EL NARCOTERRORISMO

Hasta mediados de los años 80 los narcotraficantes ejercieron su poder sin trabas. Todo lo podían, lo conseguían o lo obtenían. No importaban los medios. Por eso, cuando el Estado manifestó su intención de aplicar la extradición de colombianos a Estados Unidos -la única herramienta que los grandes capos sentían como una auténtica amenaza en su contra-, los narcotraficantes no dudaron en combatir esta medida por vías jurídicas y violentas. Sólo que en ese caso recurrieron a un tipo especial de violencia: el terrorismo político, bautizado en Colombia por los periodistas como narcoterrorismo.
El terrorismo político es definido, según el politólogo Vicente Torrijos, como "el uso preprogramado de la fuerza por parte de un individuo. Busca generar angustia y una sensación de perturbación generalizada en un grupo previamente seleccionado, que siempre es más grande que el de las víctimas, con el propósito de que este grupo ejerza presión para que el Estado acceda a las demandas políticas de los terroristas". De acuerdo con esta definición, fueron acciones narcoterroristas los asesinatos de Rodrigo Lara Bonilla, Luis Carlos Galán, Guillermo Cano Isaza y de un centenar de jueces y policías y los 120 carrosbomba que explotaron en diversas ciudades del país entre 1989 y 1993. Estas acciones tenían como objetivo tumbar la extradición o, luego de que el tratado que soportaba esta medida fuera declarado inconstitucional, evitar que fuera revivida. También buscaban frenar las acciones de las Fuerzas Militares en su contra y asegurar la impunidad de sus delitos en Colombia. En palabras de Rafael Pardo, ministro de Defensa de César Gaviria,"los traficantes, después de acumular riquezas durante una década, se sintieron con el derecho a establecerse como clase social. Pretendieron no ser juzgados por lo que consideraban conductas aceptadas socialmente, aspiraron a ser reconocidos, a disponer de sus inmensas fortunas y buscaron ejercer influencia política y social en proporción a sus capitales".
Para los violentólogos, el asesinato del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, el 30 de abril de 1984, fue el primer acto narcoterrorista que hubo en el país y el segundo semestre de 1989 el período en que el narcoterrorismo de los denominados Extraditables alcanzó su clímax. Entre agosto y diciembre de ese año explotaron 88 bombas en calles, bancos, sedes políticas, instalaciones públicas, hoteles, residencias, periódicos y centros comerciales de las cinco principales ciudades del país. Es más, en las últimas cinco semanas de 1989 volaron un avión de Avianca en pleno vuelo y dinamitaron la sede del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-. En los dos hechos murieron 171 personas y 250 quedaron heridas.
Aunque la brutalidad del narcoterrorismo logró en un principio su propósito de intimidar a los colombianos, en últimas permitió que la población se uniera en torno del Estado en su lucha contra el narcotráfico. Esto incidió, a la larga, en la posterior caída de Pablo Escobar, el desmoronamiento del cartel de Medellín y en la manera como el cartel de Cali manejó el tema de su entrega a las autoridades.