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| 3/25/1991 12:00:00 AM

¿QUE SE VA A NEGOCIAR CON ESTOS HOMBRES?

Tres audaces propuestas van a ser discutidas por el Gobierno, el cura Pérez y TirofiJo para tratar de acabar con la guerrilla en Colombia.

Diez años después de que un Gobierno resolviera abrir espacios para un diálogo con la guerrilla y buscar solución al conflicto armado, representantes del presidente César Gaviria y de Tirofijo, en medio de las balas, van a en tablar un diálogo directo. Pero, ¿ qué puede ofrecer es tal vez el Gobierno y hasta dónde puede llegar? ¿Qué tan sincera es la Coordinadora Guerrillera cuando dice que lo que busca es la paz? -¿Hay alguna esperanza de que esta vez sí se llegue a una solución definitiva del conflicto interno? Son las preguntas que, una vez más, se hacen los colombianos asfixiados en una espiral de violencia guerrillera.
A pesar de que con otros movimientos guerrilleros, el M-19 el EPL, el PRT el Quintín Lame, el modus operandi que estableció la administración de Virgilio Barco y que continuó César Gaviria cese unilateral del fuego por parte de los guerrilleros, campamentos y proceso de negociación ha dado resultado, todo parece indicar que con las FARC y el ELN las cosas tendrán que ser distintas. La primera diferencia clara en el tratamiento que se le piensa dar a las FARC con respecto a los otros grupos se vio claramente cuando, hace pocos días, el Ministro de Gobierno dijo, en medio de la más brutal ofensiva de la subversión, que el Gobierno estaba dispuesto al diálogo donde lo quisiera la guerrilla, concesión que siempre había negado en el pasado.
El Gobierno explica este súbito cambio de estrategia con el argumento de que la única forma de romper de un solo tajo la espiral de violencia, es iniciando las conversaciones. Una posición inflexible por parte del Gobierno podía resultar muy costosa. Por una parte, no garantizaba el cese al fuego por parte de la guerrilla y, por otra, creaba condiciones para que surgieran comisiones de paz no gubernamentales que, como se ha visto a lo largo de los años, lejos de traer soluciones definitivas, lo que han permitido es que la guerrilla adquiera protagonismo y no necesariamente compromisos. Una política flexible, por el contrario, obligaba a las FARC a sentarse a negociar. Y así efectivamente sucedió. Gobierno y Coordinadora se sentarán próximamente en la mesa de las negociaciones.
El Gobierno ha dicho que su meta no es la de convivir con la guerrilla, sino la de superar en forma definitiva el conflicto armado. SEMANA ha consultado varias fuentes, tanto del Gobierno como de la guerrilla, y ha podido establecer los tres puntos centrales que posiblemente constituirán la agenda de las negociaciones. Estos puntos no son conocidos por la opinión pública y, sin duda alguna, habrá mucha polémica en torno a ellos en los próximos días. Básicamente son: poder local para la guerrilla legitimada, participación de los excombatientes en cuerpos de policía cívica y participación de no menos de 10 guerrilleros de la Coordinadora Guerrrillera en la Constituyente.

* EL PODER LOCAL
La estrategia básica del Gobierno en la negociación con la Coordinadora es cederles poder local. El Presidente y sus asesores han venido masticando de tiempo atrás el problema, y han llegado a la conclusión de que en algunas zonas del país, hoy controladas por la guerrilla, la pacificación tiene que estar ligada a la legitimación del poder que la guerrilla ya tiene. Esta es la carta más importante que César Gaviria se está jugando.
Hay dos tipos de zonas ocupadas por la guerrilla en Colombia. Unas son marginadas, colonizadas por las armas, como La Uribe, parte del Caquetá y el sur de Bolívar. Las otras son zonas donde la guerrilla ha llegado con el propósito exclusivo de multiplicar sus frentes. En esta categoría están, por ejemplo la zona cafetera, Córdoba y Urabá. La estrategia del Gobierno cobija las primeras, pero no las segundas. Es decir, sólo las zonas marginadas que fueron colonizadas.
Existe el reconocimiento de que, hoy por hoy, la actividad social en esas regiones está controlada y regulada por la guerrilla. Allí no hay presencia de la autoridad. La población civil se ha acostumbrado de alguna manera a esto y para la solución de buena parte de los problemas acude al comandante guerrillero de turno. Por esta razón, el Gobierno considera utópico plantear un retiro masivo y forzoso de la guerrilla y estima más viable institucionalizar esa presencia. Si hoy en día un guerrillero manda por fuera de la ley, la idea es diseñar mecanismos para que lo haga en calidad de autoridad constituida legítimamente. Así tendrá que responderle, por un lado, a sus electores y,por el otro, a los controles institucionales que tiene cualquier funcionario elegido por votación popular. Las funciones de administración de salud educación, seguridad, obras públicas etc., entrarían en la misma categoría.
Para que esto sea posible habría que cederles tierras para que la comunidad pueda vivir de la explotación solidaria.
Una palabra que aparece con frecuencia cuando se habla con el Gobierno de este planteamiento es kibusz, que hace referencia a la organizaci6n comunitaria israelí.
La mayoría de los municipios que hoy ocupa la guerrilla están desconectados de la vida institucional colombiana. Como el Estado no está presente, la guerrilla es la autoridad.
No se puede votar sino con el permiso de ésta y muchas veces ni siquiera hay elecciones. Si la fórmula del Gobierno puede ponerse en práctica, las funciones normales del municipio se restablecerían por el mutuo acuerdo de la guerrilla y del Gobierno y con el apoyo logístico de este último. El presidente Gaviria llama a esto una especie de Frente Nacional a nivel regional.
Pero como en no todos los sitios la presencia guerrillera coincide con una jurisdicción municipal, no se descarta la creación de nuevos municipios para darle una base institucional al grupo guerrillero.
El experimento, sin duda alguna, es audaz, pero el Gobierno considera que más realista, práctico y productivo que pensar en reubicarlos en lugares que ni conocen, para financiarles un taxi o darles una beca.

* LAS MILICIAS CIVICAS
Una de las mayores dificultades de un eventual desarme de la CNG es que se trata de no menos de 10 mil hombres en armas. Esto ha creado una subcultura militar qúe no puede ser desmontada de la noche a la mañana. Por esto, la estrategia del poder local, que es esencialmente civíl, no pretende que se desarme la totalidad de los guerrilleros colombianos. Por un lado, hay problemas de logística, pues difícilmente se pueden crear 10 mil empleos productivos en corto tiempo.
Por otro, los guerrilleros invocan consideraciones de seguridad. Para ellos, desarmarse integralmente los expone a ser víctimas de una eventual guerra sucia de retaliación, como la que ya se vio con la Unión Patriótica.
Jacobo Arenas era el que más insistia en este punto y la idea de dejar a algunos guerrilleros en armas ha ido cogiendo fuerza dentro de la guerrilla, pero existen objeciones serias en algunos sectores del Gobierno.
Para el Gobierno este punto es muy difícil, pues el concepto de reincorporación va en contravía del mantenimiento de las armas. Pero con algunos cambios en la interpretación de los términos
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