Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1988/08/22 00:00

RIO REVUELTO

Las cifras de la guerra arrojan más de una sorpresa sobre quién la va ganando y que tanto afecta a la economía nacional.

RIO REVUELTO

Si los años anteriores habían estado marcados por la permanente agudización de los conflictos sociales y políticos que han desencadenado la violencia en el país, el primer semestre de 1988, con sus 600 muertos, entre asesinatos, masacres, emboscadas, asaltos y secuestros, será recordado como aquel en el que, finalmente, todos los sectores se pusieron de acuerdo en algo:el país está en guerra. Lo dijeron editorialistas y columnistas; lo dijeron investigadores internacionales que incluyeron a Colombia como uno de los 25 países del mundo que están en guerra. Lo dijo la Corte Suprema, lo dijo el alto mando y, sobre todo, lo dijo la guerrilla.
Pero esta guerra que ya nadie pone en duda, aunque no esté oficialmente declarada, plantea numerosos interrogantes entre los cuales hay por lo menos dos que resultan particularmente inquietantes: ¿quién va ganando la guerra? ¿Qué tanto está afectando ésta el desarrollo económico del país?
Contestar el segundo interrogante puede ofrecer algunas claves para responder el primero. Se podría suponer que si la economía está mal, las fuerzas que pretenden combatir el sistema estarían ganando. Sin embargo, las cifras podrian arrojar resultados totalmente diferentes y, para muchos, sorprendentes. En los países desarrollados, los efectos de la política en el estado de la economía se pueden medir, entre otras cosas, por los movimientos de las bolsas de valores.
Así, en Francia la victoria socialista de 1981 produjo un bajón de las acciones de la Bolsa de París. En Colombia, ni la batalla del Palacio de Justicia, ni las masacres, ni el secuestro de Alvaro Gómez han afectado los indicadores bursátiles, que se han sacudido mucho más con algunas medidas monetarias o con los escándalos financieros.

CAFE, PETROLEO Y BANANO
El caso colombiano, entonces, tiene que mirarse bajo otra perspectiva. Para empezar, hay que establecer cuáles son las zonas del país que se están viendo realmente afectadas por el fenómeno guerrillero. A primera vista se podría pensar que una de las grandes diferencias del conflicto guerrillero en la década pasada con lo que está sucediendo hoy, es que entonces los grupos alzados en armas se habían hecho fuertes solamente en los territorios olvidados, sin valor estratégico para la economía nacional, y donde el Estado estaba ausente. Esto ha cambiado dramáticamente en los últimos años. Hoy hay por lo menos dos grandes fortines guerrilleros en regiones de intensa actividad económica como es la zona petrolera del Arauca y la bananera de Urabá. Como indicio aún más preocupante, en los últimos meses la zona cafetera del centro del país, tradicionalmente libre de guerrilla, ha visto surgir poco a poco el catálogo completo de extorsiones, boleteo, secuestro y combates, cuyo episodio más dramático hasta ahora ha sido el secuestro y posterior asesinato del empresario Hernán Londoño y Londoño. De este modo, aparecen amenazados hoy los tres principales productos de exportación del país: café, petróleo y banano.
Si bien es evidente que hay una crisis de orden público en esas regiones, no es aún tan claro que económicamente se estén afectando seriamente. Las cifras podrian parecer preocupantes. Como dijera el asesor presidencial Jesús Antonio Bejarano en una reciente conferencia en la Universidad de los Andes, "se estima que hasta 1987 los actos terroristas contra oleoductos habían ocasionado pérdidas por 15 mil millones de pesos y en lo que va corrido de 1988, donde se han acentuado notablemente los atentados, las pérdidas pueden estar cercanas a los 14 mil millones de pesos. En cuanto a la producción de banano, los empresarios estiman que la situación de violencia de Urabá puede haber ocasionado pérdidas equivalentes al 5% del valor total de la producción". Pero a pesar de esto, ni las multinacionales petroleras han pensado retirarse de Arauca, ni los empresarios bananeros de Urabá. En el primer caso, el petróleo en Colombia, como en otras regiones del mundo, en una actividad de alto riesgo. "Sigue siendo más difícil sacar los barcos petroleros del Golfo Pérsico que el petróleo por el oleoducto Caño Limón-Coveñas", explicó a SEMANA un funcionario de una petrolera.
El margen de ganancia de esta actividad es tan grande, que cubre con holgura estos riesgos, que están de antemano calculados. "Cómo será de bueno el negocio -agregó la fuente- que la Manessmann se dio el lujo de pagar cerca de 80 millones de dólares al ELN, para que la dejaran terminar el oleoducto".
En Urabá, aunque el riesgo no está tan calculado, y los márgenes de ganancia son inferiores, los únicos empresarios que han vendido sus tierras son los pequeños productores, más indefensos tanto en términos de seguridad como económicos, mientras los grandes empresarios mantienen sus propiedades o incluso compran más terrenos. Y si algo demuestra que son más los que quieren comprar que los que quieren vender, es que el precio de la hectárea, a pesar de que la zona es uno de los focos más calientes de la guerra, no ha dejado de subir. Este curioso fenómeno tiene antecedentes en el pasado reciente: en el Caquetá, en el periodo 1976-1980, que se caracterizó por un crecimiento sostenido de la actividad guerrillera,la valorización de la tierra fue superior al 350%. Hoy en día, en los también sangrientos límites de Córdoba y Antioquia, una hectárea de tierra puede valer entre 1 y 1.5 millones de pesos, según la calidad de las mejoras, mientras que hace 8 años la más cara de esas hectáreas apenas superaba los 25 mil pesos.
En términos generales, a pesar del constante incremento de la violencia en distintas zonas rurales del país, el sector agropecuario ha experimentado en los últimos años una notoria recuperación. Esto fue particularmente cierto en 1987, cuando el indice de crecimiento se situó por encima del 4.5%, contra 2.1% en 1986. Para 1988, se estima que la tasa esté por encima del 4%, cuando los promedios de la década pasada apenas superaban el 1%. Pero no sólo ha mejorado la producción. Entre el 86 y el 87, la superficie cultivada se incrementó en 5.12%. Un caso interesante es el de la palma africana, cuya producción en ese mismo periodo creció 4.29%, a pesar de estar sembrada en zonas de graves conflictos. Otro dato significativo tiene que ver con la formación de capital en mejora de tierras y desarrollo de plantaciones. Mientras entre 1980 y 1985, había tenido una evolución negativa del -2.7%, entre el 85 y el 87 fue del 5.5%, superior a la tasa de crecimiento del conjunto de la economía. Bejarano, en el análisis de esta situación, sostiene que "la pregunta sin respuesta es ¿qué hubiera ocurrido con estos indicadores en un clima de normalidad? Pero el hecho es que, o bien los agricultores no han incorporado la inseguridad como un factor de incertidumbre en la inversión, o bien los factores favorables la han compensado o bien la violencia tiene efectos regionales que no afectan sensiblemente el comportamiento global del sector".

LA CONTRA-REFORMA
Sin duda alguna, uno de los elementos que parece estar permitiendo el crecimiento de la economía agraria a pesar de la violencia, es la inversión de las utilidades del negocio del narcotráfico en estas actividades, que no sólo permite legalizar los narcodólares, sino también obtener ganancias.
Esta inversión se ha concentrado principalmente en la producción ganadera y esto se debe, según los expertos, a la gran liquidez que tiene este negocio. "El ganado, como el Renault-4, es un cheque al portador, y esto resulta particularmente atractivo para aquellas personas cuya seguridad personal tiene un gran componente de incertidumbre, pues les permite hacerse a dinero liquido con mucha rapidez si por alguna razón tienen que salir corriendo", explicó a SEMANA un ganadero.
Pero, ¿qué tanto dinero están invirtiendo los ganaderos en el sector agrario colombiano? Sobre este punto no hay, por obvias razones, cifras definitivas. Pero es posible hacer un ejercicio aritmético para tratar de medir el impacto de la narco-economía en el sector agrario. Se supone que los narcodólares que ingresan y efectivamente se quedan en el país son alrededor de 800 millones de dólares, equivalentes a 240 mil millones de pesos. Suponiendo que los narcos sólo invirtieran la mitad en compra de tierras, estarian en capacidad de comprar cerca de medio millón de hectáreas al año Dos millones de colombianos bajo presión sobre la base de un promedio de 250 mil pesos hectárea. Esto es sorprendente si se tiene en cuenta que el Incora, en 25 años de reforma, sólo ha adquirido por cesión, expropiación o compra de tierras, poco más de un millón de hectáreas. En el fondo, como se puede deducir de las cifras, lo que se está dando es una contrareforma agraria, ya que la compra por parte de los narcotraficantes no es propiamente para repartir, sino para concentrar. Una contra-reforma que podria intervenir en dos años mucha más tierra que la que el Incora ha podido intervenir en un cuarto de siglo.
Pero no sólo los narcos parecen hacer caso omiso de los problemas de inseguridad en el sector agrario -finalmente tienen la capacidad de crear ejércitos de autodefensa-, sino que también los mismos agricultores tradicionales no consideran el factor de inseguridad como el más grave de los que golpean a la economía agraria. En una encuesta adelantada por el ex ministro Roberto Junguito en abril de este año con economistas, dirigentes gremiales, campesinos, políticos y funcionarios, éstos señalaron que la falta de incentivos y la ineficiencia institucional le hacen más daño a la actividad agropecuaria que la inseguridad. Analizando por aparte el grupo de agricultores y campesinos encuestados, la conclusión fue la misma.

¿QUIEN VA GANANDO?
Pero, ¿qué puede explicar que, en medio de una guerra cada vez más cruel y más sangrienta, los inversionistas no hayan perdido la confianza y ni siquiera la actividad agraria, la que más debería verse afectada en el conjunto de la economía, haya dejado de crecer? Obviamente,la necesidad de los narcotraficantes de invertir parte de sus jugosos excedentes en industrias como la ganadera explica el fenómeno, pero no en forma total. Según algunos analistas, una de las razones por las cuales los empresarios del agro, incluidos los narcotraficantes, están lejos de asustarse y dejar de invertir, es la convicción que tienen de que están ganando la guerra.
A juzgar por algunas cifras, podrian tener razón. Un inventario de los asesinatos por móviles políticos en el primer semestre de este año indica que más del 60% de los muertos se explican por masacres y asesinatos cometidos por grupos de extrema derecha, mientras que el 30% se atribuye a actos cometidos por la guerrilla de izquierda. El problema con estas cifras es que en las guerras no siempre gana quien mata más enemigos, sobre todo si en muchos de esos casos las víctimas no son realmente los enemigos. En el caso de la reciente masacre de El Castillo (Meta), según las informaciones recogidas por SEMANA, los 17 muertos eran campesinos de la región cuyo único pecado consistió en haberse montado en un transporte colectivo en el que iba a viajar el alcalde de la Unión Patriótica de esa población, quien era realmente el blanco de los sicarios y quien, al darse cuenta de que lo estaban siguiendo, se bajó del colectivo y logró salvar su vida. Otro tanto sucede en otras zonas de guerrilla donde, a veces, los campesinos, situados entre dos fuegos, acaban pagando los platos rotos de los bandos enfrentados. En el caso de El Castillo, delegados gubernamentales que viajaron a la zona después de la masacre, pudieron comprobar que los familiares de las víctimas ya solicitaron a las FARC protección para sus vidas, con lo cual queda demostrado que en casos como este, la derecha no sólo no está matando a quienes considera sus verdaderos enemigos, sino que se está ganando nuevos.
Esto origina, desde la óptica de los grupos guerrilleros, la misma creencia que tiene la extrema derecha: que están ganando la guerra. ¿Cómo mide la guerrilla esto? Por lo pronto, como no se ha convertido realmente en alternativa de poder, tiene que medirlo por la capacidad de perturbación del orden institucional. Y esto tampoco es fácil de medir. Un reciente estudio adelantado por el gobierno y presentado en un seminario en la Universidad de los Andes, estima que la población bajo presión de los grupos guerrilleros se acerca a los dos millones 200 mil personas, equivalentes al 7.9% de la población total del país y al 23.6% de la población rural. En el análisis que se hace departamento por departamento, se muestra que en la única unidad administrativa donde más de la mitad de los habitantes está sometida a esta presión, es la comisaria del Guaviare, donde el 88% soporta el fenómeno guerrillero (ver mapa). Aunque estas cifras no son precisamente tranquilizadoras, colocan, sin embargo, la cuestión guerrillera en su justa proporción y ponen en duda la validez de la creencia de los guerrilleros de que están ganando la guerra.
Pero si bien es difícil establecer quién va ganando la guerra, es más fácil saber quién la está perdiendo. Según el Procurador, Horacio Serpa Uribe, "la izquierda y la derecha estan igualmenle alucinadas con la equivocada creencia de que están a punto de lograr una victoria. Y lo que ocurre es que con su insensatez están destruyendo al país". Para Serpa, el problema no debe ser visto solamente desde el punto de vista de la amenaza guerrillera sino también desde el punto de vista de algo igualmente grave, que él ha definido como "un plan de extrema derecha coordinado, con criterio político, con grandes recursos económicos y con algún grado de complicidad por acción o por omisión de sectores de la autoridad civil o militar".
Por lo pronto, dentro de este orden de ideas, el análisis de las cifras de la economía y de los muertos de los últimos meses, parecería indicar que hasta ahora y a pesar de la creciente violencia, la economia en el sector agrario está resistiendo. Pero esto bien puede cambiar. A la larga, independientemente de lo que crean los bandos en conflicto, una guerra prolongada siempre termina por arruinar un país y dejar tendidos en la lona a quienes menos velas tienen en el entierro.

MASACRES POR TIPO DE VIOLENCIA
(ENERO 1º A JULIO 7 DE 1988)

No DE MUERTOS % No DE MASACRES %
Violencia de derecha 170 74 13 59
Violencia de izquierda 29 13 4 18
Narcotráfico 8 3 1 5
Sin identificar 24 10 4 18
TOTAL 231 100 22 100

TOTAL NUMERO DE MUERTOS Y MASACRES POR DEPARTAMENTO
(ENERO 1º A JULIO 7 DE 1988)

Departamento Nºde muertos Nºde masacres Promedio de . muertos por . masacre
ANTIOQUIA 70 6 11.6
BOLIVAR 6 1 6.00
BOYACA 11 1 11.00
CASANARE 12 2 6.00
CESAR 23 3 7.50
CORDOBA 40 1 40.00
CUNDINAMARCA 5 1 5.00
MAGDALENA 8 1 8.00
META 31 2 15.50
SANTANDER 25 4 6.25

TOTAL 231 22 10.50

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.