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| 6/8/1992 12:00:00 AM

EL PRONTUARIO

Por primera vez, todo el historial delictivo del hombre más buscado del país.

PABLO ESCOBAR ES EL PEOR ASESINO QUE ha dado la historia de Colombia, o su nombre se ha convertido en una leyenda en la que cabe de todo. En cualquier caso, según las autoridades, los crimenes cometidos contra el ministro Rodrigo Lara Bonilla, el director de El Espectador, Guillermo Cano, el magistrado Hernando Baquero Borda, el coronel Jaime Ramírez, el procurador Carlos Mauricio Hoyos, y contra un nada despreciable número de jueces, han tenido todos un común denominador: los muertos, en mayor o menor grado, tuvieron enfrentamientos con quien es considerado por el Gobierno norteamericano como el número uno del narcotráfico en el mundo.
Que el nombre de Escobar fuera asociado con estos asesinatos era previsible. Pero que el famoso jefe del cartel de Medellín estuviera detrás de las matanzas colectivas que han horrorizado en los últimos meses al país si resulta por lo menos desconcertante. El hecho es que sucedió: la semana pasada la juez segunda de Orden Público, Martha Lucía González Rodríguez, dictó auto de detención contra Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y 16 sindicados más, entre los que se encuentran dos militares, un teniente de la Policía y el alcalde de Puerto Boyacá, a quienes acusa de ser los autores de las masacres de Urabá, en las que murieron alrededor de 50 campesinos.
Esta no es la primera vez que a Pablo Escobar se le ha dictado un auto de detención. Su nombre ha sido permanentemente vinculado y desvinculado a casi todos los procesos judiciales que se han abierto a raiz de los grandes asesinatos relacionados con el narcotráfico cometidos en los últimos cinco años. ¿Qué tanto de esto es real y qué tanto es leyenda? Ese es un interrogante que ni las mismas autoridades han podido resolver. Lo concreto es que el prontuario de Escobar parece ser una verdadera caja de Pandora. Además de asesinatos individuales se le ha acusado de ser jalador de carros, contrabandista de animales, lavador de dólares, narcotraficante, fundador del grupo Muerte a Secuestradores, MAS, y ahora organizador de matanzas colectivas.
Leyenda o no, el prontuario existe y, definitivamente, no es breve. No es exagerado afirmar que nunca antes en la historia de Colombia ha habido una persona acusada de tantos y tantos delitos. "El primer problema con la justicia lo tuvo Pablo Escobar el 5 de septiembre de 1974, a raíz de la denuncia formulada por el abogado Guillermo García Salazar, a quien le robaron un vehículo Renault 4, modelo 73, de placas LK 8028". Este párrafo, tomado del controvertido libro "Los jinetes de la cocaína" del periodista Fabio Castillo, registra el que, al parecer, es el primer capítulo del prontuario de Escobar Gaviria.
De acuerdo con la versión del autor del libro, "el proceso por el robo de carros permaneció archivado por año en los anaqueles del Juzgado 20 Pena del Circuito de Medellín". Y el 11 de junio de 1983, según el periodista, cinco hombres fuertemente armados llegaron en la madrugada al Palacio Nacional, lugar donde se encontraban los archivos de ese juzgado y "abrieron la gavetas de los archivadores, las rociaron con gasolina y les prendieron fuego" . Los expedientes se quemaron y a partir de ese momento nadie volvió a hablar del asunto.
Pero no solamente se quemaron los archivos sino que en 1983, el entonces parlamentario Pablo Escobar comenzó también a quemarse. A raíz de las acusaciones de narcotráfico hechas por el ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en su contra, sustentadas en un casete de la cadena de televisión norteamericana ABC, El Espectador desempolvó de sus archivos, en agosto de ese año, una información según la cual Escobar había estado preso en 1976, luego de haber caído en poder del DAS con 39 libras de cocaína en Itaguí. El diario de los Cano hizo un seguimiento del caso y encontró que a petición del abogado de Escobar, el proceso abierto en el Juzgado Primero Penal de Itaguí fue trasladado a Pasto, donde el juez tercero Penal del Circuito sobreseyó al acusado.
El que no sobreseyó a Escobar fue el juez Gustavo Zuluaga Serna, quien dictó auto de detención en su contra el 25 de septiembre del 83. La sindicación era la de que Escobar y su primo estaban involucrados en el asesinato en 1977 de dos detectives, Gilberto Hernández Patiño y Luis Fernando Vasco, quienes participaron en la operación del decomiso de los 39 kilos de cocaína y la captura de Escobar en Itaguí en 1976. Este proceso fue trasladado al juez 11 Superior de Medellín, Guillermo Quintero Arbeláez, quien revocó el auto de detención en noviembre de ese mismo año. En este caso no sólo murieron los dos detectives. El 25 de agosto de 1981 había sido asesinado Carlos Gustavo Monroy Arenas, jefe del DAS durante la época en que se capturó a Escobar, y el 30 de octubre de 1986 fue asesinado Gustavo Zuluaga Serna, quien, para ese entonces, ocupaba el cargo de magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

SUMANDO AL SUMARIO
Aunque en estricto derecho, hasta el momento de las acusaciones de Lara, Escobar estaba a paz y salvo con la justicia el ministro no pensaba lo mismo. Con todos los hierros enfiló baterías para tratar de demostrar que Pablo Escobar no sólo era narcotraficante sino que también estaba comprometido en varios de esos asesinatos. El caso Escobar se convirtió en una obsesión para el ministro. Se enfrentó al juez que lo sobreseyó por el asesinato de los dos detectives, promovió la apertura de un juicio por contrabando de animales para el zoológico Nápoles y trató, por todos los medios, de reconstruir el prontuario de Escobar.
El ministro no pudo llegar muy lejos y su asesinato, el 30 de abril de 1984, se sumó al prontuario de Escobar. El juez primero Superior de Bogotá, Tulio Manuel Castro Gil, encargado de adelantar la investigación por este crimen, dictó el 26 de octubre de ese mismo año auto de detención contra Escobar y otros 15 individuos, señalados como participantes en el asesinato de Lara. Una serie de llamadas efectuadas por los cómplices Iván Dario Guizado (el sicario muerto) y Byron de Jesús Velásquez (el
sicario detenido), desde el hotel donde se hospedaron en Bogotá, a varios teléfonos de Medellín, sirvieron de base para que el juez encontrara méritos para llamar a juicio a Escobar. Pero el juez primero Superior de Bogotá tampoco llegó muy lejos. Tulio Manuel Castro Gil fue asesinado el 23 de julio de 1985. Aunque las llamadas a Medellín hechas por los sicarios comprometidos en el asesinato de Lara vinculaban a dos miembros del movimiento político "Renovación Liberal", de Pablo Escobar, y a una de sus hermanas, un año después en junio del 86, el Tribunal Superior de Bogotá le revocó el llamamiento a juicio por falta de pruebas. Varios de los sindicados en el caso Lara fueron asesinados y Escobar quedó nuevamente sin deudas pendientes con la justicia.
Pero el sobrescimiento del Tribunal era temporal y la investigación habría de reabrirse. Uno de los testigos claves para esta segunda etapa del proceso era el coronel Jaime Ramírez, quien junto con Lara Bonilla habían protagonizado la cruzada contra el narcotráfico y, particularmente, contra Escobar, que incluyó acciones como el desmantelamiento de los inmensos laboratorios de cocaína en los llanos de Yarí y en Tranquilandia. El coronel Ramírez era una de las personas que había puesto al descubierto un plan, supuestamente de la mafia, para asesinar al ministro Lara y quien advirtió a los servicios de seguridad del Estado sobre la intercepción a los teléfonos del ministro por parte de los narcotraficantes.
En noviembre de 1986 fue asesinado el coronel Ramírez. Escobar Gaviria, casi simultáneamente, volvió a ser llamado a rendir indagatoria y se habló de nuevas revelaciones era el caso de Lara. Sin embargo, en agosto de 1987 la juez primera Superior de Bogotá María Inés Ramírez de García, benefició nuevamente a Escobar con un sobrescimiento temporal. Y en octubre de 1987 se terminó la audiencia por el caso Lara con un único condenado: Byron de Jesús Velásquez. El agente de la Procuraduría, Roberto Lobelo, pidió a la juez primera que rechazar,a los veredictos de, jurado de conciencia que intervino en el caso Lara. Y las audiencias fueron reanudadas. Pero en el pasado mes de agosto fueron suspendidas debido a las constantes amenazas que recibió el nuevo jurado.
En el caso del asesinato del coronel Ramírez los indicios que se maneja ron sobre la supuesta participación de Pablo Escobar fueron las acusaciones contenidas en un memorando interno de la Policía, según el cual Escobar se habría valido del grupo Ricardo Franco, en Medellín, para acabar con la vida del coronel y para llevar a cabo el atentado contra el parlamentario del Nuevo Liberalismo Alberto Villamizar. Otra supuesta prueba de su participación en este crimen fue el diario del coronel Ramírez, en donde al parecer existían importantes revelaciones sobre el prontuario de Escobar. Sobre es te caso, sin embargo, Pablo Escobar nunca ha sido llamado a rendir indagatoria.

Entre el asesinato del ministro Lara Bonilla y el del coronel Ramírez hubo otro crimen en el que también sonó el nombre de Escobar. El magistrado Hernando Baquero Borda, quien había tenido una activa participación en la redacción del Tratado de Extradición, cayó asesinado en Bogotá el 31 de julio de 1986 cuando salía de su casa.
En este caso Escobar no fue vinculado al proceso. Aparentemente las cuentas de Escobar con la justicia volvían a quedar en limpio, pero ese mismo mes apareció un nuevo llamamiento a juicio en su contra. Un extraño expediente que sirvió para que Jorge Luis Ochoa fuera solicitado en extradición de España a Colombia y no a Estados Unidos, comprometía a Escobar y a los hermanos Ochoa en el asesinato del agente de la DEA Barry Seal. Un año más tarde la juez 45 recibió en indagatoria a los sindicados y los desvinculó del caso. En el que sí resultó vinculado Escobar fue en el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano ocurrido el 17 de diciembre de 1986. Luego de que el caso estuvo en manos del juez 71 de Instrucción Criminal, Enrique Montañez el mismo que liberó a Ochoa en la víspera de año nuevo en 1987 y éste hubiera llamado a indagatoria a Evaristo Porras, Gonzalo Rodríguez Gacha y otros 10 implicados, el proceso pasó a la juez 89 de Instrucción Criminal, Consuelo Sánchez Durán, quien encontró méritos para llamar a juicio a Escobar y sobreseyó a Porras y a Rodríguez Gacha. La decisión de la juez, tomada el 24 de agosto pasado, está basada en investigaciones hechas por el DAS según las cuales los autores materiaies del asesinato de Cano, así como el de muchos otros personajes que hacen parte del prontuario de Escobar, fueron "Los Priscos". De acuerdo con las averiguaciones del DAS, esta banda encabezada por los hermanos David Ricardo y José Rodolfo Prisco Lopera, y por Orlando de Jesús Ceballos, tenía estrecha relación con el conocido jefe del cartel de Medellín, quien según la juez fue el autor intelectual.
También como autor intelectual Escobar estuvo vinculado al caso del asesinato del procurador, Carlos Mauro Hoyos, ocurrido el 25 de enero de este año. Aunque el hecho de que este crimen fuera reivindicado por el grupo "Los Extraditables", hacía inevitable que se asociara el nombre de Escobar, pero en ningún momento de la investigación éste fue llamado a indagatoria. Y aunque, a raíz de los allanamientos en la finca "El Bizcocho", adelantados en abril por el comandante de la IV Brigada, general Jaime Ruiz Barrera, fueron encontradas unas grabaciones en las que se escuchaba supuestamente la voz de Escobar dando la orden de matar al procurador, el juez segundo especializado, Oscar Hernández, no tuvo en cuenta estos indicios debido a que faltaba una firma. Estos quedaron a nivel de anónimos y Escobar no ha sido vinculado formalmente al proceso por la muerte de Hoyos.

LOS TESTIGOS N.N.
Pero si Escobar ha sido desvinculado prácticamente de todos los casos de asesinato, con excepción del de Cano, la cuerda parece que empieza a romperse por donde menos se esperaba. En el caso de Urabá, por el que fue llamado a juicio en compañía de Gonzalo Rodríguez Gacha como autor intelectual, la juez segunda de Orden Público, Martha Lucía González Rodríguez, llegó a la conclusión de que "la ley no es una simple sucesión de palabras sin espíritu... por eso cuando quiere que el devenir de los acontécimientos dejen trás la ley, el intérprete debe acomodarla, sin olvidarse de su espíritu y de los valores que realizan a las actuales circunstancias sociopolíticas". Armada con conceptos de este orden y luego de escuchar en indagatoria los testimonios de personas que aparecen como N.N., debido a que la juez decidió reservar la identidad de los declarantes "pues identificación plena dentro del expediente, coloca en el peligro sus vidas y su integridad personal", dictó auto de detención contra Escobar y fue del país.
La mayoría de los tesmonios recogidos por la vez segunda son más bien abstractos y hacen referencia a que unas personas le contaron a otras que en ciertas fincas de Puerto Boyacá, en el Magdalena Medio, se han organizado laboratorios para el procesamiento de cocaína, cuyos dueños son amigos de Pablo Escobar y de Gonzalo Rodríguez Gacha, que éstos son los fundadores del MAS y que son muy buenos amigos de los militares. "Referente a un aspecto logístico, según comentarios de integrantes de Acdegam (Asociación de Campesinos y Ganaderos del Magdalena Medio), el Ejército dispone de una partida para ellos, siendo engañados, pues piensan que es para autodefensa. Inisualmente el grupo sí cumplía esta misión, pero a través del tiempo se ha estado saliendo de las manos y se ha vinculado al narcotráfico, haciendo conglomerado de laboratorios auspiciasdos por parte del cartel Medellín y de "El Mexicano" Gonzalo Rodríguez Gacha", afirma en el expediente uno de los anónimos testigos al hacer referencia a las actividades Puerto Boyacá.
En cuanto a Uraba sostiene: "Tuve la oportunidad de dialogar con Víctor Hugo Martínez, el cual me comentó del plazamiento de un personal para Urabá, incluyéndose él con la esposa y es más que debían llevar esposa. Se me comentó eran más de 30 hombres... Ellos se desplazaron de Puerto Boyacá hacia Medellín, donde los recogía una persona que los patrocinaba económicamente a partir de Medellín hasta Urabá... Víctor Hugo figura con orden de captura del DAS y duró dos meses exactos en Urabá: de febrero abril y cuando llegó de Urabá lo saludé y le dije oye hermano por allá mataron una gente y él, sonriéndose, dijo que quién sabe quién sería dando a entender que había sido la organización".
El expediente incluye una información del DAS, según la cual "los sicarios y narcotraficantes que operan en jurisdicción de Puerto Boyacá, utilizan como fachada a Acdegam, tras la, cual escudan sus actividades ilicitas . De acuerdo con la información del DAS la "directiva de Acdegam está integrada por los siguientes capos de esa organización: Henry Pérez, Gonzalo de Jesús Pérez y Luis Rubio, alcalde popular de Puerto Boyacá". Se asegura en el informe confidencial del DAS que "la banda de delincuentes que regionalmente se conoce con el nombre de "Muerte a Secuestradores" es subsidiada por varios miembros del cartel de Medellín, entre quienes figuran Pablo Emilio Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Gilberto Molina, Jairo Correa y N. Matiz Guana". Por otro lado, los testimonios y el informe del DAS coinciden en que en las fincas "El Paraíso" y "El Edén", de Pablo Escobar, y en "Las Nutrias", "La Fe", "La Albania" y "Sortilegio", de Rodríguez Gacha, es donde entrenan los grupos paramilitares que se desplazan a distintas regiones del país, donde sus servicios son contratados.
En términos generales, el expediente contiene una serie de informaciones dispersas en las que por un proceso de deducciones, más que por acusaciones directas, se llega a Escobar y a Rodríguez Gacha. Los testimonios indican que personas vinculadas al narcotráfico, diferentes de Escobar y Rodríguez, organización bandas paramilitares. La asociación con estos dos nombres se hace fundamentalmente por tres razones: por haber sido fundadores del MAS, por ser propietarios de tierras en la región y por ser considera dos amigos de los narcotraficantes que directamente financian los grupos de autodefensa. Esta parte del expediente, aunque contiene un exceso de silogismos, es más concreta que la parte interpretativa. Esta última consta de un profundo análisis sociopolítico en donde las matanzas de Urabá son explicadas como consecuencia de una lucha de clases cuyos polos son la guerrilla y el narcotráfico. Como el narcotráfico es omnipresente en la región, Pablo Escobar se vuelve omnipresente en el expediente.
La argumentación de la jueces globalmente coherente pero no parece contar con los suficientes elementos probatorios. Aunque es un hecho conocido, por ejemplo, que Rodríguez Gacha es un anticomunista fanático, es muy difícil vincularlo jurídicamente con todos los muertos de izquierda. En el caso del asesinato de Pardo Leal, del cual está sindicado, se sabe que existen conflictos regionales a muerte entre sus gentes y las Farc, que pueden servir de base para una acusación en este sentido. Pero de ahí a que todo asesinato de derecha tenga su origen en "Los Extraditables" hay mucho trecho.
Lamentablemente la violencia reaccionaria en Colombia está mucho más generalizada y no se reduce a uno o dos nombres. Las teorías políticas de "Los Extraditables" en relación con la subversión, compartidas por ganaderos, terratenientes, industriales, etc., a lo largo y ancho del país,y es esto lo que ha producido e peligroso proceso de radicalizaci6n que se está viviendo en Colombia. Lo grave no es tanto que la mafia esté prestando su infraestructura para esta guerra sucia, sino que cada vez parece ser mayor el número de co lombianos que están acudiendo a estos servicios.
En todo caso la verdad es que, a pesar de lo reveladores que resultan algunos de los elementos recopilados por la investigación, los antecedentes de este tipo de procesos judiciales, en especial cuando han desembocado en señalamiento a cabezas del narcotráfico, indican que si se logran resultados seguramente tendrán que ver más con sus autores materiales que con los intelectuales. Y esto mismo impedirá que se llegue a saber, a ciencia cierta, si la vinculación de Escobar a este caso e fruto de la leyenda o corresponde a realidad.
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