La sociedad civil colombiana frente al fortalecimiento de la democracia en las Américas

La apelación a los compromisos internacionales constituye un medio legítimo para fortalecer al Estado y la institucionalidad democrática, y no únicamente una estrategia política cuando los mecanismos internos de gobierno fallan o se muestran deficientes. Esta fue una de las principales conclusiones derivadas del Foro organizado por la Universidad de los Andes, en el marco del proyecto de Participación Ciudadana para las Cumbres de las Américas, el cual tuvo lugar el pasado 22 de noviembre en Bogotá y que contó el apoyo del BID, La Red Interamericana para la Democracia, RID y La Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional, ACDI.

El evento tuvo como objetivo la elaboración de propuestas desde la sociedad civil, en temas relacionados al fortalecimiento de la democracia, para incorporarlas en los compromisos gubernamentales que se deriven de la Cumbre de las Américas, a celebrarse en Mar del Plata el próximo año. El Foro se nutrió con la presencia de miembros de distintas organizaciones civiles, representantes de entidades públicas, de la Cancillería, de universidades y de medios de comunicación, quienes discutieron también acerca de los principales logros y obstáculos para cumplir los compromisos adquiridos por el país en el Plan de Acción de la Cumbre de Québec en 2001.

En este debate se indicó que aunque el conocimiento e influencia de los acuerdos políticos multilaterales, como las Cumbres de las Américas, siga siendo limitado es posible constatar la evolución de los acuerdos consignados a través de resultados concretos que pueden convertirse en parámetro para calificar la acción de los gobiernos nacionales y ubicar al país en una escala regional. Esto último, en particular, crea un mecanismo de influencia hacia los mandatarios para el aseguramiento de los mismos compromisos.

Al respecto, según el trabajo adelantado por el proyecto que convocó la reunión del pasado 22 de noviembre, en el hemisferio americano existen distintos grados de cumplimiento de los acuerdos resultantes de las Cumbres de las Américas. De acuerdo a esta clasificación, Colombia se ubica en el grupo de países de Mediano Cumplimiento, junto con el resto de países de la Región Andina y del MERCOSUR; lo cual quiere decir que el país tiene un desarrollo normativo importante pero esto no se refleja en el adelanto de los compromisos al nivel práctico. Dicha situación se constata, según fue debatido en el Foro, en graves restricciones a derechos como el de Libertad de Expresión, al punto que Colombia es catalogada como uno de los países que más vulnera este derecho, pero no únicamente por la dificultad para informar en situaciones de conflicto, sino también por las restricciones impuestas por el gobierno al cubrimiento periodístico del conflicto armado, según lo denuncia la Sociedad Interamericana de Prensa.

En general, se señaló con preocupación que en el país existen zonas informativamente apagadas, o territorios en donde no hay medios de comunicación independientes a raíz de la presencia de actores armados que controlan la difusión informativa. Igualmente, llaman la atención la distribución inequitativa de la pauta oficial que obliga la clausura de medios informativos locales y favorece, aun más, la ya monopolizada propiedad de los medios de comunicación nacionales. Los efectos de esta situación, en términos de independencia y veracidad, se reflejan en la distancia entre el desarrollo legislativo y los adelantos verificables en la protección a la libertad de información en Colombia, al punto que entre el 2000 y 2002, este derecho fue el más tutelado.

También se trataron temas como el fortalecimiento de la participación ciudadana, en el cual Colombia presenta un decepcionante desempeño pues a pesar de la extensa legislación, las organizaciones civiles tienen escasa incidencia en los procesos de toma de decisión, especialmente en materia presupuestal, a la vez que la interlocución con instancias de gobierno es esporádica y limitada.

Además de los dos anteriores, áreas como el fortalecimiento de la descentralización, el acceso a la información y el acceso a la justicia fueron igualmente discutidos. Con relación al primero de ellos, Jaime Castro afirmó que después del impulso inicial dado al proceso descentralizador en Colombia, actualmente se presenta un panorama desolador: el proceso ha tenido un fuerte énfasis fiscalista descuidando la dimensión política. Ejemplo de ello lo constituye el hecho de que de 47 normas expedidas desde que se inició la descentralización, 43 han sido reformas fiscales y administrativas y sólo 4 se refieren a participación política. Este último elemento es muestra de la deuda en materia política que tiene la descentralización en el país.

En el tema de acceso a la información, igualmente se concluyó acerca de la existencia de un saturado escenario legislativo que pretende garantizar el derecho, pero que por su dispersión y hasta contradicción se convierte en un obstáculo. En este caso, surgió la propuesta de promover una Ley Estatutaria de Acceso a la Información que simplifique y haga más eficiente la regulación. Un desarrollo positivo, sin embargo, se refleja en iniciativas como el Gobierno en Línea y la instalación de plataformas únicas de información pública y de contratación estatal (por ejemplo el SICE) que buscan renovar la administración de la información pública.

Por último, durante el Foro de Cumbres de las Américas fue debatido el tema de acceso a la justicia considerado como requisito para la consolidación de la democracia en las Américas. El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mencionó que los indicadores de acceso a la justicia (demanda y oferta de justicia, cierre de juzgados) y la situación de las entidades encargadas de administrarla constituyen el mejor argumento para calificar la importancia que se le adjudica al tema en el país. Prueba de ello es la fusión entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, lo cual ha significado la inexistencia de una estructura autónoma para administrar justicia, que sea capaz de formular políticas específicas ante situaciones como el incremento de la conflictividad contenciosa o constitucional. Pero, al mismo tiempo, se llamó la atención sobre el esfuerzo adelantado por la Rama Judicial para profesionalizar el cuerpo de operadores de la justicia a través de la creación del curso - concurso y de la carrera para servidores públicos, que pretende generar equidad en el nombramiento de jueces y magistrados en todo el país, aunque aun está pendiente un esquema similar para la escogencia de los magistrados de Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia.

En definitiva, a la luz de los compromisos asumidos por el gobierno colombiano en la Cumbre de Québec en 2001, el Foro realizado logró resaltar los puntos críticos para el país y también se tuvieron en cuenta aquellos elementos positivos. Pero, como lo indicó Camilo Reyes, Vicecanciller, la mayor lección se desprende del papel renovado que se adjudica a la sociedad civil; especialmente al ser el ente que convocó dicho encuentro, pues ante el débil impacto en la gestión de los gobiernos, corresponde a las organizaciones civiles operar, no sólo como veedores en el desarrollo de los compromisos derivados de los encuentros multilaterales, sino como ejecutores de los proyectos que allí se implican. Después de todo, si no se es parte de la solución, se es parte del problema.