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| 9/27/1982 12:00:00 AM

PARAMILITARES: EJERCITO EN LAS SOMBRAS

El reconocimiento oficial de la existencia de grupos paramilitares saca de la clandestinidad un tema que hasta hoy era tabú

Que no-se derramara en el país una gota de sangre por motivos políticos fue el propósito que, el día de su posesión, el presidente Betancur expresó ante la multitud que lo escuchaba, esperanzada de que así fuera.
Sin embargo, en el transcurso de las dos semanas siguientes, cinco personas aparecían brutalmente muertas en distintas ciudades, sin otro motivo aparente que el político, según denuncias del Comité de Derechos Humanos.
Entre ellas un joven llamado Camilo Restrepo, que fue asesinado en Cali un día después de salir de la cárcel, sin que el hecho tuviera mayores repercusiones inmediatas, y un profesor, Alberto Alava Montenegro que cayó de dos balazos frente a la ciudad universitaria en Bogotá, ocasionando un remezón nacional.
Estas dos muertes, reivindicadas por el MAS, fueron las últimas evidencias de una larga serie que acabó convenciendo al atónito país de una cruda realidad: la actividad de los grupos paramilitares se ha convertido en un flagelo.
El MAS y otras "organizaciones similares constituyen una red de crimen organizado, cuya existencia es tan temible como la de aquellas a las que supuestamente combaten" fueron las palabras que, con todas sus letras y sus implicaciones, pronunció el propio presidente Betancur a raíz de la muerte de Alava.
LA MUERTE ANUNCIADA
La muerte no cogió al profesor Alava desprevenido, sino simplemente retardado. El viernes 21 de agosto, fecha de su asesinato, faltaban 15 días para que le entregaran una visa a Canadá, que él había solicitado como último recurso para zafarse de la pesadilla de amenazas, atentados y detenciones que había sido su vida en los últimos años. Pero 15 días son una eternidad cuando se tienen contadas las horas. Y Alava no se movía con la prisa de un perseguido, sino con la parsimonia de quien sabe que su muerte está en manos de otros. Ya le habían disparado una vez, le erraron e hirieron a quien estaba a su lado.
Posiblemente él creyera que a esta altura de su vida, más que visas al Canadá o que protección oficial, eran simples albures como éste lo que podrían salvarlo.
Esa mañana, como todas, madrugó a trotar por los prados enrejados de la Universidad Nacional, en la que trabajaba, vecina de su propia casa, y a comprar el pan y "El Tiempo" del desayuno; los nimios actos cotidianos que deben ser trascendentales para quien sabe que puede estar haciéndolo por última vez. Su mujer y sus hijos le salieron al encuentro, y pudieron ver cómo esta vez la primera bala iba seguida por otra --certera, profesional--que lo mató en el acto.
Un puñado de testigos describió al asesino como un joven de bluyins, lo cual, al lado de una universidad, es lo mismo que haberlos visto a todos o que no haber visto a nadie.
Lo que siguió fue un remolino de acontecimientos que transformaron el hecho individual en político. De todos lados fueron apareciendo estudiantes, que lo respetaban por sus largos años de cátedra seria, se apropiaron del cadáver, lo entraron al auditorio León de Greiff y le hicieron un inusitado velorio, donde los candelabros y el crucifijo fueron reemplazados por pancartas y banderas de los partidos políticos, entre ellas las de tres de los grupos armados de la izquierda, el M-19, el EPL y el ELN.
Al día siguiente la multitud que acompañaba al cadáver sobrepasó, según datos de"El Espectador", las 15.000 personas, y una gran marcha llevó el cadáver de la universidad al cementerio central.
LA OTRA JUSTICIA
A la cabeza iban el abogado conservador Alfredo Vázquez Carrizosa, el parlamentario de oposición Hernando Hurtado, y el ex-senador liberal Apolinar Díaz Callejas y el rector de la Universidad Nacional, Francisco Varela Angel, que ayudó a cargar el féretro. Todo el cuerpo de profesores repudió el crimen y voló de mano en mano la propuesta de donar un día de salario para ayudar a la viuda, María Eugenia de Alava, y a sus tres hijos quienes recibían como única herencia un apartamento con juicio de lanza miento. La primera persona en firmar la medida fue el profesor Eduardo Umaña Luna, la última en adherir a ella, el presidente Betancur.
El lunes pasado, una carta dirigida al gobierno colombiano, al mexicano y a las organizaciones de derechos humanos, fue dada a conocer a SEMANA. Está firmada por Oscar Fernando Ortega, de Popayán, un guerrillero actualmente asilado en la embajada de México, quien cuenta una historia de sangre y de muerte: la de dos presos políticos que estuvieron junto con él en la cárcel de Villanueva en Cali, acusados de hacer parte de un comando del M-19 que había intentado secuestrar a la esposa del conocido y millonario constructor Ezequiel Pinsky. Los tres habían salido libres en días pasados, tras cumplir su condena.
Habla también en la carta de otra persona, Marcos Zambrano, detenido en la misma oportunidad, quien, según Ortega, habría muerto en la propia cárcel. Y alerta sobre la posibilidad de una nueva muerte: la suya propia.
Una parte de la carta dice así: "Me tocó vivir en carne propia las torturas, en el Batallón Pichincha, ser testigo presencial de la muerte de Jorge Marcos Zambrano en dicho batallón, vivir largos meses de prisión, soportando los continuos hostigamientos militares; y ahora una vez recobrada mi libertad y que me disponía a reintegrarme a la vida civil (...) veo con estupor cómo el día de la posesión de Belisario, es asesinado por medio de torturas, en Popayán, José Floresmiro Chaguendo; cómo en Cali es asesinado por miembros del F-2 y del B-2, Camilo Restrepo Valencia; con quien fui detenido en compañía de Jorge Marcos Zambrano y con quien soportamos las mismas torturas v los mismos meses de prisión (...) Todos ellos con el común denominador de haber sido presos políticos y haber compartido la cárcel de Villanueva en Cali.
También veo cómo la persecución, los seguimientos y amenazas continuas hicieron imposible mi reincorporación a la vida civil, obligándome a tomar la decisión de pedir protección diplomática al gobierno y al pueblo de México "
La carta de Oscar Ortega vinculaba entre sí una cadena de hechos que, en los 15 días posteriores a la posesión del presidente, la prensa había venido registrando aisladamente.
EL RECUENTO DE LAS NOTICIAS
El 21 de febrero de 1980, "El Tiempo" y varios periódicos de Cali publican la noticia y las fotos de los detenidos por presunta participación en el caso Pinsky. Allí figuran por primera vez juntos los nombres de Camilo Restrepo Valencia, Oscar Fernando Ortega y Jorge Marcos Zambrano, entre otros.
A los consejos verbales de guerra que les siguen a estos tres detenidos, sólo comparecen dos de ellos. Camilo Restrepo y Oscar Fernando Ortega, según consta en los expedientes.
Pocos días antes de la toma de la Embajada Dominicana por el M-19, aparece en "El Tiempo" la foto de un cadáver tirado en una alcantarilla en la ciudad de Cali. Es el del tercer detenido, Jorge Marcos Zambrano. El grupo de guerrilleros que lleva adelante la toma de la Embajada, se autodenomina "Comando Marcos Zambrano", en memoria del muerto.
El jueves 19 de agosto, Daniel Samper publica en "El Tiempo" una columna titulada "La última gota de sangre", en la que da cuenta de la muerte de Floresmiro Chaguendo, quien fuera, según Samper, abaleado por guardias de la Escuela de Suboficiales de Inocencio Chincá (Chaguendo es otro de los presos mencionados en la carta de Ortega).
EL MONSTRUO EN LA CUNA
El viernes 20 de agosto, "El Espectador" publica una carta dirigida al presidente Betancur por Doña Nelly Valencia de Restrepo en la cual la señora relata cómo su hijo Camilo Restrepo Valencia, tras ser puesto en libertad luego de cumplir su pena por delito de rebelión, es nuevamente detenido el 9 de agosto en Cali, en casa de una tía, por hombres armados que afirman pertenecer al MAS. Horas más tarde, según la madre, es ubicado en las dependencias del F2, donde se lo somete a interrogatorio. Se le avisa a la señora que será puesto en libertad al día siguiente y ésta relata cómo va a esperarlo a la puerta del F2. Se dirige con él hacia su casa y, por el camino, presencia cómo un hombre armado con pistola con silenciador lo mata a balazos.
La carta de un joven asilado y unos cuantos recortes de periódico dan testimonio de un nuevo capítulo de la atroz guerra declarada por lo que pareciera ser una "justicia" paralela a la of icial, que juzga, condena y ejecuta, según su propia ley.
Alava asesinado, por un lado y, por otro, los compañeros muertos de Oscar Fernando Ortega, son el alto saldo que, en los escasos días que lleva el nuevo gobierno, ha cobrado esta guerra en las sombras.
Tras el caso de Alava y ante el desafío de este tipo de asesinatos, el presidente Betancur recogió valientemente el guante, comprometiendo a su gobierno en lo que él llamó "desentrañamiento y sanción ejemplar del siniestro MAS y sus similares"

El general Landazábal ratificó al presidente en un llamamiento a las Fuerzas Armadas que introducía términos nuevos en el lenguaje militar.
Además de llamarlas a detener la acción de las guerrillas, esta vez las conminaba públicamente a acabar con lo que él designó "la existencia de organismos clandestinos llamados a sí mismos paramilitares " y a llevar a los responsables ante la autoridad judicial. De esta manera, el gobierno colombiano, daba el primer paso en el intento de tomar por las astas al fenómeno de los paramilitares, antes de que éstos se conviertan en una fuerza incontrolable y todo poderosa, como sucedió en algunos países del continente.
En la Argentina, por ejemplo, durante la década del 70, nadie pudo ponerle límite a la furia de la Triple A.
Bajo sus balas fueron cayendo uno a uno no sólo guerrilleros, sino también diputados, artistas, dirigentes sindicales y hasta un hermano de un expresidente, el abogado Silvio Frondizi. Y un expresidente de Bolivia asilado en Argentina, Juan José Torres, a quien sacaron de su casa y arrojaron muerto dos horas después en un baldío.
Entre crimen y crimen, la Argentina se fue sumiendo en un baño de sangre que llevaría al golpe militar del general Videla, ante la impotencia de una democracia cada vez más debilitada por la guerra civil entre las fuerzas paramilitares y la guerrilla.
Con la irrupción de estos grupos, paramilitares para algunos, sencillamente fascistas para otros y "justicieros", según sus propios ojos, Latinoamérica empezó a vivir un tipo inédito de violencia. A partir de la Argentina, el fenómeno fue subiendo hacia el norte: el "Escuadrón de la muerte" renació con nuevos bríos en el Brasil; "Diente por diente" se hincó en Guatemala"La mano negra" hizo imperio en El Salvador.
En Colombia el fenómeno es mucho más incipiente, pero su ritmo de crecimiento es alarmante. El MAS, que apareció tras el caso de Martha Ochoa y que fue identificado como el brazo armado con que la mafia se defendería de los secuestradores, no es sino un primo primitivo y remoto de ese MAS que hoy asesina con claros propósitos políticos, no sólo a guerrilleros, sino también a defensores de los derechos humanos, dirigentes sindicales e intelectuales. El MAS que en diciembre pasado soltó con vida a Martha Correa, tras escarmentarla porque "no mataba mujeres ni niños", ciertamente era un cachorro frente al MAS que torturó salvajemente a una embarazada de siete meses en Cali o al que buscó liquidar a María Jimena Duzán.
De que el MAS de la mafia fue simplemente la prehistoria, dio testimonio una enigmática "fuente militar" citada por "El Tiempo", que aducía tener conocimiento de causa sobre el hecho de que "los mafiosos que organizaron ese grupo optaron por disolverlo después de la liberación de la joven (Ochoa)" Si esto es así, significa que una nueva organización, más compleja y más fuerte, y con intenciones claramente políticas, ha entrado a reemplazar a la inicial, a veces utilizando el mismo nombre y a veces camuflándose bajo otros. Puede también significar que el primer núcleo se ha ramificado y que ya no hay un solo grupo paramilitar, sino varios: Alfa 32, Mano negra, Boinas negras, Es-uadrón de la muerte, Alianza anticonunista americana (AAA), Sangre y fuego. De este robustecido y diversifiado MAS de ahora hay quienes dicen como el escritor García Márquez que "Podría estar constituido por contandos del servicio de inteligencia militar armados de los mismos temas represivos de Argentina, "Uruguay y Chile" El gobierno anterior desmintió enérgicamente esta aseveración y, en marzo pasado, el entonces presidente Turbay recalcó en una carta al senador Criales de la Rosa: "El ministro de Justicia y el e omandante de las Fuerzas Armadas en Medellín fueron categóricos en la condenación del MAS que usted y sus compañeros tiene interés en presentar contó un organismo protegido o tolerado por el gobierno"
El gobierno actual, por lo pronto, ha comprometido sus esfuerzos en una investigación rigurosa en todos los órdenes y en todos los campos para aclarar la naturaleza de los paramilitares.
No le va a ser fácil llevar adelante estos propósitos. Tras una reunión el jueves pasado con el presidente de la Comisión por los Derechos Humanos, su representante, Vázquez Carrizosa, señaló que el principal obstaculo para lograr resultados es la resistencia que oponen "algunos sectores". El temor de las gentes es, evidentemente, otra traba. Que el precio de hablar pueda ser algo, ya a nadie le cabe duda.
Según Vázquez Carrizosa, el Comité insistió ante el presidente en la necesidad de crear entidades para recibir denuncias, especialmente de los campesinos de las regiones más convulsionadas, que, con justa razón, no hablan si no se les garantiza la vida. La propuesta es que estas entidades sean comités pluripartidistas que cuenten con la colaboración oficial.
Desconociendo cuáles serán los resultados de esta nueva política gubernamental frente a la violencia de extrema derecha, lo que desde ya es evidente es una actitud nueva del gobierno frente al fenómeno. Si el nuevo gobierno tenía aún algunas dudas sobre la seriedad de la situación los acontecimientos durante este primer mes las han despejado. Los grupos paramilitares son un hecho cumplido y así lo han reconocido tanto el presidente como el ministro de Defensa, en comunicados que demuestran una intención de combatirlos frontalmente.
La Colombia del MAS todavía dista mucho de ser la Argentina de la Triple A y si hay grupos paramilitares vivamente interesados en que recorra el camino entre una y otra, parece haber también una clara oposición, oficial y pública, a que esto suceda.
La voz de alerta no puede ser más fuerte. Asesinatos como los del profesor Alava o el de Camilo Restrepo son sólo la punta del iceberg, la parte visible de una situación altamente irregular bruscamente insertada en medio de la vida de los colombianos y que parece englobar desde un "sufragio" anunciando una muerte, hasta una sesión de tortura, un crimen individual o inclusive una masacre de campesinos.-
EN LA LISTA NEGRA
Durante la violencia de los 50 fue el "boleteo". Un papel por debajo de una puerta, o prendido a un árbol, que le anunciaba a la víctima su próxima muerte.
Ahora son "sufragios". En escuetas notas de macabro humor, el MAS o la AAA invitan a un ciudadano a su propio entierro.
La lista de la gente que ha recibido amenazas de muerte y las ha hecho públicas es larga, debe ser interminable la de los que la mantienen en secreto por temor a precipitar la sentencia.
En ella figuran aquellos que los "justicieros" consideran "subversivos" categoría en la que engloban desde guerrilleros, hasta profesores, periodistas, abogados, senadores, dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos.
En la lista de la muerte figuraba el abogado Cipagauta Galvis, amenazado por la Mano negra. En marzo, meses después de recibir la amenaza, fue asesinado. También figuraba el profesor Alava Montenegro, a quien un volante de la Triple A mencionaba entre sus próximas víctimas. Alava fue asesinado hace unos días. El escritor García Márquez también fue notificado, y optó por abandonar el país.
Algunas de las personalidades que están en la lista dieron declaraciones para SEMANA.
María Jimona Duzán. Columnista de "El Espectador", esta periodista de 24 años fue amenazada por el MAS. Antes que ella, la Triple A había amenazado a Enrique Santos Calderdon, en ese entonces director de la revista "Alternativa" donde días después estalló una bomba.
Seis años después otra bomba volarla la puerta de la casa de María Jimena, dejando milagrosamente intactas a ella, a su madre y a su hermana. La causa: tras ser secuestrada por el Comando Superior del M-19, publicó sus conversaciones con Jaime Bateman y tres articulos sobre el MAS. Le siguen llegando amenazas, donde la acusan de "terrorista intelectual".
"Esta es la muestra más clara de que las personas que de un modo u otro están luchando por los derechos humanos no tienen garantlas constitucionales. Es muy curioso que el MAS las esté ata cando. Por esto resultan risibles las declaraciones del ejército respecto al supuesto asesinato de Alava por parte del ELN. Es terrible que se sigan produciendo hechos como éste. El Estado tiene que combatir el terrorismo de toda clase, ya que todos por igual son una fuente de violencia. Es evidente que el gobierno de Turbay le dio cierto espacio de acción al MAS. Debemos abrir un compás de espera al gobierno de Belisario Betancur, ya que por lo menos tenemos una promesa. Por otro lado, la aparicidn del MAS conlleva indirectamente la desaparición del ejército como actor principal de un enfrentamiento y la centralizacidn de la pelea entre el MAS y los grupos alzados en armas".

Miguel Antonio Cano Morales, Abogado especializado en derecho penal fue amigo y compañero de trabajo de Cipagauta Galvis. Como éste último, fue amenazado en muchas oportunidades por el MAS. En marzo recibid el primer sufragio, que lo inscribla entre "los bienhechores de la tierra santa" En abril recibió la segunda amenaza, en la que lo conminaba a salir de Bogotá en menos de 72 horas. En esta oportunidad el DAS lo protegió durante esas 72 horas y después lo dejó solo. Hasta el momento ha recibido otras dos amenazas siempre dirigidas a su esposa: "Vieja zorra si en el término de 72 horas no abandona la ciudad, su esposo morirá en un horrible accidente". Y en letras recortadas de los periódicos, dice: "Asesinado murió el abogado MAC",
Refiriéndose a las actividades del MAS dijo el doctor Cano: ¿"Cuál es la explicación del recrudecimiento de este grupo? Es que son los viudos de la antigua concepción política de la represión, donde toda protesta es un delito y hay que estar de acuerdo con todas las vagabunderías. Y nosotros, la gente pensante, tenemos que denunciarlas, y lógicamente, se nos responde con violencia. Nos quieren eliminar antes de tiempo. ¿Por qué a Alava? El MAS no tiene en cuenta pasado, presente ni futuro. Lo que realmente les interesa es saldar la cuenta que se les debe. Alava hace cuatro años que estaba retirado.
Mientras tanto, los abogados seguiremos defendiendo a los presos y luchando por un sistema constitucional.
Nos tocará seguir viviendo de la misericordia".
Humberto Criales de la Rosa. Abogado penal, senador de la República, y miembro del comité central del PC, Humberto Criales de la Rosa, se ha comprometido en la defensa de presos políticos, entre ellos a Rosemberg Pabón.
Ha sido seguido y amenazado por el MAS. Durante enero y febrero, recibid permanentemente llamadas intimidatorias. En marzo le llegó un sufragio anunciando su próxima desaparición y desde entonces lo han seguido varios vehículos.
Dijo para SEMANA: "En Colombia no somos conscientes de la verdadera peligrosidad del MAS. El gobierno anterior prolijó el agravamiento del Estado de Derecho que fue suplantado efectivamente por los grupos paramilitares. La actitud complice del procurador contribuyd al agrietamiento. Hoy estamos ante un Estado que no está garantizando la vida, honra, y bienes de los asociados. El gobierno debe pronunciarse enérgicamente contra el MAS: eso de decidir quién vive y quién no, a causa de los supuestos delitos cometidos, es un anacronismo en un país donde no existe la pena de muerte. El asesinato de Alava Montenegro no tiene sentido. El estaba marginado de toda actividad política y dedicado totalmente a la cátedra; acá estiman que es subversivo, algo que no lo es. Por otro lado, no existe una lógica muy clara para considerar peligroso a un abogado; éste se encuentra obligado a defendera los presos. Y la única triste conclusión de todo esto, es que los presos políticos no pueden ser defendidos".
Apolinar Díaz Callejas. Liberal, varias veces senador, en este momento es miembro del Comité por los Derechos Humanos. La primera amenaza la recibió hace cuatro años por parte de la Triple A.
"Estamos ante la culminación de una cadena de grupos de militares fachistas, importados directamente del cono sur. El "Escuadrón de la muerte", La "Triple A" y el "MAS" no son más que diferentes caras de una misma moneda.
Se quiere crear una situación tal que se restablezca el estado de sitio y el pasado régimen represivo. Para acabar con el MAS tiene que existir una investigación exhaustiva".
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