Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 8/13/2011 12:00:00 AM

A las puertas del infierno

Detrás de la pelea entre la gobernadora de Córdoba y el ministro de Defensa por las cifras, y de la masacre de la semana pasada que cobró seis muertos, en ese departamento están viviendo un calvario: colegios amenazados, pueblos desplazados, mujeres ultrajadas por bandas y playas en poder de ‘traquetos’.

El 28 de junio, en medio de un consejo de seguridad en Tierralta, la gobernadora de Córdoba, Marta Sáenz, con su característico y vehemente tono de voz le dijo al presidente Juan Manuel Santos que estaba pasando algo grave en su departamento, pues en 2010 se habían dado 575 asesinatos –según ella, la cifra más alta de la historia y mucho más que los 366 de 2007– y, en 2011, la tendencia iba en aumento. Santos tomó luego la palabra y le replicó que las cifras no eran ciertas. La gobernadora se enfureció y le dijo: “Presidente, la gobernadora no inventa cifras ni inventa muertos”.

El presidente trató luego de minimizar el asunto diciendo que había sido una discrepancia de siete muertos en las cifras. Sin embargo, el rifirrafe no terminó ahí. El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, retomó la puja y se ha trenzado en un pugilato pocas veces visto. La gobernadora es una persona “negativa”, que “frente al gobierno anterior no se quejaba”, le lanzó el ministro. “El ministro Rivera no está bien informado sobre la violencia en Córdoba”, le respondió la gobernadora.

El toma y dame cobró fuerza la semana pasada, cuando se produjo una masacre de seis personas en Pailas, una vereda de Tierralta. Es la cuarta masacre del año en el departamento. Unos cuarenta hombres armados llegaron, el sábado 6 de agosto, a una finca vecina a la vereda Pailas y obligaron a los trabajadores a matar un novillo para que les hicieran comida. El domingo, tres de ellos fueron al pueblo, llegaron con las armas enfundadas entre toallas y ponchos, se llevaron por la fuerza a los muchachos y los mataron en las afueras de la vereda. Los muertos fueron seis en total. Manuel Wilches, quien perdió a su hijo y a dos yernos en la masacre, dijo, con los ojos llenos de lágrimas: “Eso de que es una pelea de bandas contra bandas es falso. Nosotros somos campesinos y a mis pelaos me los mataron”.

La población salió despavorida. Hoy, las 207 familias de la vereda están hacinadas en el Colegio Junín de Tierralta y se resisten a retornar porque aseguran que no hay garantías de seguridad. Una señora de 70 años se quedó sola en Pailas, en medio de la nada.

¿Qué está pasando en Córdoba? Los municipios del sur del departamento y el Bajo Cauca antioqueño son epicentro de una de las más crudas guerras del narcotráfico en el país. Salvatore Mancuso, el exjefe paramilitar de esta región, dijo a SEMANA hace tres meses que en el Nudo de Paramillo hay unas quince mil hectáreas sembradas de coca. Y no, como equivocadamente se cree, las casi dos mil que registra el satélite. Eso es un mar de coca.

La situación de la región ampliada es explosiva si a eso se le suma la coca sembrada en la vecina región del Bajo Cauca y en los municipios del sur de Bolívar, el auge de la minería ilegal, que se ha convertido en un nuevo dorado para las bandas criminales, y el hecho de que en la parte alta de la región también están los frentes 5, 18 y 58 de las Farc, que según oficiales del Plan Troya, les venden coca a las bandas.

No es coincidencia que, luego de la desmovilización de los treinta mil paramilitares en 2006, las cifras de criminalidad en el departamento comenzaron prácticamente a duplicarse en 2008. Sin cabezas fuertes visibles, y con un significativo reciclaje de las AUC, el narcotráfico comenzó a reorganizarse en grupos como Los Urabeños, Los Paisas y Los Rastrojos.

Lo que comenzó en ocho municipios de Córdoba se fue extendiendo como una marea negra de crimen. Un mapa interno del CTI de la Fiscalía ubica a Los Urabeños y a Los Paisas, las bandas criminales que mandan la parada en Córdoba, en prácticamente todos sus 32 municipios.

Ya se ha dado penetración evidente de las bacrim en las autoridades y la política. El alcalde de San José de Uré, Bladimir Londoño Zulbarán, jamás pudo sentarse en su despacho porque, según él, estaba amenazado. Sin embargo, en mayo pasado fue capturado por las autoridades, acusado de desviar recursos del Estado a una cuenta de un particular y de estar presuntamente involucrado con las bacrim de la zona, según lo dijo el director del DAS, Felipe Muñoz. Y es conocido que Sebastián, el jefe de la banda Los Rastrojos, tenía una nómina de policías y militares dentro de su estructura, según lo dijeron a un juez hace dos semanas los escoltas que lo asesinaron. Según sus cuadernos, en solo cuatro meses había repartido 900 millones de pesos entre policías y agentes del DAS.

Durante el sepelio colectivo de las víctimas de la masacre, el pasado martes, el párroco de Tierralta, Miaraldo Camargo, le pidió al presidente Juan Manuel Santos que revisara la estrategia de seguridad. “Aquí la gobernadora tiene la razón, porque los muertos no se los está inventando ella”.

Como en épocas ya conocidas de la historia de Colombia, comienzan a presentarse en Córdoba manifestaciones graves de violencia. SEMANA recorrió el departamento y recogió algunas de sus preocupantes facetas.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.