Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1994/03/14 00:00

NO HAY REJA PA' TANTA GENTE

Las càrceles de máxima seguridad solucionan sólo una parte del problema de prisiones. El hacinamiento, la falta de guardias y la drogadicción siguen a la espera de un tatamiento de choque.

NO HAY REJA PA' TANTA GENTE

FUERON MUCHAS LAS COSAS QUE CAMBIAron de rumbo en Colombia a raíz del fenómeno de Pablo Escobar. Durante más de 10 años los mayores esfuerzos del Estado y buena parte de sus recursos estuvieron encaminados a poner fin al narcotráfico. Pero luego de una infructuosa y sangrienta lucha armada para derrotarlo, el Gobierno decidió implementar una política de sometimiento de los traficantes de droga a la justicia. Muchos pasos se dieron para poner a los capos tras las rejas. Sin embargo, una vez estuvieron allì, el problema pásó a ser otro: el de las cárceles.
Cuando los ojos de la justicia se voltearon, a su vez, hacia el sistema carcelario, se encontraron con una verdad de a puño. Habían pasado más de 50 años sin que nadie le metiera realmente la mano a las prisiones del país. Las cárceles operaban en casonas vetustas, con presupuestos irrisorios que a duras penas cubrían los gastos de funcionamiento, y donde el rubro de la inversión en construcción era prácticamente inexistente. Los sistemas de seguridad se reducían a un guardia con bolillo y barrotes en las ventanas.
Ante este panorama, hace tres años se inició una carrera contra el tiempo para modernizar la infraestructura carcelaria. Se trataba de garantizar que las prisiones estuvieran a la talla de sus huéspedes, que en pocos años habían pasado de ser raponeros de la calle a peligrosos miembros de organizaciones criminales. Para ello, se comenzaron a aplicar los primeros auxilios. De un presupuesto exiguo de 18.000 millones de pesos en 1990, se pasó a 94.000 millones de pesos para 1994 (ver recuadro). Sin embargo, a pesar del esfuerzo presupuestal, los recursos siguen siendo altamente insuficientes y, por el momento, resultan ser paños de agua tibia frente a la magnitud del reto que significa poner al día el sistema carcelario colombiano.
Las cifras hablan por sí solas. Cada año el gobierno de Estados Unidos destina 38.000 millones de dólares al funcionamiento de su sistema penitenciario, lo cual equivale a 23.000 dólares anuales por cada uno del millón 400.000 presos que conforman la población carcelaria de ese país. No obstante, las prisiones estadounidenses distan mucho de ser establecimientos de cinco estrellas. ¿Qué decir entonces de la situación carcelaria en Colombia, donde el presupuesto total para 1994 es de 113 millones de dólares, es decir, que el gasto por cada uno de los 30.000 reclusos no supera los 3.500 dólares al año?

LOS PRIMEROS PASOS
Era tan crítica la situación carcelaria cuando se dio inicio a la política de sometimiento a la justicia, que los esfuerzos encaminados a lograr que los cabecillas del narcotráfico se entregaran estuvieron, en más de una ocasión, a punto de irse a pique. De hecho, buena parte del tira y afloje entre los abogados de los narcotraficantes y el Gobierno estuvo plagada de exigencias sobre las condiciones físicas de los centros de reclusión. El debate se centraba más sobre los muros, el tipo de celdas y la seguridad de los internos dentro de los mismos patios, que sobre las condenas que iban a terminar pagando los delincuentes.
Si bien en el país existen 175 prisiones, ninguna de ellas era prenda de garantía para que hombres de la talla de Pablo Escobar y sus lugartenientes estuvieran seguros tras las rejas. Cárceles como La Modelo, La Picota, Bellavista o El Barne, las más grandes de Colombia, eran un verdadero caos. El hacinamiento y la inseguridad las habían convertido en un infierno, donde la "ley del chuzo" se imponía sobre un estatuto carcelario que era letra muerta.
En esas condiciones, ni hablar de entresga. Muy pocos delincuentes iban a someterse a sabiendas de lo que les esperaba. Y mucho menos el Gobierno estaría dispuesto a recluirlos allí, pues el historial de fugas de estas prisiones era voluminoso. De Bellavista, por ejemplo, se voló Dandenys Muñoz Mosquera, alias 'La Quica', en un espectacular operativo que incluyó comando de rescate transportado en helicóptero hasta los mismos patios de la cárcel. De este modo, a plena luz del día 'La Quica' y sus secuaces se volaron literalmente de Bellavista.
Como esta, en el país se han presentado un sinnúmero de fugas espectaculares que acabaron con la poca credibilidad del sistema carcelario del país. "Se demoraba más la justicia en aplicar el peso de la ley, que el condenado en abrirse su propio paso hacia la libertad", comentó uno de los expertos en prisiones consultado por SEMANA.

LA ERA DE LA ELECTRONICA
Con estos antecedentes, el Gobierno no tenía otro camino que ponerle el pecho al tema de las cárceles.
Fue así como se comenzó a hablar por primera vez de alta seguridad, que en materia de prisiones significaba pasar de los barrotes y los candados a la era de la seguridad electrónica. Pero de la teoría a la práctica había mucho trecho. El primer pez gordo en entregarse, Fabio Ochoa Vásquez, terminó convirtiéndose en una papa caliente, pues nadie sabía a ciencia cierta qué hacer con él. Hoy en día, tres años después, los 50 reclusos de los pabellones de máxima seguridad siguen abriéndose paso entre los andamios, los obreros, la arena y el cemento.
En la actualidad existen seis reclusiones de màxima seguridad en el país. Para su construcción y adecuación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) destinó la suma de 10.391 millones de pesos. La partida más grande se la llevó la cárcel de Itaguí, que desde los inicios de su construcción, a fines de 1990, ha costado 2.749 millones de pesos. Los tres pabellones de la cárcel son el ejemplo de lo que se entiende por máxima seguridad en el país, y aunque por el momento sólo alberga a 19 presos pesados del cartel de Medellín, al final de las obras estará en capacidad de recibir en óptimas condiciones de seguridad a 200 reclusos.
Más allá de su construcción física, las entrañas de Itaguí son una verdadera fortaleza electrónica. Un circuito cerrado de televisión vigila todos y cada uno de los movimientos de los reclusos y los guardianes. Sistemas digitales y computarizados controlan el ingreso y la identidad de los visitantes. Cada una de las puertas de acceso a los pabellones es operada desde un panel central de control. Los alimentos y la correspondencia son minuciosamente requisados a través de un sistema de rayos X.
Esta red de vigilancia electrónica cortó los hilos de comunicación entre los detenidos y los 200 guardianes de la cárcel. La guardia es un cuerpo élite que gana el doble que cualquier otro vigilante de prisiones. Su selección es rigurosa y el relevo frecuente para evitar cualquier familiaridad con los detenidos.
Pero pese a toda la parafernalia de seguridad, en Itaguí se han presentado contratiempos. El más grave de ellos fue la carta-bomba que explotó en manos de Roberto Escobar, más por una negligencia que por deficiencia en los equipos de control. "No importa cuántos equipos de seguridad se instalen, si falla el personal, falla el sistema", comentó a SEMANA el coronel Javier Darío Pareja, director de la cárcel.
Itaguí sirvió de modelo para la construcción del pabellón de máxima seguridad de la Penitenciaría Nacional de Palmira, en el cual el Inpec ha invertido 1.900 millones de pesos. En las 50 celdas que allí se construyen están puestos los ojos del Gobierno nacional, pues ese sería el lugar de reclusión en el caso de una entrega de los miembros del cartel del Valle. Lo mismo sucede con el pabellón que hoy se construye en la Cárcel del Distrito Judicial de Cali, cuyas 40 celdas tienen un costo de 551 millones de pesos.
Las otras tres instalaciones de alta seguridad están localizadas en Bogotá, en las cárceles La Modelo y La Picota, y en la cárcel de Bellavista, en Medellín.
No obstante, a ojos de algunos expertos, todos estos esfuerzos son planes bien intencionados pero están leios de estar dentro de la clasificación mundial de máxima seguridad. Para cumplir con esa medida, las normas internacionales establecen que la inversión promedio en tecnología por preso debe ser de 150.000 dólares. Es decir que en un pabellón como el de Palmira se debería invertir, solamente en equipos, más de siete millones de dólares.
La realidad es otra. El costo total, entre obra física y equipos, es apenas de dos millones y medio de dólares. Como explicó a SEMANA un experto en tecnología de máxima seguridad, "en Colombia, de lo único que podemos hablar es de alta seguridad. Máxima seguridad significa cárceles subterráneas, aislamiento total, grilletes y cadenas. Eso, en este país, no lo permiten ni el presupuesto ni la Ley".

LA OTRA CARA
En Colombia con las cárceles sucedió lo mismo que con la justicia. Todo el revolcón en esa materia se centró en hacerle frente al problema del narcoterrorismo y el resto siguió más o menos igual. Y así como se crearon jurisdicciones especiales en materia de orden público, se construyen hoy cárceles especiales para los jefes del tráfico de droga. Pero, ¿qué pasó con el resto del sistema carcelario?
El diagnóstico es parecido al que emplean los médicos para describir el estado de algunos pacientes en cuidados intensivos: crítico, pero estable.
Una radiografía de las 175 cárceles del país deja al descubierto que por más esfuerzo presupuestal que se haga, la cura a los males que aquejan al sistema carcelario no se va a encontrar en el futuro inmediato. Y eso tomando en cuenta que en Colombia -país violento por excelencia- irónicamente la población carcelaria está en niveles propios de sociedades civilizadas donde la ley cae con todo su peso. Resulta incomprensible que en países como Canadá haya más presos por cada 100.000 habitantes que en Colombia -donde las modalidades del delito rebosan las páginas del código penal (ver recuadro).
Sea como sea, lo cierto es que no hay celda para tanta gente.
Si bien la capacidad instalada total podría teóricamente recibir a los 30.000 reclusos que hoy conforman la población carcelaria del país, en realidad el problema radica es la distribución. El 70 por ciento de los reclusos ocupa sólo 10 de las 175 prisiones existentes. Cárceles como La Modelo en Bogotá, Bellavista en Medellín y Villahermosa en Cali albergan, cada una de ellas, alrededor de 3.000 reclusos, y fueron construidas para no más de 2.000. El caso de Bellavista es especialmente dramático, pues en ocasiones ha llegado a registrar a más de 4.500 internos. Y el problema con el hacinamiento no son la incomodidad y la falta de espacio solamente, sino las graves consecuencias que genera. Las epidemias y enfermedades se hacen muchísimo más difíciles de controlar en una cárcel sobrepoblada. La seguridad se vuelve inmanejable cuando la población excede las capacidades físicas, pues el control de las riñas, la fabricación de armas y el tráfico de drogas son prácticamente imposibles de controlar. Los días de visita generan un verdadero caos y se prestan para "colar" armas de fuego, papeletas de basuco y hasta granadas. En un fin de semana, una cárcel donde se encuentran 3.000 reclusos llega a recibir 7.000 visitantes. Requisar a todas esas personas es virtualmente imposible.
Para vrgilar ese mercado persa que se genera en los patios de los penales, una institución como Villahermosa tiene apenas 100 guardianes por cada turno de 24 horas. Eso arroja una relación de un guardia por cada 20 presos, mientras en Estados Unidos lo normal es que exista un encargado de vigilancia por cada tres o cuatro. La deficiencia en materia de guardianes no sólo se presenta en Cali. A nivel nacional existen 5.200 guardias penitenciarios que operan por turnos de 24 horas. Eso significa que, en realidad, están en servicio sólo la mitad.
Para el director del Inpec, el coronel Gustavo Socha Salamanca, el hacinamiento y la vigilancia son los puntos neurálgicos de la situación carcelaria en el país. La redistribución de los reclusos para balancear la ocupación de las cárceles es prácticamente una utopía. "Es imposible -agrega Socha- movilizar a un gran número de internos de un departamento a otro porque los procesos se siguen en una jurisdicción y no se pueden trasladar a otra sin causar un infarto en los juzgados".
En cuanto al cuerpo de custodia, han sido notorios los esfuerzos realizados para mejorar no sólo el número de guardianes, sino también su preparación y, sobre todo, sus sueldos, que hoy van de 250.000 a 450.000 pesos al mes. En 1993, 800 nuevos guardianes recibieron entrenamiento durante seis meses y entraron a reforzar la vigilancia en las principales cárceles del país. Este pie de fuerza será apoyado en 1994 con 1.000 bachilleres que tendrán una función de vigilancia y de respaldo en el trabajo social y educativo.
Y es precisamente ese el punto de partida del verdadero debate sobre las prisiones en Colombia. Por más que en algunos países la batalla por la resocialización de los reclusos se ha dado por perdida, en Colombia los esfuerzos por reintegrar a los delincuentes a la socidedad están apenas comenzando. De hecho, los índices de criminalidad no se han reducido en el mundo porque exista castigo. Ni siquiera medidas tan drásticas como la pena de muerte se han convertido en un elemento de disuasión para los delincuentes, y si algo ha quedado claro de esta experiencia es que no porque el castigo sea más largo o más duro, las tendencias han variado. Así las cosas, es la función misma de la privación de la libertad lo que hay que resolver, y en ese sentido el Ministerio de Justicia y el Inpec ya han dado la pauta de lo que, al menos en el papel, debe ser la cárcel.

EN BUSCA DEL CAMBIO
Hoy en día el 60 por ciento de los reclusos estudia o trabaja en la cárcel. Existen 450 talleres o industrias a nivel nacional, de los cuales 132 han sido patrocinados por la empresa privada. Poco a poco el nivel de capacitación se eleva, y ya algunos establecimientos penitenciarios cuentan con programas de educaciòn universitaria a distancia.
Cárceles como la de Palmira han dado un verdadero ejemplo. Los talleres de metalmecánica de la penitenciaría han celebrado enormes contratos con el Ministerio de Educación para la fabricación de pupitres. Asimismo, el Centro de Resocialización de Mujeres de Bucaramanga -que se ha convertido en la cárcel de mostrar en el país- realiza los acabados para una fábrica de ropa de exportación. Como estos, son cientos los esfuerzos realizados por parte de las direcciones de las cárceles y de las empresas locales por dar a los internos un oficio y un conocimiento que les permitan reintegrarse a la sociedad en un futuro
Es aún mucho lo que queda por hacer. Los presos quieren más trabajo, pero son aún pocas las empresas del sector privado que se le han medido al experimento. Y no hay razón para tantas reticencias. Como lo expresó a SEMANA el director de la Penitenciaría de Palmira, Marco Antonio de Moya, "se trata de una mano de obra eficiente, diseiplinada, barata -pues no paga prestaciones-, y el lío del manejo de personal corre por nuestra cuenta. ¿Qué más podrían pedir?".
No solamente el trabajo y el estudio constituyen la columna vertebral de los programas de resocialización. Del mismo modo, las labores de trabajo social realizadas en cárceles como la de Bellavista, y los planes de rehabilitación y prevención de farmacodependencia, complementan el proyecto, que absorbe 3.300 millones de pesos. Y aunque buena parte de este programa suene a retórica, el denominador común en las opiniones de los directivos de las cárceles es que los resultados son palpables. En esos antros de donde salían muertos y heridos a diario, los niveles de violencia, de riñas y malestar se han reducido significativamente. "Desde que la gente tiene en qué ocupar su tiempo, aquí se respira otro aire", explicó el subdirector de la cárcel Villahermosa, Germán Perdomo Rincón.
Si a estos programas y al trabajo realizado en los dos últimos años no se les tiende la mano y no se les inyecta un presupuesto acorde con las necesidades reales, el sistema carcelario nunca va a estar a la par con la realidad nacional. Colombia se ha convertido en un país que piensa en grande, donde se otorgan licencias de telefonía celular por 700 millones de dólares, al tiempo que se privatizan bancos por cifras equivalentes. El resto del país, y no sólo el mundo de los negocios, tiene que volverse igualmente importante. Y si es verdad que el sistema acusatorio va a poner a funcionar a la justicia, las cárceles no pueden convertirse en el sifón por donde se escapen todos los esfuerzos.

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