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| 7/13/1998 12:00:00 AM

LA TIERRA DEL OLVIDO

Tiende a desbordarse el fenómeno de los desplazados por la violencia. Sólo Medellín absorbe el 20 por ciento.

A sólo 35 kilómetros de Mutatá, en el Urabá antioqueño, se encuentra Pavarandó, un pequeño corregimiento cuyo corazón está definido por una única calle. A 100 metros del pueblo, un retén militar vigila las 24 horas. El escenario es sobrecogedor: ranchos a medio armar con madera y plásticos se arruman en torno a unas viejascarpas de campaña. Ahí, en ese precario espacio, cerca de 1.500 personas, desalojadas de sus tierras por el fuego cruzado entre paramilitares y guerrilla, intentan sobrevivir. Son los que quedan de más de 4.000 campesinos que hace sólo tres meses, sacándole el quite a la muerte señalada en las listas negras de la guerra, llegaron al pueblo en busca de protección. La escasez de servicios, de vivienda, de alimentación, los obligó a tomar nuevos caminos hacia otros pueblos de Chocó y Antioquia. No son los únicos. Hacen parte del millón y medio de colombianos que, como gitanos, deambulan sin destino cierto por pueblos y ciudades huyéndole a la violencia. Su pecado ha sido el de vivir en territorios que, dejados de la mano de Dios por el Estado, se disputan a plomo guerrilla y paramilitares. Viven en condiciones infrahumanas, sin techo, sin una parcela donde trabajar. Su equipaje es el desarraigo y la desesperanza, el dolor de haber perdido a padres, hermanos, compañeros, hijos. Sólo saben con certeza que un día cualquiera grupos armados llegaron a sus tierras para sembrar el terror. En el último año esos grupos armados _guerrilla y paramilitares_ han dejado un espeluznante balance de sangre: 288 masacres y un reguero de más de 1.000 muertos. El número de colombianos desplazados crece día a día, como crece el conflicto armado entre la subversión y los grupos de justicia privada. Según investigaciones de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento (Cohdes) y la Conferencia Episcopal, uno de cada 50 colombianos se encuentra en situación de desplazamiento; el 53 por ciento corresponde a mujeres, el 55 por ciento a menores de 18 años. Es decir, de los desplazados en todo el país, más de 600.000 son niños. El 36 por ciento son mujeres cabeza de familia del total de hogares desalojados. Los afectados señalan como responsables de este éxodo masivo a paramilitares (33 por ciento), guerrilla (28 por ciento) y Ejército (14 por ciento) y el resto a otros agentes como las milicias urbanas, la Policía y el narcotráfico. "La guerrilla se quería llevar mis niños", dicen algunos, mientras otros se quejan de que 'la violencia nos emprobreció'. Amenazas, asesinatos, boleteo, persecución, intento de secuestro, desapariciones forzosas son los motivos que alegan esos miles de colombianos para explicar por qué dejan sus tierras. Según las investigaciones, Bogotá y los municipios vecinos reciben el 27por ciento de los desplazados, Medellín el 20 por ciento, Santander el 7 por ciento, Córdoba 6 por ciento, Valle 5 por ciento, Atlántico 4 por ciento y Chocó el 2 por ciento del total nacional. Como ejes de las migraciones se señalan la zona de Urabá (Antioquia, Córdoba y Chocó), de donde proviene el 50 por ciento de los desplazados; Cesar, Sucre, Bolívar y parte de Córdoba registran entre un 15 y un 20 por ciento de migraciones, Santander el 7 por ciento, y Caquetá el 5 por ciento. Este fenómeno de migración involuntaria, originado en la violencia, afecta a miles de familias que, sin estar directamente implicadas en la lucha, sufren las más graves consecuencias. Se ven obligadas a reubicarse en otras regiones en donde su llegada no deja de generar conflictos adicionales.
Lucha por la tierra
Por razones históricas la guerra se ha desarrollado en territorios de tierras fértiles y de grandes recursos naturales. La guerrilla ha buscado enclavarse en zonas que le permitan fortalecer su capacidad económica y operativa. En la década de los 70 llegaron las Farc al Magdalena Medio, que era área de colonización, y allí fueron sentando sus reales. Las cosas fueron más o menos toleradas hasta finales de la década. Pero entonces la guerrilla decidió no sólo aumentar el monto de la vacuna sino cobrarles a campesinos de bajos recursos. Esto condujo a que terratenientes y ganaderos promovieran la organización de grupos de autodefensa que _ se asegura _ no sólo fueron bien vistos por el Ejército, sino apoyados por él. A comienzos de los 80 los narcotraficantes empezaron a comprar las tierras de aquellos que económicamente no resistían la situación. Fortalecieron con armas, dinero y capacitación a esos grupos, y los convirtieron en entrenados escuadrones de paramilitares. En poco tiempo desalojaron a la guerrilla de la región. "Fue justo en esta época en la que el país conoció de la presencia de mercenarios que entrenaban a fuerzas élites especializadas en la lucha contraguerrillera", señaló Rafael Rueda Bedoya, investigador de la Universidad Nacional. Terratenientes y ganaderos se beneficiaron con esta asociación, pues era evidente la ineficiencia de las autoridades y su incapacidad para neutralizar el 'boleteo', la extorsión y el secuestro en las zonas rurales. Por eso, a finales de los 80, la Asociación de Ganaderos de Córdoba, en un mensaje al gobierno, dijo que estaban dispuestos a no recurrir a la solución paramilitar ante el acoso de la guerrilla si las autoridades le ponían todo el empeño a frenar su avance. Buscaban cierta legitimidad en sectores sociales que pensaban que el gobierno no era capaz de hacerle jaque mate a la subversión. El gobierno declaró ilegales a esos grupos, pero siguieron creciendo y aumentando su poder. El conflicto interno se agudizaba, los campesinos más pobres se veían obligados a abandonar las zonas que se disputaban 'paras' y guerrilleros. En 1989, el entonces gerente del Incora, Carlos Ossa Escobar, dijo que las inversiones del narcotráfico en compras de tierras habían generado una contrarreforma agraria, especialmente en el Meta, Córdoba, Sucre y el Magdalena Medio. Era la misma tesis que sostenía la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que denunció que los narcotraficantes estaban desalojando a los pequeños colonos de sus parcelas y que los obligaba replegarse hacia las montañas. Para entonces se calculaba que más de un millón de hectáreas habían pasado, en sólo 10 años, a manos de los narcos, especialmente en Córdoba, Sucre, norte de Antioquia, Magdalena Medio, Caquetá, Casanare y Meta. Y así fue creciendo la violencia, y con ella el número de campesinos desplazados.El terror y las operaciones de limpieza contra las presuntas bases populares de apoyo se convirtieron en el plan de lucha contrainsurgente de los paramilitares. Fue entonces cuando se conoció la figura de Fidel Castaño quien, a través de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), proyectó una fórmula para acabar con la guerrilla y sus focos de propagación. Sus acciones sangrientas llegaron a las primeras planas de las noticias y los genocidios marcaron el nuevo estilo de guerra.

Urabá, enclave estrategico El Urabá antioqueño, especialmente, ha sido escenario de esa lucha sin cuartel por el control del territorio en los dos últimos años. Es una región estratégica. Para la guerrilla, porque es zona de cultivos de coca y de laboratorios de procesamiento por cuyo cuidado cobran el famoso 'gramaje', y además es paso clave del tráfico de armas. Para los 'paras' es objetivo militar, pues su meta es consolidar ese proceso anticomunista que se inició hace 10 años en las sabanas de Córdoba, cuando se impuso la ley del rastrillo. Todo lo que olía a guerrilla terminaba en la morgue o en las fosas comunes. Entonces los muertos se contaban por cientos. Igual que los desplazados. Hacia 1996 la lucha se recrudeció en Urabá y se extendió al Chocó. En menos de dos años se habían apoderado de la región a sangre y fuego y desterrado a miles de familias de sus tierras. Su avance continuó hacia el este, de tal forma que la guerrilla se vio obligada a replegarse a zonas que hoy se siguen disputando metro a metro. Con ello se han generado nuevos focos de desplazamiento. En este conflicto, hoy por hoy, la guerrilla está a mano con los paramilitares en el Alto Sinú y el San Jorge. Mientras tanto en Córdoba la guerrilla avanza en la recuperación de territorios. Esta situación ha presionado un silencioso éxodo de campesinos que buscan ponerse a salvo de esa guerra. Antioquia es el departamento más afectado por ese fuego cruzado. Allí solamente se concentra el 50 por ciento de los desplazados del país, calculados en un millón y medio de personas. Paralelamente, y como lo afirma Alfredo Manrique, de la Defensoría del Pueblo, "en los últimos tres años este departamento ha revelado más de la mitad de los casos de masacres en el país". La agudización de la guerra en el corredor noroccidental del país está provocando una oleada de desplazamientos hacia Medellín de una dimensión tal que empieza a desbordar todas las previsiones: de las más de 400.000 víctimas que ha dejado el conflicto armado en Antioquia en los últimos años, se estima que absorbe cerca del 20 por ciento.
Presión sobre Medellín
De un tiempo acá el mapa de Medellín ya no es el mismo. De sus lomas y laderas cuelgan peligrosamente racimos de viviendas improvisadas y precarias. La miserable periferia urbana ensombrece en forma alarmante las proyecciones con que soñaba la próspera capital paisa. Según la Consejería Presidencial para Desplazados, "Medellín y su área metropolitana se encuentran desbordadas, pues el fenómeno de inmigración campesina tomó por sorpresa a las políticas de planeación urbana, que no preveían fenómenos como este, del cual, por otro lado, se derivan situaciones como el aumento de la indigencia, el desempleo y la criminalidad", aseguró Juan Guillermo Pardo, asesor de Paz y Convivencia para Medellín.Esta avalancha humana, que puede ser mayor ya que no cuantifica a los grupos por fuera de los asentamientos identificados como de desplazados, seguirá creciendo con la intensificación del conflicto armado interno. Las villas de miseria hacen que la ciudad se hinche con el sudor y los miedos de los desplazados campesinos. La atención de emergencia que reciben de la Pastoral Social y de la Oficina para Desplazados de Antioquia no alcanza para acabar con la incertidumbre. "En muchos casos _le dijo a SEMANA un representante de la arquidiócesis de Medellín_ continúan a merced de los violentos, a la indiferencia de varios sectores gubernamentales y privados, y a los continuos desalojos y señalamientos de los que siguen siendo víctimas". En medio de las privaciones, hombres, mujeres y niños de todas las edades y procedencias, intentan sobrevivir al trauma del desarraigo y adaptarse a un espacio improvisado que les es totalmente ajeno y que no les puede ofrecer empleo, educación, salud y vivienda. Y el problema se agrava aún más, pues allí donde se localizan los asentamientos de desplazados imperan grupos al margen de la ley. De ahí la preocupación de las autoridades que reconocen el peligro de que, dada su alta vulnerabilidad, esta masa de desarraigados termine involucrada en la dinámica de la violencia. Las autoridades manejan información en el sentido de que la guerrilla estaría planeando la organización de milicias en esas zonas, y ya se conocen casos como el sucedido recientemente en El Pinal _un barrio de invasión de 380 familias en límites con el
municipio de Bello_ en donde los paramilitares asesinaron a seis desplazados. Los asentamientos han seguido proliferando en 36 barrios de la ciudad _Moravia, El Oasis, La Esperanza, Olaya Herrera, La Libertad, el Cerro Pan de Azúcar, Belencito y El Pinar, entre otros_, generando situaciones de alto riesgo. Es el caso de Vallejuelos, el más grande refugio de desplazados, donde habitan 2.200 familias en grave peligro por deslizamientos debido a la ola invernal.Ante la gravedad de la situación, desde noviembre del año pasado la Consejería para Desplazados montó una oficina en la capital antioqueña. Según Mauricio Cadavid, director de la oficina,"se buscan acuerdos institucionales que contribuyan a paliar las emergencias y a ayudar a personas que lo han perdido todo".

Pero lo más grave de todo, asegura la representante de la Defensoría del Pueblo, María Girlesa Villegas, es que el país se niega a aceptar que hay una guerra. Por eso no le da una adecuada atención y protección a la población desplazada: "Estamos confundiendo a los desplazados con invasores de tierras; les estamos dando un trato humillante como si se tratara de mendigos y consideramos que la ayuda asistencial es lo único que se puede hacer por ellos, sin darnos cuenta que una parte muy grande de esas personas jamás podrá regresar a sus lugares de origen. Ellos demandan atención en salud, educación y empleo", sostuvo la funcionaria. Tal como están las cosas, el fenómeno de los desplazados en Colombia no se puede seguir tratado como problema de coyuntura. Ha adquirido tales proporciones que demanda una política de Estado de largo plazo. A cambio de una acción limitada de carácter paliativo y asistencial para ponerle diques al desbordamiento del fenómeno, se hacen necesarias medidas de prevención y acompañamiento en materia de salud, educación y empleo. El problema no es, pues, transitorio. Se imponen programas que posibiliten la inserción de los desplazados en esos nuevos lugares en donde la violencia los ha obligado a buscar refugio. Más del 12 por ciento de ellos tienen deudas con entidades del Estado y muchos perdieron su propiedad como consecuencia de su migración forzosa. Las deudas contraídas por compra de tierras, construcción de vivienda, asistencia técnica hoy son objeto de cobro judicial, lo que hace aún más crítica la situación. La asistencia legal es mínima y a su condición de desarraigo se suman múltiples violaciones de los derechos humanos y conflictos jurídicos por propiedades abandonadas. El 52 por ciento vive en inquilinatos y tugurios, en zonas marginales que tienen nada que ver con sus lugares e origen. Viven hacinados, sin servicios, lo que deteriora aún más su calidad de vida física y sicológica.Más del 3 por ciento del total de la población colombiana es de desplazados, lo que está generando graves consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales que afectan el desarrollo del país. Para dar sólo un ejemplo, en el sector agrario se viene produciendo, sin mayor alarma por parte del gobierno, un cambio en la estructura de la tenencia de la tierra, una especie de contrarreforma agraria, adelantada por sectores vinculados al narcotráfico, y una ampliación del latifundio y de la ganadería extensiva, en claro detrimento de la democratización de la propiedad rural. Según las investigaciones de la Conferencia Episcopal, el 65% de los desplazados no quiere regresar a sus lugares de origen por causa de la violencia misma que los obligó a emigrar. Por lo pronto, nada hace pensar que el desplazamiento masivo de colombianos vaya a desaparecer en el corto plazo. Todo lo contrario. Según los analistas, es factible que aumente porque la dinámica de la violencia es creciente como lo demostraron los últimos hechos de Barranca y Murindó. La debilidad ostensible del gobierno y la crisis de gobernabilidad no han hecho nada distinto que darle patente de corso a la violencia como instrumento privilegiado para la solución de conflictos. Así han venido creciendo en forma alarmante las opciones de fuerza y se ha ido agudizando el conflicto armado. Mientras tanto, indiferentes, la mayoría de los colombianos no alcanza a medir las secuelas de este fenómeno en todos los órdenes de la vida nacional: intolerancia, bandolerismo, terrorismo, impunidad, justicia privada, problemas de tierras y de control de territorio, para no mencionar los profundos traumas sicológicos que marcarán para siempre a los miles de colombianos desterrados de sus tierras.
Un millón y medio de colombianos deambulan como gitanos huyéndole a la violencian Más del 12% de ellos tienen deudas cn el Estado y muchos perdieron sus propiedades Un caso aparteuintar, en el municipio de Anzá, es un caserío enclavado en el occidente antioqueño. Como muchos de los pueblos antioqueños no ha estado ajeno al conflicto armado. Pero gracias a la actitud valerosa de su gente ha logrado marginarse de la disputa territorial entre guerrilla y paramilitares. Un día aparecieron los hombres de Fidel Castaño, acusaron al pueblo de auxiliar a la guerrilla que opera en la región, obligaron al cierre del comercio, clausuraron el único teléfono del pueblo y amenazaron con volver un año después para ajusticiar a quienes desobedecieran sus órdenes.Otro día llegaron los guerrilleros. Encontraron un pueblo de puertas cerradas que se negaba a salir de sus casas, renuente a cualquier trato con ellos. Aunque era diciembre, la iglesia permanecía desolada. No entraba un alma. Sin embargo, pocos meses después, la gente decidió desafiar su propio miedo. Empezó a salir a la calle y a llenar los parques, las tiendas se abrieron poco a poco, el teléfono volvió a funcionar. El pueblo había tomado una decisión: se declaró neutral y reclamó su derecho a permanecer al margen del conflicto. Así, la pasada Semana Santa se celebró tranquilamente y hoy la vida sigue su curso normal. En esta pequeña villa de gente trabajadora ganó la paz sobre la guerra, la decisión sobre el terror, el valor civil sobre la intimidación de las armas.
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