SIN TIERRA Y SIN LEY

En tan sólo ocho meses de 1997, tal y como lo denunció la semana pasada la organización norteamericana Human Rights Watch, los paramilitares cometieron más de 35 masacres a lo largo y ancho del territorio colombiano. Como resultado de estos hechos sangrientos, según el mismo grupo, los desplazados en Colombia puedenser hoy por lo menos 920.000 personas. Casi tantos o más de los que recorren actualmente el Africa desplazados por las guerras civiles de Ruanda, Burundi y Zaire. En estos lugares los desplazados han llamado la atención mundial por la gran cantidad de personas que se han movido al mismo tiempo de un lado a otro. En Colombia, sin embargo, el fenómeno no ha despertado la misma inquietud porque, aunque se han presentado algunos desplazamientos masivos, lo característico ha sido un éxodo gota a gota. Es decir, de pocas personas o pequeños grupos familiares. Esto ha hecho que el problema de los desplazados haya pasado inadvertido para la mayoría de los colombianos. Hay quienes piensan incluso que la apatía general es el resultado de la tradición, como el investigador Alfredo Vargas, quien asegura que "nos hemos acostumbrado a ver personas expulsadas de sus lugares habituales de trabajo o vivienda y en esa relación de causalidad los desplazados de hoy son los expatriados de finales del siglo pasado, Los campesinos expropiados o reclutados forzosamente a principios de siglo y los desterrados de la violencia de los años 50 y 60". El desinterés general del país por el fenómeno del desplazamiento y por la suerte de los desplazados contrasta con la preocupación que despierta en el extranjero. La semana pasada un grupo de organizaciones no gubernamentales _ONG_ reunidas en España se dedicó a debatir el tema durante varios días. A comienzos de noviembre el caso colombiano fue discutido en un simposio que tuvo lugar en Costa Rica y al final del mismo mes estuvo en Colombia Hiram Ruiz, un funcionario del Comité Estadounidense para los Refugiados, quien no dudó en calificar a estos desplazados como "errantes de la muerte en vida". Lo peor de todo, sostienen quienes conocen la situación, es que el éxodo puede aumentar. Es un hecho que después de cada masacre suele haber un desplazamiento forzado y como los asesinatos colectivos no van a acabarse, tal y como lo anunciaron los jefes paramilitares, es probable que se intensifiquen las migraciones humanas de las zonas rurales hacia las ciudades. Para las autoridades es evidente que estos grupos son los responsables del mayor porcentaje de éxodos del país. Por ahora la prioridad del gobierno y de las ONG es solucionar los problemas inmediatos de los desplazados. Una tarea que no es nada fácil pues tiene un gran costo. Este año la Cruz Roja invirtió 340 millones de pesos en atender solamente a las personas que fueron expulsadas de sus tierras en Antioquia, el departamento de procedencia de la mayor parte de los desplazados del país. Mientras tanto en Bogotá, un documento de la arquidiócesis advierte que "el problema es tan grande que todas las instituciones juntas apenas alcanzan un 10 por ciento de cobertura frente a las familias desplazadas". Este cuadro ha puesto a pensar a algunos funcionarios en que la acción del Estado no puede reducirse a la atención humanitaria de los afectados y que el verdadero problema que tiene por delante es evitar el desplazamiento. En otra palabras, lo que ha ocurrido hasta el momento es que el gobierno por ver los árboles no ha visto el bosque. Un requisito para frenar esta situación es, según una fuente gubernamental que prefiere guardar el anonimato por razones de seguridad, "entender la lógica perversa que anima el desplazamiento y la dinámica corrompida que lo perpetúa". Un tema del cual muy pocos quieren o se atreven a hablar.
Los señores de la tierra
Cuando los grupos paramilitares irrumpieron con fuerza en el panorama nacional estaba claro que lo suyo era una guerra a muerte y sin cuartel contra las posiciones de izquierda que encarnaban grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia _Farc_ y el Ejército de Liberación Nacional _ELN_. Era una especie de cruzada similar a la que realizaron algunos grupos conservadores, por medio de los denominados 'pájaros', a mediados de siglo en el norte del Valle. Sin embargo, a medida que estos grupos de extrema derecha comenzaron a crecer y a consolidarse la situación dejó de ser tan clara. Hoy no son pocas las voces que preguntan si detrás de las acciones de los paramilitares, con su estela de masacres y desplazados, no hay, además del interés militar, serias motivaciones económicas. Es decir, si el trasfondo del conflicto en este momento es realmente la lucha por la tenencia de la tierra y por la expansión del capital legal o ilegal acumulado durante años. Hay quienes refutan esta idea con el argumento de que cualquier grupo armado busca tener dominio territorial sobre una zona para obtener las ventajas que se derivan del mismo. Quienes así piensan afirman que estos grupos necesitan el manejo de ciertas áreas para garantizar la instalación de puntos de vanguardia y la consolidación de la retaguardia en los lugares donde se combate. Además, necesitan asegurar la creación de corredores de acceso y de escape para los combatientes y ejercer el dominio sobre ciertas áreas para contar con una base social de apoyo que preste ayuda en labores de inteligencia o logística a quienes pelean y sirva al mismo tiempo como fuerza electoral. Según quienes sostienen esta tesis, resulta obvio entonces que los paramilitares quieran adueñarse de ciertos terrenos como parte de su estrategia militar. Sin embargo hay otros que piensan que esta no es razón suficiente para explicar el proceso de acumulación de tierra que se ha presentado en las zonas donde operan los paramilitares. ¿Qué está sucediendo entonces? Según Gustavo Zárate Cortés, miembro de una de las ONG que trabaja el tema en el continente, la Consejería en Proyectos para Refugiados Latinoamericanos, "en este campo de conflicto alrededor de la tenencia de la tierra los grupos paramilitares juegan el papel de ejércitos privados del mercado de tierras, que a través del terror imponen un sistema de precios que conduce al despojo y desplazamiento de los campesinos que la han valorizado a través de años de trabajo en dichos predios". Este mercado funciona de una manera sencilla: se desplaza la población nativa y se reemplaza por otra que comulgue con el proyecto paramilitar. Con esto lo que se está obteniendo, en opinión del profesor Alejo Vargas, es la descomposición violenta de las economías campesinas regionales. Este proceso de concentración de tierra no es nuevo y asciende a la misma velocidad con la que se incrementa el desplazamiento. En 1994 la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos manifestó en un informe sobre el Magdalena Medio su preocupación porque "en la medida en que los pequeños campesinos son obligados a abandonar sus parcelas o a venderlas a muy bajos precios, la concentración de grandes extensiones de tierra en pocas manos parece haber aumentado sensiblemente". Dos años más tarde el obispo de Barranca, monseñor Jaime Prieto, dio cifras al respecto: en ese tiempo habían cambiado de dueño en esa región 18.000 hectáreas de tierra.

En 1995 una misión conformada por grupos de apoyo a desplazados que visitó Urabá comprobó este mismo fenómeno. En el documento final que elaboró, la misión aseguró que "a partir de 1990 se incrementó la colonización del sector y desde 1994 comenzó la concentración de la tierra en manos de pocos compradores, que a precios entre 200.000 y 350.000 pesos la hectárea (con tendencia a la baja en 1995) están adquiriendo posesiones a campesinos y a colonos que son legalizadas en Arboletes y Turbo. Hay indicios sobre la existencia de compañías y empresas de finca raíz de Montería que han empezado a intermediar en la compra de tierras a los desplazados". Como ejemplo de esta concentración de tierras la misión citó el municipio de Arboletes. Este tiene 72.700 hectáreas, 69.065 de las cuales están hoy en manos de cinco personas naturales. El mismo año, en un informe sobre las causas de la muerte de un gobernador indígena zenú de Córdoba, quedó constancia de los cambios que se habían presentado en un corto período en relación con el valor de ciertos terrenos. En un lapso de tres años el costo de una hectárea en la zona pasó de 23.000 a un millón de pesos. En el departamento de Bolívar, según Zárate, los mapas de desplazamiento coinciden con las áreas que tienen recursos auríferos o con las que se especula que tienen petróleo. También con zonas estratégicas para el desarrollo agroindustrial, ganadero o del narcotráfico. Para terminar, se rumora que el desplazamiento de los pobladores del Nudo de Paramillo, en Antioquia, obedece a los planes futuros para construir un proyecto hidroeléctrico y para realinderar el parque natural de la zona. ¿Pero por qué tanto interés por la tierra? La respuesta la tiene el investigador Alejandro Reyes: "En general, las tierras en el país están sobrevaluadas respecto de su productividad y representan más bien un ahorro a largo plazo, cuya renta se incorpora a los precios a medida que la inversión pública en infraestructura y la cercanía a centros urbanos las valoriza. Para los propietarios tradicionales el monopolio de la tierra es, además, un factor de prestigio social y una base segura de influencia política". El caso de uraba y el darienLa situación de la que habla Reyes puede verse reflejada claramente en la zona de Urabá y el Darién. En Urabá la tierra se valorizó después de que se anunciara para el futuro la construcción de un puerto internacional en el municipio de Turbo, que traerá enormes beneficios para la industria bananera. En el caso del Darién la situación es mucho más compleja pero, al mismo tiempo, más reveladora. Hasta hace cuatro años muchas tierras de esta región fronteriza con Panamá eran consideradas baldías. Luego de la aprobación de la Ley 70 de 1993, la ley de negritudes, se estableció la creación de Consejos Comunitarios. Estos organismos, según lo estipulado en la ley, se encargarían de solicitar y tramitar la titulación de tierras con el Inderena. En desarrollo de este proceso el actual gobierno ordenó que se adelantara la expedición de los primeros títulos en el Bajo Atrato, cerca del río Truandó. El dirigente chocoano Luis Gilberto Murillo dice que se habló de titular unas 150.000 hectáreas. El único problema que tenían estos terrenos en un comienzo era que la guerrilla los codiciaba. Según Murillo, las Farc están vinculadas histórica y estratégicamente a la zona porque por allí tenían garantizada una ruta para el comercio de armas y una vía segura de escape hacia Panamá. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, el Darién empezó a concentrar todas las miradas cuando se anunció la finalización de la carretera Panamericana y la construcción de un canal interoceánico, y se rumoró que el Estado quería ampliar el parque de los Catíos. El inusitado auge que experimentó la zona no fue afortunado para sus pobladores. El 20 de diciembre de 1996 los paramilitares se tomaron Riosucio y comenzaron su violenta incursión en el terreno chocoano. Su primera intención era expulsar del territorio a los guerrilleros de las Farc, y lo lograron. Hoy, según Murillo, los 'paras' controlan todo el río Atrato, los municipios de Acandí, Unguía, Riosucio, Bahía Solano e Istmina y la ciudad de Quibdó. Las Farc, por su parte, todavía controlan las zonas rurales y el municipio de Juradó. El conflicto entre los dos bandos y los bombardeos del Ejército a la zona son los que han producido los desplazamientos más graves de 1997. Los paramilitares le anunciaron a la población que tenía que irse porque pronto iban a construirse ahí obras que traerían el progreso. Como algunos líderes de la región le dijeron a miembros de la Comisión Justicia y Paz, "esto tiene que ver con nuestra riqueza que es mucha allá. Se nos despoja por el canal o por otros intereses para quedarse con nuestra tierra". Un muestreo reciente adelantado por la Oficina de Prevención y Desastres del Ministerio del Interior encontró que en la región de Bocas del Atrato, Riosucio, Vigía del Fuerte, Bojayá, Pavarandó y Turbo, 1.735 núcleos familiares han dejado abandonadas 77.033 hectáreas de tierra. Para Murillo, "la lucha que se está llevando a cabo en el Chocó es para quitarnos el control del territorio. Los paramilitares son un grupo de avanzada de intereses económicos. Como ya tenemos una ley que nos proteja y vamos a tener unos títulos de propiedad la única manera que tienen de quitarnos la tierra es matándonos o sacándonos. Aquí lo que hay es un etnocidio solapado". Según Gustavo Zárate, lo del Darién sería sólo parte de un proceso para asegurar la ampliación de la inversión capitalista en un nuevo eje de desarrollo que se "orienta hacia el litoral Pacífico, región de Urabá, sur de la Costa Atlántica y regiones ricas en recursos naturales, como el piedemonte llanero (Meta y Casanare) y los departamentos de Cesar y Bolívar".
El futuro
Si se hace caso omiso de los llamados de las organizaciones no gubernamentales para que el gobierno congele el mercado de tierras en las zonas de expulsión o si no se pone en práctica, como lo sugirió un funcionario público, un programa de saneamiento de títulos de propiedad, es probable que este proyecto triunfe. Ya ocurrió una vez en la época de la violencia por el conflicto entre liberales y conservadores, cuando según el investigador Paul Oquist, fueron desplazados dos millones de personas de Santander, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima y Caldas. Sólo en los tres últimos departamentos el desplazamiento produjo entonces el abandono de más de 190.000 parcelas. Sobre lo sucedido en ese momento un investigador concluyó que "los actores violentos ejercían una presión clara e intencionada sobre la tierra, obligando al desplazamiento de la población y favoreciendo procesos acumulativos, teniendo como excusa o supuesto punto de partida la violencia ejercida por motivos ideológicos". ¿Se repetirá la historia?