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| 9/19/1988 12:00:00 AM

SECTOR FINANCIERO

LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO
¿UN AVANCE?
En medio del convulsionado entorno generado por las dificultades que se registraron en la operación diaria de bancos y corporaciones de ahorro y vivienda a lo largo del semestre, las autoridades monetarias promulgaron un conjunto de medidas las cuales, además de resolver problemas inmediatos, apuntan hacia el desarrollo de largo plazo del sistema financiero. Parece conveniente agrupar dichas acciones de la siguiente manera:

1. En primer lugar están aquellas medidas destinadas explicitamente al saneamiento institucional. Entre éstas tal vez las más importantes, son las resoluciones 17 y 18 de 1988 de la Junta Monetaria, expedidas en marzo y mediante las cuales se formalizó el mecanismo que permíte al Banco de Colombia y a su filial panameña, cumplir oportunamente los compromisos externos contemplados en el contrato de reprogramación de sus deudas con la banca internacional. El futuro del Banco queda así en manos de su administración cerrándose el negro episodio del desplome del Banco de Colombia que tanta repercusión tuvo sobre el manejo de la política económica colombiana a partir de 1 984.

De otro lado, debe recordarse que las autoridades implementaron, desde el año pasado, el mecanismo para que el Fondo de Garantias de Instituciones Financieras pudiera adquirir en forma provisional la cartera mala de las entidades financieras con serios problemas en la estructura de sus activos, contribuyendo, en forma importante, a facilitar su recuperación y al mejoramiento de sus estados financieros. Este procedimiento facilita considerablemente el saneamiento de entidades oficializadas con problemas y abre una clara posibilidad para su ulterior privatización.

A pesar de que no se trata de una acción de saneamiento o privatización propiamente dicha, hay que mencionar, por último, que mediante la Resolución 14 de 1988 de la Junta Monetaria expedida también en marzo, se diseñó un esquema de financiación para la compra de las acciones del Banco de Bogotá que se encontraban en fideicomiso en el Banco Cafetero desde 1983, de tal manera que pudiera liquidarse este último y regresase al control de la administración de la entidad por parte del sector privado.
Esta medida, ampliamente discutida a nivel de la opinión publica, logró su propósito de normalizar la situación del Banco de Bogotá al concluir el mes de mayo.
Así se puso fin al fideicomiso a cuya constitución dio lugar la aplicación de la Resolución 42 de 1983 de la Junta Monetaria que perseguía la democratización de la propiedad accionaría del Banco de Bogotá. La nueva medida se compara favorablemente frente a la alternativa de haber mantenido el esquema que venia rigiendo si se tienen en cuenta los costos asociados a los dos mecanismos, la intención de llevar a la práctica la democratización efectiva de la propiedad accionaría del Banco, y la terminación del apoyo directo otorgado a los diferentes accionistas de las entidades desde 1 983.

2. Otro conjunto de medidas ha tenido como propósito facilitar el manejo de la tesorería de los bancos y simultáneamente, aligerar la carga de las inversiones forzosas. Más especificamente, la negociabilidad de los títulos de crédito de fomento creados por las resoluciones 57 y 72 de 1987, abrió una via para mejorar la rentabilidad bancaria y, junto con la realización de operaciones de recompra de títulos emitidos por el Banco de la República (REPOS), busca avanzar en la creación de un mercado de dinero más moderno y ágil. Hay que mencionar, además, que se ha permitido a las secciones fiduciarias de los bancos y a las sociedades fiduciarias tener una mayor y más directa participación en el mercado de valores al autorizarse su funcionamiento coma intermediarios de títulos del Banco de la República (Resolución 11 de 1988 de la Junta Monetaria).

Un tercer grupo de acciones del Ejecutivo y la Junta Monetaria tuvo como fin apoyar la operación de las corporaciones de ahorro y vivienda afectadas por un descenso en sus captaciones netas, por la iliquidez característica de su cartera, y por el tope existente a la tasa de interés de sus captacianes. Fundamentalmente se han rebajado los encajes, redefinido los rangos y volúmenes que componen su cartera transferido hacia ella recursos del canje sobre depósitos oficiales de los bancos, modificando parcialmente la tasa de interés de colocación, revisada la corrección monetaria. Es evidente que el sistema financiero como un todo, se verá beneficiado por un mejor desempeño de esas entidades y, en general, por cualquier medida que garantice la estabilidad del sistema.

4. Otras disposiciones, orientadas a otorgar transparencia al mercado financiero y a corregir distorsiones, han sido bien intencionadas pero han encontrado tropiezos en su ejecución, que habrlan podido preverse. Asi, la decisión de liberar la tasa de interés de las tarjetas de crédito introdujo una claridad necesaria para los usuarios en cuanto al verdadero costo del crédito y estimuló a los intermediarios para concederlo (Resolución 19 de 1988 de la Junta Monetaria) pero, menos de cuatro meses mas tarde, se procedió--por razones que pueden ser discutidas en términos macroeconómicos-a limitar este tipo de financiación al 70% del valor de la compra para el usuario. En otro caso, la modificación de la base de cálculo del DTF (Resolución 42 de 1988 de la Junta Monetaria), que se justificar¡a por la necesidad de buscar una referencia de tasa de interés más cercana a la del mercado financiero, se redujo, innecesariamente, la rentabilidad de la cartera vigente de las corporaciones financieras puesto que la introducción gradual de un nuevo DTF habría conciliado la necesidad de rediseño de este indicador con la de mantener condiciones de estabilidad financiera en las corporaciones.

5. Vale la pena mencionar una acción gubernamental que ya ha probado su bondad para el Estado, los contribuyenes y la banca, como ha ido el recaudo de los impuestos del orden nacional en las entidades bancarias. La medida ha Impliado el rango de servicios ofrecidos por los bancos a su clientela ha ampliado la disponibilidad de fondos para estos intermediarios, y ha reducido costos de operación del Estado con el beneficio adicional de disminuir las posibilidades de corrupción de los funcionarios de la Dirección de Impuestos Nacionales.
Igualmente destacable es el hecho de que todos los procedimientos para efectuar el recaudo por esta via fueron producto de un proceso de concertación entre bancos y gobierno, a través de la Asociación Bancaria, que debería servir de modelo para cualquier ejercicio similar que llegare a emprenderse en el futuro.

6. Es inescapable finalmente, un breve comentario a la más debatida de todas las disposiciones recientes del gobierno relacionadas con el sistema financiero o sea, la organización del seguro de depósito en el pais. Debe reafirmarse que la Asociación Bancaria no ha mostrado su desacuerdo con el seguro de depósito en si mismo--a pesar de la discusión conceptual que se ha presentado en todas partes del mundo sobre sus costos y sus beneficios-sino a la modalidad acogida por la Junta Directiva del Fondo de Garantías para ponerlo en vigencia en razón de las restricciones legales existentes y de las necesidades de recursos del Fondo de Garantías para atender pasivos a su cargo La búsqueda de varios objetivos mediante e uso de un solo instrumento --en este caso del seguro-condujo a la imposición del cobro de primas a los usuarios del sistema (sin que para ello existiera facultad legal clara) y a un diseño del mecanismo que más que proteger en un futuro a la clientela de las entidades financieras buscó recolectar, rápidamente, un monto elevado de fondos. Así las cosas, y en vista de los obstáculos de tipo jurídico que han empezado a enfrentar las resoluciones del Fondo de Garantías mediante las cuales se ha dispuesto la operación del seguro, se presenta la oportunidad para que juntos, gobierno y sector financiero, acuerden un proyecto de ley que sea rápidamente presentado al Congreso Nacional y que redefina el seguro de depósito en Colombia en la forma más conveniente para las partes interesadas. La necesidad de garantizar la estabilidad futura del sistema financiero y de contar con instrumentos para proteger la confianza pública, ameritan la realización de este esfuerzo para lo cual la Asociación Bancaria ofrece, desde ya su respaldo a cualquier iniciativa en este sentido.

En síntesis, las acciones de las autoridades encaminadas al mejor desenvolvimiento del sector financiero han ido en la dirección acertada.
Sin embargo, el éxito de las mismas depende fundamentalmente del entorno macroeconómico en el cual tiene lugar la actividad financiera. Y esas condiciones no han sido del todo adecuadas para un desempeño sin sobresaltos de las entidades que conforman el sistema institucional de intermediación financiera.

COMENTARIO FINAL
Del análisis anterior debe quedar en claro que el sistema financiero colombiano mantiene su trayectorIa de recuperación y de expansión de su actividad y de sus servicios. Se deriva también la conclusión de que los esfuerzos gubernamentales por apoyar esa recuperación se han orientado correctamente y de que serla deseable qué el ambiente macroeconómico facilitara un desarrollo más acelerado del sector. De tal manera que respaldar la búsqueda de la estabilidad económica debe predominar en la relación de las entidades financieras con las autoridades, a tiempo que se impulsa el proyecto de inversión extranjera en el sector financiero en el Congreso, que se diseñó un programa agresivo de privatización de los barcos oficializados, y que se refuerzan las acciones para hacer más ágil y preventiva la vigilancia del Estado sobre las entidades financieras.

Ahora, si bien las directrices delineadas el Cartagena siguen vigentes, en el más corto plazo, las instituciones financieras enfrentan dos retos cruciales. El primero sería el de contribuir en la medida de todas sus capacidades, a una reducción de la tasa de interés. El segundo el de evitar, a toda costa, la irrupción de una crisis de confianza en el sistema financiero institucionalizado, como consecuencia de los recientes escándalos originados en actividades extra bancarias claramente ilícitas. Es particularmente amenazante que los dos fenómenos se registren simultáneamente por cuanto esa presencia da lugar a que se recuerden los sucesos de la traumática crisis de la primera mitad de la década en curso. La lección de esa experiencia debería alertar a las instituciones financieras para exagerar el cuidado a la evaluación de los riesgos, abstenerse de cualquier práctica especulativa y recordar que los límites de la prudencia son estrechos.
Hay que proteger la confianza pública en el sistema, sostener su recuperación y continuar abriendo el camino hacia el fortalecimiento del sector financiero que urgentemente requiere el desarrollo económico del país.
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