Miércoles, 18 de enero de 2017

| 1993/10/11 00:00

Los platos rotos

En medio del debate sobre las demandas que pierde la Nación, las autiridades deciden que los funcionarios responsables deben pagar de su bolsillo. SEMANA hizo um muestreo de los casos más dramáticos.

Los platos rotos

CADA DIA LLEGAN AL CONSEjo de Estado más de 10 demandas en contra de la Nación. Algunas se convierten en noticia, sobre todo las que involucran indemnizaciones por miles de millones de pesos. Entre ellas está el caso de Carbocol, en el que el Estado tuvo que pagar 22.000 millones de pesos a una firma extranjera por decretar arbitrariamente la caducidad de un contrato .
Pero hay demandas que pasan inadvertidas y que están llenando los archivos de los tribunales. Se trata de las que se originan en las continuas fallas de los funcionarios públicos. Decenas de personas están pidiendo que les indemnicen los daños morales y materiales causados por errores de los trabajadores del Estado. Casos como el de una señora que perdió a su hijo por negligencia en el servicio médico, o el de una familia que reclama porque un policía borracho le mató a su padre, son cada vez más frecuentes.
Precisamente por la actual avalancha de demandas, se decidió abrir procesos en contra de los funcionarios involucrados para obligarlos a pagar parte de las indemnizaciones. En menos de cinco meses, la Procuraduría ha llamado a rendir cuentas a más de 250 empleados.
Y es que estas pequeñas condenas están contribuyendo, casi en igual proporción que las grandes demandas, a aumentar las millonarias sumas de dinero que el Estado tiene que pagar.
SEMANA escogió 12 de estos casos que están generando el desangre de la Nación.

UN POLICIA LO RETO A DUELO
Nadie supo cómo se inició la discusión. Lo cierto es que Alvaro Quiroga, quien estaba tomándose unos tragos en un restaurante, resultó batiéndose a duelo con agente de la Policía que llegó al establecimiento. Aunque los demás clientes trataron de detenerlos, los dos se dispararon. Quiroga murió y el policía quedó gravemente herido.
La esposa de Quiroga demandó a la Policía Nacional por la muerte de su marido. Y aunque el abogado defensor de la Policía afirmó que el agente no estaba en servicio y, por lo tanto, la institución no era responsable, el argumento no fue válido para el Consejo de Estado, pues el agente estaba uniformado y el arma que llevaba era oficial. Por tal razón se condenó a la Policía Nacional a pagar los daños morales derivados de la muerte de Alvaro Quiroga.

DESPIDO INJUSTIFICADO
Isidoro José Castilla trabajaba como ingeniero en la Sección de Tesorería y Cobranza del Instituto de Seguro Social, en Barranquilla, cuando recibió la notificación de que su nombramiento era insubsistente. El director de la institución aseguró que, por reformas internas, el funcionario quedaba destituido de su cargo.
Al no encontrar causa que justificara esta medida. Castilla presentó una demanda contra la institución. Cuando el caso llegó a conocimiento del Tribunal, se confirmó que "el ingeiero cumplía con todos los requisitos establecidos por el Instituto para desempeñarse en el cargo que estaba ocupando". Con base en esto, se ordenó a los Seguros Sociales reintegrar de inmediato a Castilla al mismo puesto que estaba desempeñando y, además, reconocerle el dinero que dejó de recibir durante el tiempo que estuvo sin el empleo.

JALADORES OFICIALES
José Antonio Ortiz demandó a la Policía Nacional y a la Dirección General de Aduanas por los perjuicios materiales causados por el decomiso arbitrario de su carro.
Ortiz, propietario de una compraventa de vehículos, había adquirido legalmente un Renault rojo y, después de dejarlo listo para la venta, dos agenteS del F-2 llegaron al concesíonario y le informaron que tenían que decomisar el vehículo porque era de contrabando. Luego de dos años de largas investigaciones, durante los cuales el carro estuvo a la intemperie en los patios, se confirmó que el contrabando no existía. El juzgado ordenó la devolución del carro, pero cuando el propietario fue a recibirlo, el vehículo estaba completamente desvalijado. El Consejo de Estado falló a favor de Ortiz y declaró administrativamente responsable a la Nación y a la Dirección General de Aduanas.


INCUMPLIERON EL CONTRATO
En 1981 el Instituto de Crédito Territorial, hoy Inurbe, contrató a la sociedad Suramericana de Construcciones para que realizara parte del proyecto de la urbanización Bachué.
Con la autorización verbal, pero sin haber firmado ningún contrato; la constructora comenzó a trabajar. Meses después, la junta directiva del Instituto revocó el permiso y dio la orden de que se suspendiera definitivamente la construcción. Por tal motivo la Sociedad Constructora entabló una demanda en contra del Inurbe.
En la sentencia, el Consejo de Estado declaró que el Instituto de Crédito Territorial afectó el patrimonio de Suramericana de Construcciones, ordenó que el Estado reconociera la inversión que alcanzó a hacer la constructora y la indemnizara por más de 400 millones de pesos.

NO SABIA NADAR
Yolanda Artunduaga cursaba quinto de primaria en el colegio Efrain Rojas Trujillo, de Neiva. Para celebrar el fin de año, los profesores planearon un paseo a las orillas del río Las Ceibas. Todos los alumnos se metieron a nadar y, cuando llegó el final del día, el profesor llamó a lista. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Yolanda no estaba. Se había ahogado en el río porque no sabía nadar.
El Ministerio de Educación tuvo que indemnizar a los padres y hermanos de Yolanda por los perjuicios morales que causaron. Según la sentencia del Tribunal, los organizadores del paseo escolar debieron haber comprobado de antemano cuáles alumnos sabían nadar y, además, era responsabilidad de las directivas del colegio brindarles más protección y vigilancia a los niños.

MURIO EN LA CARCEL
Llevaba varios meses preso en la cárcel La Modelo. Un día, Luis Cristancho Orozco apareció muerto a causa de una herida con arma blanca que otro detenido le propinó. Los padres y hermanos demandaron al Ministerio de Justicia por su muerte.
El fallo resultó positivo para la familia, pues el Tribunal consideró que la administración del penal incurrió en omisión, o al menos en conducta negligente, al permitir el mantenimiento de armas por parte de los reclusos, ya que esto pone en peligro la integridad personal de quienes se encuentran en la cárcel. Además, la institución no cumplió con su obligación constitucional de salvaguardar la vida de los reclusos. Por tal motivo se condenó a la Nación a pagar el equivalente a 1.000 gramos oro a cada uno de los padres y 500 gramos oro a cada uno de sus 11 hermanos.


OPERACION TARDIA
Gloria Villamizar perdió su hijo a causa de una mala atención de la clínica Rafael Uribe Uribe del Instituto de Seguros Sociales (ISS), en el Valle del Cauca. A pesar de que el diagnóstico señalaba que la paciente necesitaba urgentemente una cesárea, los especialistas del instituto se demoraron más de siete horas para realizar la intervención. Debido a este retraso, la niña que nació sufrió de graves complicaciones y apenas vivió 24 horas.
La demanda contra el ISS no se hizo esperar. Y al conocer el caso, el Consejo de Estado señaló que "la clínica no tomó las medidasr necesarias y pora tal razón elparto de la paciente no tuvo feliz término". Se declaró al Instituto de Seguros Sociales responsable por los daños causados y se le ordenó indemnizar a Gloria Villamizar con la suma equivalente a 1.300 gramos oro.

ALLANAMIENTO SIN CAUSA
David Domínguez nunca supo por qué razón la Policía de Bucaramanga allanó su laboratorio y lo mantuvo preso por más de una semana. Desde hacía varios años Domínguez, un ingeniero químico que trabajaba en la purificación de metales preciosos, le había pedido permiso al Consejo Nacional de Estupefacientes para comprar sustancias necesarias para su actividad pero restringidas para el uso común, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y el etil acetona.
A pesar de que la autorización fue dada, la Policía sospechó que el laboratorio se estaba utilizando para el procesamiento de droga. Por lo tanto, decidió allanarlo y detener provisionalmente al ingeniero. Sin embargo, no encontraron ni una sola prueba en su contra. Domínguez decidió demandar, y la Nación fue condenada a pagarle los daños, pues la acción de las autoridades fue totalmente irresponsable.

ELECTROCUTADA EN LA CALLE
Eran las siete de la noche. Amparo Alvarez regresaba a su casa, en el corregimiento de Montebello, municipio de Cali. Dos cuadras antes de que llegara pisó un cable de energía eléctrica que se se encontraba roto en el suelo y murió electrocutada.
Años después, la familia de Amparo demandó a las Empresas Públicas de Cali, Emcali. La empresa se defendió tras argumentar que el daño se había presentado a causa de un rayo que cayó sobre el cable y que, además, la señora era responsable por no haber tenido la suficiente precaución. Sin embargo, el Tribunal Contencioso señaló que en este caso "Emcali es responsable ya que, al establecer la energía en el sector, creó un riesgo excepcional para los administrados. Riesgo que ocasionó la muerte de la señora". La empresa tuvo que indemnizar a la familia con 1.000 gramos oro.

OTRO CADAVER
Mientras prestaba su servicio militar en Monteria, Orlando Jiménez fue secuestrado y asesinado por un grupo guerrillero. Su familia se enteró del hecho a través de las noticias de la radio, en las que informaron que el cadáver de Jiménez no había sido encontrado. Sin embargo, el comandantr del batallón del que hacía parté el soldado llamó a los padres y les anunció que el cuerpo del muchacho sería enviado de inmediato a Medellín, en donde residian.
Cuando llegó, Orlando Jiménez fue velado en una sede militar sin que nadie pudiera verlo. Pero cuando lo iban a sepultar, los padres se dieron cuenta de que el cuerpo no era el de su hijo. Los familiares demandaron al Ministerio de Defensa por daños morales. El Consejo de Estado falló a favor de la familia y condenó al Estado a pagar la suma equivalente a 3.750 gramos oro.

UN GOL MORTAL
Sergio Baquero cursaba séptimo grado en el Colegio León XIII, de Bogotá. Todos los fines de semana él y un grupo de amigos iban a jugar fútbol a la cancha de la Universidad Pedagógica Nacional. Durante uno de los partidos, Sergio, que ocupaba el puesto de arquero, saltó para celebrar un gol de su equipo. Se colgó del horizontal de la portería con tan mala suerte que el marco se cayó y lo golpeó tan fuerte en la cabeza, que él murió sin que lo alcanzaran a atender en un hospital.
Los familiares abrieron de inmediato una demanda contra la Nación y el Consejo de Estado falló a su favor. La sentencia judicial explicó que, aunque la universidad no organizaba los eventos deportivos, sí era responsable de que las canchas estuvieran en buen estado. Se determinó, entonces, que el Estado indemnizara a la familia de Sergio por los daños morales.


ABUSO DE AUTORIDAD
Por la imprudencia de un oficial del Ejército, John Jairo Meneses no pudo volver a caminar.
Mientras departía tranquilamente en un bar, un teniente que se encontraba embriagado lo obligó a entregarle las llaves de su vehículo, pues tenía que llegar al batallón lo antes posible. Meneses no pudo rehusarse, pero prefirió acompañarlo antes de permitir que se llevara su camión. Durante el camino, el ofcial, que iba manejando, perdió el control y chocó contra un barranco. El teniente murió y a Meneses tuvieron que amputarle las dos piernas.
Por considerar más que imprudente la actuación del oficial, el Consejo de Estado ordenó a la Nación y al Ministerio de Defensa pagar a Meneses y a su familia 22 millones de pesos por perjuicios materiales y fisiológicos, y 5.200 gramos oro por los perjuicios morales.

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