Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2003/12/21 00:00

¿Es viable devolver a 'Frankenstein' al laboratorio?

El gobierno inició un proceso de paz con las autodefensas que enfrenta mucha resistencia, pero si no se intenta las cosas se pueden poner peor.

¿Es viable devolver a 'Frankenstein' al laboratorio?

Una de las iniciativas mas audaces y, a su turno, más arriesgadas del actual gobierno ha sido la apertura de un proceso de negociación con los grupos de autodefensa. Esta iniciativa política ha significado un quiebre histórico frente al inmovilismo y los titubeos de las élites colombianas respecto a este espinoso tema, a lo largo de más de dos décadas. Las actitudes de los distintos gobiernos que se han sucedido desde el inicio del paramilitarismo a principios de los años 80, oscilaron entre la convivencia pragmática, el apoyo encubierto o la simple indiferencia.

Las élites políticas crearon, pues, por acción u omisión, este 'Frankenstein' que sólo hasta ahora el gobierno de Uribe intenta devolver al laboratorio. ¿Es viable, a estas alturas del conflicto interno, un proceso de desmantelamiento de los grupos de autodefensa? ¿Está en capacidad el Estado de recuperar el control del territorio, en ausencia de las autodefensas? ¿Es viable una política de perdón y olvido frente a los graves crímenes de lesa humanidad perpetrados por estos grupos ilegales?

Desde el inicio de su mandato, el presidente Alvaro Uribe planteó su plena disposición para entrar en un proceso de negociación con las autodefensas bajo una condición básica: un cese al fuego unilateral, reflejado en su consigna "Ni un colombiano más asesinado". Pocos meses más tarde, en diciembre de 2002, el bloque mayoritario de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acogió la iniciativa presidencial y anunció un cese total de hostilidades en sus áreas de influencia, ante lo cual el gobierno reaccionó positivamente designando una comisión exploratoria para un eventual diálogo de paz, dirigida por el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y compuesta por Carlos Franco (director de la Oficina de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República), Gilberto Alzate, Eduardo Espinosa, Jorge Ignacio Castaño, Ricardo Avellaneda y Juan B. Pérez.

Tras siete discretas reuniones, el 23 de marzo de 2003, culminó la llamada fase de "acercamiento" entre la comisión gubernamental y los representantes de los grupos de autodefensa (entre quienes se encuentran Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, 'Don Berna', y otros 34 dirigentes de estas organizaciones), y se inició la etapa siguiente llamada de "negociación", en la cual se deben acordar las condiciones para la reincorporación de miles de combatientes. Las cifras oscilan entre 8.000 y 20.000 miembros. La entrega de 850 componentes del Bloque Cacique Nutibara en Antioquia constituyó sólo el primer episodio de un proceso lleno de sobresaltos que puede prolongarse por mucho tiempo.

No se trata de un arreglo fácil. Estas negociaciones enfrentan serias resistencias provenientes de múltiples sectores. En primer término, por parte de los sectores que simpatizan o apoyan a las AUC y quienes consideran que, ante la incapacidad de la Fuerza Pública para controlar el territorio, los grupos paramilitares constituyen un complemento esencial para garantizar la seguridad regional. Este es el caso, por ejemplo, del polémico hacendado del departamento de Córdoba, Rodrigo García: "También ha dicho Castaño que el gobierno tiene que garantizarle que aquí habrá protección de toda la región porque él no la puede abandonar. Ahí hay una condición clarísima que no sé si el gobierno está en condiciones de cumplirle, pero lo que está pidiendo Carlos no es un territorio para él, sino que el Estado se haga cargo de la región, que nos dé a las personas que vivimos aquí la paz y la tranquilidad que tenemos. El no está pidiendo guerra. Está pidiendo paz. Y nosotros estamos pendientes de que lo oigan porque es un clamor general. Todos estamos aquí con el temor de que Castaño entregue las armas. ¿Y qué viene después para nosotros, quién nos va a garantizar que no se va volver a armar el infierno?". ("En Córdoba tenemos temor de que Castaño entregue las armas", Cromos, 16 de marzo de 2003).

En segundo término, una oposición radical de las Farc y el ELN, para quienes las negociaciones del gobierno con las AUC cierran a su turno cualquier posibilidad de negociación con la guerrilla. Para estos grupos, no solamente es inaceptable una solución distinta a la militar para el fenómeno de los grupos de autodefensa, sino que rechazan un proceso simultáneo en el cual se acuerde una agenda paralela y de obligatorio cumplimiento para uno y otro bando, tal como se diseñó en el proceso de paz centroamericano con base en los Acuerdos de Esquipulas II. Por ejemplo, una entrega de armas el mismo día o un decreto único de amnistía o indulto para unos y otros.

En tercer término, existe una oposición de algunas ONG de derechos humanos las que acusan al gobierno de querer impulsar un proceso de paz con impunidad, es decir, según éstas, sin contemplar penas de prisión para los responsables de graves crímenes de lesa humanidad. Incluso, José Miguel Vivanco, miembro directivo de una de las pocas organizaciones estadounidenses serias sobre el tema de derechos humanos en Colombia, Human Rights Watch, ha planteado que la desmovilización de 850 miembros del Bloque Cacique Nutibara fue un simple show de televisión, que se trata de un proceso sin norte, improvisado y con serios cuestionamientos en el plano jurídico ("Nada impide que Castaño reemplace los combatientes desmovilizados", entrevista con José Miguel Vivanco, Semana.com, primero de diciembre de 2003).

En cuarto término, otro de los obstáculos para un resultado exitoso se origina en las propias filas de los grupos de autodefensa, dada la desconfianza que existe en algunos de sus componentes hacia este proceso. Aun cuando el grupo mayoritario de las AUC está participando en el proceso de paz (ante todo, las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá), otros grupos regionales intervienen con múltiples reticencias o simplemente están marginadas y a la expectativa. La derivación de algunos líderes paramilitares hacia simples "señores de la guerra" -es decir, como ocurre en múltiples conflictos armados en Africa y Asia, de "empresarios de la violencia" que a cambio de sus servicios de seguridad amasan inmensas fortunas personales-, agrava este panorama.

Por último, existen dificultades de orden internacional. La más compleja proviene de la declaratoria de las AUC como una organización terrorista en las listas negras del Departamento de Estado, la Unión Europea y, recientemente, de Canadá. O, lo que es aún más complejo, la declaración de Washington de su intención de solicitar en extradición a la cúpula de las AUC a Estados Unidos para que respondan por los delitos de tráfico de drogas y terrorismo. ¿En el caso de Washington se trata de una "mediación con músculos" ("mediation with muscles"), es decir, ¿una forma de presión para lograr una rápida desmovilización de las AUC o se trata de una política inmodificable e innegociable? No tengo una respuesta. En el primer caso, esta fórmula puede ser un elemento positivo, mientras que en el segundo puede dificultar enormemente las negociaciones.

Pero además de estas resistencias, no es fácil en el contexto actual de Colombia (bajo crecimiento económico, déficit fiscal) generar condiciones de vida y empleos productivos atractivos para miles de jóvenes. Sobre todo, si se tienen en cuenta las reticencias de la comunidad internacional para participar en un proceso de paz y reinserción con unas organizaciones tan gravemente cuestionadas. Esta reserva puede hacer abortar por sí solo el proceso de paz, dada la importancia que tendría la presencia de un actor internacional de peso (ya sea Naciones Unidas o la Unión Europea), tanto para generar un clima de garantías para la reinserción de este movimiento a la vida civil, como para el aporte de los enormes recursos financieros que conlleva la desmovilización de un número tan grande de combatientes. El único organismo multilateral que se ha comprometido con este proceso ha sido la Organización de Estados Americanos (OEA), lo cual ha sido enormemente positivo. Pero es, a todas luces, insuficiente.

Frente a esta multiplicidad de obstáculos, no es fácil predecir el futuro de las actuales negociaciones de paz. Un eventual fracaso llevaría, a mi modo de ver, a una desagregación total de las AUC en una multitud de grupos regionales autónomos y con vínculos aún más orgánicos con el narcotráfico. En la memoria de los colombianos todavía está fresca la degradación de las guerrillas liberales y las 'contrachusmas conservadoras de la época de 'La Violencia' convertidas en bandas de bandoleros. ¿Estamos expuestos a una degradación similar o, incluso, peor dadas la sofisticación de las armas y el monto de los recursos en posesión de estos grupos? Se trataría, a todas luces, de un escenario indeseable para el futuro del país.

Por ello, los colombianos deben apoyar el proceso de negociación con los grupos de autodefensa. Pero, este proceso no puede llevarse a cabo a cualquier costo: los responsables de crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados y condenados, ya sea por la justicia colombiana o, en su defecto, por la comunidad internacional.

*Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

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