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| 12/21/2003 12:00:00 AM

El glifosato, más rápido que la coca

Por la fumigación masiva disminuyeron los cultivos ilícitos en casi 100.000 hectáreas. La acción social que sustenta este logro, sin embargo, cojea.

En el año 2000 existían en Colombia 169.789 hectáreas de cultivos ilícitos y es muy probable que al finalizar 2003 la cifra no supere las 60.000. Los datos hablan por sí solos y muestran la importancia de la unión encadenada de dos factores. En primer lugar, la puesta en marcha en el gobierno anterior de la estrategia Plan Colombia destinada a poner fin a los cultivos de coca y amapola. El supuesto fundamental era que los cultivos constituían en una amenaza real para la sociedad y sus instituciones, y que por lo tanto había que poner en marcha una acción que necesariamente incluía el mediano y el largo plazo.

En segundo lugar está la decisión del actual gobierno, elegido con el mandato de lograr un avance significativo en la lucha contra todos los actores y factores que afectan la tranquilidad ciudadana. Alvaro Uribe asume el Plan Colombia como un pilar clave dentro de su estrategia general de Seguridad Democrática, en la medida en que identifica al narcotráfico no sólo como un generador de violencia, sino como el principal financiador de la guerrilla y los paramilitares. El resultado es el continuo descenso de los cultivos en 2003, especialmente de coca, producto de la utilización del recurso de la fumigación con glifosato que, a su vez, ha demostrado que no produce efectos residuales. La tendencia es tan evidente que no deja espacio para dudas (ver gráfica).

La propuesta del Plan Colombia desde un comienzo fue que la dinámica de erradicación de cultivos quedara por encima de la dinámica de siembra. Se entendía que los cultivos no iban a disminuir a medida que se destruían, ya que inevitablemente iba a darse una resiembra, eso sí menor a la cantidad destruida. Esto explica la diferencia entre la coca y la amapola fumigada en 2003 (134.000 hectáreas) y el total de cultivos con los cuales seguramente terminará el año. En 2004 se fumigará mucho menos que en el año anterior, con lo cual la estrategia comenzará a mostrar lo que se advirtió desde un comienzo: la fumigación no debe ser eterna y debe apuntar a un esquema preventivo. Antes, no toda la coca era fumigada. Hoy el que siembre lo hace con la certeza de que su cultivo será fumigado. El objetivo cercano es que no tenga sentido sembrar porque inmediatamente se le destruye.

En 2003 el Putumayo no fue el centro de la destrucción de cultivos de coca. Las principales operaciones se realizaron en Guaviare y Nariño, los cuales abarcaron cerca de la mitad de lo destruido en Colombia. Esto es significativo porque muestra que el fin de los cultivos de coca en Putumayo sí era posible. De 62.000 hectáreas, existen hoy alrededor de 4.000. Incluso hubo más de 10.000 hectáreas erradicadas voluntariamente por campesinos e indígenas. También es significativo que hoy ya no existan regiones en donde la coca pueda crecer sin ningún tipo de impedimento.

Con la amapola el panorama no es tan contundente. Los narcotraficantes han descubierto que al sembrar en riscos se evita la destrucción por fumigación aérea. De aquí que la Policía, y también el Ejército, hayan empezado a hacer énfasis en la destrucción manual. El esfuerzo, sin embargo, es gigantesco: en Nariño la Policía durante cuatro meses destruyó tres millones de matas en 120 hectáreas ubicadas en nueve municipios, acciones que implicaron un gran riesgo para los uniformados y en donde quedó claro que se requieren grupos de más de 100 unidades para poder realizar esa tarea de una manera más efectiva. El resultado es que los cultivos de amapola no han descendido tanto como se esperaba.

La interdicción, la extinción de dominio de bienes y la extradición también han formado parte de la estrategia. En el primer caso lo significativo fue la reanudación del apoyo de Estados Unidos que le permite a la Fuerza Aérea contar con información sobre vuelos sospechosos en tiempo real (SEMANA, edición 1.126). Así mismo la Armada ha desempeñado un papel importante, pues ha incautado casi el 70 por ciento de la droga incautada. De otra parte, la extinción de dominio se aceleró luego de que el actual gobierno agilizara los trámites mediante la Ley 793 de 2002.

Con relación al lado social del Plan, el programa de guardabosques no termina por arrancar, tras los infructuosos esfuerzos del gobierno por conseguir apoyo internacional. Además, su propuesta es una invitación a indígenas y colonos por realizar más una labor policiva que una acción social. No se ha logrado establecer un contacto Estado-comunidad a la luz de inversión social. Hay un desconocimiento de experiencias como el Plan Nacional de Rehabilitación en el que la creación de espacios de participación fue más importante que, incluso, la inversión realizada.

Los resultados positivos de 2003 dejan retos para 2004. Uno es la unificación del Plante, Plan Colombia (social) y la Red de Solidaridad, que de la mano de Luis Alfonso Hoyos deberá lograr avances sociales. Otro es la amenaza que se cierne contra resguardos indígenas y parques nacionales, convertidos en lugares ideales para promover los cultivos ilegales producto de las trabas impuestas a la fumigación.

También están los desafíos estratégicos. Uno es preparar una nueva fase cuando los cultivos desciendan por debajo de las 15.000 hectáreas, momento en el que estarán muy dispersos y su destrucción por fumigación aérea será muy dispendiosa. Otro es prepararse para un aumento del precio de la coca producto del desabastecimiento del mercado. Por ahora los precios están estables debido a las reservas enterradas en la selva, al resurgimiento de cultivos en Perú y Bolivia y a un leve pero sostenido cambio del patrón de consumo hacia el éxtasis y la canabis. Pero no se puede bajar la guardia. Si Colombia va a dejar de ser un país con cultivos ilícitos debe prepararse para pasar de la acción a la prevención. Si no lo hace quedará en un alto riesgo de recaer.

*Ex consejero de Seguridad
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