Domingo, 22 de enero de 2017

| 1994/10/10 00:00

MAL AMBIENTE

La deforestación, el vertimiento de químicos a los ríos y la falta de control del Estado, tienen en jaque los recursos naturales.

MAL AMBIENTE

LA FABRICA DE BATERIAS PARA CARROS Falcon, localizada en el barrio Prado Veraniego, de Bogotá, reciclaba baterías usadas y de ellas obtenía plomo para la elaboración de sus productos. Cada año procesaba 144 toneladas de plomo antimonial, 150 toneladas de óxido de plomo y 36 toneladas de ácido sulfúrico.

En marzo de 1992 la Secretaría de Salud de Bogotá le solicitó a esta empresa el cumplimiento de las disposiciones legales para que pudiera obtener su licencia de funcionamiento. Se le exigió, por ejemplo, elevar los ductos de las chimeneas 15 metros sobre el nivel del suelo y seleccionar alternativas de control para la contaminación que producía. Sin embargo, la fábrica no llevó a cabo ninguna medida para satisfacer los requerimientos.

Un año más tarde, en marzo de 1993, la comunidad vecina, luego de repetidas quejas, exigió a las autoridades distritales el cierre de Falcon. Según la petición, existía la sospecha de que la contaminación que producía esta fábrica hubiera sido la causante de la muerte de una niña del sector. Ese mismo mes varios vecinos del barrio se sometieron a pruebas clínicas para determinar el nivel de plomo en la sangre. Los resultados demostraron que no solo esas personas tenían un 543 por ciento más de plomo en la sangre que la población en general, sino que la niña muerta tenía un 102 por ciento más de tóxicos en el organismo. Como consecuencia del incumplimiento de las normas ambientales y de la presión ejercida por la comunidad, la Secretaría Distrital de Salud selló ese mismo mes esta fábrica definitivamente.

Si bien este caso puede parecer un hecho aislado o fortuito, lo cierto es que la contaminación industrial y doméstica ha adquirido dimensiones insospechadas en Colombia. Los casos de contaminación con residuos sólidos y peligrosos continúan presentándose en el país, con el agravante de que las acciones de prevención y control encuentran dificultades y oposición por parte de los contaminadores.

Incidentes como la reciente mortandad de peces en la ciénaga de la Virgen, el escape de cloro de una fábrica manufacturera de cartón y papel en el Valle del Cauca, la contaminación de Bocagrande, el vertimiento accidental de un pesticida de alta toxicidad en la bahía de Cartagena. la emisión incontrolada de vapores con concentraciones de plomo en Bogotá, el uso crónico de residuos de curtiembres con altas concentraciones de cromo y la utilización de aguas del río Bogotá para el riego de los cultivos de hortalizas en Soacha, constituyen, por una parte, la evidencia del bajo nivel de conocimientos existente en los programas de manejo ambiental en las industrias; por otra, demuestra las dificultades institucionales de las entidades reguladoras gubernamentales para controlar la contaminación.

Una investigación de la Procuraduría General detectó que 407 empresas del país, entre las que se encuentran Colcarburos, Compañía de Cemento Argos, Peldar, Inverquímica, Pinturas Pintuco, Kola Román, la Texas Petroleum, Ingenio del Cauca y Cementos Diamante, se siguen rehusando a cumplir con los requerimientos para la expedición de su licencia sanitaria. El asunto es tan grave que la delegada agraria ya le solicitó a los Servicios Seccionales de Salud la intervención de estas empresas. Si no cumplen los requisitos, serán multadas o cerradas definitivamente.

En Bogotá la situación de incumplimiento de las normas ambientales no es diferente. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, de las 300 empresas más contaminantes sólo 195 han registrado sus fuentes primarias de descarga y únicamente 30 están comprometidas en reducir el nivel de sus contaminantes. En Cartagena, de los 620 establecimientos industriales, con excepción de Ecopetrol, ninguno de ellos posee instalaciones portuarias para la recepción, eliminación o transformación de los desechos producidos por los buques, aguas de sentina, lavazas o aguas de lavado de tanques, aguas negras, de lastre, residuos de sustancias líquidas transportadas o de combustibles y lubricantes.

A todo este panorama de desidia e incumplimiento, se suman otros problemas como la tala indiscriminada de bosques y la consecuente erosión. Una investigación realizada por María Teresa Amaya, asesora del Ministerio de Agricultura, ratifica que la creciente degradación de los bosques colombianos tiene su origen en la extracción maderera irracional, en los procesos de tala y quema que acompañan las colonizaciones y en la utilización de madera como combustible doméstico. La Defensoría del Pueblo confirma que la deforestación es una de las principales causas de la crisis ambiental del país. El boom de la industria maderera provoca que anualmente en Colombia se talen 600.000 hectáreas de árboles, equivalentes al 1.3 por ciento de la capa vegetal del país.

Los resultados del deterioro ambiental son ya inocultables: Bogotá se ha convertido en la tercera ciudad más contaminada de Latinoamérica; las enfermedades del pulmón y de la piel han aumentado considerablemente en todo el país; centenares de tierras aptas para el cultivo están desapareciendo como consecuencia de la erosión; páramos, lagunas y ríos se pierden irremediablemente; los niveles de ruido están produciendo alteraciones sobre la conducta y comportamiento de los ciudadanos y, sobre todo, los costos económicos que implica esta degeneración del medio ambiente son enormes para el desarrollo del país.


DEGRADACION TOTAL

Años de incumplimiento de las normas ambientales, de saqueo indiscriminado de los recursos naturales del país y de desidia gubernamental, dejaron sus secuelas. Un documento de trabajo del Departamento Nacional de Planeación (marzo de 1994), asegura que la calidad del ambiente en Colombia se ha degradado a tasas que no tienen precedente. Los niveles de contaminación ambiental que se registran en los centros urbanos del país colocan a ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Barrancabermeja o Sogamoso, con índices de contaminación superiores al de ciudades de países industrializados, que tienen un mayor número de habitantes y más elevado nivel de desarrollo económico.

En su informe al Congreso sobre el estado del ambiente en Colombia durante 1993, la Contraloría General de la Nación ratifica que el país registra en forma paralela a su crecimiento económico y social, un deterioro preocupante. "La falta de conciencia sobre el patrimonio natural del país -sostiene-, ha conducido a un manejo irracional e ineficiente de los recursos naturales. Los patrones de ocupación desordenada del territorio y el mal uso de las tierras, junto con el acelerado crecimiento urbano, se han vuelto limitantes para el desarrollo del país".

El mayor problema asociado con la contaminación ambiental del país, según Planeación Nacional, es la descarga de compuestos tóxicos y patógenos a los ríos y acuíferos que sirven como abastecimiento de agua potable, irrigación de cultivos y recreación. Los causantes de tan graves daños son los vertimientos de aguas negras de la mayoría de los 1.009 municipios y cerca de 5.000 industrias, incluidas las estatales.

En efecto, las descargas de materiales pesados como plomo, cromo, mercurio o cadmio; de compuestos orgánicos volátiles como el triclorometileno y los solventes halogenados, grasas y aceites, acaban con la vida acuática y ponen en peligro la salud de los habitantes que entran en contacto ya sea con los cuerpos de agua o con productos irrigados con estas aguas residuales. La descontaminación de la laguna de Zapatosa, en el departamento del Cesar, a donde han ido a parar no solo los residuos domésticos de la región sino el petróleo de los atentados al oleoducto Caño Limón-Coveñas, cuesta en estos momentos cerca de 7.000 millones de pesos.

La industria de refinación de petróleo descarga a los ríos del país, especialmente al Magdalena, compuestos altamente tóxicoss como los fenoles. La industria química riega metales pesados como mercurio y cadmio; y la de curtiembres vierte a los ríos Bogotá, Cali, Pasto y Medellín, metales pesados y tóxicos mortales como el plomo y el cloro. Los automores también tienen su aporte nefasto: el mayor porcentaje de los 650.000 barriles anuales de aceites lubricantes para carro se descargan a los alcantarillados. La Corporación Autónoma Regional (CAR) estima que en 1989 cerca de 250.000 barriles de aceite motor se vertieron al alcantarillado de la capital de la República y por ende al río Bogotá.

Las áreas perjudicadas por los derrames de petróleo se ubican principalmente en la zona alta de la llanura araucana, en la región de la cuenca del río Catatumbo; también en la llanura del valle medio y medio bajo del río Magdalena (departamentos de Santander, Cesar y Sucre). En la cuenca del Catatumbo los derrames de petróleo a los ríos Sardinata y Tarra han perjudicado la vida de cientos de especies.

En total se calcula que los sectores industrial, agropecuario y doméstico, producen 8.950 toneladas diarias de materia orgánica contaminante. Del total, más del 80 por ciento corresponde a descargas provenientes de labores agrícolas y pecuarias. Se prevé que para 1999 las cuencas hidrográficas serán depositarias de más de 17 millones de kilogramos de residuos domésticos e industriales, con un promedio diario de 500.000 kilos. Efectos de esta contaminación saltan a la vista: en 1980, el río Magdalena produjo 80.000 toneladas de pescado; en 1985 la producción bajó a 28.000. Para 1995 se calcula que será de 7.000.

SIN CONTROL

A pesar de que la sociedad colombiana reconoce hoy que la contaminación ambiental es un problema grave, el país aún no cuenta con la capacidad adecuada para su control. "Existen debilidades de tipo institucional, jurídico, económico y técnico que le dificultan al gobierno y al sector privado un control eficiente y eficaz", aseguró a SEMANA Eduardo Uribe Botero, ex viceministro del Medio Ambiente.

Resultado: el sector productivo sigue actuando sin control y con tecnologías poco eficientes, generando desequilibrios ecológicos y descargando residuos de toda clase. "Con pocas excepciones -sostienen Ernesto Sánchez y Carlos Herrera, investigadores de Planeación Nacional-, el sector productivo ha establecido programas de prevención o control de la contaminación, y la ausencia de éstos se justifica en parte porque las actividades domésticas y económicas no están reguladas en este aspecto".

Según el ex contralor Manuel Francisco Becerra, esa falta de conciencia sobre el patrimonio natural nacional, de planeación y normalización, ha llevado a un manejo irracional e ineficiente de los recursos naturales colombianos. "Un ejemplo de ello -dice-, es la política sectorial relacionada con el sector agropecuario. Algunos suelos de vocación agrícola se dedican a la ganadería, mientras que en tierras muy pendientes se siembran cultivos limpios. Entre tanto, el consumo de agua por hectárea en los distritos de riego es superior a las recomendaciones técnicas, debido a las bajas tarifas y a su ineficiente administración".

Aunque muchos expertos consideran que el crecimiento económico y comercial es el principal responsable del deterioro ambiental -pues a medida que la población aumenta crecen sus necesidades y se ejerce presión sobre el medio ambiente- otros consideran que también existe un problema cultural en todo este asunto. Un estudio de la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica, Cinset, realizado entre la pequeña y mediana industria de todo el país, da piso a esta tesis.

"En la jerarquía de valores del pequeño empresario no figura la ecología o, con suerte, lo hace en lugares de retaguardia. Cuando el problema ambiental es tenido en cuenta, sus decisiones se contemplan como un factor de costo, como un gasto, y no como una inversion", dice Juan Alfredo Pinto, su director. "Culturalmente -agrega-, el pequeño empresario tiende a transferir a causas externas el origen de los males. Esta tendencia lo lleva a pensar que si hay contaminación ambiental se debe a factores externos, ajenos a él, y por tanto no asume ninguna responsabilidad"

Sea como fuere, lo cierto es que lo que más llama la atención es la deficiencia institucional del Estado para hacer un efectivo control de la contaminación. "La normatividad pertinente para el control es todavía incipiente", dice el ex viceministro del Medio Ambiente, Eduardo Uribe, y agrega: "si bien la Ley 99 de 1993 sienta las bases para desarrollar un conjunto de herramientas de tipo económico (tasas, restricciones, incentivos, etc.) para dirigir la gestión del sector privado hacia patrones de producción y de consumo ambientalmente más sanos, a éstas aún les falta evolucionar".


APERTURA Y MEDIO AMBIENTE

Quizás el signo alentador en toda esta problemática es que la apertura económica está obligando a las industrias a transformar sus procesos industriales con el fin de competir en los mercados internacionales. La perspectiva de contar con acuerdos comerciales con países desarrollados, particularmente Estados Unidos y Canadá, exige al sector industrial la aplicación de tecnologías menos contaminantes y el contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de control de emisiones atmosféricas y sistemas de manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos.

Los países industrializados han establecido obstáculos a las importaciones de productos agrícolas y manufacturados, como los textiles, respaldados en un escudo ambientalista. El Gatt demanda la transparencia en el diseño e implementación de las normas ambientales bajo la amenaza de que quienes no las cumplan, no tendrán acceso a los mercados de las economías industrializadas .
La política ambiental colombiana, contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, la Constitución de 1991 y la Ley 99 de 1993, definieron nuevas responsabilidades tanto al gobierno como al sector privado en el camino que Colombia debe seguir hacia las metas del desarrollo sostenible. El medio ambiente y la liberalización comercial están fuertemente relacionados como consecuencia, básicamente, de una creciente preocupación por el deterioro ambiental, que está cambiando los patrones de consumo en todo el mundo.

"Si aun así la industria contaminante no cambia de actitud frente al medio ambiente, la catástrofe sería inminente. Afortunadamente el final del siglo XX está dando inicio en Colombia a compromisos decisivos con el medio ambiente urbano y rural, generando nuevas fuerzas sociales y políticas ante fenómenos deteriorantes de la calidad de vida", dice Margarita Pacheco Montes, investigadora del Instituto de Estudios Ambientales, Idea.

No hay duda de que el Estado colombiano tendrá que poner mayor atención a la problemática ambiental. El asesinato del director del parque Tayrona, Héctor Octavio Vargas, muestra que el asunto va más allá de simples sanciones a la industria o de toma de conciencia de la sociedad. Infortunadamente sobre los recursos naturales se han interpuesto intereses que van desde el narcotráfico con sus cultivos de amapola que están deforestando regiones enteras, contrabandistas que se apropiaron de las playas de la Sierra Nevada, hasta la guerrilla con sus voladuras de oleoductos, sin contar con la rapiña de terratenientes y colonos. Si no se toman medidas urgentes, la riqueza con que cuenta el país en recursos naturales y humanos se verá seriamente amenazada.



CONTAMINACION SONORA

LOS ALTOS niveles de ruido que se presentan en las principales ciudades colombianas también son otro factor de perturbación ambiental. En los barrios residenciales de Bogotá, en especial los situados en la zona de influencia del aeropuerto Eldorado, se registran niveles superiores a 93 decibeles, cuando el nivel permitido es de 55. En Barranquilla, en zonas cercanas al centro, se alcanzan 95 decibeles en las horas pico; en Cali, 89; en Pereira, 92; y en Medellín 87 decibeles.

Las consecuencias para la salud humana son preocupantes. En un estudio hecho por Planeación Nacional en la zona industrial de Puente Aranda, en Bogotá, se detectaron los siguientes efectos no auditivos, asociados por la contaminación con ruido: estrés (25 por ciento), mal genio (51 por ciento), dolor de cabeza (25 por ciento), fatiga (39.3 por ciento), agresividad (10.7 por ciento) y sudoración (6 por ciento).

Sea como fuere, lo cierto es que pocas industrias manufactureras poseen sistemas de control de ruido para el interior y exterior de sus instalaciones; por eso no es de extrañar el hecho de que la primera causa de enfermedad profesional sea la hipoacusia, o sea la pérdida de la capacidad auditiva, según sostiene un informe del Instituto de Seguros Sociales.

Otro estudio realizado en el sector industrial por Alcalis de Colombia, donde se examinaron a 497 trabajadores, reveló que el 31.8 por ciento de ellos presentaba pérdida auditiva, asociada con niveles de ruido por encima de los límites permisibles.

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