Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2010/10/23 00:00

Se debe crear confianza

Los participantes proponen cómo fomentar espacios de inclusión y equidad, y la legalización de las drogas, un tema recurrente.

Se debe crear confianza

Méritos diplomáticos
Para que los funcionarios lleguen sin 'palanca' 
Por Socorro Ramírez*

Me uno a la Misión de Política Exterior en la propuesta de crear un plan y unas metas para que, en 10 años, al menos dos tercios del servicio exterior sean funcionarios de carrera y que, en el mediano plazo, estos lleguen al 90 por ciento.

Eso implica renunciar a ofrecer puestos en el servicio exterior a personas que no ostenten reconocidos méritos y buscar un sólido acuerdo con todos los partidos para sustraer a la Cancillería del clientelismo.

Por otra parte, convendría que alguna entidad académica asumiera la realización de un programa sobre Diplomacia Visible, con el compromiso de presentar, cada seis meses, ante las comisiones segundas del Senado y la Cámara, encargadas de los asuntos internacionales en el Congreso, y ante los medios de comunicación, el perfil de cada cargo en la planta interna y externa, quiénes lo ocupan, cuáles son sus méritos, realizaciones y resultados.

*Politóloga

Abrir debate para combatir la guerra
Legalizar para acabar con el desangre del país.
Por Juan Gabriel Vásquez*

Legalizar la droga: esa es la propuesta. Por supuesto que la legalización tendría que ser universal para que el asunto funcione, pero mi propuesta es abrir el debate, informar al ciudadano y comenzar una larga lucha contra esta guerra absurda que ha desangrado el país en los últimos 40 años.

Digo bien: 40. No son más: antes de 1970 no había mafias, ni violencia ligada al comercio de la droga, ni candidatos presidenciales asesinados, ni miles de civiles víctimas directas o colaterales del negocio. ¿Y qué ocurrió en 1970? La administración Nixon se inventó la “Guerra contra las drogas”.

Las drogas se han consumido siempre: no hay una sola civilización en la historia de la humanidad que no haya consumido algún tipo de drogas. Y, si bien algunas son más peligrosas que otras, todas son simplemente un problema de salud pública y responsabilidad individual.

Al ilegalizarlas y declararles la guerra, Nixon no hizo más que convertirlas en artículo de lujo, subirles los precios de manera astronómica y crear de la nada un monstruoso sistema criminal que no existía antes. Lo que sí existía antes era el precedente: la prohibición del alcohol de 1919, cuya primera consecuencia no fue la desaparición del alcohol, sino la creación de poderosísimas mafias para vender alcohol.

Devolvamos el asunto de la droga a sus proporciones de problema sanitario y privado, o por lo menos tomemos la iniciativa para que así se haga en el futuro, y mucho habremos avanzado.

*Escritor

Un país federal
Solución más rápida a problemas regionales.
Por Gustavo Gómez*

Con el campanazo de los 2.500.000 votos largos de la consulta de la Región Caribe, mi propuesta es que comencemos a trabajar, en serio, en la idea de convertir este país de centralismos injustos en una federación equilibrada y ágil para resolver los problemas de las comunidades estatales.

Elegir congresos estatales que trabajen las agendas propias para arreglar las prioridades de los ciudadanos. Que se tengan regímenes tributarios que reflejen las diversas situaciones productivas y con una distribución equilibrada del poder.

Se cristalizaría con el consenso de la gente manifestado en las urnas y con el trabajo de un cuerpo colegiado (asamblea) que genere una sólida y pacífica transición constitucional.

La mesura, el acuerdo y la reflexión pública deberán llevarnos a convertirnos en una federación que no descuide la seguridad interna ni externa y que contribuya a fortalecer los valores regionales sin abrir espacio a que la clase política, tradicionalmente mezquina, haga de una buena idea un coto fragmentado para la caza de votos.

*Periodista

Legalizar para acabar con el narcotráfico
Idea para combatir la corrupción y a los armados.
Por Jotamario Arbeláez*

Pienso que Colombia debe sacar el mejor partido de sus desgracias, para contrarrestarlas hacia adelante.

Uno de sus principales problemas, con la corrupción rampante, es el narcotráfico, que no solo permeó todas las capas sociales, incluidos los gobiernos, sino que terminó financiando y, por consiguiente, arruinando la lucha revolucionaria, originando violencia y tráfico de armas.

Se han aplicado toda clase de medidas para erradicarlo, pero han resultado ineficaces. Sin embargo, no se ha acudido a la solución propuesta por muchas mentes lúcidas del país, como es legalizar la droga.

Sobre todo ahora que se anuncia la segunda venida de los Cuerpos de Paz norteamericanos, muchos de cuyos jóvenes integrantes, por los años 60, terminaron propiciando el narcotráfico y el fervor guerrillero.

Al cesar la prohibición desaparece el negocio ilícito, las consiguientes vendettas y el descalabro económico.

Ya la marihuana se legalizó en casi todos los Estados Unidos. Empezando por usos terapéuticos, ya que “el cigarrillo produce cáncer y la marihuana lo cura”.

Eso podríamos hacer aquí. Y con la coca, pues producir té, y hasta una bebida gaseosa, como ya lo hacen en Bolivia. Podría ser la Coca-Colombia.

*Poeta

Políticas para la gente
Sería más fácil hacer cumplir los derechos. 
Por Manuel José Cepeda*

La propuesta consiste en promover que las personas que diseñan las políticas públicas tomen conciencia de que sus decisiones impactan los derechos de la gente y antes de diseñarlas se pregunten cómo la respectiva política ayudará a proteger los derechos constitucionales de las personas.

De esta manera, los diseñadores de políticas no se sorprenderían cada vez que la Corte Constitucional juzgue los instrumentos jurídicos empleados para desarrollar una política.
A su turno, los jueces tendrían bases sólidas para darle contenido específico a la progresividad de los derechos sociales, porque las políticas permitirían avanzar gradualmente, dentro de los recursos y las capacidades disponibles, hacia la igual dignidad de todos.

La gente no padecería el calvario de rogar que le hagan el favor, de buscar una ‘palanca’, o de tener que acudir a la tutela. Políticas sociales y derechos son caras de una misma moneda: maneras de distribuir recursos escasos en beneficio de las personas.

*Ex presidente de la Corte Constitucional

Ordenamiento territorial indígena
El Estado debe trabajar por la vida armónica.
Por Floro Tunubalá*

La Constitución Política de 1991 reconoció los derechos de los pueblos indígenas, entre ellas a tener territorios propios y gobernados por las autoridades indígenas. Tres años después de la Constitución, el Movimiento Indígena Nacional presentó una propuesta de ley marco, que es la ley de ordenamiento territorial indígena, radicada en 1994 en la Secretaría del Congreso nacional. Desde entonces no hubo el interés de apoyar ni por el gobierno nacional ni por los congresistas.

Propongo retomar esta propuesta y aprovechar la voluntad política real del actual gobierno nacional para llevarla a cabo. La ley de ordenamiento territorial indígena garantizará a estas comunidades colombianas el pleno derecho de ejercer y desarrollar la autonomía integral, que por décadas soñaron nuestros antepasados, por nuestros abuelos y padres en la reconquista del Derecho Mayor, que un día fue violentado, usurpado y negado.

*Ex gobernador del Cauca

Paridad política entre hombres y mujeres
La administración no puede seguir siendo ejercida solo por hombres.
Por Florence Thomas*

La política colombiana, o sea la administración de este país, no puede seguir ejercida solo por hombres. Una idea factible y que, creo yo, podría representar una formidable sinergia entre las maneras de interpretar el mundo y de actuar sobre el de los hombres y el de las mujeres, sería imponer la paridad política entre hombres y mujeres.

Somos más del 51 por ciento de la población y me parece que merecemos estar en los lugares de toma de decisiones políticas a la par con los hombres.

Feministas o no, las mujeres tenemos otra manera de habitar el mundo y necesitamos uno diseñado por hombres y mujeres que responda a las demandas y los derechos de los unos y de las otras.

Tal vez nos permitiría encontrar juntos nuevas formas de ejercicio y distribución del poder, nuevas formas de hacer política y de enfocarla en “el cuidado del bien común y el arte de estar juntos”, como nos lo recomendaba la feminista italiana, Alessandra Bocchetti.

Aterrizar esta propuesta no puede ser sino desde una real voluntad política de los gobernantes y, por supuesto, una profunda convicción de las mujeres colombianas ante esta posibilidad de administrar el mundo hombro a hombro con los hombres.

Deberíamos empezar a erradicar la palabra cuotas de nuestro vocabulario y reemplazarla por una nueva generada por la modernidad y la inclusión: paridad. Creo que las mujeres han demostrado ya, y después de 5.000 años de discriminación y maltratos, que son capaces de ejercer su buen juicio para encontrar una nueva manera de hacer política desde una inaugural paridad política con los hombres.

*Socióloga 

A legalizar la droga
Una propuesta para que deje de ser un negocio.
Por Ricardo Santamaría*

¿Legalizar para qué y por qué? Para que haya menos consumo de droga y menos violencia. Y porque el enfoque actual para luchar contra el narcotráfico, basado en la prohibición, se agotó.

Cada día hay más consumidores. En muchos países, bajo la fórmula de la despenalización de la dosis personal, se consume marihuana o cocaína legalmente. Pero todos los pasos anteriores (siembra, procesamiento y comercio), que ocurren en Colombia, son ilegales. El narcotráfico además, en nuestro país, financia a guerrilla y paramilitares. Sin estos recursos, estos grupos desaparecerían.

La propuesta: que el nuevo gobierno lidere una discusión nacional que busque alcanzar un consenso para legalizar estas drogas dentro del marco de un acuerdo internacional.

Esta propuesta se llevaría a la OEA y a la ONU, para que allí sea discutida por países productores y consumidores. La esencia de la propuesta es despenalizar la producción y venta controlada de estas drogas, y volcar los millonarios recursos que hoy gastan los países en perseguir estas mafias, hacia programas de salud pública para tratar a los adictos y prevenir el consumo.

Promoveríamos un cambio de paradigma: enfrentar el problema como un asunto de salud pública y no de seguridad nacional.

*Periodista

Se debe reformar la Policía
Debería estar adscrita al Ministerio del Interior. 
Por Carlos Eduardo Jaramillo C.*

La urgente necesidad de hacer profundos ajustes en la política de la seguridad democrática implica una reforma general de la Policía, cuyo primer paso será su adscripción al Ministerio del Interior, para recuperar su verdadero espíritu.

Dentro de las reformas se tendrán que crear policías metropolitanas que actuarán bajo la autoridad de los alcaldes, pero conservando sus mandos institucionales (Hoy estas existen y nominalmente están bajo la autoridad del mandatario local, pero todo esto no pasa de ser pura formalidad).

Estas policías metropolitanas continuarán formando parte integral de la Policía Nacional y serán, como la institución, cuerpos no militares que recibirán una formación de alto nivel, especializadas en conflictos urbanos y en particular en los de la ciudad en que operarán. Serán dotadas con tecnologías de punta.

Los recursos para su creación y mantenimiento provendrán tanto de la nación como de los recursos propios de cada ciudad, en proporciones a establecer. Bogotá invierte anualmente 780.000 millones de pesos entre Policía y programas de seguridad. Dos mil policías de la capital son pagados con cargo a estos recursos.

Elemento fundamental en estos cuerpos será la estabilidad de sus miembros. Se deben establecer tiempos mínimos de servicio en la ciudad. Siendo los menores de cuatro años y los máximos de diez años.

Existirán mecanismos para acortar estos periodos, pero sujetos a estrictas restricciones y siempre resueltos de común acuerdo entre el alcalde y el comandante de la policía metropolitana de la ciudad o el Comandante General de la Policía, según el caso.

El desempeño de estos cuerpos será evaluado permanentemente por una comisión especializada de expertos en seguridad y convivencia ciudadana.

Los oficiales, suboficiales y agentes a quienes se les compruebe mala conducta serán retirados de la institución.

El reclutamiento y escogencia para estos cuerpos se realizará fundamentalmente entre residentes de la ciudad donde se prestará el servicio, previo exhaustivo análisis de antecedentes.

*Sociólogo, ex consejero de paz

Hay que respetarnos
Una nueva marcha masiva no estaría de más.
Por Andrés Dávila Ladrón de Guevara*

Propongo consolidar la democracia. Implica ayudar a que las instituciones funcionen, las reglas de juego se respeten y evitemos atajos. Se puede lograr desde nuestras acciones cotidianas.

Para la democracia, tenemos que ser ciudadanos activos: votar, ejercer el control político y obligar a que representantes y gobernantes rindan cuentas. Pero sobre todo, cumplir las leyes, respetar las reglas y no respaldar a aquellos que las utilizan para su propio beneficio.

Además se debe construir Estado. Implica lograr que se reconozca su presencia, su autoridad legítima y su búsqueda por encontrar soluciones para el bien de todos, que corrijan los desequilibrios. Debe ser un referente necesario.

Para el Estado se debe respetar la autoridad, cumplir con las obligaciones, como por ejemplo, pagar los impuestos y no comprar contrabando ni pirata. Y, tal vez, convencernos de que ningún mercado se autorregula y menos para el bien de todos.
Así mismo, se deben hacer realidad los derechos previstos en la Constitución. Implica acelerar y profundizar los esfuerzos en esta dirección, prioritariamente, para las poblaciones más pobres y vulnerables, particularmente afectadas por el conflicto.
 
Para los derechos, sería clave que fuésemos capaces de respetar las diferencias y reconocer al otro: al indígena, al negro, al discapacitado, al desplazado.

Una marcha masiva, multitudinaria contra la violencia, contra las minas antipersonal y en pro de las víctimas, así como se hizo contra el secuestro, podría, al menos, ser un buen comienzo.

Democracia, Estado y derechos son tareas de largo plazo. Para alcanzarlas no hay fórmulas mágicas, ni propuestas salvadoras. Son un referente de lo que deberíamos ayudar a construir.

*Politólogo, maestro y doctor en Ciencias Sociales

Redefinir tareas de los organismos de control
Funcionarios juzgados por sus hallazgos.
Por Paul Bromberg*

La propuesta consiste en separar poderes. Los organismos de control deben investigar, recaudar pruebas y enviarlas a los jueces, para que ellos sean los que sancionen.

Actualmente, los organismos de control también sancionan, pero este proceso debe ser más independiente para hacer más honestas las investigaciones.

A la rama ejecutiva la ronda todo el mundo, incluyendo los organismos de control. ¿Qué garantiza que estos no se conviertan eventualmente en cómplices o, lo que es peor, en canal de presión indebida para favorecer intereses ocultos mediante amenazas de investigación y sanción?

Un funcionario honesto que quiera cambiar algo tocará intereses y además correrá riesgos, porque no hay ninguna fórmula sin ellos. No hay solución para este problema, pero un buen diseño institucional nos acerca al bien deseado.

El funcionario de un organismo de control será juzgado por sus ‘hallazgos’. Darle a él la atribución de sancionar equivale a poner a la policía a juzgar a las personas que detiene.
El diseño del control administrativo colombiano tiene este gran defecto: la misma entidad que instruye y sanciona responde ante quien la nombra: el Congreso.

*Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional

Administrador de procesos judiciales
Programa para controlar y agilizar la justicia. 
Por María Mercedes López Mora*

Sin perder de vista que el jurista resuelve problemas eminentemente complejos, como Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura concebí un sistema informático para el gobierno gerencial de los procesos judiciales; un software que, además de estar provisto de alertas tempranas para controlar la prescripción de la acción disciplinaria y la sujeción de los operadores al principio de preclusividad, fue diseñado para regular con exactitud el reparto aleatorio de expedientes, el registro histórico de su evolución y el seguimiento permanente.

La operación del software es sencilla: primero se realiza la distribución diaria y aleatoria de los expedientes, mediante un sistema de ‘puertas’ en un computador central. Se ingresa un código que identifica el proceso por su clase, se verifican los sujetos procesales y con un “clic” el asunto se reparte.

En solo cinco casillas con barras plegables se registra la fecha de los hechos, calidad, género del disciplinable, región y falta investigada.

Todo este sistema de datos me permite administrar directamente los procesos y organizarlos por grupos y especialidades, para establecer órdenes de prioridad, según la proximidad de la prescripción y la naturaleza de la acción. Incluso aporta insumos para que, mediante cruce de variables, pueda saberse en qué regiones y por parte de qué género hay mayor número de faltas disciplinarias.

De ahí que nuestro software, con el concurso logístico de la Dirección Ejecutiva del Consejo Superior y nuestro equipo de juristas, ofrezca hoy más que exitosos resultados.

*Magistrada de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura

Ir más allá de la seguridad democrática
Atacar en todas las esferas de la sociedad. 
Por Plinio A. Mendoza*

Supongo que son muchas las ideas que pueden darse en busca de una Colombia mejor. Lo importante es precisar cuáles exigen prioridad en el momento en que vivimos. Yo me atrevería a anticipar que una Colombia mejor solo puede vislumbrarse cuando hayan desaparecido los movimientos armados ilegales como las Farc, el ELN, los rezagos del paramilitarismo y el narcotráfico que sustenta a unos y a otros.

Para lograr estos objetivos, no basta dar continuidad a la actual política de seguridad democrática. Es preciso darle proyecciones no contempladas hasta ahora, como la de hacerle frente a la subterránea guerra política y jurídica que libra la subversión a través de ONG afines a su ideología y a la infiltración de agentes suyos en el poder judicial a fin de abrir procesos sesgados contra miembros de las Fuerzas Armadas. Estas maniobras solo pueden neutralizarse mediante el reestablecimiento de la justicia penal militar, la desmovilización de guerrilleros apoyándose en los que hoy están recluidos y la presencia más activa del Estado en las regiones donde ha permanecido la guerrilla.

La peligrosa realidad que hoy nos corresponde afrontar se deriva de un fenómeno inquietante: tenemos más país que Estado. Cuando el ejército quiere cubrir unas zonas, se descuidan otras. Este desplazamiento permite que grupos armados ilegales reaparezcan en zonas donde la presencia militar fue apenas temporal. Además de ampliar y hacer más estable esta protección, se hace urgente ampliar nuestra cobertura jurídica así como nuestra red de vías de comunicación, que hoy registra un retraso de más de 40 años.

Por otra parte, el incremento de la educación técnica, el desarrollo de grandes empresas agrícolas, una política más activa y mejor coordinada para la desmovilización de guerrilleros y su reinserción en actividades pacíficas y productivas permitirán sentar las bases de una Colombia mejor.
 
*Escritor y periodista.

Políticas integrales, más no generales
La estrategia debe llegar hasta las soluciones.
Por María Mercedes Cuellar*

Colombia es uno de los países del mundo donde existe más desconfianza en los demás, lo cual dificulta cualquier programa de convivencia pacífica y crecimiento económico.

También tiene una de las tasas de desempleo más altas de América Latina, la cual impide alcanzar un mayor bienestar social y una mayor equidad. Si queremos un país mejor, debemos enfrentar esos problemas con políticas integrales que canalicen todos los esfuerzos hacia objetivos específicos.

Como dice el adagio popular, “el que mucho abarca poco aprieta”. En Colombia las políticas públicas persiguen frecuentemente muchos propósitos utilizando solo un instrumento.

Esta estrategia errónea conduce a que no se logre ninguno. Por eso, a pesar de que se identifican acertadamente los problemas y la forma de corregirlos, no se alcanza la solución y quedan únicamente las buenas intenciones.

*Presidente de Asobancaria

Un giro a la gobernanza sobre el mar
Un mejor tratamiento a los recursos marinos.
Por Weildler Guerra Curvelo*

La gobernanza sobre el mar se encuentra hoy dispersa en múltiples dependencias de la administración central.

La normatividad sobre el espacio marino no ha tenido en cuenta las relaciones históricas de nuestras comunidades costeras con éste, ni la visión del mar como territorio ni la valoración simbólica y patrimonial que aquellas le otorgan.

Muchas especies vivientes se encuentran hoy en riesgo por la contaminación y la sobrepesca. En contraste, según Plantación Nacional, los departamentos costeros se encuentran entre los más pobres del país y su ingreso per cápita es inferior al promedio nacional.

Un nuevo giro en la gobernanza de nuestros espacios acuáticos debe otorgarle mayor autonomía a las entidades territoriales, especialmente a las futuras regiones en su manejo.

Esto implica una gran responsabilidad para un manejo ambiental y culturalmente viable que incluya a académicos y a comunidades tradicionales cuyos conocimientos deben ser valorados horizontalmente.

Lo anterior debe estar guiado por una nueva ética que permita al mismo tiempo una mayor equidad en el acceso de los humanos a los recursos marinos y una regulación de nuestra tecnología.

*Antropólogo

La prioridad es generar empleo
Reforma al sistema laboral. 
Por Michael Reid*

A estas alturas, nadie inventa la rueda. Colombia tiene gente inventiva y la suerte de contar con un nuevo gobierno lleno de gente con muchas propuestas. Pero pienso que la prioridad número uno en este momento debe ser generar empleo para los jóvenes para que no terminen en la economía ilegal del crimen organizado. Para lograr eso, doy dos ideas.

Primero, una megarreforma del sistema de salud y las leyes laborales que en este momento incentivan la economía informal. La salud pública para todos debe estar financiada desde los impuestos generales, y desvinculada del estatus laboral.

A su vez, se deben reducir drásticamente los impuestos sobre la planilla, al adoptar para los nuevos trabajadores un régimen laboral único con derechos realistas.

Segundo, incentivar aún más el turismo, que genera muchos puestos de trabajo, fomentar cruceros culturales en vapores de paleta por el río Magdalena o ecoturismo en fincas cafeteras, por ejemplo.

Sobre otro tema, crear un servicio diplomático profesional. La imagen y las relaciones externas de Colombia son demasiado importantes para confiarlas a la improvisación y al favor político.

*Periodista editor del diario ‘The Economist’ para las Américas

A mirar más al vecindario
Para buscar desarrollo, cooperación y unidad.
Por Juan Gabriel Tokatlián*

El siglo XX comenzó mal para Colombia. Con la separación de Panamá perdió su mayor activo estratégico y su brújula para operar en el mundo. A lo largo del siglo miró a Estados Unidos más que a Suramérica.

El siglo XXI comienza con enormes retos internacionales: es imperioso que Colombia propicie un espacio de cooperación en su vecindad.

Para la Real Academia Española, ‘espacio’ es el “ámbito territorial que necesitan las colectividades y los pueblos para desarrollarse”, y ‘cooperación’ es la acción y el efecto de “obrar juntamente con otros para un mismo fin”.

La globalización y la regionalización no pueden enfrentarse con un Estado aislado. La asociación con otros pares puede reforzar la democracia y contener la tentación autoritaria, externa o interna.

Las asignaturas pendientes en la política interna, así como la naturaleza doméstica e internacional de muchos de los problemas colombianos no admiten demora.

Si bien al inicio puede carecer de altruismo ya que el peligro puede convocar más que la solidaridad, cooperar defensivamente no es suficiente; el espacio de cooperación se debe definir positivamente y ejercer ofensivamente. Y ello ocurrirá cuando, entre otras, el país decida que para su tercer centenario necesita, por fin, una real Cancillería.

Para ser un mejor país, Colombia debiera ser el artífice de ese espacio y dedicar más recursos y mayores esfuerzos a ello.

*Director de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés (Argentina)

Antes de reformar se debe analizar
No basta con debatir las leyes. 
Por Malcolm Deas*

Como reformista me interesa cómo hacer reformas y evitar improvisaciones, como ocurre actualmente. Uno tiene el ejemplo de la reelección de alcaldes y gobernadores. No sé si se puede calificar como reforma, pero se hace sin ninguna preparación investigativa, sin ningún debate y, probablemente, con resultados malos.

También está en el aire no solo la restitución de tierras, sino el futuro del campo en general. Esfuerzos en esta área han fracasado en el pasado, en parte por la inadecuada preparación.

Uno sabe que el tiempo político no es el mismo que el tiempo académico, por esto mi propuesta es retomar el método victoriano inglés, que consiste: primero, en estudiar el problema formalmente, es decir, integrar una comisión de investigación de expertos, políticos y civiles, que toma amplia evidencia y formula recomendaciones.

Segundo, debatir. Tercero, hacer una legislación. Cuarto, desarrollo con inspección reglementada, y quinto, monitorear continuamente los resultados.

Colombia ahora es un país irrevocablemente reformista, y la demanda de reformas va para arriba. Después de Uribe, los ciudadanos de todas partes del país van a ser más exigentes con sus gobernantes.

Los reformistas no deben improvisar. Si no siguen esa vieja secuencia, con todas sus etapas, van a dar golpes en la oscuridad y a fracasar. Cerebros no faltan. El país ha invertido mucho en sus universidades y debe aprovecharlo. Los medios de comunicación deben abandonar su frívola costumbre de tocar un problema. Son parte esencial del monitoreo.

*Historiador

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