Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2001/09/17 00:00

Sangre negra

En el primer semestre de este año el terrorismo guerrillero contra la infraestructura petrolera le costó más de 300 millones de dólares al país. Los municipios, son los grandes perdedores.

Sangre negra

Cada vez que la guerrilla dinamita un tramo del oleoducto Caño Limón-Coveñas no solamente atenta contra el patrimonio de Ecopetrol. Atenta contra todo el país. El terrorismo afecta seriamente la construcción de escuelas, de vías, de centros de salud y, por supuesto, ocasiona daños irreversibles en el medio ambiente. A la contaminación de los ríos (que implica en la mayoría de los casos tener que suspender el servicio de acueducto a la población), el exterminio de diversas especies animales y vegetales y la contaminación del aire se suman el impacto que tiene la voladura de oleoductos en la calidad de vida de los campesinos y pobladores que habitan los municipios aledaños a las redes de transporte de hidrocarburos. Además del desastre ecológico, el terrorismo también está afectando duramente las finanzas de municipios, hasta el punto de que en departamentos como Arauca la inversión está completamente paralizada y en su capital se acabó la plata para pagarles a los maestros y demás funcionarios de la administración municipal. A ese solo departamento los actos terroristas del ELN y las Farc le han significado pérdidas superiores a los 62.000 millones de pesos a pesar de recibir casi el 50 por ciento de los tributos que genera la actividad petrolera. Según el alcalde de Saravena, José Trinidad Sierra, “de los 380.000 millones de pesos que se tenía pensado recibir este año no entró ni uno solo a las arcas del municipio”. En situación similar se encuentran los alcaldes de Toledo y Chinácota, en Norte de Santander, y de Cubará en Boyacá, en donde la ejecución de obras ha disminuido en más de un 60 por ciento.

El epicentro del problema sigue siendo el oleoducto Caño Limón-Coveñas y, más concretamente, los 100 primeros kilómetros de su trazado en el departamento de Arauca. A pesar de tener 600 kilómetros y atravesar siete departamentos, la zona roja es la comprendida entre Caño Limón, Saravena, Arauquita, Samoré y Toledo, además del municipio de Cubará en Boyacá. Las cifras hablan por sí solas: según Ecopetrol, en lo que va de 2001 se han producido 120 atentados contra el oleoducto; se han derramado 206.000 barriles de petróleo y se han dejado de producir 16,8 millones de barriles. Por concepto de regalías no causadas se registraron pérdidas por 61,9 millones de dólares, casi el doble que el año pasado. Según los cálculos de los expertos, el país pierde en un solo día en que se paraliza la actividad del oleoducto Caño Limón-Coveñas una cifra cercana a los 2,5 millones de dólares y, desde que entró en operación, se calcula que han sido derramados unos 2,6 millones de barriles de crudo, que además de las pérdidas económicas han dejado una secuela devastadora en el medio ambiente.

En síntesis, Ecopetrol ha dejado de producir 16 millones de barriles de crudo durante los primeros seis meses de 2001 como consecuencia de los atentados. En plata blanca, el país ha perdido por estos actos más de 300 millones de dólares en un semestre. Lo más preocupante es que el terrorismo no solamente obliga a suspender el bombeo del crudo y a emprender costosas reparaciones de los tubos afectados. También implica un alto costo social y ambiental que difícilmente se podrá reparar. Por lo pronto, tanto Ecopetrol como el Estado colombiano y sus municipios siguen indefensos ante la arremetida de los grupos guerrilleros que se disputan el triste honor de derramar a chorros la mayor fuente de riqueza nacional.

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