Llamada por cobrar

SI HAY UN TEMA QUE trasnoche a los empresarios del sector de telecomunicaciones en Colombia es el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. No es para menos. El acuerdo bilateral cambiará para siempre las reglas de juego de su negocio y, según los funcionarios del gobierno colombiano, sentará las bases para que locales y extranjeros compitan en la misma cancha, con las mismas obligaciones y bajo la vigilancia de un árbitro imparcial.

Durante los últimos nueve meses los negociadores de ambos países se han reunido en una mesa aparte para discutir los temas concernientes a los servicios de telecomunicaciones. Hablan de portabilidad numérica, desagregación de redes, derechos de paso y otra infinidad de términos que sólo entienden ellos y unos pocos expertos en la materia. Pero, en el fondo, son dos los puntos en discusión: derribar las barreras de entrada al negocio y garantizar la libre competencia.

El primer punto se refiere a los requisitos que debe cumplir una empresa para prestar algún servicio de telecomunicaciones. Los norteamericanos quieren que sus compañías puedan hacerlo sin necesidad de instalarse en Colombia, es decir, a control remoto desde sus oficinas en Estados Unidos. El problema, dicen los empresarios colombianos, es que allá sus competidores no pagan los mismos impuestos ni tienen las mismas cargas que las compañías nacionales, por lo que éstas quedarían en desventaja.

Otro tema que calienta el debate es el de las licencias. Hace seis años, por ejemplo, ETB y Orbitel pagaron cada una 150 millones de dólares por el derecho a prestar de forma exclusiva, junto con Telecom, el servicio de larga distancia en Colombia hasta 2008. Ese es sin duda un obstáculo a la entrada de nuevos operadores que los gringos quisieran eliminar, pero que, según ha dicho el gobierno colombiano, continuará en pie, al menos mientras expiran las licencias ya otorgadas.

El segundo punto busca asegurar juego limpio en la competencia del sector. Eso en otras palabras significa que quienes dominan el mercado no pongan trabas a sus competidores y que quien se encargue de regular la actividad sea neutral. Como en el país la Nación es dueña de Colombia Telecomunicaciones -la nueva Telecom- y al mismo tiempo es árbitro, a través de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), los estadounidenses piden mayor transparencia. Como dijo a SEMANA en días pasados la entonces viceministra de Comunicaciones, María Paula Duque, no pretenden que se privatice la empresa sino que la CRT trate igual a los operadores públicos y privados.

No basta con que el regulador sea imparcial. También es necesario que quienes han extendido redes y han montado la infraestructura para llegar al usuario final permitan que otros las utilicen a un costo razonable. Por eso en las negociaciones se establecen obligaciones sobre acceso a redes y otros puntos para evitar que, en la práctica, los consumidores no puedan escoger libremente el operador.

A pesar de que Estados Unidos busca que todas las empresas queden en el mismo 'costal' regulatorio, pide excluir de algunas obligaciones a las empresas de telefonía móvil. Esta petición es compartida por el gremio de operadores celulares en Colombia, Asocel, con el argumento de que su negocio ya tiene un alto grado de competencia.

El reto de las empresas colombianas de telecomunicaciones, especialmente las públicas, es cómo salir airosas de estos cambios. Por eso ya comenzaron a ventilarse estrategias como la posible unión de Telecom, EPM y ETB, que tras la liberalización del sector en los años 90 quedaron en los negocios de más bajo crecimiento -telefonía fija- y enfrentados a dos gigantes de las telecomunicaciones en Latinoamérica: Telefónica Móviles, dueña de Bellsouth, y América Móvil, dueña de Comcel. No les queda otro camino que acomodarse a la apertura definitiva que, con la firma del TLC, se les viene encima.