El regreso al campo

El posconflicto en el sector rural supone que se han acordado las bases mínimas de manejo del problema agrario durante la etapa de la negociación y que se estarán realizando las reformas estructurales acordadas. No tendría sentido hablar, por ejemplo, de reforma agraria después del conflicto, sino de un acuerdo para realizarla y ponerla en práctica inmediatamente.

Las reformas están referidas fundamentalmente a la redistribución de activos, la política agrícola, la seguridad alimentaria, el desarrollo institucional, la descentralización y una política de desarrollo rural entendida como desarrollo territorial. Este conjunto de reformas se habrá hecho con una visión de largo plazo y no como un acto de solución coyuntural de los problemas presentes, sin pensar en el futuro con una visión de sociedad.

El acuerdo girará alrededor de una reforma rural en lugar de una reforma agraria, donde se buscará superar el paradigma de la redistribución de la tierra en pequeñas unidades familiares que no tienen capacidad de acumular y mejorar sus condiciones de vida, y que en el pasado coadyuvaron a crear más pobreza en la medida en que fueron unidades con equilibrios frágiles que cayeron rápidamente en el minifundio. El cambio apuntaría a crear unidades empresariales de pequeña y mediana escala; algunas de ellas basadas en empresas familiares rurales.

La reforma rural se maneja en el posconflicto desarrollando una serie de medidas simultáneas que confluyen a fortalecer el sector agropecuario y las actividades económicas y sociales de carácter rural, integradas a actividades urbanas y a la agroindustria.



Medidas simultaneas

En el caso de acceso a recursos las medias son básicamente: un impuesto adecuado a la propiedad territorial para quebrar la razón rentística de la propiedad, movilizar la tierra hacia el mercado, disminuir su precio especulativo y apoyar el cambio en el uso del suelo con un criterio de eficiencia agroecológico, económico y social.

Redistribución de oportunidades de generación de ingresos y creación de opciones para el uso de tierras ociosas y mal utilizadas en zonas con alta concentración de activos y conflictos en el uso del suelo. Esta política se traduce en la redistribución de derechos de propiedad sin fragmentación del uso del suelo, es decir, en la posibilidad de crear empresas y conjuntos articulados de actividades en los que participan los pequeños y los medianos propietarios, de acuerdo con sus capacidades, que eviten la fragmentación antieconómica del uso de la tierra.

Reconstrucción de la propiedad excesivamente fragmentada para conformar unidades mínimas de explotación que tengan capacidad de acumular se trata de la concentración de activos en zonas donde están fragmentados (minifundio), lo cual implica una reubicación geográfica de población y de sus actividades productivas por fuera de lo rural.

Redimensionamiento de la economía campesina con una estrategia de no crear, en términos netos, más unidades campesinas de subsistencia que el Estado no está en capacidad de apoyar y que el mercado no valora por su baja competitividad y la dificultad de usar economías de escala en servicios. Con las economías de subsistencia existentes en la actualidad es más que suficiente para que el Estado diseñe realmente una política de apoyo a ese sector y la sociedad transfiera recursos para sostenerla en lugar de descomponerla aumentando el desempleo no calificado en la zonas urbanas. La estrategia de Zonas de Reserva Campesina en zonas límites de colonización sería una excepción a la creación de más economías campesinas pero sería necesario rediscutir el concepto de economía de subsistencia. En lugar de crear economías campesinas tradicionales de subsistencia se generarían economías empresariales de pequeña y mediana escala, muchas de ellas con base en empresas de tipo familiar, en un proceso selectivo.

Creación de estímulos para el desarrollo y fortalecimiento de la mediana propiedad empresarial eficiente, sea con incentivos a la inversión, la regulación de un mercado de alquiler de tierras de mediano y largo plazo y líneas de crédito no subsidiadas para la adquisición de tierras y activos para los negocios rurales.

Estratificación de la población rural para distinguir, en el caso de las economías campesinas, lo que constituye un problema social y lo que es un problema productivo. Esto conlleva a políticas diferenciadas para atender sectores con capacidad y posibilidad de vivir de la agricultura y acceder a más activos, y aquellos que por su condición no lo pueden hacer. A los más pobres se les deben brindar oportunidades de empleo no agrícola en empresas organizadas para tal fin, con fuertes procesos de capacitación que permitan a los migrantes competir en los mercados laborales. El hecho de ser pobre no da automáticamente el derecho a ser propietario de tierra, que además no es la única ni mejor opción. Lo que debe ser claro como política de Estado es que estos sectores deben tener opciones de empleo e ingreso en la economía y la sociedad colombiana, para lo cual deben prepararse a través de programas públicos, ofreciendo el Estado opciones conjuntas con el sector privado a través de mecanismos competitivos.

Un proceso selectivo de los beneficiarios potenciales de tierras, activos y subsidios, a través de fondos competitivos (acceso a tierra, crédito, asistencia técnica, infraestructura de riego, recursos para fortalecer las organizaciones de productores y formar capital social, capacitación, inversión de riesgo, etc). Estos fondos son solamente para pequeños propietarios y productores que tienen capacidad de vivir de la agricultura; para los que no la tienen operan fondos de compensación social.

Se configuran áreas geográficas de concentración de la acción del Estado para evitar la dispersión en la prestación de servicios y el desarrollo institucional, conformando áreas críticas de desarrollo y de creación de capital social.

Se usa la extinción de dominio de las tierras adquiridas ilícitamente, las cuales pasan a conformar empresas donde participan pequeños y medianos productores con manejos empresariales, pero también donde se reubican desplazados sin tierra y comunidades de las zonas cocaleras que se incorporan a actividades lícitas y productivas.



Los desmovilizados

Adicionalmente están las soluciones que deben ofrecerse a los cambatientes que finalmente se desmovilicen y se incorporen de nuevo a la sociedad, con todos sus derechos y obligaciones; así como las pertinentes para los desplazados por la violencia.

Para los desplazados con tierra el problema está en cómo recuperar sus derechos de propiedad que han sido vulnerados y desconocidos de manera violenta, generando un desarraigo del medio. No se trataría de ubicarlos en zonas diferentes a aquellas donde han vivido y trabajado, sino en recuperar esas zonas y sus propiedades y reconstruir sus asentamientos mediante proyectos productivos y alianzas; allí el Estado tiene una actuación fundamental: si las tierras no se les devuelven adecuadamente, debe intervenir expropiando directamente a aquellos que se han apropiado de ellas, y estableciendo condiciones y acuerdos para que puedan regresar. Pero el regreso puede tener dos modalidades: a) los que quieren regresar a lo mismo que hacían antes en economías de subsistencia donde persiste la pobreza; y b) los que regresarían bajo nuevas condiciones productivas y de acceso a recursos para superar la pobreza, vía proyectos empresariales de pequeña escala, para lo cual se requerirá un programa de capacitación, acuerdos con otros agentes (alianzas) desarrollo de mercados, etc. El caso a) sería de reinstalación y el b) de recomposición y reestructuración de condiciones; ambos requieren proyectos diferentes e intervención estatal. Una tercera alternativa, que no debe descartarse, es la de quienes no quieren regresar al campo.

En los casos a) y b) debe partirse de que las tierras sean aptas para la producción; en el caso de que no sea así, en la situación a) se trataría de una recuperación de la vivienda, que debería ir acompañada de un programa de generación de empleo e ingresos extraprediales. Debe ser claro que la solución del problema de los desplazados no puede seguir siendo casuístico como hasta ahora, ello requiere una estrategia integral desarrollada por fases.

Para los combatientes (sean paramilitares o guerrilleros) que finalmente no se logren incorporar como fuerzas militares regulares del Estado son necesarios también programas específicos dentro de la reforma rural. Existirían varias alternativas: incorporarlos como campesinos en economías de subsistencia, que no es la mejor solución desde el punto de vista del desarrollo, pero que es viable en algunos casos; incorporarlos en pequeñas y medianas empresas rurales que se conformen en zonas específicas: o entrenarlos para trabajar en microempresas y agroindustrias, en la prestación de servicios ambientales, etc. Allí debe pasarse por un tiempo adecuado para la readaptación a la sociedad, con programas específicos de capacitación y vinculación a proyectos que generen ingresos estables. Muchos de estos proyectos deberán ser financiados por el Estado (la sociedad) en sus primeras fases, con ayudas en un horizonte limitado. La incorporación en Zonas de Reserva Campesina puede ser una de las mejores opciones para los combatientes, pero no es la única. Otros pueden migrar a las zonas urbanas con proyectos también hechos a la medida del problema de adaptación.

Todo lo anterior implica un cambio de la institucionalidad actual del sector para manejar criterios competitivos en la asignación y acceso a recursos, tener mecanismos de control social, descentralización de la acción pública, nuevas formas y arreglos de participación del sector privado, incentivos, etc. Un esfuerzo muy grande debe hacerse en mejorar apreciablemente el acceso a conocimiento como una forma universal de la acción pública. También se requiere una nueva visión de lo rural que vaya más allá de lo agrícola y primario y procesos de creación de nuevas culturas institucionales.