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| 9/3/2001 12:00:00 AM

Legalización: se calienta el debate

‘The Economist’, la revista más prestigiosa del mundo, le pide a Estados Unidos legalizar la droga. Colombia no puede estar fuera de la controversia

Los colombianos son obsesivos con el tema de las drogas. Y no es para menos. Después de ver cómo este negocio ilegal permeó toda la sociedad, asesinó a diestra y siniestra a quien intentó detenerlo, corrompió buena parte de la estructura estatal y financió el crecimiento de los grupos armados que atizan la violencia a lo largo y ancho del país creen que la solución a todos los problemas de Colombia pasa por la desaparición del narcotráfico. De ahí que apoyen con tanto ahínco la actual guerra contra las drogas. Pero, ¿qué pasaría si les dijeran que esta cruzada en la que han derramado tanta sangre y comprometido tantas energías ha sido inútil, injusta y desigual? ¿Que los argumentos con los que los comprometieron en la guerra no eran del todo ciertos o, en el mejor de los casos, fueron exagerados y sobredimensionados? ¿Que la prohibición no ha servido para proteger a las sociedades occidentales de la droga? ¿Que el mal está en la prohibición y no en las sustancias?

Quien le dijera estas cosas a los colombianos pondría un dedo en la llaga. Pues justamente esto fue lo que hizo la prestigiosa revista inglesa The Economist en su más reciente número. En un editorial y a lo largo de nueve artículos examina todos los ángulos del problema de las drogas ilícitas y concluye que el comercio de éstas “puede ser inmoral o irresponsable, pero debe dejar de ser ilegal”. Legalizar, una palabra que la mayoría de políticos y gobernantes del mundo considera un tabú, es la clave de su propuesta.

The Economist ha abanderado este tema desde hace varios años, inspirada en el principio ético enunciado en 1859 por John Stuart Mill: “Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano”. Además, muestra que la industria de las drogas es un negocio redondo: su estructura es simple y de costos bajos en comparación con las ganancias que obtiene al desarrollarse en la clandestinidad. Las ventas de droga al menudeo en el mundo suman unos 150.000 millones de dólares al año, están casi en el mismo nivel que las de tabaco y alcohol.

La revista retoma ahora su propuesta porque nuevas e inesperadas voces se han levantado en Inglaterra a favor de esta pragmática idea. ¡Dios salve a la reina! La mecha la prendió hace unas semanas la ex ministra Mo Mowlan al proponer la legalización de la marihuana y su regulación mediante un impuesto. Casi al mismo tiempo el coordinador de drogas del Reino Unido Keith Hellawell declaró que había “suavizado su visión de la marihuana como puerta de acceso a otras drogas más fuertes”. Luego sir Keith Morris, embajador en Colombia entre 1990 y 1994, remató al manifestarles a diferentes medios británicos que su paso por este país y experiencias posteriores lo habían convencido de que “las generaciones jóvenes consideran que el uso de las drogas es algo normal. En estas circunstancias la prohibición no va a conseguir que el consumo baje significativamente y mientras haya demanda habrá producción (…). Tenemos que adoptar políticas nuevas para enfrentar un problema que ha cambiado drásticamente”.

Y los cambios de política están dándose en forma gradual en los países desarrollados, mientras que en los productores del Tercer Mundo continúa la cruzada antidrogas a cualquier precio. En Suiza, por ejemplo, los granjeros que cultiven marihuana para el consumo local serán protegidos por las autoridades. En el Líbano, en cambio, el gobierno de ese país está siendo presionado para que erradique por la fuerza 40.000 hectáreas de marihuana antes de que invada el mercado europeo en los próximos dos meses. Sin ir más lejos, el gobierno canadiense ya comenzó a cultivar marihuana. La primera cosecha la recogerá el próximo año y será destinada a aliviar las penas de enfermos terminales con menos de 12 meses de vida. Al mismo tiempo que algunos países del norte inician un arriesgado camino hacia la liberalización, el sur continúa siendo fumigado y llevado hasta el límite en esta cruzada porque, como sostiene el siquiatra Thomas Szasz, “la guerra de las drogas no es una simple metáfora. En un Estado Teológico, el malvado Otro es el infiel; en el Estado Terapeútico, es la droga ilegal (y todos esos que la cultivan, venden, compran y utilizan)”.

Estados Unidos comenzó esta guerra en la década de los 30 y ahora, que se vuelve cada vez más oscurantista y costosa desde el punto de vista económico y en términos de pérdidas de vidas humanas, desde sus mismas entrañas se alzan voces que claman por un cambio en las políticas antidrogas. Y los que hablan no son figuras contraculturales con ansias de rebeldía sino pensadores conservadores como el premio Nobel de Economía Milton Friedman o millonarios como George Soros, quien está convencido de que “la guerra contra las drogas está causándole más daño a nuestra sociedad que el abuso mismo de las drogas”.

Los cuestionamientos a la política prohibicionista de Estados Unidos frente a los narcóticos son casi tan antiguos como la política misma. En 1958 la asociación de abogados y la de médicos estadounidenses hicieron un balance de los primeros 20 años de esta lucha. Su conclusión fue, según el investigador Michel Sitbon, “que una política basada exclusivamente en la represión acababa siendo un fracaso desde cualquier punto de vista”. Cuenta que “propusieron una política de prevención y la distribución controlada de opiáceos a los toxicómanos”. Sin embargo el zar de las Drogas del momento, Harry Anslinger, enterró el documento, y “envió a un agente para que ambas organizaciones cerraran la boca”. Cuarenta años después los estadounidenses están comprobando que los autores de este informe tenían razón. No se equivoca el personaje de Michael Douglas en la película Traffic, el zar antidrogas de Estados Unidos, cuando dice que “la guerra contra las drogas es una guerra contra nosotros mismos”. La manifestación más clara de esta nueva cacería de brujas se dio a mediados de la década pasada cuando los dueños de las empresas comenzaron a hacer pruebas rutinarias al azar para detectar consumidores entre sus empleados.

Pobres resultados

Los resultados de años de persecución a los consumidores de droga son, sin embargo, muy escasos. Precisamente donde este comercio se ha demonizado más, Estados Unidos, se encuentra el mercado de drogas más grande y valioso del mundo. Un estudio del Ministerio de Salud de Estados Unidos mostró que en 1999 más de 26 millones de personas mayores de 12 años consumieron alguna droga. Es más, en la última década la proporción de habitantes que consumen droga en ese país se ha mantenido estable, alrededor de un 12 por ciento de la población (ver cuadros).

La guerra antidrogas del lado de la oferta en los países productores tampoco tiene muchos resultados que mostrar en el mediano plazo. Se logró reducir el cultivo de coca en Perú y Bolivia, pero sólo para que éste aumentara en Colombia. Los programas estadounidenses para pelear contra las drogas en América Latina, concluye un estudio reciente del prestigioso Council on Foreign Relations, “no han logrado mucho más que reacomodar el mapa de producción y tráfico”. Aunque hoy se exporta menos cocaína a Estados Unidos y Europa (unas 765 toneladas métricas comparado con más de 900 en 1995) esto no ha incidido sobre la disponibilidad en los mercados mundiales. Los narcotraficantes manejan tan bien el negocio que hoy venden cocaína y heroína más pura a menor precio.

Pero la política no sólo no ha reducido sustancialmente el consumo sino que además ha tenido efectos perversos sobre la sociedad. Como se considera un criminal a toda persona que consuma una droga y se le trata como tal, el mayor esfuerzo de los gobiernos estadounidenses se ha ido en perseguir a los consumidores, la mayoría no violentos, y no en atender a los adictos o prevenir el consumo. Así, por ejemplo, de 1.600.000 personas arrestadas por delitos relacionados con la droga tres cuartas partes cayeron por posesión, según sostiene uno de los principales voceros en favor de la despenalización, Ethan Nadelmann, del Centro Lindesmith para políticas de droga. En las prisiones federales, según un estudio de la Casa Blanca, un tercio de los prisioneros por este motivo no tenían historia alguna de crímenes violentos. Sostener estos prisioneros le cuesta al Estado casi 9.000 millones de dólares al año. Esto explica por qué, según la Asociación de Gobiernos Estatales, los estados destinan más fondos a las prisiones que a la asistencia social de las clases pobres.

Aunque el gobierno estadounidense se siente muy seguro y satisfecho de su política antidrogas cada vez más personas piensan que, en realidad, ésta sólo ha servido para erosionar las libertades civiles en ese país y negarles una posibilidad de futuro a los jóvenes negros e hispanos, quienes según todos los estudios van a dar a la cárcel con desproporcionada frecuencia frente a los pequeños traficantes y consumidores blancos.

En los países productores la prohibición, que es lo que hace al mercado tan rentable, ha causado más males que beneficios. El experto colombiano en el tema Francisco Thoumi ha calculado que un kilo de cocaína en el país vale 1.500 dólares, pero termina ofreciéndose en las calles de Nueva York en 110.000 dólares. De ahí que un mercado de apenas 1,5 millones de consumidores regulares de cocaína y unos 3,6 millones adicionales que consumen una que otra vez sea tan enorme y jugoso. Estas utilidades han distorsionado las economías, han corrompido la política y han fomentado la violencia en los países productores.

El caso más dramático ha sido, por supuesto, el de Colombia. Perseguir la droga le cuesta al Estado colombiano unos 4.000 millones de dólares al año según los estimativos que el gobierno hizo para diseñar el Plan Colombia. Pero estas sumas enormes no han frenado el negocio, ni impedido que financie los grupos armados ilegales. Ni mucho menos han frenado la corrupción. Un estudio de la American University calculó en 1997 que los narcotraficantes colombianos destinan cada año 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios públicos. La obsesión por perseguir el narcotráfico impuesta desde el norte ha distorsionado tanto la políticas colombianas que, por ejemplo, durante años sólo se persiguió el lavado de dólares producto de la droga y no el lavado de dinero producto del secuestro o de la corrupción, igualmente dañino para la sociedad.

¿Venta libre?

La política actual de prohibición al consumo, venta y tráfico de drogas impuesta en el mundo sobre todo por Estados Unidos está entonces siendo cuestionada desde varios ángulos. Desde lo filosófico, The Economist sostiene que el Estado no debe intervenir en la libertad personal, así ésta sea utilizada para hacerse daño. Desde lo económico, Milton Friedman y otros afirman que prohibir un mercado en el cual hay una demanda que no va a desaparecer es un imposible y más en la era de los mercados abiertos y la globalización. Y también desde lo pragmático se levantan las voces de dirigentes, como el ex secretario de Estado George Schultz, el ex comisionado de Policía Joseph McNamara o el juez James Gray, de California, quien después de una larga experiencia en las cortes escribió su libro Por qué nuestras leyes antidrogas fallaron y qué podemos hacer.

A pesar de las crecientes críticas, pensar siquiera en legalizar la droga no es cosa fácil. ¿Quién puede imaginar sin sentir escalofrío que la heroína o la cocaína puedan ser vendidas en todas las esquinas como el cigarrillo?, o, ¿quién puede pensar en que es bueno para una sociedad que se le haga propaganda en la televisión a la marihuana, la más benévola de las drogas prohibidas, como si fuera cerveza? Lo que pasa es que nadie está a favor de la legalización absoluta, inmediata y sin control de la droga. Las propuestas sobre la mesa, aun de los más radicales, comienzan por plantear un desmonte gradual de las actuales políticas, como se ve que ya está sucediendo en Europa.

Para las drogas más ‘blandas’, como la marihuana y las metanfetaminas, se propone legalizar la posesión e inclusive permitir su venta, bien sea por el Estado mismo o por empresas privadas, que serían altamente reguladas, no podrían hacer publicidad y serían responsables de los daños a la salud. Los médicos podrían recetar éstas y otras drogas con propósitos medicinales si así lo consideran. De otra parte, ni los que venden drogas a adultos, ni los que la consumen deberían ser enviados a la cárcel, salvo que bajo los efectos de éstas les hagan daño a otros ciudadanos.

Para los adictos de drogas ‘duras’, como la heroína y la cocaína, sugieren se les proporcione la droga en expendios muy controlados, se les dé ayuda terapéutica y se les brinden agujas esterilizadas para evitar la propagación del sida y otras enfermedades. Los miles de millones de dólares que se ahorrarían al no perseguir a los consumidores no violentos y al no tener que mantenerlos en las cárceles pueden destinarse a la educación y prevención de uso de la droga. Como lo resumió hace poco Friedman, “Estados Unidos tendría la mitad de las prisiones, la mitad de reclusos, 10.000 homicidios menos al año, gente pobre con vidas más tranquilas y ciudadanos adictos que serían personas respetables, que no tendrían que convertirse en delincuentes para conseguir drogas de cuya calidad no estamos seguros”.

Y según William Ratliff, investigador del Hoover Institution de la Universidad de Stanford, la despenalización en Estados Unidos podría reducir las utilidades de la droga en América Latina en un 85 por ciento. “Y al hacerlo se reducirían las oportunidades y los incidentes de corrupción en los gobiernos, las ganancias de los carteles y, en Colombia, de las guerrillas”, dijo Ratliff en un foro sobre el tema en octubre de 2000. Pero eso, como lo deja en claro la revista inglesa, “en última instancia, las políticas del importador más grande de drogas del mundo limitarán la libertad de las otras para actuar”. Así que nadie puede pronosticar demasiados cambios mientras que el gobierno estadounidense no empiece a escuchar las críticas.

Colombia, no obstante, debería comenzar a debatir el tema con mayor libertad. Primero, porque las realidades de los países ricos no son las de aquí y por ejemplo, soluciones como la despenalización del consumo, que exigirían Estados muy fuertes que regulen y controlen la droga, no son viables en países en desarrollo. Si Colombia todavía no ha podido lograr que los remedios se vendan con prescripción médica, o que no se les venda licor a los menores, ¿cómo va a poder regular los narcóticos de venta permitida?

Así mismo, si parece fácil que en los países ricos se deje de tratar a los consumidores como criminales, no parece tan fácil que el mundo empiece a considerar a los barones de la droga como ‘empresarios respetables’. Y mucho menos será aceptable en Colombia que los responsables de tanta muerte, de la noche a la mañana, sean legitimados socialmente. Como se ve, queda mucho por debatir. Y la responsabilidad de los países productores es participar en la discusión. No vaya ser que cuando llegue el remedio del norte se descubra que puede ser peor que la desastrosa realidad de hoy.
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