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| 7/31/2000 12:00:00 AM

Socios de un nuevo país

El desarrollo de un capital social positivo, la adopción de valores no distorsionados y la creación de instituciones que inspiren confianza son algunos de los requisitos para una Colombia viable.

Es más fácil ser profeta del pasado que profeta del futuro. Tener como marco de referencia cuál será la posición del capital social en Colombia en un escenario de posconflicto, en el que la paz esté firmada y los alzados en armas desmovilizados, no es tarea fácil.

Para empezar, lo más conveniente es establecer la dotación de capital social del país y tratar de dilucidar sus características. Para definirlo y cuantificarlo no se cuenta con metodologías plenamente aceptadas. En términos generales, incorpora la predisposición a participar en trabajos cooperativos por el bien común sin que ello se considere altruista. Simplemente se trabaja con los demás, porque hay conciencia de que si todos cooperan todos ganan. A nivel internacional la relación entre esa variable y el crecimiento económico y la eficiencia de los regímenes democráticos es elevada. Sin embargo, también existe el capital social ‘perverso’, que es el que surge para buscar rentas, aprovecharse de los demás, o lograr objetivos que no se alcanzan por deficiencias en la estructura institucional de los países.

Investigadores como Putnam dicen que el capital social es producto de factores culturales y tradiciones difíciles de cambiar; otros, como North y Olson, consideran que las instituciones formales e informales inciden sobre su formación. Para el análisis que forma parte del libro Colombia: un proyecto inconcluso, el indicador utilizado es la predisposición a asociarse en organizaciones horizontales (padres de familia, clubes deportivos, juntas de acción comunal, etc.). Es decir, en aquellas en las que no estén presentes patrones de dependencia. De ese indicador se desprende que el país está bien dotado de ‘capital social’ frente a otros de mayor desarrollo relativo, resultado que sugiere que Colombia tiene un gran potencial. Sin embargo, ¿cuáles son las características de quienes participan en organizaciones horizontales? Estas florecen entre los más educados, los hombres, los funcionarios públicos (docentes, jueces y fuerzas armadas), los estratos y regiones de más altos ingresos y donde es mayor la desigualdad en la distribución del ingreso. Frente a esta última relación los resultados comienzan a dejar de ser halagadores.

De otra parte, la confianza en los demás, que es otra de las características que surgen en los países donde se identifica la presencia de capital social, en Colombia está entre las más bajas del mundo. En segundo lugar, la intolerancia es particularmente elevada entre quienes participan en organizaciones voluntarias.

¿Qué motiva a quienes se asocian comunitariamente cuando prevalecen la desconfianza y la intolerancia en la sociedad?

Entre las características de estos grupos se destaca que también participan en organizaciones jerarquizadas tales como los sindicatos y la política. El vínculo, en el segundo caso, sin embargo, no es en política de tipo tradicional ni a través del voto, sino en aquella directa, como es la toma de carreteras, fábricas, etc., siendo particularmente alta en actividades de carácter ilegal. En contraste, y ello es destacable en una sociedad predominantemente católica, esos grupos sociales no son religiosos. Este último resultado coincide con lo hallado a nivel internacional. Las comunidades donde es mayor la preponderancia de la formación de capital social son protestantes.

Volviendo a Colombia, los grupos que se asocian en organizaciones horizontales son quienes más desconfían de las instituciones —los partidos políticos, el Congreso, el gobierno—, y perciben más elevada la corrupción entre los funcionarios públicos.



Una sociedad polarizada

En cualquier sociedad, un elemento de la mayor trascendencia son los mecanismos abiertos para el cambio. Los colombianos en general están polarizados entre el statu quo y el cambio por la vía revolucionaria, sin que los indicadores de dicha polarización sean tan elevados como los que se registraban en Suráfrica previo a la derogatoria del apartheid. De ahí se podría pensar que todavía está abierto el espacio para el cambio gradual y que el régimen democrático es sostenible. Sin embargo, de manera inquietante un 34 por ciento de la población justifica la utilización de la violencia con fines políticos. Los grupos que pertenecen a organizaciones voluntarias están aún más polarizados; defienden más el statu quo y rechazan el cambio gradual a pesar de ser quienes más repudían la utilización de la violencia con fines políticos y más apoyan los regímenes de corte autoritario, sin que ello implique que éste sea militar.

Pero ahí no acaban las sorpresas. Al colombiano, en general, no le responde la justicia: en materia civil, el 48 por ciento de la población afirma haberse visto afectado por más de una infracción y sólo el 20 por ciento acudió a las autoridades y, en materia penal, los indicadores correspondientes, aunque menores, no dejan de ser alarmantes: uno de cada tres colombianos enfrentó más de un delito penal y menos de la mitad de los afectados busca las autoridades. Entre las razones para que ello ocurra se destaca en especial la ineficiencia de la justicia o que la ‘justicia privada’ funciona mejor. Como el Estado no responde, privatizamos lo único que no era privatizable: dirimir conflictos entre particulares.

En contraste con el resto de la población, los grupos que pertenecen a organizaciones voluntarias consideran que la justicia penal les responde mejor a pesar de ser los más afectados por el delito. En el caso civil, son quienes más recurren a la amenaza —a la justicia privada—, que es donde el colombiano se siente más desprotegido. Como el Estado no responde se desarrollan amplias redes asociativas para defenderse o atacar. Vale decir, se sustituye el Estado o se fuerza a que responda.



Entre el exito y el respeto

A nivel mundial, en lo que toca con la producción, es ampliamente aceptada la teoría de que donde están protegidos los derechos de propiedad y los civiles y políticos florece el crecimiento y los países se desarrollan. Para que ello ocurra es esencial que la estructura institucional responda a las necesidades de la población, que la justicia funcione —no sólo en términos de la propiedad sino en lo que respecta al derecho a la vida y protección social— de manera que la estructura de incentivos y sanciones induzca el trabajo productivo y no la búsqueda de rentas a costa de los demás.



Garantizar los derechos

En Colombia la estructura de incentivos está lejos de ser la más adecuada. No existe correspondencia entre lo que la persona piensa que ocurre en el mundo y lo que piensa que ocurre en Colombia, ni que sea posible lograr respeto y éxito simultáneamente. La Revolución Industrial se abrió paso en el mundo cuando las sociedades llegaron a un estadio en el que el trabajo productivo (industria, comercio, servicios financieros) no era denigrante y la riqueza y el respeto dejó de obtenerse por la vía de las guerras y de la posesión de la tierra.

En Colombia se piensa que en la vida les va bien, no a los que estudian y trabajan, sino a los vivos, los que tienen contactos o a los que tienen suerte. Además consideran que los exitosos son los narcotraficantes y los políticos y en menor grado los grandes empresarios. En contraste, se respeta al cura, al ama de casa, al médico, al docente. Vale decir, que hay que escoger entre ser exitoso o ser respetado. Así, contrario a lo que ocurre en las sociedades desarrolladas, en las que el empresario exitoso es valorado, en Colombia la riqueza se estigmatiza.

Paradójicamente, esos resultados que se obtienen para el país como un todo, difieren entre los grupos más organizados, aquellos donde florece el ‘capital social’. En este caso coincide la percepción de éxito y respeto, pero no en el caso de los profesionales ni de quienes realizan un trabajo productivo, sino en el de los políticos y los narcotraficantes. El respeto por el político sería reconfortante si no es porque está estigmatizado y se considera que se enriquece por cuenta de su investidura.

Este panorama un tanto desolador no debería de sorprender, corresponde con la situación que viven hoy todos los colombianos, a pesar de que la información que sustenta la investigación, una encuesta realizada entre 3.000 personas en 1997, se obtuvo cuando el país todavía mostraba tasas de crecimiento positivas y la guerra y la crisis política no alcanzaban las peores dimensiones de su historia.

Colombia tuvo éxito en cambiar las instituciones propias de una sociedad tradicional (la familia, la autoridad religiosa) pero no ha sido exitosa en construir las requeridas por una sociedad moderna (protección social, justicia). Esa es la tarea que queda por delante y existen potencialidades.

El colombiano, a pesar de su escepticismo, quiere educarse, le gusta trabajar, tiene espíritu empresarial, la mujer se educó y hoy participa ampliamente en la fuerza laboral. Además los menos favorecidos no parecerían estar tan permeados por el escepticismo frente al gobierno y sus instituciones como lo están los estratos de ingresos más elevados. Es preciso tener instituciones que no le introduzcan distorsiones a la estructura de incentivos y sanciones. Vale decir, que se premie el trabajo y no la búsqueda de rentas, que se reduzca la incertidumbre frente a la vida, no sólo en el ámbito judicial sino también en el social.

De las grandes crisis surgen las grandes oportunidades. De ahí que la paz, la desmovilización y reinserción de los grupos alzados en armas sólo se logrará cuando se llegue a un consenso en torno a una estructura institucional que garantice la propiedad y los derechos civiles, políticos y sociales de la población, y cuando haya mayor correspondencia entre el gasto que se espera financie el Estado y su capacidad de recaudo. Si la paz se logra en esos términos será duradera y el país florecerá. Si esa paz hipotética de que se habla surge sin que se haya atacado el problema en sus raíces sólo se acentuará la dotación de ‘capital social perverso’, que prevalece en Colombia. Vale decir, que la gente se asocia para defenderse, atacar u obtener del Estado lo que no logra por las vías regulares. Es preciso que el desarrollo de los acontecimientos no lleve a validar en Colombia la máxima del príncipe de Lampedusa en su novela Gatopardo: “Vamos a cambiar todo para que nada cambie”. Esa no es la solución. Ya se probó con la Constitución del 91, con la reinserción del M-19 y con la UP. La mayor prueba del fracaso es la crisis que estamos viviendo.
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