El fantasma de la extradición

En materia judicial el gobierno arrancó con ímpetu en 2003 con una propuesta para aplicar la extradición por vía administrativa, es decir, que bastaría la firma del presidente Alvaro Uribe y se obviaría el visto bueno formal que, desde 1997, da la Corte Suprema de Justicia. "Los magistrados no se opusieron y aunque el gobierno con esta iniciativa le quiso poner el acelerador a la extradición el Congreso le puso el freno de mano y no aceptó reformar el Código Penal con el argumento de que el país no podía abrir este tipo de debates", dijo un funcionario del Ministerio del Interior y de Justicia.

Después el ministro Fernando Londoño les pidió a los nueve magistrados de la sala de casación penal de la Corte Suprema agilizar los trámites de la extradición, que demora cerca de un año y que evacuara en menos tiempo las 60 solicitudes que estaban en trámite .

Y mientras Londoño sostenía que "la extradición es un acto administrativo y la Corte está para otras cosas", Colombia era denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como responsable de la violación sistemática de los derechos humanos y del debido proceso de las personas pedidas en extradición. "Toda persona, así sea solicitada en extradición, tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.", le dijo a SEMANA el abogado José Joaquín Caicedo, experto en derecho internacional y autor de la querella.

El 27 de noviembre, seis meses después de esta denuncia y basados en las mismas razones, 96 reclusos detenidos en el patio 6 de la cárcel de alta seguridad de Cómbita, al norte de Tunja en Boyacá, iniciaron una huelga de hambre y le hicieron llegar una carta al presidente Alvaro Uribe: "Cuando vemos cómo se nos hace imposible defendernos y cómo han bloqueado para nosotros todas las fuentes del derecho, comprendemos con absoluta claridad, que es usted quien verdaderamente puede tomar la decisión de liberar ese espíritu maligno que anda rondando y se ha apoderado de la Corte Suprema de Justicia".

Diez días después el Ministerio decidió escucharlos a cambio de que suspendieran la huelga. "La protesta no es contra el Ministerio sino en contra de las determinaciones arbitrarias tomadas por la Corte Suprema de Justicia -le dijo a SEMANA uno de los voceros extraditables desde Cómbita-. No estamos atacando ni la extradición ni las políticas gubernamentales. Es más, estamos inclinados por un procedimiento ágil administrativo".

Y mientras se define a qué acuerdo llegan el gobierno y los extraditables, la suerte de uno de ellos dio un giro sorprendente la semana pasada. El gobierno estadounidense retiró la solicitud de extradición del indígena Henry Jamioy, cuyo trámite estaba en curso en la Corte Suprema de Justicia. Jamioy continúa en Cómbita y será juzgado en Colombia por los mismos delitos por los cuales era solicitado por la justicia estadounidense. Durante el actual gobierno, la Corte libró de la extradición a sólo dos personas pedidas por Estados Unidos: el médico Alfonso Villamizar y Albeiro Uribe.

En este año, Colombia ha recibido 135 solicitudes de extradición: seis de Argentina, cinco de España, una de Panamá, cinco de Italia y 118 de Estados Unidos. De éstas los últimos acusados ya fueron extraditados 62 personas entre las que se encontraba una de vital importancia para Washington, el ex congresista Santander Lopesierra, conocido como 'El hombre Marlboro', con nexos no sólo con el contrabando sino con el lavado de dinero.

En la lista de solicitados están además otros pesos pesados: 'El negro Acacio', y otros guerrilleros de las Farc involucrados no sólo en el narcotráfico sino en el secuestro de los tres estadounidenses en Caquetá en febrero 13 de este año; y los dos máximos jefes de las autodefensas, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, a quienes el gobierno norteamericano quiere juzgar en su territorio por tráfico ilegal de drogas. Mientras el gobierno ha abierto una negociación de paz con estos paramilitares, Estados Unidos ha insistido en que no suspenderá ni cancelará su petición.

El año cerró con una verdadera papa caliente en materia de extradición: extraditables que amenazan con renovar su huelga de hambre; una denuncia ante una corte internacional por cuenta de cómo está llevando a cabo la extradición; y una negociación con las autodefensas frenada por el fantasma de la extradición.

*Periodista de SEMANA