Martes, 24 de enero de 2017

| 1990/07/23 00:00

MOSTRANDO LOS DIENTES

Inquietudes en el continente por creciente ánimo intervencionista de Estados Unidos.

MOSTRANDO LOS DIENTES

Ocurrió en medio de los preparativos del mundial de fútbol y no pasó de ser, para la mayoría, una reunión diplomática más. Inocua y protocolaria. Se llevó a cabo entre el 2 y el 8 de junio en la apacible y soñolienta ciudad de Asunción, la capital del Paraguay.
Estrenando democracia, la ciudad donde durante 35 años reinó uno de los más implacables dictadores de la historia de América Latina, sirvió de sede a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. Y fue escenario de una serie de acontecimientos sorprendentes y contradictorios, que pasaron desapercibidos para los periodistas que rutinariamente cubren estos eventos.

En el aeropuerto internacional recientemente bautizado "Silvio Pettirossi" (el primer piloto paraguayo), el Presidente, general. Andrés Rodríguez, acompañado por su Canciller Luis María Argaña, recibió a los participantes de la Asamblea hemisférica con bombos y platillos. El fausto de la ceremonia contrastaba dramáticamente con la escena que había tenido lugar en ese mismo sitio 16 meses atrás, cuando el dictador Alfredo Stroessner fue puesto en un avión rumbo al exilio en el Brasil.

Los presidentes de cinco países del hemisferio y los cancilleres de todas las naciones americanas acudieron cumplidamente a la cita de Asunción, junto con otros delegados de los 32 países miembros de la OEA, los representantes de los 21 países observadores y de numerosas organizaciones internacionales.

Pero lo insólito, claro está, no se dio en las sesiones formales, que no pasaron de ser lo que siempre han sido las reuniones internacionales de este tipo: una larga serie de monótonos encuentros para resolver toda suerte de asuntos rutinarios tanto de orden político-juridico, como económico, educativo y presupuestal. Tampoco se reflejó en los discursos de los seis presidentes que asistieron a los actos de instalación el lunes 4 de junio, ni en los que pronunciaron luego los cancilleres ante el plenario de la OEA. Lo insólito ocurrió tras bastidores, en diálogos privados en embajadas y restaurantes, al margen y fuera del recinto del Banco Central del Paraguay, sede de la Asamblea, un ultramoderno complejo arquitectónico construido sin limitación en los gastos, cinco años antes de la caída de Stroessner.

La diplomacia interamericana que poco o nada funciona en las sesiones formales y rutinarias de la Asamblea, tejió los hilos por debajo de las mesas de trabajo, donde, una vez más, se reveló una sorda lucha de intereses, cuyo desenlace puede ser definitivo para el futuro de los países americanos. Como de costumbre, en el fondo de esa lucha estaba el conflicto nunca resuelto del Goliat del norte y el David del sur.

Esta vez, sin embargo, el Goliat, Estados Unidos, se presentó armado con una versión remozada de la famosa Doctrina Monroe, frente a un David, América Latina, desunido como siempre, tratando de defender las conquistas logradas en el papel a lo largo de dos siglos de difíciles relaciones con el "Coloso del Norte".

Pero en esta ocasión había alguien más en el ring: Canadá. Incorporado a la organización en enero pasado como miembro pleno después de 15 años de actuar como país observador, no se podía esperar nada distinto de una alianza con su gran vecino y socio del club de las naciones industrializadas. Para rematar, aunque un poco al margen pero listos para sumarse a la corriente anglosajona, estaban los diez países caribeños que ingresaron a la OEA en los últimos años, y cuya participación ha cambiado sustancialmente el mapa político de la organización creada en Bogotá en 1948.

La correlación de fuerzas no podía ser más desigual y, además, antes de este round de Asunción, varios acontecimientos habían contribuido a revivir el viejo conflicto. El principal de ellos, la invasión de Estados Unidos a Panamá, precipitada después de largos e infructuosos intentos de la diplomacia norteamericana por obtener la aprobación de la OEA, para emprender una acción conjunta contra el hombre fuerte de ese país, general Manuel Antonio Noriega.

Durante todo el proceso que culminó en la invasión a Panamá en la madrugada del 20 de diciembre de 1989, los cancilleres americanos fueron convocados varias veces de urgencia a reuniones de consulta para considerar la crisis panameña. El propósito del gobierno del Tío Sam era buscar apoyo para su acariciado objetivo de sacar a patadas a Noriega del istmo. Pero el intento norteamericano chocó, una y otra vez, con un principio que América Latina siempre ha considerado inviolable, y que logró que quedara consagrado en la carta de la OEA después de siglo y medio de forcejeos diplomáticos: el principio de no intervención.

El principio está contenido en el Artículo 18 de la Carta de la OEA. Pero a pesar de que es considerado inviolable, ha sido violado muchas veces en el hemisferio, y no ha logrado impedir en otras épocas, cuando muchos de los países miembros de la OEA votaban dócilmente según los deseos del gobierno norteamericano -sobre todo cuando predominaban las dictaduras militares- que las intervenciones norteamericanas en los países de la región fueran "legalizadas" con resoluciones de la organización. Fue lo que ocurrió en 1965 en la República Dominicana.En otros casos, como el de la invasión a Granada, aunque la OEA condenó la intervención y pidió el retiro de las tropas norteamericanas, eso no pasó de ser pataleos de ahogado.

En esa oportunidad, Washington no invocó el TIAR ni consultó a la OEA, organismos y pactos instituidos con apoyo de Estados Unidos para atender cuestiones relacionadas con la seguridad hemisférica. Simplemente decidió invadir, alegando la defensa de un millar de ciudadanos estadounidenses que se hallaban en la isla, y el restablecimiento de las instituciones democráticas de ese país. Además, el presidente Reagan justificó los hechos diciendo que Cuba había proyectado ocupar Granada y que habla preparativos tendientes a convertir la isla en una "colonia soviético-cubana".
Sin embargo, tras la decisión de Reagan de invadir a Granada se ocultaba algo más que la defensa de un puñado de ciudadanos. Estaba pasando por un momento crítico, pues no había podido presentar hasta entonces a sus electores, éxitos de alguna consideración en áreas críticas de la política exterior como Nicaragua, El Salvador o el Medio Oriente. Era necesario hacer algo en alguna parte del globo. Bajo el efecto acumulativo de las frustraciones de Vietnam, Irán, etc.
Washington estaba buscando algún escenario donde "medir fuerzas". Finalmente, se le presentó la isla, insignificante en términos militares, pero internamente debilitada en su liderato revolucionario (el gobierno de Granada, surgido tras el asesinato de Bishop, había sido objeto de repudio internacional y hasta había sido descalificado por la izquierda) y decidió actuar con el pretexto de erosionar lo que él mismo había llamado el "sedicioso y expansionista eje Moscú-La Habana".
Con razones o sin ellas, Reagan se salió con la suya y la OEA una vez más, no pasó de llorar sobré la leche derramada.

LA "TEORIA ARONSON"
De entonces a hoy, sin embargo, cuando el mundo presencia grandes cambios, América Latina empieza también a modificar su actitud sumisa frente a Washington. Ya no obedece a pie juntillas como antes. Esto fue claro en el asunto de Panamá. Ante la resistencia latinoamericana en la OEA, el presidente George Bush decidió ordenar la acción militar directa, lo cual causó un impacto negativo en las relaciones hemisféricas.
No obstante la reacción en contra, el Departamento de Estado se ha empeñado en justificarla y en buscar los medios a su alcance para echarle el agua sucia de lo que sucedió en Panamá a los países latinoamericanos. Por absurdo que parezca, el argumento para culpar a la OEA de la invasión a Panamá fue planteado en forma simple: la ineficacia de la organización interamericana para librar al istmo y al continente de Noriega, obligó a los Estados Unidos a intervenir.

Aparte del cinismo que implica el hecho de que los Estados Unidos convirtieron en cruzada hemisférica "extirpar" el cáncer de Noriega, después de haber tenido al dictador panameño por varios años en la nómina de la CIA, el razonamiento para responsabilizar a la OEA por omisión, desconoce que esa organización no tiene facultades para instaurar o derrocar gobiernos en país alguno.
Por el contrario, tiene prohibido hacerlo. Así lo estipula el Artículo 18 de la Carta de la organización: "Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectarnente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no soloamente la fuerza armada, sino también cualquiera otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado o de los elementos políticos económicos y culturales que lo constituyen".

La acción de los Estados Unidos vista a la luz de esta norma del derecho interamericano, fue violatoria de la Carta. En forma análoga, la posición de los países de América Latina, incluyendo a Colombia, de negarse a autorizar la intervención y luego condenarla, fue consecuente con el principio, cuya consagración en 1948 fue considerada como una de las mayores conquistas diplomáticas en la historia del continente latinoamericano.

Frente a este obstáculo insuperable -al menos en el papel- para obtener la legitimización de la intervención norteamericana en Panamá, desde el mismo día de la invasión, el gobierno de Bush enfiló también sus baterías diplomáticas y emprendió una campaña de "información" y de presiones a los países latinoamericanos, no sólo para culpar a ese organismo internacional de lo sucedido en Panamá, sino para obtener algo que en dos siglos no había logrado a pesar de su poderío: desactivar el principio de no intervención.

Dos meses antes de la Asamblea de Asunción, el subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, resumió las bases de a estrategia norteamericana en una audiencia de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado: "La sabiduría convencional sostiene que el error histórico de los Estados Unidos en la América Latina ha sido el intervencionismo. Yo diría que lo cierto es lo contrario. El error histórico de los Estados Unidos en América Latina -cuando hemos cometido errores- ha sido el de no acudir con prontitud, audacia y eficiencia para defender y extender la democracia en sus horas de necesidad."
Mientras Aronson hacía esta declaración, el embajador de los Estados Unidos en la OEA, Luigi Einaudi (avezado diplomático de ascendencia italiana), planteaba en el Consejo Permanente de la organización y en otros foros, los corolarios de lo que ya se empieza a conocer en los círculos diplomáticos como la "Teoría Aronson". En pocas palabras se trataría de establecer un orden de prelación entre los principios del sistema interamericano, poniendo en primer lugar los de la democracia representativa y la defensa de los derechos humanos. El principio de la no intervención, según Einaudi, estaría supeditado a los anteriores y se podría aplicar con "flexibilidad,, cuando alguna democracia estuviera en peligro o cuando hubiera necesidad de acudir en defensa de los derechos humanos en cualquier país del continente.

Eso fue lo que Washington alegó en el caso de Panamá para justificar la invasión. Si se aceptara la "Teoría Aronson", Estados Unidos obtendría, al fin, lo que ha buscado. Pero más allá de conseguir la legitimización de un episodio intervencionista, conseguiría patente de corso para intervenir en otros países cuando juzgue que han dejado de ser democráticos o que están violando los derechos humanos. Sobra decir que Estados Unidos tiene su propio lente para mirar estos temas y que mientras ha visto color de hormiga lo que sucede en Cuba, vio color rosa o se hizo el de la vista gorda con lo que sucedió en Chile en los albores de la dictadura de Pinochet.

Pocas semanas antes de la reunión de Asunción, Einaudi avanzó en el Consejo Permanente de la organización, la idea de que estos planteamientos se tuvieran en cuenta en el proyecto de declaración de los cancilleres americanos que se adoptaría en la capital paraguaya. La respuesta de los países latinoamericanos en el Consejo fue de estupor. Si hay algo en la Carta que ningún país está dispuesto a revisar es el principio de no intervención. Estados Unidos insistió, pero el proyecto de declaración quedó congelado. Así, sin que hubiera acuerdo sobre él por la reserva norteamericana, fue enviado a consideración de los cancilleres en Asunción, pero sin incorporar la insólita propuesta.

Mientras esto ocurría en Washington, el gobierno del Paraguay invitó a los presidentes americanos y les propuso aprobar otra declaración, que entró en competencia con la de los cancilleres. Sólo cinco presidentes aceptaron la invitación: Carlos Menem de Argentina, Fernando Collor de Mello del Brasil, Jaime Paz Zamora de Bolivia, Rawsewak Shnakar de Suriname y Luis Alberto Lacalle de Uruguay. La declaración que éstos finalmente adoptaron, junto con Rodríguez el presidente anfitrión, tuvo buen cuidado de reafirmar el principio de no intervención. Otros presidentes, incluyendo a Virgilio Barco, adhirieron a la declaración suscrita por los seis mandatarios el 4 de junio, en mensajes enviados antes de la clausura de la Asamblea el viernes 8.
La llamada Declaración del Centenario (en conmemoración de la Primera Conferencia de las Repúblicas Americanas que tuvo lugar en 1890, origen de la OEA actual), aprobada también por los cancilleres ignoró la sugerencia norteamericana en relación con la "flexibilización,, de la no intervención y consignó elementos nuevos, varios de ellos propuestos por Colombia: combate al tráfico clandestino de armas, municiones y explosivos e intensificación de la lucha contra la droga.
El canciller colombiano, Julio Londoño, se había dirigido a la Asamblea para reclamar solidaridad internacional con Colombia en relación con el problema del narcotráfico y había afirmado que no bastaban las palabras:
"Esa lucha se parece a un partido de fútbol en el que juega un solo equipo, mientras los demás se limitan a mirar y, de vez en cuando, a aplaudir las buenas jugadas."
Las palabras de Londoño hicieron eco y muchos delegados sostuvieron que el apoyo de los Estados Unidos a Colombia no era decidido, como lo probaban, entre otras cosas, las medidas perjudiciales en materi económica y comercial en contra del país como la eliminación del Pacto Cafetero y los impuestos anti-dumping a las flores.

Pero había algo más. En la mente de todos estaban presentes no sólo la invasión de Panamá, sino los episodios del pasado diciembre, cuando se armó un escándalo internacional sobre un posible bloqueo norteamericano a las costas colombianas, ordenado por el Pentágono. El Departamento de Estado y la Casa Blanca negaron rotundamente la existencia del plan, pero el 5 de enero dos naves de guerra norteamericanas partieron hacia aguas del Caribe y se descubrió que el plan antidrogas cuya existencia había revelado el vocero de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, incluía instalación de radares en las montañas andinas para vigilar el tráfico aéreo de Colombia.
Venezuela, Bolivia y Perú, además de la de una plataforma anfibia portahelicópteros frente a las costas colombianas, para interceptar naves sospechosas de tráfico de drogas.

El gobierno colombiano, que no había sido informado sobre las maniobras, consideró eso una afrenta a la soberanía nacional. Había sido una decisión unilateral que para nada ayudaba a las relaciones los países suramericanos, ya muy molestos por la cuestión de Panamá. Los vientos de invasión todavía estaban soplando muy fuerte y todo parecía corroborar que los tiempos del big stick estaban de vuelta. Parecía claro que el "buen vecino" del Norte no tendría inconveniente alguno en entrar a saco en la casa de los amigos, si lo juzgaba coveniente, según la "Teoría Aronson". Para los gringos era entonces lógico pensar que el ejercicio de la fuerza era la mejor solución para algunos de los problemas hemisféricos, incluido el del narcotráfico. Ya en 1984, George Bush había ordenado, aunque con pobres resultados, un bloqueo de las fronteras aéreas y marítimas de Colombia para frenar el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos.

Aunque el gobierno norteamericano, ante el escándalo internacional, intentó echarle tierra al asunto y el presidente Bush le expresó al presidente Barco que no había existido tal orden de bloqueo, lo cierto es que el Pentágono la dio a espaldas de la Casa Blanca. Y no es que no estuviera en los planes de Bush involucrar al ejército en la lucha contra las drogas, lo que pasaba era que consideraba que aún no había llegado el momento. Faltaba un mes para la cumbre antidrogas en Cartagena y el Presidente norteamericano, con sus soldados todavía patrullando las calles panameñas, no podía tomar una decisión de este tipo, a sabiendas de que afectaría aún más su prestigio frente a América Latina.

Independientemente de que el bloqueo naval a Colombia no se hubiera llevado a cabo, pues se frustró por las revelaciones de la prensa internacional, el hecho es que en las reuniones de la OEA el ánimo intervencionista norteamericano, reflejado en su marcado interés por imponer la "Teoría Aronson", era una verdad de a puño.

CUOTAS DE PODER
El conflicto de David y Goliat también se reflejó en el campo presupuestal y en el sistema de cuotas que deben pagar los países miembros, en el cual debía figurar, por primera vez, Canadá.

De acuerdo con un sistema adoptado por la OEA desde 1949, las cuotas se fijan según la escala de las Naciones Unidas. Para sorpresa general, Canadá anticipó, cuando se empezó a estudiar el asunto meses atrás, que no aceptaba la escala de la ONU para determinar el monto de su contribución a la OEA, pues el resultado sería una cuota muy alta.

La posición canadiense agravaba la vieja crisis presupuestal de la organización, derivada del atraso en el pago de las cuotas por parte de varios países, principalmente de Estados Unidos. La contribución de este país al presupuesto de la OEA asciende actualmente al 66%, o sea 40 millones dentro de un total de 60 millones de dólares. Sus atrasos alcanzan a 75 millones, casi dos años de contribuciones y más de un año de lo que vale el presupuesto total de la organización.

Estos atrasos han puesto a la OEA varias veces al borde de la quiebra. Para completar, la resistencia canadienese a pagar su cuota de acuerdo con el viejo sistema, amenazaba con paralizarla. Algo había que hacer.

Los países miembros habían escogido como presidente de la Comisión de Presupuesto al embajador de Colombia en la OEA, Leopoldo Villar, quien después de seis meses de discusiones llevó una fórmula conciliatoria a la Asamblea.
El examen del presupuesto y del nuevo sistema de cuotas parecía avanzar hacia un final feliz el viernes 8 de junio, cuando, inesperadamente, Canadá endureció su posición, con el apoyo de 10 países del Caribe. Entonces no había otra salida que la de negociar una fórmula ad hoc, en remplazo de la que ya antes todos parecían compartir, para que la OEA no se quedara sin combustible para seguir su marcha.

La posición de Canadá se mostró invencible, no tanto por el hecho de que contaba con los votos incondicionales de 10 países del Caribe, como por algo que desde el comienzo había sido reconocido por todos: en materia presupuestal era imposible tomar decisiones por votación, porque, aunque está contemplado en el reglamento, nadie quería que algún país se sintiera obligado, contra su voluntad, a pagar una cuota que considerara injusta. Finalmente, Canadá cedió un poco. Aceptó una cuota equivalente al 12% del total, en vez del 10% que era su petición inicial, y 5 puntos por debajo del 17% que, según el viejo sistema, le habría correspondido.

Para dar aprobación formal a este arreglo, en el cual se ignoraron principios de la Carta y normas adoptadas por el Consejo al aceptar el sistema de la ONU, fue necesario el consenso, que se obtuvo aunque con una reserva consignada por Colombia. Esta señaló que, al abandonar el principio de la capacidad de pago aplicable por igual a todos los países y al supeditar a consideraciones prácticas lo que señala la Carta, se sentaba un precedente inaceptable.
Por su parte, el delegado de México en el debate presupuestal, se limitó a decir refiriéndose a la fórmula finalmente aprobada: "México acepta, pero no apoya esta barbaridad".

Guardadas proporciones, este episodio presupuestal representaba lo que podría significar la revisión del principio de no intervención, que es lo que busca Estados Unidos a toda costa. La pregunta que quedaba flotando era: si los principios pueden supeditarse a consideraciones prácticas, económicas o políticas, ¿no se abre paso la revisión del principio de no intervención y, eventualmente, la aplicación de la "Teoría Aronson"?
La posibilidad de que esto suceda en el futuro no se descarta si se tiene en cuenta la forma como soterradamente Estados Unidos echó mano de la "compra" de votos. En algunas comisiones, cuando se debatieron asuntos en que había alguna posición en su contra, el embajador norteamericano en la OEA llegó a insinuar, por debajo de la mesa, que podía ofrecer puestos en la organización a cambio de apoyo. Sin embargo, Estados Unidos se movió más sutilmente que el Canadá que, como en un mercado persa y públicamente, ofreció pagar parte de las cuotas que les correspondían a los países del Caribe, a cambio de facilitar el consenso.
Quedaron así protocolizados dos bloques: el canadiense-caribeño, que suma doce votos y que, en consecuencia, es capaz de bloquear las decisiones que requieren las dos terceras partes, y el norteamericano-canadiense, que podría arrastrar, además del Caribe, a otros países latinoamericanos.
La conformación de estos poderosos bloques y la obvia necesidad de que las definiciones fundamentales se adopten por consenso condujeron a que, en la práctica, algunas de ellas fueran impuestas a los demás. Se creó así, aunque en forma indirecta, una figura que no existe en la Carta de la OEA, y cuya ausencia es una de las grandes ventajas que la organización tiene, en teoría, sobre otros organismos como la ONU: el veto. Aunque nadie admite que se llame así, de hecho la objeción surgida en cualquiera de los bloques dominantes sería suficiente para frenar una decisión o derrotarla por vía distinta a la de la votación democrática. Según los observadores internacionales, con esto se abrió una grieta y se creó el más vulnerable Talón de Aquiles de la organización, cuyas consecuencias en el futuro están por verse.

Como telón de fondo estuvo la desunión latinoamericana. Nunca como ahora se hizo más patente la verdad del dicho popular del "dividir para reinar". Esto favoreció e indudablemente seguirá favoreciendo el predominio de los grandes, especialmente del Tío Sam. Es evidente que Estados Unidos y Canadá seguirán alimentando las contradicciones y la división, pues esto sirve a sus propósitos: dar un vuelco a la OEA y seguir alimentando el caldo de cultivo para que la "Teoria Aronson" eche raíces. Así se asegurarán el predominio de sus ideas y el control definitivo de la OEA.

Sin embargo, la batalla final no se ha dado. No se dio en Asunción, para las lineas quedaron trazadas para librarla en el futuro. La pregunta es si todavia hay alternativas para cerrarle el paso a la posibilidad de que bajo cualquier pretexto -ayer fue liberar al continente del cáncer de Noriega, mañana s.erá el de liberarlo de la peste de la droga- el Tío Sam, sin que le tiemble el pulso y sin que haya organización alguna que le ponga el "tate quieto" vuelva a poner sus botas en algún país de América Latina.

Por lo pronto, un factor parece estar confabulando contra la "Teoría Aronson": el caso Noriega. Hasta donde se conoce, la administración Bush está apoyada en evidencias muy frágiles (ver recuadro). Y lo que necesita es la condena del ex-hombre fuerte de Panamá, para darle algún tinte de legitimidad a una invasión cuyo resultado conspira en su contra, pues en ella murieron más civiles panameños que soldados norteamericanos.

Sin embargo, este es apenas un factor, de pronto el más débil, de todo el panorama regional. No hay que olvidar que el problema del narcotráfico ronda por gran parte de América Latina amenazando la estabilidad de los sistemas democráticos y que, como si fuera poco, casi todos los países del continente atraviesan por una grave crisis económica que los hace especialmente vulnerables a las presiones de los poderosos. El último round, pues, está por pelearse. Y cabe a la diplomacia latinoamericana la tarea de que el Tío Sam no lo gane por knock out.--

UNA HISTORIA DE INVASIONES
Los Estados Unidos han intervenido militarmente en numerosas ocasiones desde principios del siglo en América Central y el Caribe. El que sigue es un balance de las intervenciones directas, sin contar con las realizadas indirectamente, como por ejemplo el fallido desembarco de los cubanos anticastristas en bahía de Cochinos, o el golpe de estado propiciado para derribar en 1954 y en 1973, a los gobiernos legalmente elegidos en Guatemala y en Chile, respectivamente.

·1900 a 1902: Ocupación de Cuba.

·1903: Intervención armada en Panamá.

·1904: Intervención en República Dominicana.

·1906 a 1909: Segunda intervención en Cuba.

·1909: Intervención en Honduras.

·1910 - 1912 a 1913: Intervenciones varias en Nicaragua

·1911: Las fuerzas norteamericanas ejercen diversas presiones en Honduras, Nicaragua y República Dominicana, para recuperar bienes financieros de los Estados Unidos.

·1912 a 1917: Nueva intervención en Cuba

·1914:-Se produce una nueva intervención de tropas en República Dominicana.

-Los marines ocupan, de abril a noviembre, Veracruz, en México.

-Fuerzas norteamericanas desembarcan en Haití y se quedan durante 20 años.

·1916: El general Pershing penetra en territorio mexicano para "castigar" a Pancho Villa.

·1916 a 1924: Los marines ocupan República Dominicana.

·1922 a 1924 -1926 a 1933: Los "marines" invaden Nicaragua.

·1965: En abril, el presidente Johnson decide una intervención masiva en República Dominicana, donde un levantamiento militar y civil encabezado por el coronel Francisco Caamaño reclamaba el regreso al poder del derrocado presidente Juan Bosch. A mediados de mayo, había más de 40 mil soldados norteamericanos ocupando Santo Domingo, en apoyo de una Junta Militar instaurada y respaldada por los EE.UU.

·1983: Ensayando novedosas tácticas de invasión, los marines invaden la pequeñísima isla de Granada, en el Caribe anglohablante, para eliminar todas las trazas del régimen izquierdizante de Maurice Bishop, acusado de tener vínculos "excesivos" con Cuba.

·1989: Cerca de 20 mil soldados norteamericanos invaden Panamá con el fin de apresar al general Manuel Antonio Noriega, acusado de tráfico de drogas, y para instalar en el gobierno a Guillermo Endara, quien había sido el candidato favorecido por EE. UU. en las anuladas elecciones de mayo. Endara se posesionó en terrenos de una base militar norteamericana.

EL CASO NORIEGA
La última intervención armada de los Estados Unidos en el área del Caribe, no pasará a la historia por haber sido el ensayo de armas ultramodernas, como el avión invisible para el radar o los mortíferos helicópteros Apache, ni por haber reeditado un capítulo que para muchos parecía cerrado en la historia de las relaciones interamericanas. Si todos los indicios se cumplen, la invasión de Panamá en diciembre de 1989 pasará a la historia como uno de los fracasos más grandes de la política exterior norteamericana. No sólo por que la operación mató miles de panameños inocentes, sino porque, hecho e balance casi 7 meses más tarde, ese costo enorme no alcanzó siquiera, para llevar a Manuel Antonio Noriega a una condena segura por sus supuestos delitos de narcotráfico.

Para que la operación justificara pasar por encima del derecho internacional, todo tenía que salir a pedir de boca. Y eso fue precisamente lo que no ocurrió. Primero, porque los 25 mil soldados norteamericanos arrasaron una ciudad en busca de una captura que sólo se produjo varios dias más tarde, mientras los angustiados habitantes de Panamá hacían las cuentas de las víctimas de las 422 bombas que cayeron sobre su congestionada ciudad en las 13 horas iniciales.

Y segundo, porque aún con Noriega capturado y preso en Estados Unidos bajo grandes medidas de seguridad, las pruebas obtenidas en Panamá contra el ex-hombre fuerte dan, en el mejor de los casos, apenas para condenarlo por delitos menores, cometidos entre 1982 y 1984.

El problema es que los investigadores norteamericanos no han podido encontrar entre los cientos de archivos capturados en Panamá (y trasladados a Estados Unidos sin mucha preocupación por los procedimientos del derecho de ese país) nada que pueda conducir a una condena contundente contra Noriega. Para mayor paradoja, el único documento realmente comprometedor contra el general fue encontrado no por los expedicionarios gringos, sino por los investigadores panameños. Consiste en una carta enviada por Steven Kalish, preso y condenado en Estados Unidos por narcotráfico. A falta de más pruebas documentales, la argumentación de la fiscalía se tendrá que basar en los testimonios dudosos de personas ya convictas, un procedimiento que, por otra parte, está siendo objeto de insistentes críticas en medios jurídicos de los Estados Unidos.

Pero por otro lado, los abogados de Noriega se quejan de que no han tenido acceso a los archivos capturados en Panamá, y de que éstos pudieron ser objeto de una operación de limpieza para borrar toda huella de la vinculación de la Central de Inteligencia norteamericana (CIA) con el propio general Noriega.

Entre tanto, la semana pasada el juez de la causa aceptó, por fin, descongelar parte de los fondos de Noriega. Esto fue interpretado como que el magistrado aceptó, al menos en principio, que por lo menos 11 millones de dólares de la fortuna del general procedían de fuentes legítimas, y entre otras, de los pagos que la CIA le hizo durante sus largos años de colaboración.

Esa colaboración enreda el proceso en los vericuetos del tráfico de drogas, donde las verdades a medias, los engaños y la doble moral complican cada vez más la posición norteamericana. Según una versión que circula insistentemente, el anterior hombre fuerte Omar Torrijos era conciente de los tratos de Noriega con los contrabandistas de drogas, pero se hacía el de la vista gorda porque formaban parte de las operaciones de inteligencia ordenadas por los norteamericanos.

Con la condena contra Noriega en entredicho, algunos observadores norteamericanos anotan que la invasión de Panamá, lejos de aclarar la posición de Estados Unidos frente a sus vecinos del sur, acabó por enturbiarla por completo. Hoy muchos analistas se preguntan cuáles pudieron ser las verdaderas motivaciones para orquestar semejante despliegue contra alguien sobre quien pesan hoy sólo indicios leves, mientras, según se afirma, los organismos de seguridad norteamericanos tiene

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.