Hacer ciudad

Octaviano es uno de los miles de habitantes de un barrio pirata en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Pasó las duras y las maduras para reunir la cuota inicial de un lote que compró hace tres años, el mismo en el que levantó los 70 metros cuadrados en los que convive con su esposa, sus cuatro hijos y dos perros que hacen las veces de mascotas de la familia. Además de pagar por el lote y los materiales de la casa, Octaviano ha tenido que rebuscarse la plata para pavimentar la calle, adelantar mil trámites infructuosos para que le instalen una línea telefónica, y hacer uso de toda su paciencia a ver si el concejal que lo visitó en época de elecciones, le cumple con otras tantas promesas como la construcción de los andenes y un puesto de salud. Al lado de su casa se levanta otra en condiciones semejantes y en varios muros de la vecindad se lee el mismo ofrecimiento ‘Venta de lotes’.

Octaviano es uno de los 2.500.000 habitantes de una Bogotá ilegal, plagada de necesidades básicas insatisfechas. No hay escuelas, no hay alcantarillado, no hay parques, no hay transporte público ni puestos de salud. Las casas se levantan por pedazos: una pared, una puerta, una fachada en latones que poco o nada protege del frío. Con razón se ha dicho que los urbanizadores piratas son el peor cáncer para cualquier ciudad. Gracias a ellos, Bogotá crece ilegalmente tres hectáreas cada semana, y lo hace a costa de la ingenuidad de los más pobres, lo que genera un costo económico y social imposible de pagar para la ciudad. La crudeza de esta realidad genera dos interrogantes inmediatos: ¿Cómo mejorar la calidad de vida de estas personas?, y ¿cómo luchar contra los urbanizadores piratas y ofrecer a los más pobres una vivienda en condiciones dignas?

Se trata de dos misiones que parecen imposibles. Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá está haciendo frente al problema desde dos puntos: uno, es el programa de mejoramiento de barrios, más conocido como desmarginalización y otro, es la planeación urbanística y la puesta en marcha de tres grandes proyectos de vivienda de interés social a través de Metrovivienda.

Gracias a estas dos entidades, hoy es posible coordinar los esfuerzos de las diferentes instancias de la administración distrital para la recuperación de las zonas marginadas de la ciudad. Lo que antes hacía cada quien por su lado, ahora se planea y se dirige ordenadamente, de modo que —por ejemplo— la Empresa de Acueducto o la ETB no rompan las vías que previamente ha terminado el Instituto de Desarrollo Urbano.



Nunca es tarde

El programa de desmarginalización o mejoramiento de barrios ha permitido elaborar un diagnóstico real de las necesidades inmediatas de los barrios piratas y coordinar las acciones para tratar de aliviarlas. Por supuesto, cuando una ciudad crece sin ningún tipo de planeación, de diseño urbanístico y sin las previsiones mínimas en términos de servicios públicos, los esfuerzos no acaban el problema aunque logren reducir su magnitud. Sin embargo, el programa ha desarrollado acciones importantes en dos frentes. En primer lugar, ha conseguido que la legalización de los barrios, que podía tardar hasta ocho años, sea un proceso que toma en promedio siete meses, por lo que hasta finales del año pasado se habían legalizado 322. Mediante este proceso, obtienen una suerte de ‘cédula de ciudadanía’ que los incorpora oficialmente al mapa de la capital. En segundo lugar, el programa ha permitido la estructuración de 59 zonas que ocupan una extensión de 1.500 hectáreas en las que habitan 500.000 personas de los estratos más pobres. Según las cifras suministradas por éste, se adelantan proyectos de acueducto y alcantarillado, pavimentos locales, arborización, construcción y mejoramiento de parques de barrio, colegios, hospitales y jardines sociales que beneficiarán a cerca de 200 barrios. Y aunque se lograron avances significativos durante la gestión de Enrique Peñalosa, lo cierto es que el programa sólo cubrió un 25 por ciento del objetivo que debe obtener la ciudad para salir de su atraso en términos de infraestructura, lo que hace prever que los retos en este campo son enormes, lo mismo que los recursos necesarios para mejorar la cobertura en las zonas más críticas como Ciudad Bolívar, Usme, Bosa y Suba.



Vivienda digna

Otro de los caminos para librar la guerra contra los urbanizadores piratas es hacerles competencia mediante la oferta de vivienda de interés social. Desde su creación en 1998, Metrovivienda está al frente de tres grandes proyectos de este tipo, únicos en la historia del país. En su gestión, vale la pena destacar tres aspectos fundamentales.

En primer lugar, está democratizando el acceso de los más pobres a la vivienda de interés social. Los esquemas tradicionales como la Caja de Vivienda Popular, habían colapsado por el simple hecho de que tenían a su cargo desde la ejecución de los proyectos de vivienda de interés social hasta el otorgamiento de los créditos a los beneficiarios. “Con ese sistema, la entidad hacía de constructora y de banquero. Mientras que Bogotá necesitaría hoy un promedio de 45.000 viviendas de interés social al año para satisfacer la demanda, la Caja de Vivienda sólo alcanzó a hacer 20.000 en sus 54 años de vida”, dice Andrés Escobar, gerente de Metrovivienda.

En segundo lugar, ha creado un novedoso sistema conocido como ‘banco de tierras’, mediante el cual el Distrito aporta el diseño urbanístico, adquiere los predios, los dota de redes completas de servicios públicos, reserva los espacios para la construcción de parques, colegios, zonas verdes, calles pavimentadas, andenes, alamedas, etc., pero abre un concurso entre las firmas constructoras para que sean éstas las que levanten las casas de acuerdo con las especificaciones del proyecto y a las condiciones que exige un programa de vivienda de interés social. “Es muy importante aclarar que nosotros no construimos casas. Lo que realmente vendemos es urbanismo y nos encargamos de garantizar que la calidad de vida de la gente que compra legalmente, sea la mejor”, agrega.

Finalmente, Metrovivienda se ha convertido en una verdadera opción para que las personas más pobres tengan acceso a una vivienda digna a un precio justo. Mientras que un urbanizador pirata vende un lote que no incluye redes completas de servicios, espacio público ni vías pavimentadas, Metrovivienda literalmente ‘regala’ ciudad. “La gente que compra su casa con todas las facilidades y a un precio por el que los piratas le venden un lote pelado, no sólo se convierte en propietario sino que además los parques, los andenes, las alamedas, las ciclorrutas y todo el entorno ambiental y urbanístico le salen gratis”, concluye Escobar.