Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2005/12/03 00:00

La nueva historia

Así fue el tortuoso paso de las mujeres de las cocinas de sus casas, a las aulas universitarias, las mesas de votación y los cargos públicos. Breve recuento de las luchas por los derechos civiles en la primera mitad del siglo XX.

Las mujeres como sujetos sociales con reivindicaciones propias para cambiar su condición se visibilizaron en un proceso que comenzó en los años 30 del siglo XX. En esa década se derrumbó el proyecto político confesional y autoritario que dominó el país desde 1886. Luego de 44 años llegó un régimen liberal, laico, social y modernizante, tras unas elecciones llenas de esperanzas de cambio, animadas por sectores sociales, académicos, empresariales y, cosa extraña, de mujeres que lo apoyaban públicamente a pesar de no gozar de derechos y libertades ciudadanas. En ese tinglado empezó la lucha de mujeres y otros demócratas por el reconocimiento de la ciudadanía y demás derechos que la democracia les adeudaba. Todas, ricas y pobres, se hallaban sometidas por mentalidades y normas sexistas de herencia judeocristiana, romana, española y francesa que favorecían los privilegios masculinos. Desde entonces vemos obstáculos, rupturas y logros de generaciones de mujeres comprometidas en la transformación social y la modernización de la democracia. Las feministas sufragistas (1930-1957), pioneras del proceso por igualdad jurídica, y luego las luchas de la segunda ola del feminismo (de 1970 hasta el presente), ocupadas en la identidad, del cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos, empoderamiento, garantías y derechos de las mujeres. La Constitución de 1886 las excluía expresamente de derechos políticos, "son ciudadanos los? varones?", pero la peor condición la adquirían las casadas. La democracia declinaba sus obligaciones con ellas. El patriarcal Código Civil (1887) era un laberinto de privilegios. El título 'De Obligaciones y Derechos entre Cónyuges' contaba con 16 artículos, de los cuales 10 versaban sobre obligaciones de la mujer. Al casarse perdían sus derechos civiles, se convertían en incapaces equiparables al loco y al menor de edad, representadas legalmente por el marido, supeditadas a la potestad marital que les daba poder sobre "los bienes y la persona de su mujer". Ellos administraban salarios y bienes propios de ellas, como los de la sociedad conyugal. Ellos debían "protección", ellas, "obediencia". Ellos tenían "derecho a obligarlas a vivir con ellos y seguirlos donde quiera se trasladasen", ellas, el derecho a "que el marido las reciba en su casa". No tenían domicilio propio sino el del marido, tampoco tenían potestad sobre sus hijos e hijas. Para la separación una causal era adulterio de la mujer (relación esporádica), que además era un delito femenino. Si el marido la mataba, era eximido de pena por la afrenta al honor. Si no lo hacía, podía fijar la pena "por el tiempo que quiera el marido con tal que no pase de cuatro años". Además, ella perdía a sus hijos, gananciales de la sociedad conyugal, y sus bienes se entregaban al marido para su administración y usufructo. Para el hombre se establecía el amancebamiento (otra unión permanente similar a matrimonio), no había sanción pecuniaria y aun cuando fuera culpable de la separación, para asegurar su paternidad se daba la atribución para "colocarla o depositarla" en familia de su confianza y, si estaba preñada, le nombraba una "compañera de buena razón" y una matrona para inspección del parto. Las mujeres no recibían la misma educación que los varones. Se creía que las matemáticas y otras disciplinas las enfermaban y apartaban de sus funciones naturales, por esto se ofrecía una educación acreditada como de "instrucción suficiente". Intentos de educación técnica como de telegrafía teórica para mujeres (1873) pronto se cerraron por presiones de la prensa. Como resultado de la industrialización, hacia 1920 los colegios femeninos incluyeron enseñanza comercial. Otras estudiaban magisterio para ser maestras de primaria. De aquella formación magisterial surgió esa elite sufragista, muchas librepensadoras criadas en familias liberales y socialistas con acceso a información del exterior, a libros prohibidos y a círculos intelectuales. En el Congreso Internacional Femenino (1930) exhibieron sueños universales de las mujeres: derechos patrimoniales para casadas, a la educación, y a la ciudadanía, y otros más exóticos como derecho a protección de contagio venéreo y al desarrollo corporal con acceso a deportes prohibidos para ellas. Por nexos de clase y familia, algunas conversaron con el presidente Enrique Olaya Herrera, quien se comprometió y cumplió con reformas que abrieron camino a otros cambios. La primera fue el proyecto de derechos patrimoniales de las casadas para animar a las mujeres pobres a vincularse a fábricas, y a las ricas a proteger de cónyuges malbaratadores de las fortunas familiares heredadas. Fueron pocas las que se expresaron públicamente. Georgina Fletcher y su Centro Femenino Colombiano; Ofelia Uribe, con conferencias y textos, y Clotilde García de Ucrós, junto con otras mujeres, agitaron las barras en el Congreso. El cotarro machista se alborotó. La prensa de derecha defendió "la potestad dada por la naturaleza", unos conservadores que defendían principios del Vaticano afirmaron en el Congreso que era "financiación del adulterio", Laureano Gómez, Silvio Villegas y Guillermo Valencia abandonaban sesiones y anunciaron que se acabaría con la estabilidad hogareña porque "atenta contra la unidad familiar, base del matrimonio católico" e implantarían ideologías perniciosas. Otros políticos, conservadores y liberales, apoyaron al gobierno. El Colombiano, El Tiempo y El Espectador difundían las noticias sobre la que se convirtió en Ley 28 de 1932, que fracturó la potestad marital en lo relacionado con los bienes. Con Olaya se inauguró una constante en nuestra historia: las reformas importantes para mujeres las hicieron los presidentes, mientras que los parlamentarios anteponían sus intereses en estas polémicas. Por decreto, Olaya abrió la igualdad de estudios secundarios a mujeres y autorizó el ingreso a la universidad. La reforma educativa de Alfonso López Pumarejo incluyó nuevamente el tema y liberales como Antonio Rocha y Germán Arciniegas la atacaron porque traería trastornos sexuales. La Iglesia Católica se oponía a la coeducación por fomentar promiscuidad y realizó excomuniones. Era tal el miedo a las mujeres, que las primeras en intentar terminar bachillerato en liceos públicos masculinos iban con dama de compañía. Los colegios abrían una sección femenina sólo para dos niñas, como les ocurrió a las hijas de Ofelia Uribe en Tunja, o las rechazaban, le sucedió a Blanca Ochoa en Medellín. El escritor y filósofo Fernando González escribió: "Ningún ser tan vacío, repugnante y ficticio que la bachillera". En 1925 la Universidad de Cartagena graduó a una norteamericana como médica; en 1930 el Instituto Pedagógico Nacional autorizó a señoras y señoritas ir a las aulas en calidad de asistentes, y en 1932 la Universidad de Antioquia recibió mujeres en odontología. El proceso por los derechos políticos duró más de 25 años. Mujeres y congresistas que apoyaban forcejearon en escenarios parlamentarios desde 1933, cuando los conservadores hicieron la primera propuesta. Luego, en las reformas constitucionales de 1936 y 1945, y en la fascista de Laureano Gómez, y luego durante la dictadura de Rojas se sentó el precedente jurídico para que, después de su caída, políticos profesionales que negociaron los acuerdos del Frente Nacional no pudieran dar marcha atrás y ellas votaron en 1957. El rechazo liberal era casi unánime y se expresó en la reforma de 1936. Unos por la experiencia de la República española alegaron el riesgo por la influencia de los curas. Otros defendían el orden natural, el espíritu latino y ridiculizaban la idea con la "lactancia parlamentaria". Se consagró una ambigua fórmula que resolvía el ingreso de las primeras abogadas a cargos públicos. En 1944, Alberto Lleras Camargo, ministro de Gobierno del segundo período de López Pumarejo, presentó una propuesta que otorgaba la ciudadanía para ser elegida, pero aplazaba el derecho a votar hasta cuando el Congreso lo reglamentara. Afirmó algo que sostuvo hasta el final de sus días "? no hay demanda en la opinión", pese al importante movimiento de sufragistas en esa época en diversas regiones del país y su presencia en las barras del Congreso, en la prensa escrita y en la radio. Este fue el período de florecimiento del movimiento sufragista. Mujeres profesionales crearon organizaciones. Ofelia Uribe e Inés Gómez fundaron la revista Agitación Femenina. Hubo programas de radio, artículos en periódicos de Lucila Rubio, Anita de Karpf y otras, a favor del sufragio. Letras y Encajes, de Medellín, las comunistas con Mercedes Abadía en el Diario Popular y barras en el Congreso. Enrique Santos Montejo, Calibán, desde El Tiempo hizo una cruzada contra estos derechos: "El voto femenino será el paso inicial en la transformación funesta de nuestras costumbres y la pugna entre los dos sexos. En Estados Unidos el voto será el arma que las mujeres esgrimirán para conservar la superioridad que han adquirido y para completar la destrucción de los hogares que hoy miran como yugo intolerable?". La reforma de 1945 se inventó otra figura sui generis: "Son ciudadanos los colombianos mayores de 21 años? Sin embargo, la función del sufragio y la capacidad de ser elegido popularmente se reserva a los varones ". A partir de 1946, durante el período de la Violencia, aparecieron propuestas de sufragio mezcladas con denuncias de persecuciones, masacres y demás atrocidades. Las sufragistas laicas hicieron un receso que continuaron luego en el gobierno de Rojas Pinilla con generaciones de profesionales influidas por la polarización este-oeste de la posguerra, defensoras muchas de ellas del pensamiento occidental y cristiano en contra del comunismo. Por primera vez, un gobierno nombró una mujer ministra y gobernadora y a dos constituyentes: la conservadora Josefina Valencia de Hubach y la liberal Esmeralda Arboleda. El Acto Legislativo No 3 de agosto 25 de 1954 consagró la ciudadanía plena, después de numerosos debates y dificultades. *Historiadora

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