Lunes, 23 de enero de 2017

| 1996/12/23 00:00

LOS BEMOLES DEL PALACIO

Más allá de posibles irregularidades en su construcción, las dimensiones del nuevo Palacio de Justicia alimentan el debate sobre las prioridades del sector.

LOS BEMOLES DEL PALACIO

La visión del Capitolio Nacional y la Plaza de Bolívar de Bogotá desde la parte posterior de la plazoleta central del nuevo Palacio de Justicia, que se supone será una vía peatonal abierta al público, es realmente imponente. Después de 10 años de trabajos, el edificio _ya casi totalmente enchapado en piedra_ da por fin la impre-sión de que será terminado. La obra está adelantada en un 75 por ciento y de cumplirse los deseos del Presidente de la República, y contar los constructores de manera oportuna con los recursos presupuestados, la inauguración del edificio tendrá lugar el 6 de noviembre de 1997, 12 años después del holocausto que destruyó el anterior Palacio y que le costó la vida a más de 100 personas, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. El Palacio tendrá un costo final de 37.500 millones de pesos _en términos corrientes_ y albergará a los 1.400 funcionarios que conforman la planta de personal de las altas corporaciones de justicia: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura. Y es, en opinión de sus constructores, la respuesta a una necesidad de la rama judicial. El consenso es que las Cortes requerían una sede acorde con la dignidad de sus magistrados, pero la demora en las obras _que comenzaron en 1986_ y el considerable aumento en el presupuesto que se había fijado originalmente para la obra _que era de sólo 5.000 millones de pesos_ han colocado el Palacio en el centro de un nuevo debate no sólo sobre las condiciones de la construcción, sino sobre las prioridades de la justicia en Colombia y la eficiencia con que se manejan sus recursos.
Irregularidades
La semana pasada se dio a conocer un informe de 90 páginas de la Contraloría General de la República, entregado el 4 de julio, en el cual se denuncian un conjunto de irregularidades que según la entidad fiscalizadora se han presentado en la construcción del Palacio desde el comienzo de la obra, y se insta al Consejo Superior de la Judicatura _entidad a cuyo cargo quedó la ejecución en 1993, con la desaparición del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia_ a que asuma el compromiso formal de corregirlas. El informe señala, entre otros problemas, que a juicio de la Contraloría han demorado la entrega del proyecto y aumentado su costo inconsistencias en la información financiera, falta de programación, ejecución indebida de contratos, manejo inadecuado de inventarios y sobrecostos en algunos materiales de construcción. Casi de inmediato, el presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Gustavo Cuello; el administrador de la obra, Jairo González Arévalo, y el interventor, Gerardo Fries, dieron a conocer una serie de documentos en los cuales dan respuesta al informe de la Contraloría. En esos documentos, los implicados aceptan que han existido algunas irregularidades y hacen un recuento de las acciones que han tomado para corregirlas en coordinación con la propia entidad fiscalizadora, la cual, dentro de sus nuevas prácticas de control, promueve esas acciones "con el fin de obtener correctivos inmediatos en defensa de los intereses de la Nación, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que fueren del caso", según el contralor David Turbay.
La mayoría de las observaciones contenidas en el informe de la Contraloría y publicadas por el diario El Tiempo son controvertidas, sin embargo, en los documentos de los constructores por "reñir con la realidad, o ser por lo menos exageradas", según Fries. Y en todo caso no se les pueden achacar, en concepto del magistrado, las demoras en la terminación de la obra y el aumento en su costo. Según Cuello, hay dos hechos que explican esa situación. El primero es que entre 1986 y 1993, mientras la obra estuvo a cargo del Fondo Rotatorio, no hubo suficiente voluntad política para adelantar la construcción del Palacio, lo que se reflejó en los aportes presupuestales. En ese lapso, el Fondo celebró contrataciones por 6.329 millones de pesos, mientras en los últimos tres años el Consejo Superior ha hecho contratos por 23.874 millones. El segundo es que desde el momento en que se inició la construcción hasta hoy se han presentado cambios constitucionales y legales que modifican el número de corporaciones y de funcionarios y han obligado a rediseñar toda la obra.Cuando se tomó la decisión de reconstruir el Palacio de Justicia de Bogotá, el edificio estaba proyectado para albergar dos corporaciones _el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia_, con un total de 400 funcionarios, en 50.000 metros cuadrados de construcción. Desde entonces se han producido tres reformas a la Justicia (Ley 30 de 1989, Reforma Constitucional de 1991 y Ley 270 de 1996) que no sólo crearon dos instituciones nuevas _la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura_, sino que modificaron sustancialmente las plantas de personal de todas las altas Cortes. Hoy el edificio tiene que albergar a las cuatro corporaciones, con cerca de 1.400 funcionarios, en un área de 62.000 metros cuadrados.

Las prioridades
Para algunos analistas, sin embargo, el problema de qué tanto se aumentaron los costos de la obra por causas externas y qué tanto por la presencia de algunas irregularidades asunto que tarde o temprano tendrán que dilucidar los organismos competentes no es el único relacionado con el Palacio de Justicia. Otro es el de las prioridades de inversión. Según un documento de la Comisión de Gasto Público, casi toda la plata que ha tenido la rama judicial en los últimos años _que no ha sido poca_ se ha ido en burocracia y edificios: "En la Rama Judicial más del 90 por ciento de los gastos son de funcionamiento y, dentro de éstos, 88 por ciento se destina a cubrir gastos de personal. A lo anterior se debe agregar que de los denominados de inversión, 97 por ciento son para infraestructura física". Y el 35 por ciento de estos últimos ha sido para el Palacio de Justicia. Según el magistrado Cuello _quien como presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es el vocero de la corporación en asuntos presupuestales_ es cierto que el Palacio ha absorbido una parte importante del presupuesto de inversión de la Rama Judicial en los últimos años. Pero habría sido más caro no acabarlo o seguir al ritmo que traía antes de que el Consejo asumiera la responsabilidad de su terminación. Y según él _con la posible excepción de Bogotá, donde hay todavía muchos juzgados en malas condiciones_ el aumento de recursos para el Palacio no ha hecho que se descuiden inversiones necesarias en muchas otras partes. "En este momento hay 92 proyectos de construcción en todo el país", según Cuello. Una vez terminado el Palacio, además, se podrán vender los edificios que hoy ocupan la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, solicitar su reasignación y orientar los recursos a la compra de inmuebles para juzgados de Bogotá. Mientras tanto, el Consejo Superior de la Judicatura, según el presidente de la sala administrativa, está desarrollando una política de recuperación de inmuebles ocupados por otros despachos. "Hace poco _dijo a SEMANA_ se logró la entrega de cinco pisos en el edificio del Banco de Bogotá, donde están ubicados ya todos los juzgados civiles de circuito y casi todos los civiles municipales". En la actualidad, la Rama Judicial paga cerca de 4.500 millones de pesos anuales en arriendos y otra de las políticas es buscar la mayor economía posible en ese campo. Más que ladrillosNo es cierto tampoco, según Cuello, que toda la inversión de la Justicia se esté yendo en ladrillos. Para él, la preocupación generalizada sobre la congestión, la morosidad y la falta de resultados de la Justicia _que han llevado a una impunidad del 99 por ciento_, expresada en casi todos los foros que se han realizado recientemente sobre los principales problemas del país y resaltada en el informe de la Comisión de Gasto Público, es también una preocupación del Consejo Superior de la Judicatura. "Y esa preocupación _dice_ se ha visto reflejada en medidas adoptadas en los últimos dos años tanto en materia de dotación de juzgados, como de racionalización y redistribución de planta, de formación y capacitación de jueces, de evaluación de servicios de los funcionarios y de manejo de estadísticas judiciales".
En materia de dotación de juzgados, lo más importante según Cuello ha sido la inversión en sistemas y computadores. En computadores se invirtieron cerca de 6.000 millones de pesos en 1995 y otros 2.000 millones de pesos en 1996, y se ha comprado software por 2.600 millones de pesos. El año pasado, el Consejo Superior de la Judicatura sacó una licitación para dotar de computadores a todos los juzgados penales de Bogotá y a otros organismos de la Rama Judicial, incluyendo el Consejo de Estado, para el cual se adquirieron 134 computadores personales y 87 impresoras láser. Al respecto el ex ministro de Justicia Néstor Humberto Martínez dice que la compra de equipos no significa que haya unos parámetros claros para el desarrollo de todo el proceso, pero reconoce que el Plan de Sistematización de la Rama Judicial es una primera aproximación al tema. En relación con la morosidad y los altos costos de la justicia en Colombia _un proceso civil tarda en promedio cuatro años y una acción de nulidad hasta ocho Cuello asegura que gran parte del problema está en la mala distribución de los juzgados. Por eso el Consejo realizó recientemente un nuevo mapa judicial y ha expedido varios acuerdos de reordenamiento, con los cuales se busca disminuir el número de juzgados penales, que están sobredimensionados, y aumentar el número de juzgados en otras áreas que no están bien cubiertas (ver cuadro). Ese proceso ha estado acompañado por un plan de capacitación de emergencia en el cual se invirtieron 550 millones de pesos. La redistribución comenzará a operar el 11 de enero del año entrante.
En materia de eficiencia, uno de los pasos más importantes que se ha dado, según Cuello, es la expedición del Acuerdo 198 de 1996 sobre evaluación de servicios de los funcionarios y empleados del sistema de carrera de la Rama Judicial. Según ese acuerdo, los jueces y empleados serán evaluados cada año y los magistrados de tribunal cada dos años. La evaluación incluirá la cantidad y calidad de las providencias expedidas por los jueces, la organización de los juzgados y las publicaciones realizadas por los funcionarios. Las dos primeras tendrán un puntaje de 40 (y nadie podrá tener menos de 20 en cada una), la organización dará 15 puntos y las publicaciones cinco. El funcionario que tenga menos de 60 puntos será excluido de la carrera. La primera evaluación _correspondiente al año 96_ se hará en marzo de 1997. Es en ese contexto general, de acuerdo con el magistrado, que se debe mirar el interés del Consejo Superior de la Judicatura por terminar el Palacio de Justicia. Y hacerlo mejora, sin duda, los términos de discusión del problema. Porque lo cierto es que las obras del Palacio están ya tan adelantadas _mucho más de lo que dice el informe de la Contraloría_ que sin duda lo mejor es terminarlo. Sin que por ello pierdan validez las críticas que se le hacen a una obra cuyas dimensiones parecen desproporcionadas en un sistema que a pesar del aumento de recursos que ha tenido en los últimos años está lejos de mostrar los resultados esperados por los colombianos. Y sin perjuicio de la aplicación de sanciones a quienes se les compruebe la comisión de irregularidades en el desarrollo de la obra, como dice el contralor.
Aunque no han faltado ni faltarán las críticas al diseño del edificio y a su aporte al entorno del centro político y administrativo de la capital de la República, la obra no sólo es imponente sino lujosa. Demasiado, quizás, si se la compara con el promedio de juzgados del país. Falta ver si una vez ubicadas en ella las cuatro cabezas de la Justicia en Colombia _y liberada ya la Rama de la obligación de destinar cuantiosos recursos a un sólo proyecto_ se logra dar un impulso adicional a los programas destinados al que para muchos es el verdadero meollo del problema: recuperar la confianza de los colombianos en su sistema de Justicia. Y eso sólo se logrará cuando se produzcan resultados en la evacuación de los millones de procesos que se encuentran represados.

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