera, esta investigación es un desmentido al reciente informe de Amnistia Internacional, en particular cuando este afirma que este tipo de delitos no son investigados por las autoridades.
Sí. Es un desmentido. Pero paradójicamente, también confirma algunas de las apreciaciones de Amnistía. Particularmente, la que tiene que ver con la vinculación de elementos de las Fuerzas Armadas con la "guerra sucia". Claro que no la confirma en los términos en que Amnistía presenta esa vinculación, pues nadie puede decir, a la luz de los resultados de la investigación del DAS, que esté demostrado que como dice Amnistía hay una política de terror de escala nacional desatada por las Fuerzas Armadas contra la oposición. Pero de cualquier modo, es el reconocimiento de que hay miembros del estamento militar que han sido cómplices o, incluso, protagonistas directos de las masacres.
Algo de esto parecía saber el ex presidente Carlos Lleras Restrepo, quien en el editorial de Nueva Frontera de la semana pasada dijo: "Si las matanzas de Urabá se han perpetrado con cualquier clase de cooperación por parte de elementos militares, deben abrirse los juicios marciales contemplados en el Código de Justicia Penal Militar y aplicar con rapidez las penas correspondientes".En efecto, Lleras parecía estar tan bien informado como el gobierno.
Pero en cambio, hay una diferencia de interpretación de la Constitución entre él y la administración Barco, en lo referente a quienes deben juzgar a ese personal militar que sea acusado de colaborar con las masacres. Mientras el ex presidente habla del Código Penal Militar, el gobierno, por boca del ministro de Justicia Enrique Low Murtra, fue bastante claro el miércoles de la semana pasada al declarar que ese personal militar que llegara a estar comprometido en la "guerra sucia", sería juzgado por la justicia ordinaria y no por tribunales militares.
La clave está en la interpretación que se haga del artículo 170 de la Constitución: "De los delitos cometidos por los militares en servicio activo y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares". Para Low, y para muchos, no se puede considerar que la colaboración con una masacre de campesinos está relacionada "con el mismo servicio". Y ese parece ser el pensamiento de la mayoria de miembros del alto gobierno.
Sin embargo, ya habrá tiempo para estos debates, si se confirman las conclusiones del documento del DAS y la sindicación a elementos de las Fuerzas Armadas. Por lo pronto, este informe puede considerarse como una de las primeras buenas noticias que se conocen desde cuando el país comenzó a ser testigo de la ola de matanzas. Al fin y al cabo, de lo único que los colombianos estaban más cansados que de la violencia, era de la impunidad.