Julio 4 de 1991 <br>Una constitución para perdurar

El 4 de julio de 1991, cuando sancionamos la nueva Constitución de Colombia, en medio de los acordes del Mesías de Handel interpretado por la Orquesta Sinfónica de Colombia, en el salón elíptico del Capitolio Nacional sabíamos que estábamos escribiendo una página duradera en la historia del país.

Un conjunto de condiciones difíciles de alinear habían posibilitado el hecho. El bloqueo de varios intentos de reformas urgentes a la antigua Carta de 1886, la esperanza que despertó la paz firmada por el M-19, la obsolescencia conceptual de una Constitución de más de un siglo, el descuido de la clase política recién elegida al Congreso frente a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el valor de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la época al abrir la posibilidad de un proceso constituyente sin restricciones, la reconciliación de antiguos contrincantes como Álvaro Gómez y las guerrillas desmovilizadas generaron un ambiente que permitió grandeza, generosidad, visión de largo plazo, concertación, trabajo intenso.

Esa Asamblea Constituyente es el único cuerpo colegiado en la historia de que se tiene memoria que podría competir en popularidad con el actual Presidente, pues nunca bajó del 70 por ciento de opinión favorable. Fue un verdadero fenómeno político. Y el producto de su trabajo fue sobresaliente.

El más destacado concepto institucional de la nueva Carta es el llamado Estado social de derecho. Desde el preámbulo se define con claridad y se enuncia expresamente en la primera frase del artículo primero. La Carta del 91 va mucho más allá de la definición clásica de la democracia como un Estado de derecho" y define expresamente a las instituciones públicas como instrumentos al servicio de la sociedad, especialmente de sus miembros más débiles. Las herramientas fundamentales de ese "Estado social de derecho" son la carta de derechos descritos con precisión en 71 artículos y las garantías para su aplicación definidas en otros 12.

Buenos hijos

De las instituciones creadas por la Constitución de 1991 la más popular es sin lugar a dudas la tutela. Su aplicación acercó la norma de normas a todos los colombianos y la convirtió en un texto de consulta y aplicación diaria; diríamos que en un libro de bolsillo. Me atrevo a afirmar que la tutela ha hecho que la Constitución sea hoy un texto más leído que la Biblia. Su popularidad medida en las encuestas supera el 80 por ciento de opinión favorable. Ella es fuente de controversias que no cesan. A los gobiernos les incomoda, en cuanto los obliga -al menos parcialmente- a no perder la prioridad social en épocas de vacas flacas. A algunos jueces les molesta, en cuanto los saca de la tranquilidad burocrática y les impone plazos impostergables para producir justicia. A los reaccionarios de siempre los irrita, porque ensucia de barro las inmaculadas instituciones que preferirían encerradas en castillos de cristal.

La otra institución estrella es la Corte Constitucional: abierta, dinámica, política en el buen sentido, defensora a ultranza de la nueva institucionalidad, ilustrada, audaz, eficiente, moderna, permanente creadora de decisiones de avanzada, y en el actual período pasa por una etapa crucial de su aún corta existencia. Nunca antes había corrido tantos riesgos de ver recortadas sus funciones y disminuida su capacidad de decisión.

Los intentos sistemáticos del actual gobierno de recortar elementos del Estado social de derecho, al disminuir los alcances de la tutela y las funciones de la Corte Constitucional, entre otras medidas, han producido un efecto lógico pero que no deja de ser sorprendente. La defensa de la Constitución se ha vuelto una bandera política del centro y de la izquierda, y hasta los más ortodoxos marxistas, que atacaron duramente el trabajo de la Constituyente, cuando una contrarreforma está hoy en curso, han entendido las bondades de una buena parte del texto del 91 y la defienden con ardor. Yo predigo que en este terreno, la Constitución prevalecerá, aunque no han terminado los tiempos borrascosos.

Una reforma institucional más polémica pero también duradera es la de la justicia. La creación de la Fiscalía y los pasos recientes para consolidar un sistema acusatorio no tienen reversa. Seguirá por muchos años la discusión acerca de si es el mecanismo para lograr la pronta y cumplida justicia que todos necesitamos, pero el nuevo esquema llegó para quedarse; y en lo concerniente a los crímenes más graves, su eficacia ha sido ya probada. No todas las instituciones judiciales tienen la misma solidez. Pero la autonomía de la rama judicial parece garantizada.

En el terreno del pluralismo político el trabajo de 1991 también produjo cambios duraderos. El bipartidismo cerrado y excluyente de 140 años ha desaparecido. Hoy la sociedad colombiana es impensable sin una amplitud que parece a veces exagerada. Debe encauzarse mejor el ejercicio de la política, pero la época en que un puñado de jefes liberales y conservadores manejaban sus partidos como una finca no volverá nunca jamás.

Cambios y riesgos

La reelección inmediata que se abre paso irrefrenablemente, si bien es un cambio profundo en el ejercicio del poder en el país, es una transformación constitucional relativamente menor que no desnaturaliza su corazón. El riesgo es que el poderoso reelegido, investido de un mandato supremo por una victoria aplastante en las urnas, decida persistir en debilitar otro de los logros constitucionales más importantes: la separación de funciones entre las ramas del poder público. La tendencia a un ejecutivo más poderoso, con menos controles y capacidad aumentada de gobernar con instrumentos excepcionales al estilo del antiguo "estado de sitio", es hoy el reto más formidable para la Carta de 1991.

Otro concepto de gran fuerza de la Constitución parece languidecer. La "democracia participativa", como complemento indispensable de la representativa, parecía ser la innovación más destacada de la Asamblea Constituyente. Sin embargo su aplicación ha sido marginal y el estreno del referendo constitucional fue en verdad poco auspicioso. Sin embargo, estoy convencido de que vendrán mejores tiempos para esa participación directa de los ciudadanos, pues la madurez política de los colombianos va en aumento.

La de 1991 es una constitución verde gracias al esfuerzo poco reconocido de Misael Pastrana Borrero. En ese terreno, nuestra legislación es de avanzada para países del mundo en desarrollo. Lo es también en la legislación para las minorías étnicas, especialmente los indígenas, que están a punto de ver creadas por la ley de ordenamiento territorial las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), especies de municipios donde se ejercerá el autogobierno.

En la Carta del 91 la economía tiene más aciertos de los que se le reconocen. La autonomía de la Junta Directiva del banco emisor es un acierto indiscutible, aunque sectores de opinión crean que su función no se puede reducir a mantener la moneda sana. La flexibilidad de las instituciones económicas creadas ha permitido que la concepción neoliberal actúe desde los gobiernos sin modificar el texto constitucional. Quienes critican que ello sea así no pueden, sin embargo, negar que lo mismo podría suceder si los gobiernos del futuro fueran de signo totalmente opuesto. Esto es propio de una concepción de largo aliento, que permite aplicar ideas opuestas dentro del mismo marco institucional, pues fue escrita para que fuera perdurable.

En el ordenamiento territorial el trabajo se quedó en la mitad. Es tal vez el capítulo más flojo de la Carta. Han funcionado inapropiadamente autonomías como las de la televisión o los intentos de eliminar el clientelismo y la corrupción.

No cabe duda de que el cambio constitucional de 1991 es uno de los más importantes eventos de la historia del siglo XX y seguramente de buena parte del siglo que comienza. La nuestra es una Constitución hecha para durar, por lo menos, un siglo.

*Senador de la República. Copresidente de la Asamblea Constituyente de 1991