LA HORA DE LA VERDAD

Cuando la escrutadora Lilian Sarmiento de Santamaría anunció la balota blanca número 133, las madres de los presos políticos iniciaron un atronador aplauso que fue inmediatamente seguido por la Cámara en pleno. Se completaban las dos terceras partes de votos afirmativos necesarios para la aprobación del proyecto de amnistía. Una vez aprobado ministros y representantes se dirigieron al encuentro del senador Bula Hoyos, quien se llevó más de una palmada en la espalda y varios apretones de mano. En esta forma fue aprobada en el Congreso de la República, la Ley de amnistía.
Era el resultado de un largo y delicado proceso, cuya culminación fue posible gracias a la audacia política de Belisario Betancur y al ritmo paisa que le imprimió a la deliberación y aprobación del proyecto. Escasamente transcurridos 104 días desde su posesión, el presidente de la República sancionaba en medio de 500 invitados y ante millones de televidentes, la amnistía número 67 de la historia de Colombia. Políticamente se trataba de un gran triunfo para el nuevo gobierno, pero al mismo tiempo -y todo el mundo lo sabe- era solamente un primer paso. El propio presidente lo reconoció así en un emocionado discurso de corte belisarista, dentro de una ceremonia en la cual no faltó ni el himno nacional, ni un "jingle" sobre la paz, ni una invocación a Dios. Acompañado por todo su gabinete, la jerarquía eclesiástica, los altos mandos militares, los expresidentes Pastrana y López y con la notoria ausencia del presidente de la Comisión de Paz, Carlos Lleras Restrepo, Betancur anunció que el gobierno adoptará medidas en los campos de salud, crédito y educación tendientes a favorecer a los beneficiados de la amnistía y a los habitantes de las regiones sometidas a acciones subversivas o a enfrentamiento armado.
Hará falta mucho más que esas medidas para que la emoción de la ceremonia se traduzca en la pacificación del país. La realidad es que pasada la euforia de la noche de la firma, se retornaba rápidamente al escepticismo que reinaba días antes. Este no era injustificado. Ni el ejército, ni los grupos armados habían suspendido sus acciones bélicas, a tal punto que el mismo día en que iba a ser sancionada la Ley, el M-19 lanzó un mortero que afortunadamente no alcanzó a estallar contra las instalaciones del Ministerio de Defensa.

CESE DE FUEGO
Con esta ofensiva, los grupos armados querían dejar claro que el progreso real en el proceso de la amnistía no dependería de los actos protocolarios de la misma. Es decir, que un cese de fuego sería un segundo prerrequisito para la reincorporación a la vida civil de los alzados en armas. Aun cuando ambos bandos están, en principio, de acuerdo sobre el particular, cada uno espera que el otro lo haga primero.
Al respecto se ha visto intransigencia en ambas partes. El ejército no se ha pronunciado oficialmente después de la sanción de la Ley, pero antes había sido lo suficientemente categórico como para no permitir excesos de optimismo. En un reportaje a la cadena Caracol, el general Gustavo Matamoros había fijado la posición del Ejército en los siguientes términos: "No les podemos dar tregua a quienes van armados causando toda clase de delitos contra la propiedad... secuestros y chantajes. No nos podemos encerrar en los cuarteles". Semanas más tarde el día en que el Congreso aprobaba la Ley, el representante político del M-19 Ramiro Lucio, se encontraba reunido en algún lugar del sur del país con Jaime Bateman. Al respecto Lucio dijo a SEMANA: "La orden de alto al fuego no la pueden dictar sino el presidente Betancur y Jaime Bateman en nuestro caso, máximos comandantes del Ejército Nacional de nuestras fuerzas".
Dos días más tarde, mientras se sancionaba la Ley, Lucio se refirió de nuevo al posible alto al fuego, pero hablando también de otro movimiento guerrillero: las FARC. "Es concreto -dijo- que el M-19 y las FARC no piden la desmilitarización sino el cese al fuego. No tenemos inconveniente en estar al lado de los militares tomando tinto y jugando a las cartas en la selva mientras realizamos las conversaciones. Pero no nos matemos. Paremos ya el fuego ".
Para ello, según las FARC, sería necesario un despeje de las tropas oficiales en las áreas donde se llevarían a cabo las conversaciones, un retiro de tales zonas de equipos y agentes de inteligencia, del ejército y la policía y ofrecer una garantía de plenas libertades políticas y sindicales, al tiempo que una rehabilitación para los campesinos afectados.
No sólo los grupos guerrilleros están de acuerdo sobre la necesidad de una tregua. Monseñor José Luis Serna, obispo de Florencia (ver entrevista), piensa que sin tregua no es posible hablar de amnistía. Con él, se muestra acorde el senador Bula Hoyos, que pide "hacer efectivo el silencio de las armas de parte y parte, como muestra de que realmente sí se quiere avanzar hacia la paz".
El tema del cese al fuego planteaba un nuevo y espinoso problema: el de la entrega de las armas. El M-19 utiliza el eufemismo "deponer" las armas para anunciar que no las entregará, pero no quiere ser específico alrededor de este punto para no poner en peligro el incipiente proceso de paz. Parecen coincidir los pensamientos del senador Bula Hoyos y los del dirigente Carlos Pizarro a este respecto. "Lo que hay que entregar no son las armas sino la voluntad de guerra":Se trata de que se desarmen los espíritus", dicen las declaraciones de ambos.
Pero el problema no se limita únicamente a la tregua y a la entrega de las armas. Se extiende a toda la reglamentación de la Ley. Aprobada y sancionada ésta, asaltan las dudas sobre cómo va a ser aplicada. El congreso legisla pero la aplicación corre por cuenta y riesgo de los jueces y magistrados, quienes tendrán que arreglárselas desde la propia definición de delito político, (aquel que teniendo inspiración política atenta contra la seguridad interna del Estado) hasta la delicada calificación de un delito como "conexo", que es donde realmente radica el meollo del asunto. A este respecto dice el senador Bula Hoyos: "La conexidad es una cosa que se da y que en el momento de calificar debe tenerse en cuenta. Aquellos delitos, si se toman aisladamente,serían delitos comunes pero si van en auxilio del delito político, son parte del combate y aún parte del delito político".

LOS QUE SE ACOGEN
Existe, además, un aspecto sobre la amnistía que está ya fuera de la voluntad y el control del Estado y los legisladores: si los grupos guerrilleros quieren acogerse a ésta o no. Se sabe que cerca de 400 presos políticos serán inmediatamente favorecidos por la Ley, pero, como lo demostró el fracaso de la amnistía del anterior gobierno, el éxito de la misma no depende de su aprobación, sino de su aceptación por parte de los grupos a los cuales se propone favorecer. A este respecto la situación no es aún clara. Los altos dirigentes del M-19 han declarado reiteradamente que el movimiento se acogerá en masa. Sin embargo, han circulado rumores según los cuales habría un sector de la militancia reacio a acogerse. He aquí la explicación de los sucesos de Chía y otros asaltos bancarios perpetrados a nombre del grupo durante las últimas semanas.
Por su lado, las FARC, en el último número de su boletín "Resistencia", dicen: "Nosotros, como el M-19 y otros movimientos armados, entendemos que la Ley es el primer paso para abrir posibilidades de conversaciones y acuerdos entre gobierno y guerrillas". En el idioma de la amnistía, este lenguaje no permite aún definir su posición.
En cuanto se refiere a los restantes grupos, su posición ya fué definida. El E.P.L., (Ejército Popular de Liberación), el E.L.N. (Ejército de Liberación Nacional) y el A.D.O. (Autodefensa Obrera, han manifestado ya sus términos categóricos de rechazo total a la ley de amnistía, invocando cuestiones de principio o desconfianza frente al alcance de la misma. Igualmente se ha especulado sobre la posibilidad de que el IV frente de las FARC podría rebelarse contra las directrices de Jacobo Arenas si éste decide aceptarla.
Todas estas limitaciones permitirían anticipar que los resultados de la amnistía no necesariamente corresponderán a las buenas intenciones del gobierno. El proceso es tan complejo que cualquier resultado, por parcial que sea, puede considerarse como un éxito.


MUJERES DE BLANCO
Las mujeres del chal blanco han movido cielo y tierra para lograr la libertad de sus hijos. De la misma manera que en la otra esquina del continente, en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, cientos de madres de presos políticos, también de blanco han ido a reclamar la presencia de sus hijos con vida.
Encabezadas por doña Virginia Sanjuán de Duplat -madre del conocido dirigente preso del M-19, Carlos Duplat-las "madres" colombianas desconciertan a quien las visita. La mayoría de más de 50 años, muchas de pelo blanco, todas de modales delicados, parecen apacibles amas de casa reunidas para un bingo de caridad, o para unos retiros espirituales. Pero a medida que van hablando una a una, sin melodrama, seguras de lo que dicen van introduciendo a quien las escucha en una dimensión de la realidad que nada tiene que ver con la preparación de dulces caseros, ni con el blanqueado de la ropa, ni con los juegos de naipes: Hablan en cambio de amenazas de muerte, detenciones, allanamientos, y sobre todo de la libertad de sus hijos.
Por primera vez un presidente les dio audiencia, y fue Belisario Betancur a los pocos días de posesionado. Ellas hacían una caminata frente al Palacio de Gobierno, exigiendo ser escuchadas, cuando sorpresivamente las invitaron a entrar. Tienen un grato recuerdo de ese día. No las requisaron ni les pidieron documentos, y el diálogo fue franco, sin protocolos. Ellas plantearon sus denuncias y el presidente, en respuesta, les prometio empeñar todos sus esfuerzos en lograr una amnistía. Hoy ésta es una realidad, y "las madres" están felices porque la mayoría pasará la próxima Navidad con sus hijos en casa.
Sin embargo, dicen que no descansarán sino hasta cuando el último de los presos políticos esté libre. También expresan gran temor por la suerte que corran sus hijos cuando estén fuera de la cárcel. "Si las garantías de seguridad no se hacen reales -dice doña Virginia de Duplat- no pasará mucho tiempo antes de que nuestros hijos estén muertos" .
También ellas, y el resto de la familia, han vivido en permanente zozobra por las detenciones que les hicieran en el pasado y las. amenazas que reciben en el presente. Doña Sylvia de Bermeo -madre de Jaime Bermeo, preso hasta hace dos meses por la toma del Cantón Norte- cuenta que desde entonces su casa está permanentemente vigilada, y que la semana pasada entraron a ella dos hombres que no se identificaron, la interrogaron, foto en mano, sobre el paradero de su hijo.
Las sesenta madres reunidas el día que SEMANA habló con ellas, mencionaron diez allanamientos en distintas casas de Bogotá en la misma fecha en que se aprobó la amnistía.
Otra de las dirigentes del grupo es Leila de Camelo, la madre de Alfredo Camelo, uno de los pocos presos de La Picota que no salen libres, por estar acusado del asesinato de Pardo Buelvas. Es además suegra de Adelaida Abadia, también del ADO, quien si quedará libre gracias a la amnistía. "Siento mucha alegría porque todos salen, y dolor inmenso porque mi hijo no. Lo único que pido es que haya diálogo con los que quedan en la cárcel. Ellos están dispuestos, y ya ha habido propuestas de indulto por parte de algunos parlamentarios, como Santofimio Botero y Benjamín Ardila Duarte". Doña Leila vive con su nieto de cinco años, hijo de Camelo y de Adelaida Abadía, y dice que regularmente recibe amenazas anónimas contra la vida del niño. Vienen escritas en papeles que son arrojados, junto con una piedra, por entre los ventanales de su casa. "¿Qué tiene que ver la criatura? -pregunta. ¿Por qué no la dejan en paz?" .
Sixta Tulia Segura de Sánchez tiene dos hijas presas, de 30 y 19 años de edad. A ella también la detuvieron cuando averiguaba por el paradero de sus hijas, y según dice, fue torturada. Los tres hijos y el esposo de Flor de Linares estuvieron presos, acusados de pertenecer al M-19. Hoy están libres, pero son regularmente amenazados por el MAS. Dice doña Flor: "Pido que me escuchen, porque en cualquier momento toda mi familia puede ser asesinada a mansalva".
Entre los atropellos a familiares de presos que las madres denuncian, está el de la hermana de la "Chiqui", Rubi Cardona, de 16 años, quien fuera detenida el 21 de octubre de 1980 y violada por cuatro militares. Como no había pruebas contra ella quedó libre, pero tuvo que ser internada en una clínica de reposo.
Los problemas de los presos no terminan con la libertad. La gran mayoría salen de la cárcel indocumentados, con un papel, como única identidad, que dice que son exconvictos y a qué organización pertenecían. Nadie, evidentemente, les da trabajo.
Las madres de los chales blancos vienen luchando, desde hace cuatro años, por la amnistía. Hoy la celebran como un gran triunfo, pero no por eso bajan la guardia. No han demostrado su organización, ni abandonan sus reuniones, ni dejan de moverse infatigablemente, ni de hablar con quien las quiera oír. La amnistía es un paso enorme, reconocen, pero hay que dar otros. "Lo prioritario -según doña Virginia de Duplat- es desenmascarar al MAS y desmontarlo. No sólo queremos a nuestros hijos libres. ¡También los queremos vivos!".