EN EL OJO DEL HURACAN

Para algunos es un poder omnipotente que debe ser controlado; para otros, su independencia es la única tabla de salvación frente a un gobierno irresponsable en el gasto. Con sus acertadas decisiones ha evitado que la crisis económica se agudice, dicen sus amigos. Es responsable en gran medida del agravamiento de la recesión, alegan sus detractores. Hoy en día pocas instituciones son más controvertidas que la Junta Directiva del Banco de la República. Una junta que preferiría mantenerse al margen de los debates en la arena política, que se siente incómoda ante los vaivenes de la opinión pública y que próximamente estará de nuevo en el ojo del huracán. Tres hechos la colocarán en esa situación: en noviembre se fijará la meta de inflación para el próximo año, en diciembre se sabrá si la reforma constitucional pasó el primer examen en el Congreso y en febrero entrarán dos nuevos miembros a la Junta. Para la gran mayoría de los colombianos la Junta Directiva del Banco de la República es una institución abstracta y lejana que no afecta de manera alguna su vida. Pocos conocen qué hacen sus siete miembros y tampoco les importa mucho. Se verían en serios aprietos si fueran obligados a citar los nombres de los integrantes de esa institución monetaria. Y aunque posiblemente podrían adivinar el del Ministro de Hacienda, no lo harían porque no saben que forma parte de ella. Pero esa indiferencia de la opinión pública no se refleja en los mentideros políticos, económicos y académicos, en los cuales las actuaciones o no actuaciones de la Junta son seguidas con lupa. SEMANA consultó a varios analistas, divididos por igual entre defensores y contradictores de la Junta, que curiosamente son al mismo tiempo enemigos y amigos del gobierno. Como parece ser la norma en Colombia en estos días de crisis política, no hay un punto medio. El que respalda a la Junta es visto como un opositor de la administración Samper; el que critica las decisiones que adopta el Banco es considerado un aliado del gobierno. Todos reflexionaron sobre la responsabilidad de la Junta en el manejo de la inflación, su independencia y sobre qué se puede esperar cuando se produzca el relevo de dos de sus miembros.

En retirada
La lucha contra la inflación es por mandato constitucional una de las principales responsabilidades de la Junta, y sin duda un difícil hueso de roer. Es evidente que no se cumplirá la meta de 17 por ciento fijada para este año. El más optimista prevé una inflación de 19,5 por ciento, aunque la mayoría de los analistas la sitúan entre 21 y 22 por ciento, superior a la del año pasado. De todas maneras se quebró la tendencia a la baja de los últimos años. Para Javier Fernández Riva, ex presidente de Anif, la explicación es simple: "durante el período expansivo de tasas de interés bajas y reducción de la inflación (septiembre 1991-1994) no hubo autoridad monetaria. El abaratamiento de los bienes transables debido a la reducción de los aranceles por la apertura y la revaluación bajaron la inflación sin que la Junta hiciera nada. Se ha creado un mito risible sobre las virtudes de la Junta de Gaviria. En 1993 la inflación era de 22,6 por ciento y en 1996 va a estar casi en lo mismo. Entonces, ¿cuál es el éxito de las políticas monetarias?". María Mercedes Cuéllar de Martínez, quien renunció hace dos meses a su cargo en la Junta, afirma que el problema radica en que "el gobierno promete recortes en el gasto, la Junta hace predicciones basadas en esa presunción y a la hora de la verdad si no se cumplen el culpable ante la opinión pública es el Banco. La realidad es que la Junta no puede manejar la inflación sin el concurso del gobierno, ya que el sector público define mucho los resultados. Existen, además, problemas de comunicación entre el gobierno y la Junta. No siempre hay transparencia en la información compartida. Por ejemplo, no se sabe a ciencia cierta qué pasó con las finanzas municipales en 1995. En esta era de descentralización fiscal esas cifras son fundamentales para definir cualquier política". Otro analista consultado por SEMANA, que prefirió guardar su anonimato, consideró un error hablar del fracaso de la meta de la inflación. Es más, cuestionó lo que llama la obsesión de la Junta por la inflación y dijo que ésta tiene que ampliar sus objetivos. Y otro más dijo que, por el contrario, el problema radica en que la Junta ha ido cediendo ante las presiones del gobierno y la prueba de ello es que ha subido la inflación. Fernández piensa, por el contrario, que "la Junta es hoy más disciplinada. Se dio cuenta que había permitido una expansión brutal en los primeros años". Sobre la meta de inflación de 1997, que debe ser inferior por ley al resultado de este año, Cuéllar de Martínez dice que no puede ser superior al 20 por ciento. Sería tirar la toalla y renunciar a una política establecida. También le preocupa qué pueda ocurrir con el el salario mínimo ya que teme que el gobierno ceda demasiado en este campo. Hay cierto consenso en que la Junta apuntará a una inflación del 18 ó 19 por ciento, aunque será muy difícil para el gobierno negociar un salario mínimo inferior a esa cifra. "Pretender quebrar la inercia inflacionaria por el lado de los salarios no es factible -aseguró uno de los analistas-, aunque en el caso del sector público sí es viable bajar los sueldos como lo propuso el Ministro de Hacienda".

La espada de Damocles
Después de la inflación, la independencia de la Junta encabeza la lista de preocupaciones tanto de sus detractores como de sus amigos. Los primeros quieren recortarla y los segundos defenderla contra viento y marea. El gobierno tiene lo que algunos analistas han bautizado la espada de Damocles sobre la Junta. La espada es de tres filos: la propuesta reforma constitucional que recortaría la autonomía de la Junta, el cambio de los miembros que se avecina en febrero del año entrante y los frecuentes ataques públicos contra el Emisor. El Ejecutivo se aprovecha de la juventud de esta institución, que fue creada hace sólo cinco años y aún no se ha consolidado plenamente, explica Cuéllar de Martínez. La reforma constitucional tiene muchos adeptos en el Congreso ya que la Junta es considerada como una rueda suelta y a más de un legislador le gustaría cortarle las alas. El gobierno ha sido ambivalente frente a la reforma: se muestra interesado en promoverla cada vez que quiere que la Junta adopte alguna política favorable a sus intereses. Cuando las relaciones andan bien, la reforma se congela. La reforma se ha convertido en una de las más útiles herramientas para ejercer presión sobre el Emisor, dice uno de los analistas. Los miembros permanentes de la Junta _el gerente, los cinco codirectores y el Ministro de Hacienda_ son de las personas más respetadas y admiradas en su campo en el país. Aunque el cargo tiene desventajas, como el sinnúmero de inhabilidades e incompatibilidades que vienen con él, es muy apetecido. Los analistas consultados por SEMANA afirman que si los actuales miembros fueran ratificados por el Presidente aceptarían sin mayores complicaciones. De alguna manera la incógnita sobre si se van o si se quedan es un arma que puede utilizar el gobierno a su favor. Se ha vuelto el pan de cada día que el gobierno actual dirima sus diferencias con la Junta públicamente. Si la inflación no baja, el gobierno dice a los cuatro vientos que la Junta ha fracasado en lograr su meta. Si los intereses siguen por las nubes, la responsable es la Junta. "Le echan el agua sucia", dice Cuéllar de Martínez. Esta presión de alguna manera coarta su independencia. En los países industrializados, como Alemania, Suecia y Estados Unidos, la Junta tiene mucha más autonomía y los gobiernos manejan con mayor discreción sus diferencias con el Banco Central. No todos los analistas consultados comparten, sin embargo, la tesis de la espada de Damocles. "La Junta -afirmó uno de ellos- es omnipotente. No le rinde cuentas a nadie. Una Junta cuyo único objetivo es bajar la inflación debería responder ante alguien por los errores de su política, como el freno que le puso a la economía. En Estados Unidos, por ejemplo, los directores del Federal Reserve deben compadecer ante el Congreso. No podemos creer que vivimos en una democracia participativa si existen instituciones sin controles de alguna clase. Es necesario que se reglamenten las relaciones de la Junta con los otros poderes del Estado".

Vientos de cambio
Los analistas consultados por SEMANA coinciden en dos puntos: en febrero el Presidente nombrará dos nuevos miembros a la Junta y sin duda serán profesionales serios y bien preparados. El gran interrogante es si esa Junta modelo 97 seguirá el mismo camino de ahora o si habrá cambios importantes. Si los nuevos nombramientos recaen en profesionales adeptos al gobierno es posible que esa Junta devalúe más y fije una banda cambiaria más alta y muy estrecha. Según Cuéllar de Martínez, no importa quién quede en febrero. Lo importante es lo que pase en noviembre con el presupuesto, la meta de inflación y el salario mínimo. Las decisiones que se adopten serán clave ya que el gasto público está desbordado desde 1991 y se han reducido significativamente los márgenes de maniobrabilidad. Pero hay quienes esperan una Junta más activa que la actual. De acuerdo con uno de los expertos consultados, a los actuales miembros de la Junta "no parece interesarles la economía. Tienen a quién echarle muerto: la crisis política. Han llevado a la economía a una situación preocupante. Ellos mismos han comenzado a corregir algunas de sus políticas erradas, aunque es un poco tarde. Hace seis meses decían que la economía estaba recalentada". Entre las medidas que aspira que adopte la Junta, la actual o la renovada, están el bajar el piso de la tasa interbancaria de 25 a 20 por ciento, el disminuir los encajes de los CDT, que han generado una situación de desventaja para los intermediarios y que favorece a los bancos de cuentas corrientes grandes y, finalmente, la compra de dólares por parte del Emisor para darle liquidez a la economía y evitar la revaluación. Es evidente que en lo que se refiere a la Junta obtener un consenso es casi imposible. Es diciente, sin embargo, que los analistas coincidan en defender la independencia de la Junta, aunque con diferentes matices. Lo cierto es que en noviembre, diciembre y febrero el Emisor, el gobierno y el Congreso adoptarán decisiones que tendrán grandes repercusiones en la política económica del país.