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| 12/21/2003 12:00:00 AM

La reforma política y el avispero

Los cambios a la forma como participan y compiten los partidos en las elecciones fueron de mayor calado de lo que se cree.

Los colombianos no solemos prestarle la debida atención a las reformas constitucionales que periódicamente -la última se llevó a cabo en junio de este 2003- modifican las reglas de juego de nuestra política. Ni siquiera cuando éstas se refieren a cuestiones tan neurálgicas como el funcionamiento de nuestros partidos y movimientos políticos, o la forma como se eligen los miembros de nuestras corporaciones públicas.

Por ello cuando estas reformas comienzan a aplicarse, no resulta extraño que sus efectos sorprendan incluso a los propios protagonistas de la política. Como fue el caso de quienes participaron en las pasadas elecciones de octubre -las primeras que se celebraban luego de la última reforma- creyendo que nada en estas materias había variado. Cuando lo cierto es que sí hubo modificaciones significativas, casi todas orientadas a un solo objetivo: corregir el excesivo personalismo de nuestra democracia. Veámoslas.

La primera es que se volvió obligatorio que los partidos y movimientos se presenten a las elecciones con candidatos y listas únicas. Esta enmienda fue propuesta por la fracción del Partido Liberal que lidera Piedad Córdoba, y logró salir adelante en el Congreso gracias al apoyo de una parte de la bancada gobiernista, que contrariando la opinión del presidente Alvaro Uribe, la votó favorablemente. El primer mandatario, quien llegó a ese cargo como disidente, ha dicho en varias oportunidades que está en desacuerdo con esta limitación, y que prefiere una normatividad más bien laxa en esta materia, pues considera que esta última posibilita la formación dentro de los partidos de las llamadas "divisiones creadoras", que antes que debilitarlos, han ayudado a mantenerlos vigentes.

La lista única, sin embargo, no tuvo en las pasadas elecciones de octubre los efectos que se esperaban. Se creía que al verse obligados a llevar una sola lista, los partidos tendrían que organizarse y democratizarse, pues sólo así podrían escoger, sin mayores traumatismos, a sus candidatos. Estos procedimientos internos no eran necesarios antes de la reforma, o no lo eran tanto, pues casi todos los que aspiraban podían llegar a ser candidatos. Los partidos, como se recuerda, avalaban muchas listas -tantas como escaños hubiera disponibles-, y cada lista podía, a su vez, llevar un número de candidatos hasta ese mismo límite. Había cama para mucha gente, y era inusual, por ende, que alguien quedara por fuera.

Pero esta esperada reorganización interna no se dio. A lo mejor por la premura del tiempo, pues las elecciones se llevaron a cabo casi enseguida de haberse aprobado la reforma. Lo que ocurrió el 26 de octubre fue otra cosa: que quienes no lograron ser incluidos en la lista oficial de sus partidos o movimientos, en vez de dar la batalla interna en procura de su institucionalización, optaron simplemente por pasarse a otro partido. A alguno de los 71 que todavía subsisten. A esas colectividades de garaje fueron a parar impertérritos todos los disidentes. Y fueron recibidos, ni más faltaba, con generosa hospitalidad, muy seguramente estimulada por la perspectiva de obtener mayores sumas del Estado, como reembolso por los votos adicionales que esas adhesiones podrían producirles.

Estos desplazamientos oportunistas, que dieron al traste, al menos por ahora, con los objetivos que se buscaban, sólo podrán neutralizarse a partir del año 2006, cuando entre en plena vigencia el resto de las modificaciones políticas que fueron adoptadas en la pasada reforma. Para esa fecha habrán desaparecido buena parte de esos movimientos escuálidos -esos que se constituyen con apenas 50.000 firmas-, como quiera que sólo subsistirán aquellos que logren, en esos comicios, superar un umbral del 2 por ciento del total de los votos consignados en las elecciones para Congreso, y obtengan además un escaño en esa corporación.

Este último requisito -la representación de los partidos en el Congreso- estaba previsto para entrar en vigencia este año. Ello habría reducido al menos en 20 el número de partidos y movimientos vigentes para las pasadas elecciones de octubre. Pero una resolución -hoy demandada- del Consejo Nacional Electoral, los mantuvo vivos hasta 2006. Para ese entonces se calcula que sólo quedarán unos 10 ó 12 partidos o movimientos, y como no habrá entonces espacio para tantos candidatos, la presión para que los partidos se reordenen internamente y escojan a los mejores deberá ser mucho mayor.

Además de la lista única, la reforma de 2003 introdujo otra modificación relevante: la cifra repartidora. El propósito de este cambio es reordenar nuestro sistema de partidos, que luego de las reformas del 91 se dispersó en grado sumo. Nuestra democracia pasó de tener unas pocas colectividades, a disponer de una extensa y curiosa lista, cuyos patrióticos nombres: Colombia Viva, Colombia Siempre, Unete Colombia y cosas parecidas, muy pocos colombianos retienen o identifican. Es cierto que antes de que la Asamblea Constituyente se ocupara de estos asuntos, no existía en nuestra legislación norma alguna que impidiera la conformación de nuevos partidos. Pero en aquella época no se tenían dos poderosos estímulos para hacerlo: el acceso gratuito de los candidatos y los partidos a los medios de comunicación y la financiación de las campañas. Ambos incorporados en la carta del 91. Fue esta combinación de factores entonces, la que provocó la dispersión que ahora se busca corregir.

La cifra repartidora no es otra cosa que un método más equitativo para la asignación de escaños en las corporaciones públicas, en la medida en que asegura que todos se obtengan con el mismo número de votos. Si el anterior sistema de cuocientes y residuos estimulaba la dispersión, pues con los mismos votos, si se presentaban varias listas, se podían conseguir más curules, el nuevo sistema lo que propicia, por el contrario, es la presencia en la contienda de listas fuertes. Y, de contera, la existencia de pocos partidos que estén mejor organizados.

La cifra repartidora fue incorporada en nuestra Constitución Política junto con otra novedad: el umbral. Este es el piso mínimo requerido para que los partidos puedan entrar en el reparto de escaños. Aquellos que no logren el 2 por ciento del total de votos depositados para el Senado, y el medio cuociente para las demás corporaciones, quedan por fuera. La combinación de estas dos innovaciones, como se vio en el pasado debate electoral, comenzó ya a hacer estragos entre nuestras avispas. Más de una quedó con el aguijón maltratado.

Una última reforma, mucho más polémica, fue la adopción del llamado voto preferente. En virtud de este ajuste, los electores podrán ahora reordenar la lista que el partido ha puesto a su consideración, y votar dentro de ella por el candidato que más les guste, sin tener que aceptar como algo imponderable el orden fijado por el partido. Esta variante, sin embargo, quedó como algo opcional, pues los partidos podrán o no utilizarla. Aquellos que no lo deseen podrán llevar sus listas cerradas y bloqueadas. De hecho algunos así lo hicieron en octubre, con resultados disímiles.

La reforma política de 2003 ha comenzado pues a producir sus primeros efectos. Algunos de hondo calado. No en vano fue difícil que saliera adelante. Para que este parto pudiera darse, debieron frustrarse cinco intentos previos: dos durante el gobierno de Ernesto Samper y tres durante el gobierno de Andrés Pastrana. En el articulado de casi todas esas tentativas estaban contemplados los cuatro cambios que hemos examinado. Todos ellos orientados, conviene reiterarlo, al propósito de evitar que nuestros partidos sigan contándose, como lo ha señalado el académico Scott Mainwaring, entre "los más personalistas y atomizados en el mundo".

*Ex ministro de Estado y autor del libro "Reformas políticas en Colombia". Del PLebiscito de 1957 al referendo de 2003. Bogotá, Editorial Norma
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