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| 4/10/2000 12:00:00 AM

Los acuerdos de paz

La necesidad de detener y controlar la confrontación armada entre agrupaciones juveniles de distinta ideología y nivel de organización dio origen,

La necesidad de detener y controlar la confrontación armada entre agrupaciones juveniles de distinta ideología y nivel de organización dio origen, desde 1993, a una serie de acuerdos de paz entre jóvenes en Cali , Medellín y Bogotá. Las primeras experiencias en este sentido se llevaron a cabo en la Comuna 14 del Distrito de Aguablanca, en Cali, con las Milicias del Pueblo para el Pueblo, las Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas de Medellín y, posteriormente, en Altos de Cazuca, en los límites de Soacha y Bogotá, esta última con participación de los gobiernos nacional y distrital.

Estos acuerdos concedían una serie de beneficios similares a los de la amnistía con los grupos guerrilleros e implicaban la ejecución de una serie de programas para jóvenes en conflicto, los que ofrecían soluciones en el campo educativo, de capacitación y autogestión.

Sin embargo, y a pesar de todos los esfuerzos, en menos de dos años estas zonas volvieron a ser escenario de hechos violentos, poniendo en evidencia el fracaso de estos procesos que, si bien permiten bajar el nivel de violencia en las ciudades, no son suficientes para erradicar el problema de la violencia juvenil. Hay que llegar a las raíces del mismo.

De acuerdo con Jesús Darío González, coordinador de investigaciones de la Fundación Ciudad Abierta de Cali, desde los años 1993 y 1994 se inició un pacto de paz con pandillas y bandas de El Pozo, la Estrella, Comoepal y El Muro, promocionado por el ex alcalde Rodrigo Guerrero, que animó la configuración de una institución llamada Desepaz. Pero estos programas han ido muriendo, primero, por la falta de sistematización de la experiencia por parte de las instituciones responsables de los procesos; en segundo lugar, porque las intervenciones se hicieron apostándole a una mirada de la juventud estigmatizada y se posesionó en el imaginario público la idea de un joven como actor violento, y, en tercer lugar, está la crisis del Estado, que en materia de inversión social ha generado un quiebre de los programas que venían atendiendo la situación juvenil. Hoy en Cali las esperanzas están puestas en el proyecto BID, que destinará 4.000 millones de pesos en los próximos tres años para atender el conflicto juvenil. Hay otra partida semejante para Medellín y una más para Bogotá.

De acuerdo con la Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, los pactos son positivos pues hace tres años el porcentaje de muertes por enfrentamientos de bandas era del 80 por ciento y hoy sólo es el 40.

Según un analista, que prefirió permanecer en el anonimato, actualmente los pactos de no agresión entre pandillas en el Valle de Aburrá son acuerdos políticos que en su mayoría se precelebran en la cárcel de Bellavista. Por su colaboración en estos temas los reclusos obtienen diferentes beneficios como, por ejemplo, el control interno de los patios, la consolidación de su poder e incluso contratos con algunas entidades que emplean a jóvenes en proceso de resocialización.

Para algunos violentólogos los pactos de no agresión hacen juego para que la carrera delincuencial continúe y se exporte. “Se han visto muchos casos en los que se aprecia que los jóvenes, luego de firmar pactos, respetan su barrio pero delinquen en otro lado. Por eso se trata de una política apagafuegos y cortoplacista que genera otros males bien complicados”.

Mientras algunos investigadores desconfían de las bondades de estos pactos, pues crean entre los jóvenes la idea de que para ser escuchados o atendidos tienen que ser peligrosos, las organizaciones civiles quedan subordinadas a los actores armados ya que el gobierno local los vuelve interlocutores válidos.

Por otro lado se observa que hay una violencia cíclica, como la que se presenta en el Barrio Antioquia, ya que cuando se acaba la plata del programa se dispara el conflicto. Lo cierto es que con estos acuerdos sucede lo mismo que con las treguas: los grupos ‘desmovilizados’ aprovechan la distensión para rearmarse.

Otro de los problemas que hay alrededor de estos acuerdos, según lo afirma una persona que trabaja con los pactos barriales de la comuna Centro Oriental, es que “aunque nosotros le pagamos a la agrupación por un proyecto, como no se hace veeduría ellos se gastan la plata en celulares y armas”.

A pesar de todo hay personas que están convencidas de la importancia de estos pactos. Uno de ellos es Luis Guillermo Pardo, director del programa de Asesoría de Paz y Convivencia —creada en 1995 para desarrollar políticas para la reinserción social de la población en conflicto—, quien afirma que “las personas que critican los pactos no tienen en cuenta cuántos muertos se evitan y cuánto incide en la tranquilidad de un sector cuando logramos acercar a los muchachos en un pacto de no agresión”. Según Pardo, de 220 grupos armados en Medellín, 56 están en pactos de no agresión.

Sin embargo, para Henry Holguín, miembro de la Oficina de Paz de la cárcel de Bellavista, la Asesoría de Paz y Convivencia es una figura desgastada que ha perdido confiabilidad y no goza de credibilidad ni entre los jóvenes ni en la comunidad. “La Asesoría de Paz sirve si hay compromiso con un proceso de paz urbano. Nosotros creemos que la solución no es el pacto de no agresión sino que hay que aprovechar ese pacto para la unión de la comunidad en conflicto y la organización de los jóvenes para la autogestión comunitaria. Nosotros somos los que hacemos los pactos y nos toca entregárselos a la Asesoría de Paz para que los legalice y Guillermo Pardo, su director, se tome la foto”.

Por su parte el general Alfredo Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín, afirma que si bien “los pactos son un esfuerzo meritorio de la Alcaldía, muchas veces sólo logran que las pandillas cesen sus hostilidades entre ellas, pero no que dejen de delinquir. Los enfrentamientos entre ellas se deben a la pugna por el dominio de los negocios ilícitos y el mensaje que se les da es equivocado: ‘sigan delinquiendo pero no se maten’. Hay que enseñarles a trabajar y no entregarles la plata”.

La situación de los pactos en Medellín se complica porque, independientemente de la buena voluntad de quienes los suscriben, hay factores que influyen negativamente para que la violencia persista. Uno de ellos es la presencia del narcotráfico, que continúa siendo un gran generador de trabajo y recursos y depende de las pandillas para sus cobros y ajustes de cuentas. Otro de los grandes obstáculos que hay y que está muy ligado al anterior es que, según la Asesoría de Paz y Convivencia, por Medellín pasa el 82 por ciento de las armas que llegan al país y muchas se quedan en esta ciudad.
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