Especiales Semana

TERRORISMO A LA CARTA

Los colombianos tienen razón de inquietarse: después del M-19, el MAS. ¿Qué hay detrás? Este informe sigue paso a paso a lo largo de cuatro meses, los pasos del nuevo terrorismo.

7 de junio de 1982

La muchacha, que acababa de salir de clase, opuso resistencia. Pero los tres hombres, tras una breve lucha presenciada por un puñado de transeuntes, fue introducida en un Renault 12 color naranja, que partió a toda velocidad. Aquel secuestro, ocurrido delante de la Universidad de Antioquia el 12 de noviembre del año pasado a las ocho de la mañana, parecía uno más de los muchos que mantienen con el Credo en la boca a las familias pudientes de Medellín una ciudad en otro tiempo tranquila y laboriosa que desde hace diez años vive una pesadilla de sangre, raptos, atentados y ajustes de cuentas.
En realidad el secuestro de Martha Nieves Ochoa, una pecosa, firme y sonriente muchacha de 26 años, hija del conocido ganadero y propietario de caballos de paso Fabio Ochoa, iba a provocar en Colombia la aparición del MAS, una organización constituída en principio para combatir el secuestro por medios extra-legales que está convirtiéndose en una réplica del temible "Escuadrón de la Muerte del Brasil", de la "Triple A", Argentina y del "Diente por Diente" guatemalteco. Sus procedimientos son análogos y sus recursos, según informan sus propios fundadores, considerables: 446 millones de pesos aportados por 223 "caids" de la droga, y 2.230 hombres de choque, bien pagados, a quienes no les tiembla el pulso para apretar el gatillo.

SECUESTROS A LA CARTA
La industria del secuestro existe en Colombia desde hace más de dos décadas, ligada primero al bandidismo que apareció en el país en los años cincuenta como secuela de la violencia y luego a grupos guerrilleros de filiación marxista como las FARC, que encontraron en el secuestro de ganaderos y hacendados ricos un medio de financiar sus actividades.
Las fuerzas Armadas, que llevan al día la contabilidad de efectivos, bajas y asaltos de los grupos armados, calculan que los últimos secuestros de las FARC, en la zona rural, han producido 125 millones de pesos.
La modalidad urbana de esta industria tenebrosa apareció en la última década con el desarrolo de la guerrilla urbana propiciada por la organización "ADO" (de inspiración trotzkista), el "PLA" (maoista) y muy especialmente por el surgimiento del M-19.
Según confidencias recibidas por periodistas secuestrados, fue el propio Jaime Bateman Cayón (alias "Pablo"), principal inspirador del M-19, quien inició en nombre de este movimiento operaciones armadas en la zona urbana para recaudar fondos. Junto con dos compañeros, Bateman penetró en el apartamento de un rico comerciante de Bogotá, armas en mano, donde según sus informes esperaba encontrar 270.000 dólares. La operación tuvo un desenlace picaresco: el comerciante quien se hallaba con su amante, fue sorprendido no sólo por el M-19 sino también por su esposa, y no tenía la esperada suma en dólares. Bateman y sus amigos abandonaron el apartamento, dejando a sus espaldas una tormenta conyugal.
Pero sus procedimientos no tardarían en tecnificarse. Propiciada por delincuentes comunes o por extremistas políticos, la fructuosa cosecha de secuestros ha contado entre sus víctimas no sólo los grandes apellidos de la élite industrial y social del país (Eder Lara, Echavarría, de Bedout, Angel, Urige Campuzano, Londoño, Germán Ribón, Sarmiento) sino también aquellos que pertenecen a la menos conocida pero próspera clase emergente de provincia. Temiendo un secuestro, gigantescos dispositivos de seguridad han sido erigidos por los dueños de las grandes fortunas. La residencia del poderoso hombre de negocios Carlos Ardila Lulle, por ejemplo, es protegida por cincuenta hombres muy bien armados y de tanta confianza suya que ya forman parte de la familia. Dispone, inclusive, en caso de emergencia, de una especie de "bunker" blindado con un sofisticado sistema de comunicaciones y alarmas. Cuando viene a Bogotá, Julio Mario Santodomingo se desplaza en una camioneta "Ranger" blindada a prueba de "bazooka".
El síndrome del secuestro, que planea sobre toda fortuna superior a los 20 millones de pesos, ha provocado hacia Miami y otros lugares de la Florida un éxodo de comerciantes, industriales, banqueros y profesionales en busca de seguridad.
Hasta el momento, los riesgos corridos por los secuestrados eran relativamente escasos, pues por obvias razones sus negociaciones con la familia del secuestrado suelen desarrollarse a espaldas de la policía y los servicios de seguridad. Pero el secuestro de Martha Nieves Ochoa cambiaría de una manera espectacular y con consecuencias todavía imprevisibles, la tradicional relación de fuerzas entre secuestrados y secuestradores.
La muchacha permaneció secuestrada tres meses y dos días vigilada por hombres y mujeres encapuchados. Primero estuvo en un cuarto de dos metros cuadrados, iluminado día y noche por luz de neón, bajo la música atronadora y permanente de dos estaciones de radio y sin más distracción que "La Montaña Mágica" de Thomas Mann y dos novelas de Truman Capote. Luego fue llevada a otra ciudad, presumiblemente Armenia, a una celda más amplia, con cortinas y baño, vigilada esta vez por hombres con capuchones blancos, al parecer universitarios afiliados al M-19, que oían emisoras de Nicaragua y eran de un extraordinario dogmatismo político (alguno llegó a definirse como maostalinista). Pero les gustaban las películas románticas en la televisión, y el 31 de diciembre pusieron en manos de la muchacha un vaso de champaña.
En sus primeras conversaciones por teléfono, los secuestradores solicitaron a la familia Ochoa, sin que les temblara la voz, la suma de doce millones de dólares. El 16 de febrero Martha Nieves Ochoa era devuelta a su familia en un hotel de Armenia después de 92 días de reclusión. Sin que se pagara por su rescate un sólo peso.
¿Qué había ocurrido? Parte del secreto de todo lo ocurrido quedaría entre las paredes adornadas de aperos y objetos de bronce de una casa en La Loma, cerca de Envigado, donde vive la familia Ochoa. Allí, entre azulejos y orquídeas que endulzan la vista, don Fabio Ochoa, y sus hijos tomaron la noche de Año Nuevo una fría decisión: el rescate no sería pagado. En cambio, pondrían un fondo de 25 millones de pesos para quien diera informes que permitieran liberar a Martha Nieves.
La familia Ochoa tiene el perfil clásico de las familias antioqueñas: numerosas, católicas, patriarcales y con un olfato agudo para los negocios. El orígen de su fortuna es nítido. Partió de un pequeño restaurante llamado "Las Margaritas", en el que el jefe de cocina era la propia esposa de don Fabio. Aquellas Margaritas florecieron en sucursales no sólo en Cali y Bogotá, sino también en Caracas y Panamá. Don Fabio compró tierras, ganado y caballos, espléndidos caballos de paso que lo han hecho célebre en la región. Y se volvió millonario. De todos sus hijos es Jorge quien mejor heredó su visión y su garra. Pero los negocios de éste no se limitan a las reses y caballos del patrimonio familiar, sino que se extienden a las áreas, a veces ambiguas según algunos, donde la clase emergente de todas las procedencias construye en poco tiempo fulgurantes fortunas hoy en Colombia.
Es difícil saber cómo se tendieron los hilos entre la angustiada familia Ochoa y los fundadores del MAS, que a raíz del secuestro de Martha Nieves decidieron actuar.

UN CAPITAL PARA MATAR
Literalmente hablando, el anuncio sobre la creación de esta organización armada, de un tipo hasta ahora desconocido en Colombia, cayó del cielo: el dos de diciembre, en Cali, pocos minutos antes de comenzar el partido de fútbol entre América y Nacional, una avioneta lanzó sobre el estadio y la ciudad una lluvia de volantes con un comunicado de once puntos y cuatrocientas cincuenta palabras firmado por el MAS.
El comunicado en cuestión anunciaba en nombre de la mafia la creación de un fondo de 446 millones de pesos (cada participación en la reunión de Cali aportaba dos millones). Para combatir el secuestro, los cuales serían invertidos en "recompensas, ejecuciones y equipo", y la formación de un grupo de acción formado por 2.230 hombres.
La filosofía de esta organización era expuesta en forma más explícita 40 días más tarde por un curioso aviso de página, aparecido en "La Patria" de Manizales y firmado por un tal Carlos Enrique Lehder Rivas (exsecuestrado). Con un humor que delata su tierra natal, Lehder ironiza sobre los recursos legales que protegen a los secuestradores cuando son capturados y sus condiciones de detención. (Están "elegantes, gorditos, pulcros y sin pecado", dice). Impugna a la Comisión de Derechos Humanos por ocuparse más de los secuestradores que de los secuestrados (quienes "desnudos y encadenados permanecen enterrados en vida sufriendo humillaciones, infecciones y maltrato") y exalta la creación de una fuerza táctica anti-secuestro en la que debían participar, según él, mercenarios extranjeros del Vietnam y Sur-Africa y "grandes del F2, guerreros del B-2, inteligencia del DAS, halcones de la Fuerza Aérea y tiburones de la Marina".
Recién fundado, el MAS hizo su asombrosa aparición el 30 de diciembre. El periodista Pedro Nel Córdoba maduro y curtido rastreador de la crónica judicial en "El Colombiano", fue despertado a las once de la noche por una llamada telefónica en su casa del barrio Los Laureles, en Medellín.

"Habla el MAS -dijo la voz-. Le tenemos una muchacha implicada en el secuestro de Martha Nieves Ochoa. Usted verá si se la dejamos en el periódico o en su casa". "Aquí ni de vainas -respondió Córdoba- déjenla en el periódico, que voy para allá"
El periodista de "El Colombiano", que es capaz de ponerse los zapatos en tres segundos para correr detrás de una "chiva", llegó antes que el MAS. Debió esperar media hora antes de ver aparecer, en el silencio de medianoche, frente al periódico, un Renault 4 rojo. Del interior bajaron a toda prisa varios hombres con una muchacha, a la que amarraron a la enrejada ventana del periódico; luego desaparecieron. La muchacha tenía las muñecas ceñidas por esposas. En los lentes negros que llevaba puestos, sobre el pecho y la espalda, tenía la sigla del MAS.
Era Martha Elena Correa (de Bernal), antigua condiscípula de Martha Nieves Ochoa vinculada ahora al M-19. Las dos muchachas habían sido amigas íntimas diez años atrás (como hermanas, dice la familia Ochoa) cuando estudiaban en el Conrado González, un colegio mixto de Medellín. Vivián en el mismo barrio, El Poblado, montaban a caballo juntas y entraban una a la casa de la otra como a la suya. Pero su destino iba a ser muy distinto. Martha Nieves, siguiendo la vocación de su familia por los negocios, iría a estudiar administración y economía y a casarse con un activo constructor Luis Guillermo Yepes. Martha Elena, enamorada de un agitador izquierdista, Luis Gabriel Bernal, se formaría en otra escuela: la clandestinidad, el tráfico de armas, el M-19.
La manera como el MAS logró descubrir la implicación de Martha Correa y su marido Luis Gabriel Bernal -cerebro de la operación- en el secuestro de Martha Nieves Ochoa, en sólo 15 días, forma parte del secreto profesional de la organización. Sin duda los millones puestos en circulación desataron lenguas. Lo cierto es que de la mañana a la noche los papeles resultaron invertidos. Los secuestradores, víctimas de su propio invento, aparecieron secuestrados, (veinticinco personas, entre ellas el hermano, la cuñada y amigos muy cercanos de Bernal) o amenazados de muerte. Sintiendo que la tela de araña gigantesca tendida a todo lo largo del país por el MAS, podía atraparlo, Bernal decidió huir del país secuestrando un avión, el 727 de Aerotal con armas que logró pasar en estuches de plomo burlando el control de los rayos X. Interceptado el avión por un camión militar en el aeropuerto de Cali, finalmente Bernal consiguió, mediante arduas negociaciones con las autoridades, huir a Cuba en una avioneta facilitada por el industrial Carlos Ardila Lulle para salvar la vida de los pasajeros de Aerotal.
La Habana, Panamá, Bogotá, Medellín, Armenia: en diciembre, enero y parte de febrero, las negociaciones secretas entre el MAS y la familia Ochoa por una parte, y por otra, el M-19, tienen como puntos cardinales estas ciudades y se desarrollan conforme a los escalofriantes códigos con que las bandas de Chicago negociaban en otro tiempo vidas y fortunas.
Finalmente, el MAS abre sus manos para dejar, libres o en poder de las autoridades ,los hombres del M-19 o sus familiares que habían secuestrado. Y el M-19 deja, sana y salva en Armenia, el 16 de febrero, a Martha Nieves Ochoa. Sin recibir rescate.

LAS OREJAS DEL LOBO
Hasta aquí, los móviles del MAS parecen los enunciados por su comunicado inicial: combatir el secuestro con sus propias armas, sin asumir contenido político alguno. Su primera acción, muy eficaz, cuenta inclusive con simpatías en la aterrorizada Medellín, que ha vivido con angustiada expectativa la suerte de Martha Nieves, una muchacha que, con su carácter, sus aspiraciones, su sonrisa y sus pecas representa muy bien a la antioqueña de las nuevas generaciones. La vieja Medellín, la de siempre, la que ha rezado el rosario en familia, cierra filas frenta a esa historia de ruido, de furor y sangre que ha caído como una maldición desde hace diez años: la droga, las motos de la muerte, los muchachos que matan en las esquinas, queman monjas con cocteles Molotov o entran encapuchados a un liceo para acribillar a un profesor frente al tablero de clase.
La segunda acción del MAS, realizada también con una escalofriante eficiencia, fue una operación de castigo, contra dos secuestradores, Fernando Correa y Marco Antonio Mira, que habían secuestrado y dado muerte a un niño de tres años el 5 de diciembre en Medellín. Detenidos y llevados a la cárcel de La Ladera, el MAS anunció su condena a muerte, el 29 de enero. Cinco días después, pese a toda la protección que se dio a los presos estos eran, en efecto liquidados por dos hampones comunes, ya presos, quienes armados de un revólver saltaron el muro del patio más seguro del penal.
Pero muy pronto, tras la máscara de Robin Hood asumida en estas acciones, el MAS dejaría ver las orejas de lobo de una organización políticamente orientada contra sindicalistas, periodistas y juristas similar a las que en otros países de América Latina han dejado ya sus huellas sangrientas.
El inquietante parentezco del MAS colombiano con los grupos paramilitares surgidos en Centroamérica y otros países latinoamericanos como réplica a los secuestros de guerrillas urbanas, empezó a perfilarse con la detención de sindicalistas antioqueños, y la muerte de uno de ellos, Luis Javier Cifuentes, en enero. Funcionario del sindicato seccional de Coltabaco, Cifuentes fue torturado con ácido y ultimado de tres tiros en la cabeza, cuando su organización sindical discutía un pliego de peticiones en representación de 3.500 obreros.
Líder del sindicato de empleados bancarios de Medellín, Jesús María Arias fue secuestrado en su casa de Envigado, a las once de la noche del 13 de diciembre, por un comando armado del MAS, que lo llevó en ropas interiores a bordo de un Renault 12. Fue liberado con tres sindicalistas más, luego de semanas de encierro. Según el MAS, habían sido tomados como rehenes y presuntos simpatizantes del M-19.
Hasta entonces todas las acciones del MAS habían tenido como escenario principal la atemorizada ciudad de Medellín. Pero el primero de febrero, en un remoto barrio del sur el MAS hizo su orgulloso debut en la capital, matando de 17 disparos a un hombre, escapado de la cárcel Modelo, que la policía buscaba inútilmente desde hacía meses: William de Jesús Parra Castillo, militante del movimiento de autodefensa obrera (ADO) acusado de haber participado en el asesinato del ex-ministro Pardo Buelvas. El anuncio de la muerte fue hecho por una llamada telefónica a "El Tiempo".
La noticia fue registrada en el periódico en la página 15, considerando sin duda que una "vendetta" entre asesinos no merecía mayor despliegue. Pero un mes después, el sanguíneo e impetuoso director de "El Tiempo", Hernando Santos Castillo, dictaba a Gladys, su secretaria, un editorial titulado "Muerte a la Muerte" que rezumaba en cada línea inquietud. "El abominable MAS debe ser puesto a buen recaudo", decía. "Encarna este organismo la fuerza del mal, mientras pretende presentarse como la justicia aplicada por manos propias".
¿Qué había ocurrido? En mes y medio, del lluvioso febrero y las dos primeras semanas de marzo, el MAS había logrado saltar de la página 15 a la primera y a las notas editoriales con un atentado a la periodista María Jimena Duzán y con un asesinato, firmado por dicha organización, que le daba a sus presuntos actos justicieros un alcance escalofriante: el del abogado penalista Enrique Cipagauta Galvis.
No se trataba esta vez de ningún autor de secuestros, ni de cómplice de los mismos, ni de un altruísta de izquierda o simpatizante del M-19. Nacido en La Uvita, un pueblo de recalcitrantes conservadores, en el norte de Boyacá. Cipagauta Galvis habría podido ser por vocación y por influencias regionales, un respetado y pacífico canónigo. Llegó inclusive a pisar el seminario. Pero, graduado en la Universidad Javeriana, especializado en Roma y en Inglaterra, su vocación definitiva sería el Derecho Penal.
Fogoso y agudo en sus alegatos jurídicos, martillando despiadadamente las consonantes, Cipagauta llegaría a convertirse en el ave negra de los juicios realizados por la justicia penal militar, como apoderado de presos sindicados de acciones subversivas. "Los militares son tan ineptos con los códigos como un abogado lo sería manejando una bayoneta", solía decir. Sostenía que en dichos juicios la sentencia era fijada de antemano y de manera caprichosa. Defensor de varios sindicados por el asesinato del General Rincón Quiñones, de un ganadero de Honda apellidado Camelo, detenido como presunto miembro del M-19, del sacerdote Saturnino Sepúlveda y de tres religiosas sindicadas de ocultar un arsenal subversivo, su defensa más sonada había sido en los últimos tiempos la de Carlos Duplat Sanjuan, acerca de la cual había escrito un libro con la explosiva carga verbal de un panfleto, titulado "Cien días de ignominia".
El asesinato de Cipagauta, perpetrado el 10 de marzo por dos hombres que dispararon desde una moto Suzuki 185 de color blanco, cuando el abogado iba en su automóvil por una calle de Bogotá, revelaba que el MAS ampliaba ahora su radio de acción, poniendo en la mira de sus revólveres y ametralladoras a todos los penalistas que se ocupaban de los sindicados por delito de subversión.
Menos de una semana después del asesinato de Cipagauta Galvis el barbudo senador y abogado comunista Humberto Criales de la Rosa defensor de presos presuntamente vinculados a las FARC y al M-19, recibía en su oficina una breve esquela, que con unos cuantos gramos de humor negro decía: "El MAS después de analizar concienzudamente sus servicios prestados a elementos subversivos y secuestradores..., decide presentar por anticipado al señor doctor Humberto Criales de la Rosa su MAS sentida condolencia por su sensible y próxima desaparición".

"¡LA PROXIMA VEZ, LO MATAMOS!"
Criales no tenía esta vez razones para considerar que era una de tantas de las amenazas, de las muchas que ha recibido en su vida por la misma causa. El MAS no se andaba con bromas. En la primera semana de marzo, en las afueras de Bogotá (en el kilómetro uno de la carretera de Villavicencio y en los alrededores del Club Campestre) fueron encontrados los cadáveres de dos hombres muertos en circunstancias idénticas. Habían sido estrangulados, "empalados" y colgados por una cuerda de las ramas de un árbol. Fotocopia de sus cédulas y libretas militares fueron enviadas por el MAS a la redacción de los periódicos. Nunca se supo la razón concreta de su muerte aunque presuntamente se trataba de cómplices del M-19.
Seis días después un nuevo cadáver, colgado también de un árbol y acribillado de balas, había aparecido en el Alto de San Miguel, en la vía de Fusa a Bogotá. El MAS, en una llamada telefónica al diario "El Bogotano", reivindicaba el crímen. Se trataba según la voz anónima, de un ajusticiamiento.
Criales, como todo el país, tampoco había olvidado el atentado contra la periodista de "El Espectador", María Jimena Duzán. Secuestrada por el M-19, llevada al Putumayo (contra su voluntad), María Jimena permaneció una semana en plena selva entrevistando a Jaime Bateman y otros dirigentes del M-19. La víspera de la publicación de su primer artículo en el diario, 24 horas después de haber sido depositada por el M-19 en una avenida de Bogotá, una bomba estalló en la casa de la periodista. María Jimena acababa de entrar a su casa. Estaba en el segundo piso, saludando a su madre, cuando se produjo la explosión, que arrancó de cuajo la puerta de la calle y la arrojó, siete metros más allá, contra el fondo del salón. Su primer pensamiento fue el de que se trataba de una acción del MAS. No se equivocó. Cinco minutos después, cuando los vecinos se agolpaban frente a la puerta pulverizada, sonó el teléfono. María Jimena pensó que se trataba del director de su diario, Guillermo Cano. Pero en el teléfono, oyó una voz desconocida: "Vieja h... p..., habla el MAS. La próxima vez,la matamos".

UN PAIS AMENAZADO
Las organizaciones paramilitares como el MAS cumplen en todas partes la misma parábola. La triple A argentina, por ejemplo, empezó liquidando militantes de "Los Montoneros". Pero a la vuelta de pocos meses su menú semanal de secuestros y muertes incluía periodistas, escritores, psicoanalistas, sociólogos y hombres de televisión y del teatro, liberales o marxistas, que nunca habían disparado un revolver y cuyos cadáveres aparecían en basureros, descampados o flotando en el río de La Plata.
En realidad los sistemas de estas organizaciones tienen una extraña filiación con los utilizados por los servicios secretos de toda índole, llámense KGB o CIA, sean israelitas o libios. La guerra fría, bien es sabido, conlleva hoy una guerra caliente, que se adelanta en la sombra. Rusos, libios, palestinos o cubanos entrenan en grupos de choque, expertos en bombas y atentados y en comandos militares que operan en diversas zonas explosivas del mundo una de ellas Latinoamérica. Por otra parte, expertos de la CIA y de los servicios secretos israelíes dan soporte a contra guerrillas y organizaciones paramilitares que se oponen a los primeros. Se trata de una guerra sin reglas de juego y sin paños tibios entre dos ejércitos marginales que desde la sombra manejan alegremente el terror. Es posible que unos y otros muevan ya fichas en el tablero colombiano. Colombia ya no es para ellos un país de cumbias y reinas de belleza, sino una ficha crucial en el tempestuoso ajedrez del Caribe.
Las recientes acciones del MAS van mucho más allá de una guerra entre "mafias" y secuestradores. Hay en ellas una estrategia política, que ya en otros lugares del continente ha sido probada. Se trata de combatir a la guerrilla no sólo en sus activistas, sino neutralizando, mediante la intimidación, la periferia política e intelectual que podría servirla de soporte.
En la lógica de tales sistemas operativos, los enemigos liquidables pueden ser un Arzobispo como Monseñor Romero de El Salvador (ultimado a tiros cuando oficiaba la Misa) o el canoso director del respetable y moderado diario bonarense "La Opinión", Jacobo Timerman, que terminó en una sala de torturas recibiendo descargas eléctricas.
El MAS parece seguir esta línea de inspiración no sólo al atentar contra una periodista o al asesinar a un abogado, sino al anunciar una lista de futuras víctimas, de la cual se conocen apenas tres nombres: el de la propia María Jimena Duzán, el del ex Embajador y ex-Ministro Alfredo Vásquez Carrizosa y el del escritor Gabriel García Márquez, hoy residente en México. Curiosa paradoja, la amenaza incluye un abanico político bastante amplio: un conservador, un liberal y un izquierdista. El punto que tienen en común es que todos abogan por los derechos humanos.
Tomando muy en serio las amenazas proferidas en contra suya, el escritor Garcia Márquez señaló en su nota publicada el 14 de marzo en el diario "El Espectador" que "el MAS podría estar constituido por comandos del servicio de inteligencia militar, armados de los mismos sistemas represivos de la Argentina, Uruguay y Chile".
Indirectamente el presidente Julio César Turbay ha refutado esta afirmación (en carta dirigida al abogado comunista Humberto Criales de la Rosa el 18 de marzo), asegurando que: "El Ministro de Justicia y el Comandante de las Fuerzas Armadas en Medellín fueron categóricos en la condenación del MAS, que usted y sus compañeros tienen interés en presentar como un organismo protegido o tolerado por el gobierno.
Por su parte, el ex-Ministro Vasquez Carrizosa no aventura hipótesis alguna. Pero en una nota publicada por "El Espectador" el 16 de marzo, ve en la escalada de actos terroristas una amenaza al derecho de disentir en el campo de los Derechos Humanos. Su predicción es sombría: "Por la pendiente por donde rodamos habrá en un tiempo no muy lejano una Colombia fascista".
"Somos la paz", pregona en grandes vallas la propaganda electoral de Belisario Betancur. "La paz es liberal", replica la propaganda de López Michelsen. El joven candidato Luis Carlos Galán y el anciano Gerardo Molina hacen de la paz un tema preferencial en sus discursos. Es significativo. Aunque después de las elecciones del 14 de marzo, los atentados, bombas, muertos y secuestros se hayan atenuado, el problema que ellos plantean sigue pesando agudamente en el ánimo del elector colombiano. La paz es hoy su preocupación número uno.
Para ese elector medio colombiano, que no cree en opciones de sangre y pólvora, las amenazas contra la paz provienen de todos los confines de la lucha armada: de la guerrilla endémica, tipo FARC; de las acciones de nuevo tipo patentadas espectacularmente por el M-19 y ahora de grupos paramilitares como el MAS. Si los propósitos y los contenidos ideológicos de estos grupos difieren diametralmente, sus métodos empiezan a tener entre sí un lúgubre aire de familia.
Tradicionalmente sumergido en sus querellas domésticas Colombia es un país que comienza a mirar por encima del mundo para interesarse por lo que ocurre en los patios vecinos. El torturado El Salvador, la revuelta Guatemala, la sangre vertida en Nicaragua, inquietan a los colombianos. Hay un incendio en el vecindario, y nadie desea que las llamas alcancen la propia casa. Y esta inquietud, por encima de cualquier otra, proyecta su sombra sobre las urnas del 30 de mayo.

A LA MODA DE CHICAGO
Y era la ciudad más tranquila de Colombia. Una ciudad de madrugadores hombres de empresa que vigilaban de cerca las acciones de Coltejer y de señoras piadosas que organizaban bazares de caridad y desfiles florales. Quebraban las discotecas por falta de clientes. Pero las iglesias estaban llenas a la hora de la misa y en la penumbra de las casas, a las seis de la tarde, como en el siglo pasado, se rezaba el rosario.
La vieja estampa patriarcal de Medellín se quebró hace apenas diez años, cuando un azar geográfico la colocó en un centro crucial de operaciones para la "colombian connection", que transporta cocaína desde el Cauca y el Putumayo hasta las calles de Nueva York.
De pronto, los muchachos que jugaban con pelotas de trapo en las calles del barrio Antioquia, al suroccidente de la ciudad, encontraron algo más próspero que vender cigarrillos en las calles: llevar cocaína, en los vuelos regulares a Miami, en bolsas plásticas que entregaban, en guitarras o en los tacones de sus zapatos. Algunos quedaban tras las rejas de una cárcel americana, pero los que no, al cabo de algunos viajes escalaban las alturas privilegiadas de El Poblado.
Pero la droga viene siempre acompañada de sangre y trágicas "vendettas". El primer crimen ocurrió el 27 de septiembre de 1972, cuando un delincuente, Ramón Antonio Aristizabal, hizo matar a su mejor amigo, Evelio Giraldo, a veinte pasos de "El Colombiano", en un oscuro ajuste de cuentas. Desde entonces la droga ha dejado cada semana una sangrienta cosecha de muertes. 189, en 1979; 732 en 1981. Modalidad local: los asesinos, siempre en pareja, andan en moto.
Las víctimas, incialmente, eran como sus asesinos, traficantes. Es el caso de Guillermo Palacio Acevedo, crecido en las polvaredas del barrio Antioquia, y muerto el 24 de mayo de 1978 sobre los mármoles de su flamante casa en el barrio Conquistadores.

Dos años después empezaron los asesinatos de jueces penales que investigaban delitos relacionados con la droga. Murieron cinco, entre ellos la juez Ana Cecilia Cartagena, de 35 años, muerta en el centro, dentro de su carro, por un hombre que iba en una moto azul.
Todo al estilo de Chicago, a las once de la mañana del pasado 13 de enero, cinco hombres bajan de un auto y descargan ráfagas de ametralladora en la oficina de finca raíz de Joaquín Builes Gómez. Mueren seis personas, entre ellas el hijo del cónsul francés, Nicolás Le Flohic, que estaba allí casualmente, al igual que la aseadora, el celador, un cliente ocasional y un chofer. Pero el objeto del atentado, Builes Gómez, no estaba, y desde entonces desapareció. El 19 de diciembre del 81, dos granadas estallan en la granja de Juan Morales Vargas, en Girardot, al oriente de Medellín. Mueren cuatro personas, un perro y los cerdos del chiquero.
La mafia antioqueña tiene el brazo largo. Mata también fuera de la ciudad. El 28 de noviembre pasado, presuntos traficantes, Alfonso Arrubla y María Eugenia Delgado, mueren asfixiados con trapos, en su lujoso apartamento del condado de Dade, en Miami. Muere también una pareja colombiana de servicio, pero el bebé de la casa es abandonado, vivo, en un basurero.
El 31 de enero de este año, en Nueva York, es baleado dentro de su Mercedes Benz, en el barrio Queens, un colombiano que usa el nombre de Orlando Gálvez. Se trata de Julio Erney Muñoz, otro traficante salido del barrio Antioquia. Su esposa, a quien en su barrio natal llamaban "la Chola", es asesinada en su apartamento con su hijo, el mismo día que su marido. La Chola, muchacha pobre de otros días, poseía al morir 950 mil dólares en joyas, y en su apartamento había 14 millones de dólares en cocaína pura.
La mafia de Medellín no tiene nada que envidiarle al Chicago de Al Capone. En efecto.