Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 9/7/2003 12:00:00 AM

Tomarse la guerra en serio

Mientras no se combata la altísima impunidad y los colombianos no sientan a sus Fuerzas Militares como una 'Nación en armas' es muy difícil llegar a la otra orilla.

En el gobierno de la seguridad democrática, las recomendaciones del informe de desarrollo humano sobre seguridad y justicia caen como anillo al dedo.

La primera gran conclusión es que la guerra y la justicia son asuntos demasiado serios para dejarlos en manos de los generales y de los abogados. Por eso invita al Estado a que maneje integralmente la seguridad y la justicia penal, vitales para solucionar el conflicto.

Esto exige que exista una estrecha coordinación entre las entidades que conforman el sistema, que cumplan con sus funciones de manera equilibrada y que los beneficios y costos asociados con la justicia y seguridad se distribuyan de manera equitativa entre los ciudadanos. Tres requisitos que hoy no se cumplen.

El sistema de seguridad y justicia está desbalanceado. "En algunos casos la presión del conflicto armado hace que la entidad asuma funciones que no le corresponden, lo cual acaba por desvirtuar su naturaleza", dice el informe.

Por ejemplo, la Policía descuidó su función de vigilancia urbana y rural para dedicarse a labores más propias del Ejército. Además terminó militarizada, cuando debería estar adscrita al Ministerio del Interior y depender del alcalde local. Por el contrario, las Fuerzas Militares terminaron por asumir tareas de carácter cuasipolicial, como patrullar carreteras, vigilar elecciones o controlar marchas campesinas, que exigen una relación cercana con la comunidad.

En otras ocasiones abiertamente se dejan de atender asuntos prioritarios para la justicia o la seguridad. En concordancia con un punto que ya se resalta en el documento de Política de Seguridad Democrática del gobierno, el informe alerta sobre la débil coordinación en la inteligencia, que es una de las claves para ganar la guerra (ver recuadro). También señala la escasa vigilancia rural cuando el campo es el principal escenario de la confrontación. "Haría falta una 'guardia nacional", dice.

El informe reconoce que es posible que con los nuevos carabineros rurales y la Junta de Inteligencia Conjunta recién creada se comiencen a subsanar estas fallas. Resalta que todavía hay que fortalecer la investigación criminal, sobre todo la capacidad para recoger pruebas que no se basen sólo en testimonios. "Entre impunidad y conflicto armado hay un círculo vicioso", anota. Por un lado la improbabilidad del castigo (de cada 100 delitos sólo hay condena en uno o dos casos) es un incentivo para seguir violando la ley y, por otro, la altísima criminalidad resultante del conflicto desborda la capacidad del sistema.

El informe es enfático en que el Estado debe concentrarse en combatir a los grupos armados, en capturar a los autores de los crímenes más graves y en juzgarlos. Hoy, en parte debido a la asimetría de la alianza con Estados Unidos, el mayor esfuerzo se va a la lucha contra el narcotráfico, la protección de hidrocarburos y el terrorismo. Se estima que de los 72.000 soldados capacitados para combate 20.000 están asignados a operaciones antinarcóticos. El otro grueso de Fuerza Pública especializada se va a cuidar carreteras o infraestructura, labores que, considera el informe, podrían cumplir efectivos menos especializados.

En la justicia el panorama no es menos distorsionado. Un estudio reciente demuestra que los jueces civiles están dedicados a cobrarle las deudas al sector financiero. Esta atención le cuesta al país 158.000 millones de pesos, casi 12 por ciento del gasto de la justicia. El informe propone crear unas instancias alternativas para resolver estos casos y que el interesado pague por ello.

Como consecuencia de todo lo anterior los servicios de seguridad y justicia no llegan por igual a todos los colombianos. "Tiende a privilegiar lo urbano sobre lo rural y al rico sobre el pobre", dice.

Aquí la justicia y la seguridad no son para los de ruana. Mientras que en las veredas es muy raro ver una patrulla de policía y hay 167 municipios desprotegidos, un excesivo número de soldados, policías y agentes del DAS están cuidando en las ciudades personalidades, despachos oficiales e infraestructura de uso semiprivado.

Y mientras los pobres no tienen quién los proteja existe una industria de seguridad privada que supera la pública. Hay más vigilantes particulares que agentes de policía y no hay una entidad que los vigile de manera efectiva.

El costo de la guerra tampoco se asume de manera equitativa. Si bien los estratos más altos financian con sus impuestos el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el informe resalta lo obvio: la carga del servicio militar sigue recayendo sobre los más pobres. Esto no sólo es inequitativo sino ineficaz ya que la única forma de ganar la guerra, cómo ha sido probado en otras partes, es que las Fuerzas Militares se sientan a sí mismas y sean vistas como la "Nación en armas". Para ello hay que superar la situación actual de que "sea un Ejército de pobres para defensa de los ricos".

Recuadros

Lecciones para ganar la guerra

Recomendaciones
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1850

PORTADA

El hombre de las tulas

SEMANA revela la historia del misterioso personaje que movía la plata en efectivo para pagar sobornos, en el peor escándalo de la Justicia en Colombia.