Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2003/09/07 00:00

Hermanar a las víctimas

Hoy no se atiende a todos los perjudicados por el conflicto armado por igual. Se debe crear una sola entidad para mejorar la atención y deslegitimar a los violentos.

Cuando la seguridad y la justicia no pueden proteger a la gente y los actores armados no respetan los derechos de los que no están combatiendo el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las víctimas del conflicto. Desaparecidos forzosos, secuestrados, amenazados, asesinados, afectados por acciones terroristas, desplazados y torturados y sus familias son todos perjudicados por la guerra.

Los investigadores encontraron que no a todos se les atiende por igual, ni se les mira en conjunto, y que además no se disponen recursos suficientes para atender mínimamente las obligaciones y hay ineficacia en las instituciones.

Los que han sido desaparecidos en forma forzada cuentan con la Comisión de Búsqueda, que debe intentar dar con ellos, pero ésta no tiene funcionarios estables que puedan realizar búsquedas urgentes ni dispone de recursos para montar sistemas de información que permitan cruzar información de NN, entre otras carencias.

Las entidades antisecuestro se dedican sobre todo a rescatar secuestrados y a perseguir a los autores. Prácticamente no existe atención para atender a los familiares de secuestrados, ni tampoco a darles ayuda sicológica para la reinserción en la sociedad a los secuestrados una vez quedan libres.

Los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, los testigos a violaciones de derechos humanos, los miembros del Partido Comunista y la Unión Patriótica, los periodistas y los alcaldes, concejales y personeros que son amenazados son atendidos por un programa del Ministerio del Interior. Sin embargo, el acceso a la protección no siempre tiene criterios claros, no hay apoyo legal a las víctimas, ni las amenazas son objeto de investigación.

Los perjudicados por atentados terroristas reciben ayuda de la Red de Solidaridad y del Fosyga, pero los recursos son insuficientes.

El sistema general de atención a los desplazados tiene problemas de coordinación, no tiene una carta de navegación, y si bien ha logrado una eficaz atención a quienes se han desplazado en forma masiva, no lo ha logrado con los que lo hacen en forma individual. Entre 1999 y 2002 apenas se cubrió 43 por ciento de la demanda en atención humanitaria de emergencia.

El informe reconoce que ha habido avances porque hay regímenes jurídicos, instituciones y experiencias que hacen que el país hoy le dé una mejor atención a las víctimas del conflicto. Pero hay cambios de fondo que hacer. Para empezar, que no se dejen algunas víctimas por fuera, como a los torturados, los familiares de muertos fuera de combate o las poblaciones sitiadas por los grupos armados, que no tienen acceso a salud o a alimentos esenciales.

Además hay cierto sesgo en la atención que les da mayor prioridad a las víctimas de la guerrilla que a las de agentes del Estado, por su acción u omisión. Pero lo más grave es que la atención sea fragmentada, lo cual genera inequidades, debilita la capacidad de consecución de recursos, impide aprovechar experiencias acumuladas en atender a unos perjudicados para atender a otros, entre otras cosas.

De ahí que la recomendación principal del informe sea centralizar la atención bajo una sola institución y, si esto no es posible, por lo menos crear una instancia en la que se reúnan las diversas entidades y puedan planear estrategias de manera conjunta (ver otras recomendaciones en recuadro). El objetivo último de la política lo explica bien el informe: "El hecho de que el Estado, apoyado por la sociedad, atienda a todo tipo de víctimas del conflicto armado, tiene un alcance hondo: hermana a todos los damnificados de una guerra absurda como beneficiarios de la solidaridad de sus conciudadanos y deslegitima a quienes han hecho la guerra para alcanzar sus objetivos".

Recuadro

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