¡Las Luchadoras!

Es un lugar común señalar la invisibilidad de la mujer en la historia colombiana. Sin embargo, esto no es del todo cierto en el transcurrir de cinco siglos, como lo demuestra este número especial de SEMANA, y menos en tiempos recientes. A partir de 1975 las mujeres colombianas no sólo aparecen crecientemente en los rostros de las multitudes que participan en el devenir nacional, sino que han puesto temas de debate público relacionados con su condición de género y, sobre todo, han logrado transformaciones sustantivas en las prácticas cotidianas de nuestra sociedad. Si bien en términos de protestas las mujeres no son muy visibles, por otros mecanismos más sutiles de presencia pública -que van desde la incidencia en la planeación local, la organización y formación de base, hasta una presencia nacional por medio del cabildeo, la gestación de redes y alianzas entre mujeres y con otros actores sociales y políticos, y las movilizaciones con alto contenido simbólico-, se han convertido en uno de los movimientos sociales más dinámicos del país. Aunque su contribución toca muchas dimensiones de la vida humana como el mejoramiento de su condición económica, la participación electoral, los asuntos de su propia condición de género, en este ensayo nos concentraremos en sus aportes en los derechos humanos y en la búsqueda de una salida política al conflicto armado que vive Colombia en los últimos decenios. Al observar las Bases de Datos de Luchas Sociales del Cinep, desde 1975 hasta hoy, se percibe un lento cambio en las demandas de los movimientos de mujeres. Si para los años posteriores al Frente Nacional primaban los asuntos materiales en sus reivindicaciones, a partir de los años 80 cobra primacía la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz. Al oponerse a la violencia no solo están "socializando su maternidad" en forma poco convencional, sino que contribuyen a la ruptura de la tajante separación entre las esferas pública y privada. Como ocurrió con las Madres de la Plaza de Mayo en la Argentina de los años 80, en Colombia en tiempos recientes las mujeres defienden a sus seres queridos desde su condición maternal, pero le dan un nuevo sentido a esa apelación. No invocan caridad sino la vigencia de derechos, y además incursionan en alternativas políticas a la crisis humanitaria que vive el país. Además, no se contentan con denunciar la violencia que se ejerce contra sus seres queridos, ni la que se ejecuta contra ellas por la vieja práctica guerrera de tomar sus cuerpos como botín de batalla, sino que señalan en forma clara los efectos nocivos que esta situación trae para la construcción de la democracia. Rompen también el cerco que la sociedad patriarcal les imponía al relegarlas al mundo privado aduciendo que lo personal es político. En las historias de los movimientos de mujeres en Colombia comúnmente se asume 1975 como un año de quiebre, pues sería el momento en que, sin olvidar las luchas por los derechos políticos, comenzaría a hacerse más visible la búsqueda de reconocimiento. Influye que en ese año se inicia el lento desmonte del Frente Nacional y que se deterioran las condiciones económicas para los más pobres. Pero también cuenta que en ese momento se realiza en México la Conferencia Internacional de la Mujer, dentro de la década consagrada a ella por la ONU. Todo ello hace que mujeres de capas medias y de sectores populares comiencen a agruparse reivindicando tal tipo de identidad. Las primeras provienen tanto de los partidos tradicionales como de la izquierda. Por ejemplo, la Unión de Ciudadanas de Colombia, organización bipartidista fundada en los años 50, para finales de los años 70 se involucró en acciones en mejora económica de la mujer, y en los años 80 participó en la reforma política. En cuanto a las de izquierda, además de la Unión de Mujeres Demócratas, asociada al Partido Comunista, comienzan a presentarse rupturas en los aparatos políticos por parte de algunas que se cansan de la doble militancia. Así aparece en 1977 el Frente Amplio de Mujeres que pregonaba una cierta autonomía de género. A esto último contribuyó también la realización de Encuentros Latinoamericanos de mujeres, el primero de los cuales se celebró en 1981 en Bogotá. Allí se decidió, por ejemplo, consagrar el 25 de noviembre como el día de la no violencia contra las mujeres. En el mundo académico también comienzan a surgir inquietudes por estos temas y brotan ONG como la Casa de la Mujer, que buscan la promoción de la mujer, su educación y la defensa de sus derechos, entre ellos los reproductivos. En el mundo popular, salvo organizaciones con una clara identidad como la Organización Femenina Popular (OFP) de Barrancabermeja -que en años recientes se ha expandido a otras ciudades-, lo que predominaba eran las 'secretarías' o secciones femeninas de las organizaciones sociales. Con todo, la identidad de género fue cobrando importancia con la celebración de encuentros sectoriales como el de mujeres afiliadas a la Acción Comunal (1985), el Primer Congreso de la Mujer Trabajadora (1987) y el Primer Encuentro de mujeres indígenas (1990). Paralelamente surgen organizaciones de campesinas e indígenas como Anmucic, y de madres comunitarias como Amcolombia. Muchas de estas agrupaciones fueron dando un giro en sus orientaciones: de la promoción económica y el sufragismo, a la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la paz, sin descuidar los asuntos propios de su condición de género. Era el resultado de una guerra degradada y fragmentada que involucraba cada vez más a las mujeres como víctimas directas e indirectas del conflicto. De esta forma, desde mediados de los años 80 comienzan a producirse movilizaciones contra la violencia con gran contenido simbólico -vistiéndose de negro o portando flores-. Se aprovechan los 8 de marzo para realizar 'Marchas por la Vida'. A comienzos de los 90, además del activo cabildeo en la Constituyente que dio algunos frutos, los movimientos de mujeres se involucraron más decididamente como actoras de la paz. Unas protestan contra el envío de soldados bachilleres a los campos de batalla. Otras se movilizan para lograr la libertad de militares detenidos crecientemente por la guerrilla, de donde surgirá Asfamipaz, que hoy es una organización mixta muy activa en buscar el acuerdo humanitario. Algunas más emprenden marchas como la iniciada en Mutatá (en el Urabá antioqueño) en 1996, de la que saldría la Ruta Pacífica de las Mujeres. Para finales de los años 90 pululan por el país formas de movilización femenina que tal vez no registra la gran prensa, pero que mantienen viva la esperanza de una solución política al conflicto armado. En varias ciudades del país se realizan con periodicidad rituales para recordar a los seres queridos desaparecidos o retenidos, y para exorcizar la violencia. Uno de ellos se conoce como la Operación Sirirí, que recoge la experiencia de Fabiola Lalinde, mujer antioqueña que buscó durante años a su hijo Luis Fernando hasta esclarecer su desaparición en manos de las fuerzas del Estado en 1984. Con el inicio de la negociación entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc, las mujeres, por iniciativa de organizaciones promotoras de la paz como la Mesa Nacional de Concertación de las Mujeres, Redepaz, la Red Nacional de Mujeres y otras 85 organizaciones de base, buscaron hacer visibles sus voces, demandas y propuestas participando activamente en las audiencias públicas. No fue fácil y del balance de su presencia en San Vicente del Caguán salió la necesidad de pensar rutas que ellas pudieran emprender para alcanzar la paz. Este propósito condujo a la conformación de la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) en 2002, que inmediatamente se dio a la tarea de construir una Agenda por la Paz. El fin de las negociaciones con las Farc y el ascenso de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia no frenaron a las activistas en su infatigable labor. El 25 de julio de 2002 consignas como 'Las mujeres paz-harán', 'Ni un hombre, ni una mujer, ni un peso más para la guerra; negociación ya' y 'No queremos parir más hijos para la guerra', fueron pronunciadas por más de 25.000 gargantas que nutrieron la Movilización Nacional de Mujeres contra la Guerra, en Bogotá. Del 25 al 29 de noviembre de 2002 diversas organizaciones convocaron la Constituyente Emancipatoria de Mujeres que adoptó la Agenda por la Paz como carta de navegación, lo que consolidó su perfil político para incidir en el debate sobre el conflicto armado. A pesar del cierre de canales de negociación con la insurgencia, organizaciones como Redepaz, Asfamipaz, IMP y la Red Nacional de Mujeres siguen presionando para lograr un nuevo Acuerdo Humanitario, rechazando el rescate a sangre y fuego que en años recientes ha costado valiosas vidas. Para reflexionar sobre el papel de las mujeres en medio del conflicto armado y proponer alternativas, en 2003 y 2004 se llevaron a cabo las Ágoras Voces y Pensamientos de las mujeres por los Acuerdos Humanitarios y por la Verdad, la Justicia y la Reparación, en las principales ciudades colombianas. Estos y otros eventos similares se nutrieron de las experiencias de otros países en la resolución de situaciones de conflicto como Perú, Palestina, Centro América, la antigua Unión Soviética y Sierra Leona, mientras se estrecharon lazos con propuestas pacifistas internacionales. Igualmente, se exigió el cumplimiento de la Resolución 1325 de la ONU, que contempla las estrategias de prevención, protección y reparación a las mujeres, e insta a los Estados a garantizar su participación en la negociación de los conflictos armados y en los procesos de reconstrucción. El 'proceso de paz' iniciado por el gobierno de Álvaro Uribe con algunos de los grupos paramilitares, además de desconcertar a muchos activistas por la paz, exigió de las mujeres decidir el papel que cumplirían en una negociación que ha sido vista con ojos críticos por diferentes sectores nacionales e internacionales. Mientras algunas consideran que participar significa legitimar la existencia del paramilitarismo y la reelección de Álvaro Uribe, otras consideran que la incidencia desde una perspectiva de género es necesaria, no obstante las objeciones al proceso y la distancia que se tiene con el gobierno. De esta forma, una vez aprobada la Ley de Justicia y Paz, dos mujeres han sido incorporadas a la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, participación discutida, pero que puede nutrir las iniciativas de las mujeres por la paz. En todo caso, queda claro que sin las mujeres no se puede concebir ningún proceso de negociación y reconciliación, pues ellas no sólo son víctimas de la guerra, sino también actoras definitivas de la paz.