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| 6/30/1997 12:00:00 AM

PROFESION PELIGRO

Ser alcalde se ha convertido en una de las actividades de más riesgo en Colombia.

Hoy por hoy el cargo de alcalde es, sin lugar a dudas, uno de los más peligrosos que hay en Colombia. El ex alcalde Jaime Castro lo definió como "una actividad altamente peligrosa. Arriesgada y azarosa. Casi que un atrevido desafío al destino". Aunque esta situación no es nueva, los riesgos que trae el puesto se incrementarona partir de 1989, cuando se realizó la primera elección popular de alcaldes, y luego de que la Constitución de 1991 impulsara el proceso de descentralización municipal. Estos dos hechos le confirieron a los mandatarios locales autonomía, poder y el manejo de unos recursos con los que nunca habían soñado. Al mismo tiempo los pusieron en la mira de los representantes de otros poderes locales: gamonales, narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares, entre otros. Cada uno de estos grupos quiso amarrar a los alcaldes populares -y todo lo que ellos simbolizaban- a sus intereses particulares por medio de amenazas y presiones. Si su estrategia intimidatoria no daba resultado recurrían a métodos más violentos: los asesinaban o los obligaban a renunciar.
El politólogo Alfredo Rangel Suárez calcula, con base en cifras de la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, que desde la primera elección popular la guerrilla ha asesinado un alcalde cada tres meses y secuestrado a dos cada dos meses. Otras cifras son más contundentes. Según la Federación Colombiana de Municipios -FCM-, desde 1993 hasta el momento han sido asesinados 41 alcaldes, amenazados 98 y secuestrados 20. Tan sólo la semana pasada las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc- mataron a los alcaldes de Acevedo, (Huila) y Guática (Risaralda). El departamento de Nariño, según informes de la Consejería Presidencial para la Paz y de la Policía Nacional, es la zona geográfica donde se ha registrado el mayor número de secuestros transitorios de alcaldes: el año pasado 11 mandatarios fueron retenidos o amenazados. Esto, a juicio de las autoridades, evidencia la intención de los subversivos de acentuar su dominio político de dicha región.
El sociólogo Fernando Cubides, profesor de la Universidad Nacional, cree que el país no ha caído en cuenta de la gravedad de estos hechos. En su opinión, "el efecto perverso es que se ha diezmado a una generación de líderes locales que tardó mucho en formarse. Como la violencia se ha rutinizado nos hemos insensibilizado frente a la pérdida que eso significa. Para porciones cada vez más amplias del territorio y en los municipios lo que está presentándose es una suerte de selección negativa: los más representativos dirigentes municipales y los más calificados candidatos le están cediendo el paso a quienes de antemano, y por razones de física supervivencia, establecen pactos con el poder armado de la zona".


De las montañas a los municipios
Pero, ¿cómo explicar lo que está ocurriendo en buena parte del territorio nacional? Cubides cree que el fenómeno que está experimentando el país es la versión criolla de lo que en geopolítica se llama el efecto dominó, es decir, "una intrincada lucha por el dominio territorial entre poderes armados, cada uno de los cuales trata de contrarrestar los logros del rival controlando el territorio vecino. Y el eslabón más endeble para controlar dicho territorio resulta ser el alcalde como genuino representante del poder local". Esta estrategia se traduce en más de 200 municipios intimidados, según la Federación Colombiana de Municipios, por la guerrilla, los paramilitares y el narcotráfico. Camilo Echandía Castilla, asesor de la Consejería Presidencial para la Paz, asegura que el mayor número de localidades afectadas por este problema se encuentra en las zonas que han registrado en los últimos 10 años una fuerte expansión de la guerrilla, así como el consecuente surgimiento de los grupos que la combaten. En este proceso expansivo de la subversión se encuentra una de las claves para entender el fenómeno que puso a los alcaldes en medio del fuego cruzado de la guerra.
Los expertos en el tema coinciden en afirmar que desde hace 10 años es notorio el interés de los grupos insurgentes por conocer e influir en la vida municipal colombiana. En palabras de Alfredo Rangel, las guerrillas "han estado descendiendo de las montañas para tomarse los municipios". Tomas que no deben entenderse sólo en el sentido militar del término. El politólogo sostiene que la guerrilla "pretende aparecer como purificadora de las costumbres políticas y como garantía del establecimiento y control de administraciones locales pulcras, que ejecutan políticas redistributivas y muy preocupadas por la satisfacción de las necesidades más apremiantes de la población". En 57 zonas del país, según evaluaciones de las Fuerzas Armadas, la subversión mantiene una constante fiscalización de las administraciones regionales. La aplicación de esta política se traduce en intimidaciones al elegir alcaldes y concejales y en presiones al momento de hacer nombramientos o adjudicar contratos. Esto último es calificado por Rangel como clientelismo armado, "una nueva modalidad de clientelismo que no se diferencia en nada de las que son habituales del clientelismo tradicional: contratación en cargos públicos de personal recomendado por la guerrilla, retención de un porcentaje de sus sueldos, concesión de contratos de obras públicas, pago de coimas por los contratistas, entre otras".
Jaime Castro cree que el denominado clientelismo armado se intensificará este año. Para él, "las transferencias de la Nación a los municipios en 1997 ascenderán a más de dos billones de pesos. Eso les da una gran capacidad de inversión y por tanto un gran poder a los alcaldes. Los grupos armados lo que buscan es presionar a los mandatarios locales para que inviertan ese dinero en las zonas donde los grupos tienen influencia política y así poder capitalizarlo a su favor". Un logro nada despreciable de cara a las próximas elecciones regionales que, si no sucede nada extraordinario, se realizarán en octubre próximo. Comicios en los cuales, según las autoridades, la guerrilla tiene como objetivo ubicar alcaldes en 600 municipios. Esta información no puede ser tomada a la ligera. Las Fuerzas Armadas saben que las Farc tienen previsto organizar el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, una agrupación política clandestina que tendría candidatos encubiertos o ejercería su influencia por medio de la presión a otros aspirantes. Para Cubides el propósito de la guerrilla es evidente: "La combinación de todas las formas de lucha se convirtió en una directriz que implica una concentración de esfuerzos en sumar poderes locales y regionales. Por eso pasaron a usar las elecciones como una táctica para el control de los territorios municipales y, sumando éstos, lograr una progresiva expansión territorial".

Pactos de supervivencia
Los paramilitares sólo se diferencian de la guerrilla por su concepción ideológica. Por lo demás, comparten la misma estructura organizativa, orientación estratégica y concepción territorial. Por tanto, no resulta extraño que su consolidación en ciertas zonas durante los dos últimos años sea similar a la de quienes combaten. Es decir, que tras su consolidación en ciertas áreas municipales hay un claro propósito de sumar territorio y así lograr expandirse. "Una tendencia que se refuerza justamente en la medida que los paramilitares acogen en su seno a ex guerrilleros, varios de ellos con rango de comandante, curtidos en el gradual control territorial y con una vocación decidida por el poder local", dice Cubides. En pocas palabras, están en capacidad de ejercer presión sobre los alcaldes y concejales o sobre posibles candidatos a dichos cargos de elección popular.
Ahora, si la Oficina del Alto Comisionado para la Paz calcula que en más de la mitad de los municipios del país hay presencia de guerrilleros o de paramilitares, y unos y otros ejercen el mismo tipo de control territorial, es casi inevitable que un buen número de alcaldes experimenten algún tipo de presión por parte de alguno de los bandos en conflicto. La aparente cercanía que en ocasiones parece presentarse entre los mandatarios locales y los voceros de grupos armados no es más que el reflejo de una situación mucho más preocupante.
Un ex ministro que pidió la reserva de su nombre dijo a Semana que "la cercanía de algunos alcaldes con la guerrilla se debe en muchos casos a la falta de presencia del Estado en esas zonas, donde lo único que reciben del gobierno es la visita esporádica de brigadas de salud organizadas por el Ejército o la Policía. Hay alcaldes abandonados a la buena de Dios". Ante el abandono muchos no tienen otra alternativa que pactar una tregua tácita con quienes detentan el poder local a través de las armas. Lo cual demuestra, según el politólogo Alejandro Reyes, "que hay una división entre los componentes civiles y militares del aparato del Estado por lo menos en un 40 por ciento de los municipios. Creemos que el Estado controla el territorio, pero no es así".
Esta tregua tácita que establecen algunos mandatarios seccionales puede ser otra fuente de problemas con miembros de las Fuerzas Armadas. Estos realizan de tiempo atrás evaluaciones sobre la situación de los alcaldes que se encuentran en zonas de conflicto. No es un secreto, es parte de su trabajo rutinario. "Es parte de la labor usual de las agencias de inteligencia del Estado determinar quién es afín con la guerrilla, quién está intimidado por ella y quién está en riesgo por las acciones de los subversivos con el fin de defender al Estado de quienes lo atacan", dice el ex ministro de Defensa Rafael Pardo.
El problema es que, como se anotó antes, en ocasiones los alcaldes no pueden representar a cabalidad el poder del Estado. "Un alcalde que ejerce en un territorio dominado por la guerrilla o por los paramilitares no representa generalmente el poder del Estado sino los poderes locales. En esa medida, los militares que actúan en la zona y que han sido formados dentro de la doctrina de la seguridad nacional, para la cual todo aquel que no es amigo es un enemigo, ven a ese alcalde con el recelo y la desconfianza que se ve al enemigo", dice Reyes.
Con este panorama queda claro que los alcaldes del país están en la línea de fuego o, como dijo el actual presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Sergio Naranjo, "bajo fuego cruzado. Más de 600 gobiernan en zonas muy críticas y sus vidas están en constante peligro. No podemos seguir exponiéndolos como carne de cañón".
Bajo el fuego
El municipio de Sonsón es 'territorio comanche' en medio de los fuegos cruzados de guerrilleros y autodefensas. En sus 1.323 kilómetros operan el frente Carlos Alirio Buitrago del ELN, el frente 47 de las Farc y el frente Elkin González del EPL, que están en guerra con las autodefensas de Urabá y Córdoba.
El alcalde de la localidad, William de J. Ospina, está amenazado de muerte por el grupo 47 de las Farc. Por esa razón no puede desplazarse a ningún corregimiento por temor a que se cumpla la sentencia. Su gestión prácticamente ha tenido que desarrollarla desde su despacho. Lo más preocupante del asunto es que los dos alcaldes vecinos de Sonsón, el del municipio de Nariño, Alfonso Giraldo, y el de Argelia, Luis Fernando Aguirre, fueron asesinados.
A pesar de la situación Ospina constituyó una comisión de paz en su región, encabezada por él, sacerdotes y líderes comunitarios. Esta comisión lo primero que hizo fue la declaración de "neutralidad activa de la población, lo que significa que Sonsón no está de parte de ningún grupo violento y pone en manos de las autoridades el control del orden público", aseguró el alcalde.
Pero no todo es violencia en Sonsón. La administración municipal ha venido trabajando en un proceso comunitario e invirtiendo en educación y cultura, Sonsón cuenta en el momento con 8.000 estudiantes en lo urbano y un número igual en lo rural. "Cuando asumí mi responsabilidad al frente de Sonsón lo hice de manera muy seria. Cuando juré a la comunidad también juré entregar mi vida si era necesario", agregó Ospina.
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