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| 6/13/1983 12:00:00 AM

¿HACIA DONDE VA CHILE?


Son muy escasas las posibilidades que tiene Chile de recuperarse, en el mediano plazo, de la honda crisis en que la sumió su más reciente política económica.

Puede afirmarse, sin lugar a dudas, que esta situación es el resultado de la aplicación de un modelo económico equivocado y de la obstinación con que se llevó adelante sin prever el alto costo social y político que irremediablemente ha tenido.

El Producto Nacional Bruto en 1982 se redujo en un 14% en relación con el año anterior; el desempleo y el subempleo afectan a más de un millón de ciudadanos que representan el 30% de la fuerza de trabajo, Ia devaluación, en el último año, ha sido del 100 % y, aunque la inflación ronda por el 25%, el retraso en los reajustes salariales deteriora progresivamente la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora.

Ahora mismo el país se enfrenta a un reto particularmente crítico. La renegociación de su deuda externa que alcanza el límite de los 18.000 millones de dólares. El mantenimiento, a toda costa, de un cambio fijo que buscaba primordialmente el aliento de las importaciones no sólo afectó gravemente la industria nacional sino que indujo un proceso de endeudamiento excesivo del cual, difícilmente, podrá reponerse la economía en los próximos años.

Ha sido pactada, hasta los primeros días de mayo, una moratoria mientras se acuerdan los nuevos plazos y se obtienen mil quinientos millones de dólares adicionales que vengan a reanimar el aparato productivo, severamente golpeado por la insuficiencia de recursos en moneda extranjera. El 80% de sus ingresos, por exportaciones, se aplica hoy a la atención de la deuda de tal manera que sólo un remanente de ochocientos millones de dólares sirve para satisfacer requerimientos que montan a los 3.400 millones de dólares al año.

Cualesquiera sean la forma y los términos en que finalmente se renegocien las acreencias pendientes, es manifiesta la grave restricción a que quedará sujeta la economía chilena:sus ingresos habrán de comprometerse, en una proporción considerable, en el pago de los antiguos y los nuevos créditos debiendo frenar drásticamente el volumen de sus importaciones ordinarias con el consiguiente efecto que esta política inevitable tendrá sobre los niveles de la inversión, la producción y el empleo.

El Plan de Emergencia, recientemente propuesto por el gobierno, contiene medidas de carácter coyuntural que no apuntan al fondo mismo de la crisis. Carecen, por ello, de virtualidad para alcanzar el objetivo básico de recuperar niveles satisfactorios de actividad económica y, sobre todo, de impedir la propapagación de un creciente estado de desasosiego que puede alterar seriamente el orden social y quebrantar la propia estructura del régimen.

Contra toda evidencia, el gobierno se empeña en defender la vigencia del modelo económico afirmando que éste sólo requiere de ajustes y perfeccionamientos. La realidad es otra:las determinaciones que se adoptan implican una rectificación fundamental de recetario neoliberal mediante una intervención, cada vez mayor, del Estado que es tanto más necesaria cuanto más patente es el descalabro sufrido.

El remedio, sin embargo, ha sido tardío. La declinación económica y el empobrecimiento de la población repercuten, fatalmente, en la actitud política de los ciudadanos frente al régimen. A la frustración de las ilusorias metas propuestas, con todas las secuelas sociales que acarrea, sigue irremediablemente el aflojamiento de los goznes en que el gobierno se apoya. El descontento que no tiene origen político se expresa finalmente contra el sistema y concurre a fortalecer las corrientes de opinión que se le oponen por razones estrictamente ideológicas.

Este ha sido el factor determinante del consenso que han conseguido los partidos de la derecha, el centro y la izquierda democrática que buscan, unidos una alternativa capaz de asegurar, pacíficamente, el retorno a la democracia representativa.

No es éste un camino llano. El gobierno se aferra a los principios de su propia institucionalidad nacida del, plebiscito de 1980; aplica, con particular rigor, medidas de excepción para reprimir la oposición; se niega, radicalmente, a aceptar la posibilidad del resurgimiento formal de los partidos y rehusa, desde luego, la perspectiva de una confrontación de la opinión para formar libremente un nuevo gobierno.

Los días difíciles están por venir. El país espera, intranquilo, la refinanciación de su deuda externa. Pero éste es solamente un paso hacia una nueva realidad económica y social marcada por el sacrificio y la austeridad y cuyos desarrollos bien pueden conducir, con dificultades y traumatismos previsibles, a una nueva realidad política.
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