LA CONSTITUYENTE

Un acontecimiento que los colombianos no olvidarán de estos últimos 15 años es el que se inició el l7 de julio de 1991, un día en el que muchos sintieron que habían amanecido en un nuevo país. Después de más de 100 años y de varios intentos fallidos de reforma Colombia cambiaba su decimonónica Constitución, para muchos obsoleta y deslindada de la realidad, por una nueva Carta de Derechos. Era la conclusión de un largo proceso que había empezado como una ingenua propuesta juvenil, elaborada al calor del asesinato de Luis Carlos Galán y en medio de una de las peores crisis ocasionadas por el narcoterrorismo y la guerrilla. La propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que redactara la nueva Constitución colombiana había sido capitalizada por algunos políticos y se había puesto a consideración de todos los colombianos en las votaciones presidenciales del 27 de mayo de 1990 con la séptima papeleta. El Partido Liberal, el Movimiento de Salvación Nacional, el M-19, el Partido Conservador, los evangélicos y los indígenas fueron las fuerzas políticas al interior de esta Asamblea que se pusieron en la tarea de redactar 'un nuevo contrato social' en el que, además de la libertad y el orden, hubiera espacio para la igualdad, la participación y la paz. Después de 150 días se promulgó el texto definitivo de la Constitución que, aunque para algunos es demasiado largo y ambiguo, para otros significó que el país del Sagrado Corazón de Jesús era cosa del pasado y que el presente le correspondía 'al nuevo país', como se llamó la utopía de estos años. Entre sus innovaciones más significativas se encuentran la tutela, la circunscripción nacional para el Senado, la elección popular de gobernadores y las figuras del estado de guerra exterior y la conmoción interior, que reemplazaron el antiguo y desprestigiado estado de sitio. También se crearon la Corte Constitucional del Consejo Superior de Judicatura y la Fiscalía General. Después de casi seis años muchas expectativas no se han cumplido y el optimismo ha debido retroceder ante los hechos del acontecer nacional. Pero lo que nadie pone en duda es que otro habría sido el rumbo de la historia reciente sin el giro de la Constitución del 91. La instauración de la tutela, por ejemplo, representó una verdadera revolución que hasta el momento contabiliza una eficacia del 123 por ciento, un caso único en un sistema caracterizado por una total impunidad. La Junta del Banco de la República es otra de las niñas bonitas de la Constitución. Esta institución, totalmente independiente del gobierno, ha generado, con su solidez, confianza entre los inversionistas extranjeros y muchos se preguntan que habría pasado con la economía colombiana en la actual crisis si no hubiera contado con este timonel a prueba de muchas tormentas. Pero lo que demuestra la radicalidad de los cambios generados por la Nueva Carta es el proceso 8.000, sin duda una consecuencia directa de la bola de nieve que echó a rodar la Constitución a través de la Fiscalía. Esta institución, que implementó el sistema acusatorio, a pesar de sus errores logró que los colombianos de alguna manera confiaran en la justicia y que ya no existieran intocables. La renuncia de tres ministros, el encarcelamiento de uno y la pérdida de la investidura de 12 congresistas son una muestra de que con la caída de la inmunidad parlamentaria la clase política pudo ser puesta por primera vez en tela de juicio. Otra forma de medirle el pulso a su influencia en la vida nacional es el abanico de los presidenciables, considerados por muchos hijos directos de la Constitución del 91: Alfonso Valdivieso, ex fiscal; Horacio Serpa, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; Antanas Mockus, ex alcalde elegido popularmente; Andrés Pastrana, ex senador elegido por circunscripción nacional. Aunque problemas concretos como la impunidad, los vicios políticos, la guerrilla y el narcotráfico han permanecido después del cantado amanecer de la nueva Constitución, los especialistas insisten en que es muy pronto para hacer balances. Y que, de toda maneras, el próximo presidente, hijo de la Constitución, es el que tiene la ultima palabra sobre su futuro.